jueves, 26 de enero de 2017

LOS PAGOS SECRETOS DE ODEBRECHT EN EL PERÚ QUE LOS POLÍTICOS PENSARON QUE NUNCA SE ENTERARIA EL PUEBLO

LOS PAGOS SECRETOS DE ODEBRECHT EN EL PERÚ


Hasta ahora, el histórico caso Lava Jato –la más grande investigación anti-corrupción que se haya realizado en Brasil y en Latinoamérica– desarrolló su veloz avance, espectaculares acciones, apabullantes hallazgos en portugués en Brasil.

Pero a la vez, Lava Jato es fundamentalmente cosmopolita y especialmente latinoamericano. Las grandes corporaciones brasileñas imputadas en el caso realizaron gran parte de sus negocios fuera de Brasil, sobre todo en Latinoamérica; y perpetraron, según inequívocos indicadores, similares actos de corrupción a los cometidos en Brasil.

Asimismo, el masivo proceso de lavado de dinero para ocultar el pago de sobornos y la identidad de los coimeados se realizó a través del mundo entero. Para investigarlo exitosamente la cooperación internacional fue y será fundamental.

Los datos que aportaron, por ejemplo, los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber a través de su propia investigación en julio del año pasado, fueron decisivos para completar con claridad irrefutable la descripción del esquema de lavado de dinero con el que Odebrecht pagó coimas a varios funcionarios de Petrobras.

Contrariamente, la negativa de la procuradora panameña Kenia Porcell a colaborar con los fiscales anticorrupción brasileños retrasó la investigación en general y no solo en el crucial eslabón del proceso de lavado que se encuentra bajo su jurisdicción.

Procuradora general de Panamá, Kenia Porcell

Por esas y varias otras razones, la investigación sobre el caso Lava Jato está mucho más atrasada en la Latinoamérica hispanoparlante que en Brasil. Y eso pese a poderosos indicios que apuntan a considerables casos de corrupción en los más altos niveles de varias naciones, comparables si no mayores en escala a los que se han probado en Brasil.

Eso empieza a cambiar. Los Panama Papers están transformando velozmente la ecología de la lucha anti-corrupción en el mundo y especialmente en Latinoamérica.

Y la investigación que publicamos hoy marca un hito importante en el Perú en el paso de los indicios a los datos duros sobre la corrupción vinculada en este caso con Odebrecht –la más importante de las corporaciones brasileñas imputadas en Lava Jato– en nuestro país.

Esta investigación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de IDL-R con La Prensa de Panamá en el caso Lava Jato. También han ayudado significativamente colegas de otros países.

¿Cómo movió Odebrecht dinero desde sus offshores (las propias y las alquiladas) hacia y desde el Perú? ¿Cuándo lo hizo, a través de quiénes?

Aquí, en esta investigación exclusiva de IDL-Reporteros, empezamos a darles la respuesta.

Lavandería nacional

El 16 de abril de 2007, la hoy muy notoria pero entonces desconocida offshore panameña, Constructora Internacional del Sur, realizó una transferencia de dinero a una todavía más desconocida compañía peruana: Constructora Área SAC. ¿El monto? 150 mil dólares.

Constructora Internacional del Sur, como recordarán, había sido creada poco antes, el 11 de octubre de 2006, en Panamá. La compañía que la controlaba estaba vinculada con el corredor de autos Ernesto Chong Coronado y con el muy notorio colombiano David Murcia, un “capo de las pirámides financieras” en Colombia que eventualmente se refugió en Panamá.

El 2009, Constructora Internacional del Sur tuvo un cambio fundamental cuando pasó al control formal [como ‘Agente Residente’] de Francisco (‘Frankie’) Martinelli, primo del entonces reciente presidente panameño Ricardo Martinelli. Como ya se ha revelado [ver ‘Cómo Odebrecht lavó sobornos’], a partir de ese momento y en un período muy corto, Constructora Internacional del Sur recibió más de 47 millones de dólares de dos compañías offshore que pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash Engineering Company Inc y Golac Project and Construction Corp.

Constitución de la offshore panameña Constructora Internacional del Sur.

Ese año, 2009, Constructora Internacional del Sur depositó directamente más de tres millones de dólares en las cuentas europeas (a través de offshores panameñas) como soborno a tres corruptos ex altos funcionarios de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Renato Duque y Pedro Barusco.

Pero en 2007, Constructora Internacional del Sur estaba todavía controlada por Chong Coronado y por Murcia, el colombiano de las pirámides financieras. Y ya tenía relación con, por lo menos, el lado oscuro de Odebrecht.

La transferencia por 150 mil dólares no fue la primera recibida por la misteriosa Constructora Área SAC.

Dos meses antes, el 7 de febrero de 2007, el consorcio IIRSA Norte (formado por las empresas Graña y Montero, Andrade Gutierrez y Odebrecht) transfirió 759 mil dólares a Constructora Área.

