martes, 8 de octubre de 2024
JAVIER SOLÍS RECIBE EL AGRADECIMIENTO DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO INDEPENDENCIA
JAVIER SOLÍS PARTICIPANDO DE LA MISA POR EL CRISTO NAZARENO EN EL DISTRITO INDEPENDENCIA
JAVIER SOLÍS PARTICIPANDO DE LAS CELEBRACIONES DEL CRISTO NAZARENO EN EL EJE DE INDEPENDENCIA
domingo, 11 de febrero de 2024
LA LUCHA TENAZ DE LOS DEFENSORES DEL AGUA EN EL SUR DEL PERÚ
Convoca.pe fue al encuentro de
líderes ambientales que cuidan el agua en las provincias de Espinar y
Chumbivilcas, en Cusco, y de Cotabambas, en Apurímac, que viven acorralados por
el miedo y el hostigamiento en un ambiente polarizado por quienes están a favor
o en contra de las actividades de las empresas mineras Antapaccay, del grupo
anglosuizo Glencore, y Anabi, propiedad del grupo Aruntani. Testimonios,
videos, fotografías y documentos revelan el daño ambiental de ríos y bofedales
de estas comunidades del sur del Perú y la lucha incansable de estos hombres y
mujeres.
Cuando Melchora Surco Rimachi era
niña, no había miedo en el aire. Las ovejas de sus padres pastaban, apacibles,
en los campos fuera de su casa e iban a beber en el riachuelo cercano que por
entonces discurría libre y cristalino. Ahora, a sus más de 60 años, Melchora
mira el agua de ese riachuelo como si fuera un animal herido, agonizante.
"Es lo que nos ha dicho OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental), que ya no sirve. Ya no hay vida. Está muerto. Por eso tomamos agua
de un manantial, de un botadero, esta agua de acá ya no la tomamos, hasta los
animales ya no quieren", contó Melchora con tono de resignación.
Melchora vive a 200 metros de la
relavera Ccamacmayo, en Alto Huancané, una de las 16 comunidades ubicadas en la
provincia Espinar, en Cusco, alrededor de otros dos depósitos de relaves
mineros: Huinipampa y Tintaya; y de la mina a tajo abierto, Antapaccay, propiedad
de la compañía anglosuiza Glencore. Los relaves son los desechos de la minería
y suelen tener agentes contaminantes como arsénico, cianuro, cobre, cinc, cromo
y plomo. Las empresas están obligadas a procesarlos para que no afecten los
suelos, los ríos y las lagunas de los alrededores, sin embargo, en estas
tierras la contaminación existe en zonas aledañas y la minería es vista como un
mal para unos y un bien para otros.
“Mis nietos tienen metales pesados y
tienen 7 añitos, 8 añitos”, narró Melchora. El ambiente de su cocina, en el que
cuatro baldes blancos almacenan el agua junto a una mesa en la que se sirve
café caliente, pan y queso, está impregnado de su voz, rabia y tristeza.
Melchora Surco Rimachi, quien vive al pie de la relavera Ccamacmayo y tiene metales en la sangre, muestra el reconocimiento que le otorgó la Municipalidad Provincial de Espinar por su defensa del medioambiente en 2023. Foto: Convoca/Paul Tuesta.
Esta realidad no solamente la vive
Melchora. Lo mismo ocurre en la provincia de Chumbivilcas, también en Cusco, y
en Cotabambas, en Apurímac. Son por lo menos 13 defensores ambientales que
enfrentan ataques, riesgos y denuncias por proteger lo que estos pueblos
necesitan: agua de calidad para vivir.
Convoca.pe ha identificado que un total de 89 defensores
ambientales fueron asesinados, perseguidos o amenazados, entre 2001 y noviembre
de 2023, por proteger el medio ambiente en sus comunidades.
Para conocer de cerca la realidad de
los líderes ambientales del sur peruano, nuestro equipo viajó a las provincias
Espinar y Chumbivilcas, en Cusco, para escuchar sus historias, conocer de cerca
los riesgos que enfrentan estas comunidades y contrastar sus reclamos con lo
que dicen los documentos, los expedientes de los procesos sancionadores contra
las compañías mineras, las normas, sentencias judiciales y otras evidencias.
“He luchado por la provincia Espinar.
Son tantas comunidades (...). Yo no quisiera que se mueran así con metales
pesados mis compañeros”, reflexionó Melchora Surco, una mujer de 68 años, de
menos de un metro cincuenta de estatura, delgada, con la piel curtida por el
frío y el sol, que denuncia el daño ambiental de la actividad minera en
Espinar, como si se tratara de una lucha de David contra Goliat.
