Miles de personas protestan por sexto
día consecutivo contra la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra
como presidente. La medida ha sumido al país en una crisis política e
institucional.
Miles de personas protestan por sexto
día consecutivo contra la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra
como presidente. La medida ha sumido al país en una crisis política e
institucional.
El expresidente y candidato por el
Partido Nacionalista, Ollanta Humala llegó hasta el Centro de Lima para
participar de las protestas y manifestaciones contra la vacancia presidencial a
Martín Vizcarra, sin embargo, tras los numerosos insultos se retiró del lugar.
Ollanta Humala manifestó que estará
vigilante frente a las acciones que tome el nuevo Gobierno y denunció que se
hará una repartija para elegir el nuevo Gabinete Ministerial.
Para Yonhy Lescano la toma de poder
de Manuel Merino de Lama genera una crisis partidiaria por los cuestionamientos
existentes en contra del mandatario. "Lamentablemente causa un tremendo
daño al partido frente a la población ", señaló.
Pese al daño ocasionado cree que la
población podrá reconocer los valores y principios de Acción Popular de cara a
los comicios electorales del 2021. "Nosotros no hemos desarrollado, nunca
en la historia de Acción Popular una vacancia, no es la trayectoria política
del partido, Acción Popular nunca ha entrada por la ventana al poder, ha
entrado siempre por la puerta grande", expresó.
Sostuvo el excongresista a propósito
de la agitada coyuntura política que atraviesa el país tras la vacancia
presidencial aprobada contra Martín Vizcarra
En medio de la agitada coyuntura
política que atraviesa el país tras la vacancia presidencial aprobada contra
Martín Vizcarra, se pronunció al respecto Víctor Andrés García Belaunde.
"Acción Popular debería retirar su plancha presidencial", dijo el
excongresista, quien ofreció declaraciones a los medios de comunicación.
Varios manifestantes independientes y
coletivos se hicieron presentes en medio d ela juramentación de Merino de Lama,
varias regiones protestaron y en el Cusco llegaron al local de Acción Popular y
arremetieron tildándo al partido de "traidor". Por la atrde y noche
varios jovenes y ex candidatos de AP por el Cusco renunciaron o dieron un paso
al costado.
Mientras en el Congreso se
aprobaba la Vacancia Presidencial de Vizcarra, el pueblo demanda salud, trabajo
y una vida digna. Lo que hay, es la incapacidad
moral de de toda la clase política, y eso no se solucionará solo con una
vacancia.
Las bancadas de Fuerza Popular, Frepap y Unión por el Perú votaron en bloque a favor de la destitución del mandatario. El partido Morado fue el único que se pronunció unánimemente en contra.
Con 105 votos a favor, 19
en contra y 4 abstenciones, el pleno Congreso de la República aprobó vacar a
Martín Vizcarra Cornejo por la causal de incapacidad moral permanente. Para
prosperar, la moción requería alcanzar 87 votos favorables. La cifra fue
superada por 18 votos.
Cuatro bancadas votaron en
bloque: Fuerza Popular, Frepap, Unión por el Perú (UPP) y el Partido Morado.
“Como Fuerza Popular vamos
a votar para defender nuestros principios que creemos que son los correcto y lo
que el país merece. Probablemente no lleguemos a los votos [...] La
Constitución señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo
y cada uno va a votar de acuerdo a lo que crea correcto. En Fuerza Popular
vamos a votar a conciencia, pensando en el futuro del país”, señaló Columbus.
Pese a ello, todos los
congresistas de la bancada naranja votaron a favor de la vacancia presidencial.
14 miembros de la bancada
del Frepap votaron a favor de la destitución del mandatario.
“No podemos creer en un
presidente que se escuda en la mentira para no ser acusado. La moral es
importante para gobernar”, sostuvo durante el debate María Teresa Céspedes,
vocera del Frepap.
En el caso de UPP -bancada
que presentó la moción de vacancia-, los 12 parlamentarios emitieron un voto
favorable.
En el resto de grupos
parlamentarios, el voto fue dividido. Como informó más temprano este Diario,
Somos Perú había adelantado que sus congresistas tendrían libertad para votar
según su voluntad.
El Frente Amplio votó a
favor de la vacancia, con la excepción de las parlamentarias Rocío Silva
Santisteban y Mirtha Vásquez, quienes se pronunciaron en contra de la
destitución.
En el caso de Alianza Para
el Progreso, todos los miembros, salvo uno, votaron a favor. El único
parlamentario de la bancada que votó distinto fue Walter Ascona, quien optó por
la abstención. Ello, pese a que el líder del partido, César Acuña, había
manifestado con anterioridad que el grupo parlamentario no apoyaría la vacancia
presidencial, por considerar que el caso de Vizcarra debía tratarse en el fuero
fiscal.