Lo interesante es lo que pasó con el dinero en ambos casos.

Los más de 900 mil dólares de ambas transferencias fueron cobrados en gran medida en efectivo por tres personas: María Isabel Carmona Bernasconi, Jorge Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo.

Una parte menor fue depositada en una compañía de nombre sugerente: Dominatrix Limited; otra en una ‘Casa de Cambios La Moneda SAC’ y una tercera retornada a Constructora Área.

Ese fue el comienzo de un animado 2007, bajo el entonces relativamente nuevo régimen de Alan García, para algunas empresas de nombre o actividades digamos inusuales.

En mayo y junio de ese año, tanto Constructora Internacional del Sur como IIRSA Norte hicieron sendos depósitos a otra compañía: Construmaq SAC. La primera en mayo por más de 115 mil dólares; la segunda, IIRSA Norte, en junio, por un millón y medio de dólares.

La compañía, Construmaq SAC, era nueva, pero la gente que estaba detrás, no tanto. Había dos nombres conocidos: María Isabel Carmona y Jorge Salinas, y uno nuevo: Gonzalo Monteverde Bussalleu.

Hubo otra novedad: Del un millón 700 mil dólares depositados, Gonzalo Monteverde cobró 300 mil dólares; María Isabel Carmona alrededor de 100 mil y Jorge Salinas algo más de un millón de dólares. Carmona y Salinas depositaron cerca de 840 mil dólares en la ya conocida Dominatrix, y este último (Salinas) hizo otro depósito por más de 200 mil dólares en la también conocida Casa de Cambios La Moneda.

De lo depositado en Dominatrix, cerca de 850 mil fueron reenviados fuera del país, a una cuenta del Trend Bank Ltd de Brasil en el First Caribbean International Bank, de Barbados, que tiene como beneficiaria final a la offshore panameña Balmer Holding Assets Ltd, cuyo agente residente es nada menos, que Mossack Fonseca.











En este caso, el Perú resultó un punto intermedio en el proceso de movimiento de dinero para un destinatario final: la persona que controla Balmer Holding Assets. Pero el beneficiario resultó lo suficientemente astuto como para proteger su identidad con acciones al portador.

Sin embargo hay un detalle importante: IIRSA Norte aportó las sumas más grandes, lo cual –no siendo como en otros casos, una offshore– indica una relación directa del consorcio con el pago.

¿Eso fue todo? No, ni mucho menos.

Operadores limeños

En julio y agosto de 2007, IIRSA Norte sola hizo dos pagos a Constructora Área SAC por casi 2 millones y medio de dólares. Jorge Salinas Coaguila cobró 1 millón y medio de esa suma y, mediante depósitos en Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda, la reenvió a la cuenta de Balmer Holding Assets en Barbados. Hubo también depósitos directos de Constructora Área a Casa de Cambios La Moneda.

Fachada del edificio donde funcionó Constructora Área hasta el 2013, según Sunat. (Foto: Hernán P. Florindez/IDL-Reporteros)

Poco antes, IIRSA Norte había transferido casi un millón 500 mil dólares a Constructora Área luego que otra offshore notoria de Odebrecht: Klienfeld Services le transfiriera algo menos de 120 mil dólares a Constructora Área. Klienfeld Services es la otra offshore controlada por Odebrecht, que fue empleada –igual que Constructora Internacional del Sur– en la penúltima etapa del lavado de dinero destinado a sobornos a funcionarios corruptos. El 2009 Klienfeld depositó dinero para coimas en las cuentas offshore de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque por cerca de tres millones de dólares. Su papel, de compañía transmisora de dinero para sobornos quedó completamente acreditado en ese caso.

Algo más de un millón 300 mil dólares fueron transferidos a Allamanda Ventures, que después los despachó a Balmer Holding Assets, en Barbados. Aparte de eso, Gonzalo Monteverde cobró poco más de 44 mil dólares y otra persona: Eduardo Bull Piccone, cobró más de 32 mil dólares.

En septiembre de 2007, IIRSA Norte transfirió casi un millón 900 mil dólares a Constructora Área SAC, la que a través de Jorge Salinas Coaguila depositó alrededor de 950 mil dólares en Dominatrix, de donde transfirió cerca de 590 mil dólares a la cuenta de Balmer, en Barbados.

En octubre de 2007, IIRSA Norte hizo un depósito a Constructora Área por casi 1 millón 600 mil dólares. Algo más de 600 mil fueron depositados en Allamanda Ventures, constituida en Miami y registrada en Lima. Su apoderado es una persona que ya hemos visto: Gonzalo Monteverde.

Ese mes, sin embargo, Jorge Salinas Coaguila fue quien hizo la mayor parte de movimientos del dinero entre diversas cuentas y sociedades. De Constructora Área a Dominatrix y de ahí (algo más de 600 mil dólares) a Balmer, en Barbados.