En estas provincias de Cusco y
Apurímac, las empresas mineras Anabi y Antapaccay han sido sancionadas por
cerca de medio centenar de infracciones ambientales en los últimos años, en
diversas ocasiones por la contaminación de fuentes de agua, de acuerdo con las
bases de datos de la plataforma Convooca Deep Data.
Antapaccay, de la multinacional
Glencore, inició sus operaciones en noviembre de 2012, y en estos días prepara
el terreno para su expansión con el proyecto Coroccohuayco. En Espinar, esta
minera ha sido sancionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por
infringir la norma del uso del agua en cuatro oportunidades, entre las que
figura arrojar aguas residuales a la quebrada Hunimayo. Recibió tres multas en
2020 que suman 171 mil 570 soles (43 mil dólares) y una amonestación en 2021.
Otra es la compañía minera Anabi, de
capitales peruanos, fundada en 2000 por el ingeniero y conocido empresario
minero ya fallecido Guido del Castillo Echegaray. La empresa tiene un historial
de graves infracciones ambientales en sus operaciones de Cotabambas (Apurímac)
y Chumbivilcas (Cusco).
Anabi fue sancionada por el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2019 con la paralización de
sus actividades en la unidad minera Utunsa, en Cotabambas, debido a que
desplazó mineral con cianuro hacia áreas de suelo abierto, que pusieron en
riesgo las aguas subterráneas en la zona de la que depende la formación de
bofedales.
Los ojos de Espinar
La mañana del 14 de diciembre de
2023, Espinar amaneció sin lluvia en una época en la que llueve a raudales a
unos 4 mil metros sobre el nivel del mar. Temprano, a las 8 de la mañana,
cruzaron la calle mujeres con un chaleco celeste, sombrero y falda. Eran las
lideresas de la comunidad. Se dirigían al local Club 21, a pocos metros de la
Plaza Mayor de Espinar, para presentar los resultados del monitoreo de las
aguas de la subcuenca del Río Cañipía.
La vigilancia ciudadana estuvo a
cargo de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar
(AVMAE), a la que pertenecen estas mujeres, y tuvo el apoyo de la organización
no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) del Cusco.
Susana Ccahua, monitora ambiental de
la Asociación, explicó los métodos que emplearon y advirtió: "Nuestros
hijos están contaminados. Si hacemos acá en cada centro educativo un dosaje, a
ver cómo nos va (...). Vamos a tener derecho como comuneros para
reclamar".
El miedo, los metales pesados, el
agua y la tierra se mezclan en este reclamo colectivo.
Susana Ccahua explica a Faustina Ñuñunco Cuti el uso del kit que emplea en sus monitoreos de la subcuenca del Río Cañipía. Foto; Convoca/Paul Tuesta.
La historia de la minería en Espinar
se remonta a los años 80 con la relavera Ccamacmayo, un depósito de desechos,
adyacente a la mina de cobre Tintaya, por entonces de la empresa estatal
Ematinsa S.A. En 1994, durante la administración de Alberto Fujimori, Tintaya
fue privatizada y pasó a manos de Magma Tintaya S.A., subsidiaria de Magma
Copper Co.
En 2006, la mina fue adquirida por
Xstrata Tintaya S.A., que en 2013 pasó a ser parte del grupo Glencore. En 2012,
Tintaya cerró tras 27 años de explotación, y la mina Antapaccay comenzó sus
operaciones como una extensión de la mina cerrada, utilizando el antiguo tajo
como relavera para el mineral extraído.
“Sabemos de toda la vida que OEFA nos
miente, por eso, una conciencia ambiental [es necesaria]”, dijo Susana Ccahua,
ante un auditorio de 30 personas, revelando la desconfianza que existe en
Espinar hacia el Estado.
Un informe de la ANA concluyó en 2015
que “los ríos Cañipia y Salado de la provincia de Espinar presentan alteraciones
principalmente por aguas residuales domésticas sin tratamiento originadas por
los propios habitantes y de metales naturales”. Esta conclusión indignó a los
pobladores debido a que no se consideraba a la actividad minera, predominante
en la zona, como una potencial fuente de contaminación.
Evolución de la minería en Espinar, desde 1985 hasta el 2022. Fuente: Presentación de la tesis “Habitar cuerpos y territorios enfermos: Políticas sociotécnicas frente a la problemática de salud ambiental en Espinar” el 14 de diciembre en Espinar.
