El diario El Comercio publicó el
lunes 22 de octubre unas declaraciones de la ministra del Ambiente, Elsa
Galarza, sobre el rol del Ministerio del Ambiente (Minam) en la lucha contra la
minería ilegal: “Galarza: ‘Era absurdo que el Ministerio del Ambiente vea
interdicciones’ / Titular del Minam remarca que su cartera ya no liderará la
cruzada por la formalización minera”. Y anuncia un nuevo enfoque integrado.
Deducir el orden de ideas de la
ministra requiere de una lectura atenta y paciente. Pero su narrativa acaba
siendo la siguiente: “en la gestión de Manuel Pulgar-Vidal, (se libró) una
guerra de interdicción contra los mineros informales liderada por el Ministerio
de Ambiente. (Esta fue una) cruzada por la formalización minera. En el caso de
Madre de Dios, no hay un solo minero formalizado. Ello demuestra el fracaso de
la interdicción. Lo que se necesita es tener un esfuerzo integrado, donde
articularemos las diferentes acciones que están tomando los sectores. Antes se
ponía en un paquete a todos: la minería aluvial de Madre de Dios y la de
socavón en Ica. El enfoque ha cambiado y produce avances” (1.012 mineros
formalizados vs. solo 104 en el gobierno de Humala).
La ministra anuncia avances, pero la
maleducada realidad se niega a respaldarla. El proyecto MAAP, de la Asociación
para la Conservación de la Cuenca Amazónica, registra 45.000 hectáreas
devastadas por la minería ilegal durante 2017 (solo hasta agosto) y nuevos
focos en setiembre y octubre.
Las denuncias contra el Estado
peruano, por su desatención de los pueblos amazónicos contaminados con
mercurio, van en aumento. La contaminación asoma por todos lados. La opinión
internacional es que la minería ilegal ha salido completamente de control en el
Perú.
¿Alguna vez se libró una guerra de
interdicción contra los mineros informales, liderada por el Minam, con el
propósito de conducirlos a formalizarse? La respuesta es no. La ministra rompe
lanzas contra molinos de viento. Lo grave es que esta tesis de la “guerra
errada contra los pobres buenos” es exactamente la patraña esgrimida por
líderes notorios de esa mala minería. Pero no es el señor Otsuka quien la
propala ahora, sino la propia ministra del Ambiente.
Como es sabido, las interdicciones no
actúan sobre mineros informales (aquellos inscritos en el registro que lleva el
Ministerio de Energía y Minas); sino contra los ilegales que, por ejemplo,
ocupan zonas prohibidas para la minería. Existe una estrategia nacional de
interdicción vigente (DS 003-2014-PCM), que identifica los enclaves de minería
ilegal cuya erradicación es prioritaria. Estos son, fundamentalmente, áreas
protegidas y cabeceras de cuenca.
El Minam solo “vio” interdicciones
(en el sentido lógico de participar en su planeamiento y ejecución) en sus
primeros años, con Antonio Brack. Muy sonado fue el caso, por ejemplo, del
desalojo de los taladores ilegales del Bosque de Pómac; donde fueron asesinados
dos policías. También mantuvo el Minam cercana coordinación con las fuerzas del
orden cuando, a instancias del buen Brack, el Gobierno de Alan García decidió
reconocer que la minería ilegal en Madre de Dios era un problema, y hacer algo
al respecto. Esa coordinación se debilitó hasta casi desaparecer en el Gobierno
de Humala, donde las interdicciones fueron planeadas y ejecutadas con ínfima o
ninguna participación de oficiales del Minam. Muchas acusaciones hemos
escuchado, sobre mineros advertidos de los operativos, sobre la destrucción de
chatarra mientras la maquinaria útil quedaba a buen recaudo, sobre golpes dados
justamente en el sitio equivocado. Lo cierto es que esas interdicciones sin
concurso del Minam no obtuvieron impacto disuasivo contra los mineros ilegales;
que medraron y proliferaron.