Por otro lado, en Acción
Popular, la bancada más numerosa del Congreso, el voto tampoco fue unánime. A
favor se manifestaron 18 parlamentarios, en contra cuatro y dos se abstuvieron.
Por último, en Podemos
Perú todos los congresistas menos uno apoyaron la vacancia. El voto en
discordia fue emitido por Daniel Urresti.
Francisco Sagasti,
portavoz del Partido Morado, había adelantado que su grupo parlamentario
rechazaría el pedido de vacancia.
“Las acusaciones contra el
presidente de la República deben verse al término de su mandato y las
acusaciones contra los congresistas deben seguir su curso establecido para el
levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero que sea una administración
justa, equilibrada y balanceada”, dijo en el pleno.
VOTACIÓN DE LA VACANCIA
DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA
El
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM,
Gabriel Quijandría, citó durante la reunión con la Asociación de Prensa
Extrajera en el Perú (APEP), que la deforestación en el Perú abarcó durante el
2019 unas 147,000 hectáreas de bosques, un área superior a la superficie de
Hong Kong, según una estimación preliminar del Ministerio del Ambiente. Esta
estimación de deforestación, estaría por debajo de los niveles de deforestación
de los últimos años, incluso las del 2018, cuando la superficie deforestada de
los bosques peruanos fue de 154,766 hectáreas. (Diario Gestión, 2020)
Paz y
Esperanza, desde hace tres años viene desagregando la información global de deforestación
del país, específicamente la que corresponde a la región San Martín. Desde la
perspectiva institucional es importante conocer el número global de hectáreas
deforestadas; sin embargo, es también relevante donde están ubicadas, si éstas
están dentro o no de categorías de gestión de bosque, si están en comunidades
nativas o campesinas, cuáles son los distritos más deforestados, cuáles son los
efectos en la población y cuales podrían ser las alternativas para mejorar la
gestión del bosque categorizado o sin categorizar.
Es
importante resaltar que los reportes anteriores, estuvieron basados
cartográficamente sobre la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE), mientras
que el que presentamos a continuación se basa sobre la Zonificación Forestal
(ZF) aprobada recientemente por la Resolución Ministerial N° 039-2020-MINAM,
motivo por el cual, probablemente encuentre ciertas diferencias en el número de
hectáreas con los reportes anteriores.
El presente
documento, está compuesto en su primera parte en una descripción de la
deforestación en la región San Martín entre los años 2001 hasta el año 2019,
detallando la deforestación en cada una de las categorías de gestión de
bosques.
Revisar
análisis de Deforestación del 2001 al 2020 en San Martín:
Informe
deforestación en San Martín 2001 – 2020
Infografía
sobre la Deforestación en San Martín en tiempos de Pandemia
La
deforestación en la región San Martín entre enero – julio del 2020 es de
5,871.78 hectáreas; que representa un incremento del 8.76% de deforestación en
relación a los mismos meses del año anterior.
El mes de
julio del 2020 presenta el mayor índice de deforestación con 3,376.35
hectáreas.
Durante los
meses de marzo a julio del 2020, meses que coincide con la declaración de la
emergencia sanitaria e inmovilización social, la deforestación en la región San
Martín fue de 5,571.12 hectáreas; mientras que en el 2019 en esos mismos meses
fue de 3725.19.
Es decir
durante el periodo de la pandemia se deforestó 1,845.93 hectáreas más que en el
año 2019 en relación a los mismos meses; a pesar que en el mes de abril del
2020 se deforestó solo 18.18 hectáreas, y se pensaba que sería un año con menos
deforestación que el año anterior.
Descargar información completa en:
Infografía deforestación Enero – Julio 2020
Ucayali:
Líder indígena amenazado de muerte
El
presidente de la Feconau, Miguel Guimaraes, afirmó que la amenaza textual iba
acompañada con la imagen de una persona descuartizada.
La
persecución hacía defensores indígenas no para. Miguel Guimaraes, presidente de
la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) ha
denunciando recientemente que ha recibido amenazas de muerte. Según el líder
indígena, la amenaza se efectuó a través de un mensaje de whatsapp que decía:
“Procederemos a las buenas o malas c…”, el texto iba acompañando con la imagen
de una persona descuartizada.
La Feconau
ha expresado su preocupación y rechazo ante las amenazas que viene recibiendo
su presidente. Por ello, ha realizado un llamado a todas las instituciones y
organismo de defensores de los derechos humanos, y a la Defensoría del Pueblo
para que puedan tomar acciones inmediatas. Asimismo, vienen interviniendo y
denunciando la tala ilegal, invasión de territorios y narcotráfico, que atentan
contra los derechos de las comunidades indígenas y las zonas ambientales.