Para equilibrar la balanza de las
evidencias, la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar
(AVMAE) realiza monitoreos semestrales en la subcuenca del Río Cañipía desde
2013, centrándose en análisis físico-químicos, que permiten evaluar la aptitud
del agua para consumo humano y otros usos mediante la medición de temperatura,
el grado de acidez o alcalinidad (PH), el oxígeno disuelto, turbidez y otros
aspectos.
La Asociación también realiza un monitoreo
biológico, que implica la búsqueda de macroinvertebrados (insectos) que indican
el grado de contaminación del agua. Los resultados se comparan con los
estándares ambientales del Ministerio del Ambiente. Los vigilantes ciudadanos
utilizan un kit con pipetas y reactivos para realizar pruebas de campo,
guiándose por un cuadernillo con niveles óptimos representados como semáforo:
rojo para incumplimientos, amarillo para proximidad y verde para valores
aceptables.
Convoca.pe acompañó a Avelino Sahuinco, presidente de la AVMAE, en un monitoreo a distintos puntos de la subcuenca del Río Cañipía.
La supervisión ciudadana se realiza en
8 puntos, divididos en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Río
Cañipía. El 14 de diciembre último, se presentaron los resultados de 4
monitoreos realizados en épocas de lluvia y de estiaje durante 2022 y 2023. De
acuerdo con el análisis, en esos años, tres puntos tuvieron niveles de PH por
encima de lo normal, según los estándares de calidad del agua del Ministerio
del Ambiente, por lo tanto esa agua no es apta para el consumo humano.
Los monitoreos ciudadanos, realizados
entre 2013 y 2021, realizados entre 2013
y 2021, revelaron que en cuatro puntos y, en diversas ocasiones, se superaron
los niveles recomendados por el Ministerio del Ambiente, lo cual puede generar
“irritación en las mucosas, irritación en órganos internos y hasta procesos de
ulceración”, según estudios científicos. Cerca de estos puntos se encuentran
precisamente las operaciones del proyecto minero Quechua, la mina Antapaccay,
la presa de relaves mineros de Huinipampa y la zona de desembocadura de las
aguas residuales de Espinar.
Puntos de monitoreo de la AVMAE ubicados en el mapa de Espinar. Fuente: AVMAE.
La Dirección Regional de Salud del Cusco ha reconocido, en
dos resoluciones de 2013 y 2015, que existe contaminación ambiental
"comprobada (con evidencia)", que está vinculada a las operaciones de
la Compañía Minera Quechua y Minera Xstrata Tintaya, en trece comunidades. La
Minera Xstrata Tintaya ya era de propiedad de Glencore cuando se publicaron
estas resoluciones.
Elsa Merma, lideresa ambiental, cuenta que la estigmatización por defender el agua es un problema en Espinar.
Tras la lucha iniciada en 2012 por los pobladores para
identificar a los responsables de la contaminación en Espinar, OEFA terminó por
asociar las actividades de la minera Antapaccay, del grupo anglosuizo Glencore,
con el impacto ambiental en Espinar, a través de siete estudios de evaluación,
como informó Convoca.pe el 7 de diciembre último.
¿Estos hallazgos de OEFA sirvieron para sancionar a
Antapaccay? La institución supervisora respondió a Convoca.pe, mediante una
carta, que “los resultados detectados en una zona reducida y focalizada del
área de influencia de la actividad minera, significaron dictar –a la fecha- 12
medidas administrativas que comprenden mandatos de carácter particular y
medidas preventivas orientadas a la protección de los componentes aire y
suelo”. OEFA optó por exigir sólo medidas correctivas y no sancionar con multas
a la empresa.
En estas provincias de Cusco y Apurímac, las empresas mineras Anabi y Antapaccay han sido sancionadas por cerca de medio centenar de infracciones ambientales en los últimos años, en diversas ocasiones por la contaminación de fuentes de agua.
Mientras en Lima, la capital del Perú, OEFA se pierde en la
revisión prolongada de expedientes, en las tierras de Espinar los defensores
ambientales enfrentan cada día amenazas y presiones por continuar exigiendo la
protección de sus ríos.
"Hay mucha persecución (...). Luchamos por nuestros
hijos, por nuestros nietos, por los que vienen (...). Sabemos que tenemos
metales pesados en el agua, aire, tierra, en nuestros ganados, y cada día no sé
qué estamos preparando las mujeres en la casa. ¿Estamos preparando alimento o estamos
dando veneno a nuestros hijos?", se preguntó Elsa Merma, presidenta de la
Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana.