¿Es la formalización el correcto objetivo
central del Estado, ante la minería ilegal, especialmente desde el rol que le
cabe al Ministerio del Ambiente? ¿Son las cifras de formalización un indicador
adecuado de cómo estamos yendo? La respuesta es, nuevamente, no. El objetivo
fundamental del Estado debiera ser recuperar algún control sobre un expansivo
territorio gobernado completamente por el crimen organizado, con enclaves
principales en La Pampa, en Quincemil y en La Rinconada. Y al Minam le
corresponde salvaguardar la salud ambiental de los millones de personas
afectadas negativamente por la devastación ecológica, la contaminación con
metales pesados y la pérdida de oportunidades dignas de trabajo, como el
ecoturismo, en uno de los lugares más ricos en diversidad biológica y recursos
naturales del mundo entero. Los sujetos en quienes corresponde enfocarse al
Estado no son los mineros informales, sino los cabecillas ilegales y sus
cómplices, por un lado; y las víctimas de la minería informal e ilegal, que son
la mayoría sufriente e invisible. Poner a los patrones informales y a las
cifras de formalización en el centro de las preocupaciones solo es un
subterfugio, para distraernos de la desprotección a que el Estado somete a los
millones de víctimas de esa minería, haciendo caso omiso de la Constitución y
de las leyes.
Los informales, dicho sea de paso,
fueron legalmente inventados por el gobierno de Humala, con plazos perentorios
que fueron ampliados una y otra vez, hasta desfigurar completamente el proceso.
Este Gobierno ha seguido el mismo curso: La última ampliación fue decidida en
enero de este año, por otros tres años . Los informales gozan en el Perú de una
patente de corso (conocida como “Declaración de Compromisos”) que les permite
vender libremente su mineral. Ni sus operaciones extractivas ni sus operaciones
comerciales son reprimidas. En consecuencia, carecen de mayores incentivos para
formalizarse. El impacto ambiental y social de sus labores es igual de
pernicioso que el de los ilegales. La diferencia no pasa de un papel.
El Minam jamás ha liderado una
“cruzada por la formalización”, salvo quizá en sentido metafórico o en las
declaraciones de algún funcionario entusiasta. Porque no le compete legalmente.
La formalización compete a los gobiernos regionales, con apoyo de la Dirección
General de Formalización del Ministerio de Energía y Minas. Es sumamente raro
que la ministra anuncie que va a dejar de hacer algo que su sector nunca hizo
ni la ley le permite.
¿Alguna vez se puso “en un paquete a
todos” los mineros informales? Otra vez no. De hecho, el Minam y el MEM, desde
2013, dieron respaldo político al proyecto “Better Gold Initiative / Oro
Responsable” de la Cooperación Suiza, que busca formalizar y certificar a
mineros de socavón del Sur; cuyos impactos ambientales y organización social
son muy diferentes a la minería aluvial en selva . Más estratégicamente, el
Minam explicó repetidas veces que existe una pirámide de la minería informal e
ilegal, con gente muy pobre y necesitada en la base; concesionarios abusivos,
empresas formales que suministran equipos e insumos y compran mineral a los
mineros, en el medio; y funcionarios corruptos, sicarios organizados y
lavadores de activos en la cúspide. He repetido durante más de una década que
descabezar esa cúspide debe ser la meta. Entiéndase de una buena vez: la
minería ilegal es crimen organizado.
Minam. Minería aurífera artesanal y
en pequeña escala, y minería ilegal en el Perú. Presentación ofrecida por
Ernesto F. Ráez Luna, asesor de la Alta Dirección. Segundo Foro Global Sobre Minería
Aurífera Pequeña y Artesanal. Lima, 3 de setiembre de 2013.
¿Es la primera vez que se intentará
“un enfoque integrado”? Tampoco. Brack presidió una mesa multisectorial.
Humala, a instancias del Minam, instaló una Comisión Multisectorial Permanente de
Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal (DS
075-2012-PCM). La Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal (DS 029-2014-PCM) establece cuatro ejes de acción: formalización y
acompañamiento de mineros formalizados, fiscalización y control, y remediación
social y ambiental. Estas normas están vigentes; pero se actúa como si no
existieran. La pregunta que debería hacerse la ministra es: ¿Por qué, si ha
existido un intento tras otro de atender el problema integralmente, estos han
sido rápidamente encarpetados y desconocidos?