Recordemos
el reciente asesinato de Roberto Carlos Pacheco, defensor ambiental de Madre de
Dios; con la muerte de este último ya son cinco los homicidios cometidos este
año contra defensores ambientales en nuestro país. Esto revela la
vulnerabilidad de los líderes indígenas de la selva y la incapacidad del estado
para la protección de los líderes indígenas en la Amazonía, informó Vigilante
Amazónico a INFOREGIÓN.
Si bien
hechos delictivos ocurren en el enfrentamiento entre las comunidades indígenas
de la Amazonía, que buscan proteger su territorio y sus recursos para
sobrevivir, frente a delincuentes y sicarios que invaden la zona, no es una
situación que escape de las responsabilidades esenciales del Estado.
El 6 de
octubre, en el marco del 176° periodo de sesiones de la Comision Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), se presentó una audiencia temática sobre la
situación de las personas defensoras indígenas de la Amazonía peruana. En ella,
los líderes y lideresas de las comunidades de Alto Tamaya – Saweto,
Unipacuyacu, Santa Clara de Uchunya y Nuevo Amanecer Hawaii, junto con
dirigentes de las federaciones indígenas de la región Ucayali, el Instituto de
Defensa Legal, y Proética; explicaron el contexto en el que se dio la muerte de
líderes indígenas como Gonzalo Pio, Arbildo Meléndez, Edwin Chota, entre muchos
otros. Asimismo, evidenciaron la constante amenaza en la que viven, por parte
de quienes participan en actividades ilegales.
Estos hechos
delictivos ocurren en el enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la
Amazonía, que buscan proteger su territorio y sus recursos para sobrevivir, y
delincuentes y sicarios que invaden la zona. Sin embargo, no es una situación
que escape de las responsabilidades esenciales del Estado, ausente en muchos de
estos territorios.
Por un lado,
una vez ocurridos los hechos, resalta la ausencia de recursos eficaces que
permitan la investigación, sanción y reparación de los delitos cometidos, en
favor de las víctimas y de sus familiares. Hasta el momento, no se han
sancionado a las personas que han cometido tales delitos. Incluso, según un
reportaje de Cuarto Poder, se ha dejado en libertad a un grupo de personas
acusada de haber cometido el asesinato de un defensor ambiental en la región de
Madre de Dios.
De otro
lado, la falta de medidas de protección adecuadas y oportunas que protejan a
los líderes y lideresas indígenas antes de la ocurrencia de los hechos. En
muchos casos, los crímenes en contra de los defensores y defensoras ambientales
no ocurren de manera intempestiva, sino que son la consecuencia de continuas
amenazas. Es necesario que se tomen medidas que garanticen una real protección
a estas personas.
Asimismo, el
sistema de corrupción que promueve la existencia de estas actividades tiene una
incidencia directa en la precarización de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y coloca en una situación de riesgo permanente a los miembros
de dichas comunidades. Esto implica, en muchos casos, la titulación irregular
de predios individuales a favor de empresarios corruptos, y en perjuicio de los
territorios de las comunidades indígenas.
Frente a
este problema, el Estado aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de
personas defensoras de derechos humanos”, el cual recoge una serie de
recomendaciones que favorecen la creación de registros de denuncias, o que
establecen mecanismos de coordinación entre las entidades del Estado para
abordar la protección de este grupo, entre otras medidas. Sin embargo, éstas
aún están lejos de generar mecanismos concretos, efectivos e inmediatos de
protección, necesarios para la situación de vulnerabilidad actual.
Dos notas
adicionales que merecen ser comentadas sobre este tema. Por un lado, el proceso
de elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que
está llevando a cabo el Ejecutivo ha incluido como uno de los temas a
trabajarse, la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Esto
es fundamental, puesto que, en el marco de la debida diligencia empresarial,
las empresas deben fiscalizar sus cadenas de producción y garantizar que
cumplan con las normas ambientales y de derechos humanos. En ese sentido, una
empresa que consuma productos obtenidos de manera ilegal, podría tener un nivel
de responsabilidad sobre la precarización de los derechos de las personas
defensoras.
Una segunda
nota se relaciona con el archivamiento del Acuerdo de Escazú realizado por la
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Es importante
resaltar que dicho Acuerdo es el primero que reconoce y genera obligaciones
generales para los Estados que lo ratifiquen sobre la protección de los
defensores ambientales. La denegación a ser ratificado por parte del Congreso
genera la duda de si existe una clara decisión por parte de los partidos
políticos en no proteger a un grupo socialmente vulnerable, o si es parte de un
conjunto de decisiones realizadas sin el conocimiento suficiente para valorarlo.
Fuente: RPP
Noticias.
Autor: Bruce
Barnaby