"A veces por falta de capacitación la gente solo piensa
en eso nomás [la minería]. (...) vivimos, sobre banco de oro, pero no sabemos
aprovechar", reflexiona Avelino Sahuinco, presidente de la Asociación de
Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar.
Los defensores
acusados por Anabi
Chumbivilcas está a aproximadamente cuatro horas de Espinar
en ómnibus. Para llegar hasta allí se debe atravesar un sinuoso camino estrecho
acorralado por abismos. Esta tierra también sabe resistir. Entre diciembre de
2011 y febrero de 2012, autoridades y dirigentes protestaron contra la minera
Anabi por la contaminación de los ríos Molino y Santo Tomás. En esos días, el
gobierno de Ollanta Humala instaló una mesa de diálogo para mediar entre la
empresa y la población.
Como resultado, se acordó realizar monitoreos ambientales en
la zona. Al no cumplirse este compromiso, las protestas se reiniciaron y el 5
de febrero de 2012 la empresa minera denunció que las instalaciones del
campamento minero, ubicado a pocos kilómetros de la mina Huisamarca - Proyecto
Anabi, fueron quemadas. La acusación recayó sobre diez dirigentes por los
delitos de secuestro, robo agravado, daño agravado, entorpecimiento al
funcionamiento de servicios públicos, entre otros, por los cuales la Fiscalía
pidió 30 años de prisión.
Sin embargo, posteriormente dos sentencias absolutorias de
marzo de 2020 y febrero de 2021 señalaron que los dirigentes no estuvieron
involucrados en estos hechos, al no encontrarse evidencia contundente —fotos,
videos u otros— que prueben la presencia de los dirigentes en el lugar donde
ocurrió la quema de las instalaciones de Anabi. Pese a ello, la compañía ha
interpuesto un recurso de casación que ha llevado el proceso hasta la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima, donde aún se espera una decisión.
El proceso se ha alargado por más de 11 años.
Pero en esta historia no sólo existen denuncias y demoras,
también un caso relevante de puerta giratoria. El ingeniero Guillermo Shinno
fue funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía y Minas durante el
conflicto social. Fue Director General de Minería desde el 16 de agosto de 2011
hasta el 3 de febrero de 2012. Dos días después, el 5 de febrero, fue promovido
como viceministro de minas, el mismo día en que Anabi denunció la quema del
campamento minero.
Dos días después [Guillermo Shinno], el 5 de febrero, fue
promovido como viceministro de minas, el mismo día en que Anabi denunció la
quema del campamento minero. Shinno es hoy gerente general de Anabi.
Cuatro días más tarde, Shinno participó en representación del
gobierno de Humala en el reinicio del diálogo entre Anabi, los dirigentes y
autoridades de Chumbivilcas. El ex funcionario continúa en esta trama pero
ahora al otro lado del escritorio, en las filas de la compañía minera como el
gerente general de la minera Anabi desde noviembre de 2019.
Convoca.pe visitó la oficina de Anabi la tarde del 26 de
diciembre para recoger la versión de la compañía, sin embargo Geraldine
Chumbiauca, asistente de Guillermo Shinno, pidió que se enviaran las preguntas
vía correo electrónico. Nuestro equipo periodístico lo hizo y pese a que en
diversas ocasiones reiteramos nuestras consultas, hasta el cierre de este
reportaje Anabi no ha respondido.
En diciembre de 2023, Convoca.pe también acudió a la sede de Anabi en el distrito de San Isidro en Lima para solicitar respuestas. Foto: Convoca.pe
El gerente general de esta empresa conoce desde adentro cómo
funciona la supervisión ambiental, ya que también fue gerente de fiscalización
minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin).
Quienes sí accedieron a conversar con Convoca.pe fueron dos
de los líderes denunciados por Anabi, Victoria Quispesivana Corrales y Edgardo
Aguirre Pacheco, por entonces, secretaria general y secretario de actas del
Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas-Santo Tomás (FUDICH),
respectivamente.
Victoria Quispesivana tiene cinco
hijos: cuatro mujeres y un niño. Comenta que cuando sucedieron los hechos del 5
de febrero de 2012, ella y otros dirigentes estaban esperando a la comisión de
alto nivel en Llusco, lejos del campamento minero de la minera Anabi, que fue
quemado.
"La Policía Nacional del Perú
estaba cada minuto a mi puerta. Traía notificaciones, o sea, nos han tenido
realmente en perseguimiento. Total nos han tenido en maltrato psicológico a
toda la familia", comenta Victoria. "Yo recién estoy recuperando mi
salud, la parte mental. Y las cuatro señoritas que tengo, sus estudios
superiores perdieron, mi madre murió durante todo este tiempo que me
perseguían. Ahora recién me estoy recuperando", relató a Convoca.pe, la
única dirigente mujer que fue denunciada por la minera Anabi.