Aquí, el Minam, definitivamente, sí
tuvo liderazgo; nuevamente gracias a Antonio Brack. El Minam, a partir de 2010,
aportó información crucial, decisiones creativas y energía moral para la lucha
contra la minería ilegal; en buena parte porque la ciudadanía veía en la joven
institución y en sus miembros un sentido de misión y un aura de
incorruptibilidad. El mejor y efímero momento de esa orquestación ocurrió
durante el Gobierno de Humala, en el seno de la Comisión Multisectorial
Permanente. Esta hizo posible que las diversas organizaciones del Estado, que
debían atender distintos aspectos del monstruoso pulpo, se sentaran alrededor
de una misma mesa y empezaran a compartir información sobre el problema, una
semana tras otra. De ahí emergió una comprensión mucho mejor del fenómeno; y se
dio el valiosísimo involucramiento de la Sunat, que condujo meses más tarde a
la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS en el tema. Esto
ha llevado a unas pocas acciones bien encaminadas, en el Gobierno anterior y
muy especialmente durante este Gobierno, al decomisar oro ilegal y aprehender a
los primeros peces gordos, exportadores del vil metal.
Justamente eso, seguir la ruta del
dinero y caerle a los peces gordos, es lo que el Minam promovió en el seno de
la Comisión mencionada, entre 2012 y 2014; nunca interdicciones a tontas y a
locas. Pero el Minam se ha quedado una y otra vez completamente solo; porque en
el Perú las fuerzas favorables a la minería ilegal, dentro y fuera del Estado,
son mucho más fuertes. En el Gobierno pasado, el frágil liderazgo interno del
Minam se esfumó cuando el Presidente Humala se desentendió del tema, y
especialmente a partir de la creación de la oficina del Alto Comisionado para
la minería ilegal, en 2013. Desde ese momento, el Minam, para todo efecto
práctico, ha sido furgón de cola de la PCM y del MEM en lo que corresponde a la
minería ilegal e informal. La ministra Galarza heredó la ingrata tarea de
administrar la derrota política de su sector como líder moral de una guerra que
el Perú entero viene perdiendo. Ha quedado infinitamente claro que no tiene
intención de despeinarse por rescatar ese liderazgo.
Sin embargo, el Minam está obligado a
“hablar” e interesarse en la atención de los delitos ambientales. Sería no solo
absurdo sino un prevaricato si no lo hiciera. La ministra, legal y
políticamente, no puede desentenderse de las interdicciones. ¿Alguien puede imaginarse
al ministro de Cultura desentendido de las invasiones de restos arqueológicos;
a la ministra de la Mujer desentendida de la persecución de los agresores de
mujeres; al ministro de Educación desentendido del robo de material educativo?
Lo más extraño de todo es que el Minam sí está atendiendo a las interdicciones,
en línea con la estrategia nacional aprobada en el anterior gobierno. Es así
que el Sernanp (que está adscrito al Minam) ha tomado parte en la coordinación
de los operativos policiales ejecutados para erradicar a los mineros ilegales
de la Reserva Nacional Tambopata, con éxito notable y elogiable. Cuando el
sector Ambiente ha tenido parte en las interdicciones, estas han resultado más
efectivas. Esto se debe, entre otras cosas, a que el personal del sector suele
tener mejor conocimiento de los casos concretos y del terreno de operaciones.
El 17 de octubre, se aprobó la Resolución Presidencial 249-2017-Sernanp, que
establece la estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas
por el Estado. Todo ello está muy bien y nadie podría encontrarlo absurdo.
Salvo la propia ministra.
Estimada ministra, ¿por qué no emplea
a su favor la inmensa buena voluntad de la ciudadanía hacia su ministerio y
hacia la lucha contra la mala minería? No tiene usted idea de cuánto bien le
deseamos, cuánto necesitamos un Minam fuerte y valiente, y cuán lejos estamos
de ser sus enemigos.
Por Ernesto Raez
