De ser cierta la información
extraoficial pero muy lógica y esperada de la decisión adoptada por la mayoría
de tribunos del TC, el golpe de Estado realizado por los dueños de los partidos
representados en el Congreso de la República volvería a envestir del despojo
político implementado contra los congresistas que fueron separados de sus
partidos por discrepancias insalvables y no propiamente por ser "TRANSFUGAS".
DE ESTA MANERA SE PRODUCEN DOS HECHOS HISTÓRICOS:
Los cuatro miembros del TC
denunciados ante el Congreso con amenaza de desafuero han optado por la
dignidad y la lucha contra la corrupción al no someterse al chantaje, ya en una
anterior oportunidad la Dra. Marianella Ledesma se enfrentó valientemente al
interior del TC contra otros de sus miembros que pretendieron silenciarla por
favorecer con una sentencia inconstitucional a varias universidades privadas, a
quienes se les había exonerado del pago de impuestos acotados por el estado.
En segundo lugar, los congresistas de
la bancada mayoritaria (FP) ahora gozaran de las garantías constitucionales
para no ser desaforados, sancionados ni limitados en sus funciones. El Estado
de Derecho en ese sentido reinará plenamente otra vez en el Perú, no más
Vilcatomas, Kenyis, ni Nuevo Perú abandonados a su suerte.
¿QUÉ IMPLICA EL FALLO?
El TC, al declarar inconstitucional,
por mayoría, los artículos 37 (inciso 5), 2 y 76 (inciso 2.3) de la mencionada
norma, permite ahora que los congresistas que renunciaron a sus bancadas, o que
fueron separados o expulsados de sus agrupaciones políticas, se sumen a otros
grupos parlamentarios o formen uno nuevo; también podrán asumir cargos en la
Mesa Directiva y en las comisiones ordinarias o especiales o ser designados
miembros de la Comisión Permanente o del Consejo Directivo.
La llamada 'ley antitránsfuga' que el
fujimorismo promovió y aprobó gracias a su aplastantes mayoría volvía una
suerte de parias a los legisladores que dejaban la bancada por la que fueron
elegidos. Según dijeron en su momento comentaristas y analistas, la norma no
solo vulneraba derechos fundamentales de los congresistas, sino que la
principal motivación era desincentivar la disidencia en las bancadas, así halla
motivos legítimos para ello.
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