Victoria Quispesivana es la única
dirigente mujer que fue denunciada por la minera Anabi. Ella, junto con los
otros acusados, fue señalada directamente, según Helio Cruz, abogado de la
organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras —que acompañó el
caso— por aparecer en las actas firmadas durante las mesas de diálogo que se realizaron
durante el conflicto.
“Lo que encontramos no es que estas
personas estuvieran donde ocurrieron los hechos, estas personas estaban en la
mesa de diálogo”, aseguró el abogado Helio Cruz, abogado de la organización no
gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras que acompañó el caso.
Cruz consideró que los nombres y
documentos de identidad de los 10 procesados fueron tomados de las actas
firmadas durante las mesas de diálogo que se realizaron durante el conflicto.
El abogado, además, señala que el
Ministerio Público no ha cumplido con señalar a los verdaderos culpables de los
hechos por los cuales la minera Anabi denunció a estas 10 personas. “Los hechos
no están debidamente individualizados, no se ha trabajado sobre la base de
quiénes son los autores responsables”, enfatizó Cruz.
Edgardo Aguirre Pacheco es otro de
los diez dirigentes denunciados por Anabi. Es docente y también señala lo mismo
que Victoria Quispesivana: no estuvo cuando el campamento minero de Anabi fue
quemado.
”Hemos estado siendo hostigados de
manera permanente por la empresa minera, mediante las denuncias que ellos
habían hecho a la Fiscalía. Ellos sí podían utilizar a la Fiscalía, a la
Policía, pueden utilizar inclusive al mismo juez, ¿no? Tenían un apoyo absoluto
los inversionistas. Entonces resulta que nosotros en esos nueve años hemos
acudido cantidad de veces desde Chumbivilcas hasta Cusco, viajando hacia
Sicuani, inclusive en una oportunidad viajamos hasta la ciudad de Lima para
podernos defender y buscar algunas estrategias de defensa”, declaró Aguirre
para Convoca.pe.
El viaje de Chumbivilcas a Cusco dura
aproximadamente nueve horas por la vía hacia Sicuani, atravesando más de una
decena de localidades. Edgardo Aguirre Pacheco señaló, además, que la búsqueda
de un trabajo se vio obstaculizada a causa de haber sido denunciado por Anabi.
Nadie quiere contratar a un investigado por la justicia, remarcó.
En contraste, Anabi ha seguido con la
operación minera Huisamarca-Proyecto Anabi, en las alturas de Quiñota y Llusco,
en la misma zona donde se dio el conflicto entre diciembre de 2011 y febrero de
2012. Cerca de algunos manantiales, las instalaciones de esta empresa se
levantan en localidades lejanas que, al parecer, no importan mucho al Estado.
Faltan estudios que fiscalicen las
actividades de Anabi y que arrojen más luces sobre la contaminación de ríos y
quebradas en las alturas de Chumbivilcas, tal como lo reclamaron sus ciudadanos
en 2012. Lo único que hay es un documento técnico de la Dirección Regional de
Salud del Cusco, que señala a Anabi y a la minería artesanal como fuentes de
contaminación de “probablemente arsénico” en los distritos de Chamaca, Livitaca
y Quiñota.
Convoca.pe se comunicó con la empresa
minera para conocer si en algún momento de sus actividades empleaban
componentes como el arsénico u otros relacionados, pero hasta el cierre de este
informe no recibimos respuesta.
Parte de la mina Huisamarca-Proyecto Anabi, de la minera Anabi, entre Quiñota y Llusco, Chumbivilcas. Foto: Convoca.
Nuevo campamento minero de la empresa Anabi entre Quiñota y Llusco, Chumbivilcas, luego de que fuera quemado en 2012 en circunstancias que no se han esclarecido. Foto: Convoca/Paul Tuesta.
“Cada quien tiene siempre una
dimensión distinta de afectación”, señaló el abogado de la organización no
gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz. “Algunos [líderes]
tuvieron problemas familiares, para otros, la estigmatización ha sido tan
fuerte, que ya evitaron asumir alguna responsabilidad de representación social.
Otros vieron truncadas sus posibilidades de trabajo porque no podían salir de
Chumbivilcas, tenían que estar ahí, tenían que estar pendientes de lo que
restaba del proceso judicial”, explicó.
Victoria Quispesivana se siente en
una cárcel. “Yo no puedo viajar libremente, siempre, en cualquier momento, me
piden mi DNI (Documento Nacional de Identidad) y siempre me hacen quedar en la
comisaría, ‘estamos investigando’ [dicen], me hacen quedar un día, una noche,
así estoy, no estoy libre”.
La desaparición de bofedales en
Cotabambas
La minera Anabi, que pertenece al
grupo Aruntani, afecta también las fuentes de agua en Cotabambas, Apurímac,
provincia vecina a Chumbivilcas. La empresa opera el proyecto Utunsa, una mina
aurífera de tajo abierto que inició sus operaciones en 2018 y que cuenta con
una capacidad para procesar entre 15 a 20 mil toneladas diarias de oro.
Esta mina utiliza el proceso de
lixiviación con cianuro de sodio en grandes piscinas para extraer el oro de los
fragmentos de piedra. Esto genera una solución cianurada que, al filtrarse
desde el PAD de lixiviación —un área previamente preparada para recibir el
mineral— debe ser contenida por una piscina revestida con geomembrana para evitar
la filtración de este líquido tóxico al suelo.
Sin embargo, esta técnica de
operación utilizada por Anabi empezó a presentar fallas riesgosas en el primer
año de operaciones. En noviembre de 2019, las fases 3 y 4 del área del PAD de
lixiviación registraron graves problemas: el líquido con cianuro se desplazó en
dirección a las áreas de suelo sin impermeabilizar en otro sector, la fase 3.
El OEFA detectó esta situación y
ordenó la inmediata paralización de las actividades de descarga del mineral en
la pozas, ya que constituía un “inminente peligro y alto riesgo de daño a la
calidad del suelo, posible afectación a la calidad del agua, al ecosistema
bofedal y calidad del agua de la quebrada Huayllani”, ubicada cerca a esa
infraestructura minera. Anabi fue multada por la entidad fiscalizadora
ambiental con 13 unidades impositivas tributarias (UIT) que equivalen a más de
66 mil soles (17 mil 414 dólares).
La resolución del Tribunal de
Fiscalización Ambiental del OEFA, que es la última instancia de la entidad
reguladora, indica que se evidenció "afloramientos de la solución
cianurada que se infiltra en el suelo hasta alcanzar aguas subterráneas que
alimentan al bofedal".
En el área donde opera la mina
desaparecieron entre siete y ocho manantiales, recuerda Flavio Sivincha, quien
vive en la comunidad campesina de Huanca, ubicada en las cercanías del Proyecto
Utunsa y es dirigente del Frente de Defensa de su pueblo.
“Con la experiencia con esa mina,
ahora sabemos y nos sorprende la forma de trabajar de esa empresa y sus
consecuencias”, lamenta Sivincha.
El PAD de lixiviación de Anabi no
tenía “ningún tipo de autorización” y está ubicado sobre un bofedal, ecosistema
esencial para distintas especies de flora y fauna, según aparece en la
resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de noviembre de 2020.
La poza de mayores eventos, que
recibe los excesos de líquidos cianurados en época de lluvias, fue instalada en
un lugar diferente al que se comprometió la compañía en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace) en 2017 para la mina Utunsa.
Este cambio encendió las alarmas en
la Autoridad Nacional del Agua, que identificó la desaparición de dos bofedales
y el impacto en 42 especies de flora, incluyendo dos especies silvestres
vulnerables.
Como resultado de estos actos, la ANA
sancionó a Anabi con 5 mil unidades impositivas tributarias el 22 de setiembre
de 2020, lo que equivale a 21 millones 500 mil soles (5 millones 470 mil
dólares) por dañar cuerpos de agua al construir el PAD de lixiviación y la poza
de mayores eventos sobre dos bofedales.
Según la Comunidad de Huanca, la ubicación del PAD de lixiviación original se encontraba en un espacio distinto al que fue construido. Imagen: Comunidad de Huanca.
El Ministerio de Energía y Minas
(Minem), que otorgó la concesión para la mina Utunsa de Anabi, también observó
el cambio no autorizado de ubicación del PAD de lixiviación. En octubre de
2021, la Dirección Técnica Minera de este ministerio precisó que Anabi no había
cumplido con gestionar una certificación ambiental con la cual debía
regularizar la nueva ubicación de esa infraestructura.
El Minem demandó a la minera y logró
hace cuatro meses que el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso
Administrativo declarara nula la concesión.
“Se ha logrado la paralización de la
concesión por incumplimientos de los estándares ambientales por un caso
promovido por la población y que fue tomado por el Minem para iniciar un
proceso judicial”, destacó el abogado de la comunidad de Huanca, Reinaldo Elguera.
Aunque Anabi apeló la decisión,
Elguera confía en la solidez de los argumentos del Ministerio de Energía y
Minas debido a que la afectación ambiental todavía continúa.
Desde septiembre de 2023, Anabi ya no tiene la concesión de la unidad minera Utunsa. El Poder Judicial anuló la resolución del Minem que le otorgaba autorización para operar. La minera apeló a la segunda instancia.
Pero no es el único caso. El 24 de
agosto de 2020, el comunero Celestino Huamaní Huaraca y su familia detectaron
que a tempranas horas de la mañana había ocurrido un rebalse en una de las
pozas de contingencia al interior de la unidad minera Utunsa de Anabi.
La solución líquida que provenía de
esa poza había caído sobre un canal rústico que la conecta con la quebrada
Huayllani. Los Huamaní dieron aviso a los funcionarios de la Autoridad Nacional
del Agua, quienes un día después inspeccionaron la zona y encontraron el daño
ambiental.
Cuando nosotros vivíamos en Torre
Qaqqa, teníamos las vicuñas y los cóndores, teníamos pastizal para la ganadería
de nuestra familia. Teníamos cabañas y corrales cercanos. Ahora todo el cerro
está destruído”, aseguró Flavio Sivincha.
El vertimiento de las aguas
residuales que provenían de las pozas, finalmente, fue comprobado por la ANA.
En la resolución directoral 0922-2021, la entidad lo describe como un líquido
de color verde oscuro y señaló que la empresa minera no tenía ninguna
autorización para arrojar esas aguas a la quebrada.
Por ello, la ANA sancionó a la minera
Anabi con una multa de 1000,1 UIT de sanción, lo que equivale a 4 millones 400
mil 440 soles de multa (1 millón 71 mil 187 dólares).
Acusados de derribar un cerro
La minera Anabi también ha sido
señalada como responsable del derrumbe de Torre Qaqqa, una formación rocosa que
fue hogar de flora y fauna silvestre, ubicada en la comunidad de Huanca, en el
distrito de Haquira, a 4 mil metros sobre el nivel del mar.
El 10 de febrero de 2020, Anabi
realizó voladuras en un área fuera del Tajo 1 de la unidad minera de Utunsa, en
Cotabambas, sin aplicar un sistema controlado. Según la Fiscalía, estas
voladuras afectaron el patrimonio forestal debido al impacto directo de las
rocas a la quebrada Yahuarmayo y destruyeron un bofedal.
“Cuando nosotros vivíamos en Torre
Qaqqa, teníamos las vicuñas y los cóndores, teníamos pastizal para la ganadería
de nuestra familia. Teníamos cabañas y corrales cercanos. Ahora todo el cerro
está destruído”, lamentó Arturo Sivincha de 31 años, uno de los comuneros
afectados del centro poblado de Huanca.
La formación Rocosa conocida como Torre Qaqqa antes y después. Fue derivada por la minera Anabi afectando flora y fauna silvestre. Foto: Comunidad de Huanca.
En diciembre de 2022, el entonces
fiscal ambiental de Apurímac, Edwin Quispe Molina, formuló acusación contra la
minera Anabi y sus funcionarios por el presunto delito de contaminación del
ambiente y solicitó una pena privativa de libertad de cuatro años y una
reparación civil de 40 mil soles (10 mil 386 dólares).
"Las voladuras han provocado la
caída de inmensas piedras que ha cambiado completamente el paisaje natural de
esta zona, asimismo han causado daño grave al componente ambiental suelo, por
la destrucción del bofedal", señala el documento acusatorio del fiscal.
El Ministerio Público también refiere
que estas rocas y desmontes caídos a causa de las voladuras de Anabi en un área
no autorizada causaron que 3,35
hectáreas del propio cauce superficial del río Yawarmayo queden
completamente enterradas.
Los análisis de laboratorio
realizados por la Fiscalía arrojaron que los parámetros químicos para sólidos
suspendidos como aluminio, hierro y plomo han superado los estándares de
calidad para agua causando perjuicio al recurso hídrico en humedales y bofedales
y grave daño al suelo superficial utilizado para el pastoreo.
El daño a la Torre Qaqqa se pudo
evitar. Dos meses antes del derrumbe, las comunidades aledañas y la propia
Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho alertaron sobre la situación. En
noviembre de 2019, el Ministerio Público había exhortado a la minera Anabi a
tomar todas las previsiones, pero estas acciones no sucedieron y el daño se
consumó.
Ante la demora del juzgado, el
abogado de la comunidad, Reinaldo Elguera, dijo a Convoca.pe que presentará una
queja al órgano de control interno del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Arturo Sivincha, comunero y
dirigente, espera que Anabi pueda remediar el daño causado a la comunidad,
aunque el hábitat de las vicuñas y cóndores no volverá a ser el mismo. “Ahora
no se puede vivir ahí”, recordó con tristeza.
*Este reportaje fue elaborado por
Convoca.pe, en alianza con el Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) y el apoyo de
la Unión Europea.
*Para el análisis de las infracciones
ambientales de las compañías Antapaccay y Anabi se usaron las bases de datos de
la plataforma Convoca Deep Data.
FUENTE: Paul Tuesta y Luis Enrique Pérez – Publicado el 29 de
enero de 2024
miércoles, 24 de enero de 2024
PROYECTO DE LEY: LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN POR FUSIÓN DE MINISTERIOS PARA LOGRAR SU OPTIMIZACIÓN
La congresista Katy Ugarte Mamani ha presentado un proyecto
de ley para fusionar varios ministerios en Perú, con el fin de “reducir la
burocracia y optimizar el funcionamiento del Estado”. La iniciativa, que lleva
el número 6669/2023-CR, busca integrar desaparecer algunas entidades, y que se
adhieran a un solo organismos. Por ejemplo, se plantea que el Ministerio de
Ambiente sea fusionado con el de Energía y Minas, para formar uno solo:
Ministerio de Energía, Minas y Ambiente.
El proyecto de Ugarte, actual integrante del grupo Unidad y
Diálogo Parlamentario y exmiembro de Perú Libre, plantea que la combinación de
dichos ministerios resultaría en un ahorro de recursos, los cuales podrían ser
utilizados para incrementar sueldos y mejorar servicios esenciales e
infraestructura. La reducción de la carga burocrática y el riesgo de corrupción
son los argumentos principales esgrimidos por la legisladora para justificar la
propuesta de reorganización estatal.
El exministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, ha criticado
tales iniciativas de consolidación ministerial y organizacional por
considerarlas un atentado contra la eficiencia y la especialización de las
entidades dedicadas a la gestión ambiental.
Recientemente, en agosto del año 2023, el periódico La
República informó sobre una posible reestructuración que implicaría que el
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(Senace) absorba las competencias de otras entidades como la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Además, se contemplaba la posibilidad de que el Senace pase a
formar parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta acción
tendría como finalidad la reducción de los procesos burocráticos ambientales
para facilitar la ejecución de proyectos de inversión en el país.
Pulgar-Vidal ha destacado que las atribuciones de una entidad
certificadora no son comparables ni intercambiables con las de una autoridad
encargada de las áreas protegidas, debido a las diferencias en sus respectivas
gestiones y objetivos. Además, relegar al Senace bajo la jurisdicción de la PCM
podría resultar en su marginación efectiva, lo cual interpretó como una señal
de la intención de eliminarla, añade el especialista.
En sus declaraciones, el exministro reflejó su preocupación
argumentando que los cambios propuestos demuestran una falta de entendimiento
sobre la importancia y la complejidad de la administración ambiental. Señaló
que estas áreas representan más del 20% del territorio nacional en diversas
categorías de conservación, lo cual denota la amplitud de la gestión del
Sernanp y su relevancia para la protección ambiental del país.
Desaparecían seis ministerios
Dentro de la propuesta se incluye también la fusión de los
ministerios de Educación con Cultura, Vivienda con Transportes, Justicia con
Trabajo e Inclusión Social, así como Desarrollo Agrario con Producción. Según la
congresista representante del Cusco, esto ayudaría a los ciudadanos a realizar
trámites con mayor facilidad al contar con una estructura gubernamental más
simplificada
El texto del proyecto argumenta que el incremento de la
burocracia estatal no esencial ha sido diez veces mayor en los últimos veinte
años, con un presupuesto que ascendió a S/35 mil millones en 2020. La
legislación pretende que la absorción de funciones ministeriales rectifique
este desequilibrio, promoviendo una administración más concentrada y
posiblemente más efectiva.
La congresista Ugarte Mamani exhorta al Poder Ejecutivo a
llevar a cabo esta reorganización, declarada de necesidad pública e interés
nacional en la propuesta. La bancada promotora de la ley aspira a un Estado más
ágil y menos proclive a la corrupción, ponderando una nueva estructura como un
vehículo hacia la eficiencia y la economía de recursos.