Ese octubre, Allamanda Ventures hizo otro envío por 400 mil dólares a Balmer. El dinero provino también de IIRSA Norte.

Fachada de la compañía Allamanda Venture Limited, cuyo representante en el Perú fue Gonzalo Monteverde hasta su baja, en 2010. En esta dirección ahora funciona la compañía Isagón SAC, que tiene como apoderados a Monteverde, Marcionila Cardoso y María Isabel Bernasconi (Foto: Hernán P. Florindez/IDL-Reporteros)

En noviembre de 2007, IIRSA Norte hizo otra transferencia a Constructora Área por casi un millón 400 mil dólares. De ahí, tanto María Isabel Carmona como Jorge Salinas Coaguila hicieron varios retiros, transfirieron dinero a Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda. Finalmente, desde Dominatrix enviaron más de un millón de dólares a Balmer, en Barbados.

En diciembre de 2007, ya no fue siquiera IIRSA Norte sino la propia Odebrecht la que transfirió más de 420 mil dólares a Constructora Área. Luego de hacer transferencias por más de 300 mil a Casa de Cambios La Moneda, tanto Gonzalo Monteverde como María Isabel Carmona cobraron cada uno poco más de 98 mil dólares. Jorge Salinas Coaguila, por su parte, cobró más de 148 mil dólares en efectivo.

En total, IIRSA Norte transfirió alrededor de 11 millones de dólares en 2007 a Constructora Área y Construmaq SAC. Odebrecht, cerca de 430 mil dólares a la primera. Constructora Internacional del Sur, cerca de 270 mil; y Klienfeld Services, más de 110 mil dólares. Eso da un total aproximado de 11 millones 740 mil dólares. De ese monto, casi siete millones de dólares fueron transferidos al extranjero, a la cuenta offshore de Balmer, en Barbados.



Eso se hizo mediante transferencias desde las otras compañías del mismo grupo: Allamanda Ventures, Dominatrix y Casa de Cambios la Moneda, sobre todo.

Ya hemos visto los nombres que se repiten en las transacciones: Jorge Salinas Coaguila, Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona, Marcionila Cardoso Pardo.

¿Y las compañías, quiénes están detrás de ellas? La respuesta es previsible.

Allamanda Ventures fue constituida en Miami e inscrita en Perú en 1997. Se le dio de ‘baja de oficio’ en 2010.

Constructora Área se constituyó en 2002 y empezó a trabajar en 2005. Sus socios fundadores son Allamanda Ventures (es decir, Gonzalo Monteverde) y María Isabel Carmona. Fue declarada en quiebra el 2013. Su capital inicial fue de 2 mil soles.

Jorge Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo (Foto: Facebook)

Dominatrix Limited, cuyo director es un Raúl Valdés, que figura en la base de datos Mossack Fonseca como representante de varias otras sociedades offshore, otorgó un poder especial a María Isabel Carmona.

Gonzalo Monteverde es socio o apoderado de 43 compañías de todo tipo y para todo uso.

María Isabel Carmona tiene más de 35 compañías vinculadas a ella, según Registros Públicos. Curiosamente, varias son cementerios.

Monteverde, Carmona, Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo tienen otra cosa en común: Los cuatro son investigados por la 17 Fiscalía Penal Provincial de Lima, por Lavado de Activos.

Reporteros hizo esfuerzos reiterados por contactar a Monteverde, Carmona, Salinas y Cardoso en sus direcciones y a través de socios o familiares. Decidieron no responder.

María Isabel Carmona, Gonzalo Monteverde y Eduardo Bull Piccone (Fotos: Reniec)

¿Por qué?

Esa es la pregunta fundamental en esta historia. ¿Por qué Odebrecht, en forma directa o a través de sus offshores, o en el consorcio que dominaba, entregó millones de dólares a estas personas y a sus compañías de antecedentes accidentados y capitales diminutos?

Y en este caso concreto, ¿Por qué lo hicieron los otros miembros del consorcio IIRSA Norte, Andrade Gutierrez y Graña y Montero?

Todo indica que fue para esconder el dinero y hacerlo llegar a destinatarios cuyos nombres debían mantenerse secretos.

La misma mecánica, con la participación de por lo menos dos de los actores en esta historia (Constructora Internacional del Sur y Klienfeld) se utilizó para hacer llegar sobornos a los altos ejecutivos de Petrobras, en un proceso de lavado que fue descubierto al 100 por ciento y descrito con toda precisión en la investigación de Lava Jato: la ruta del dinero, desde Odebrecht, pasando por varias etapas de offshores hasta llegar a las de los corruptos.

Pero en este caso, ¿por qué IIRSA Norte hizo esas transferencias, que terminaron mayoritariamente en una cuenta en Barbados y, en muchos otros casos dentro del Perú, en dinero al contado que luego desapareció?

El Consorcio IIRSA Norte ganó la concesión de la obra en el último año del gobierno de Toledo en forma controvertida, que provocó inequívocas objeciones de la Contraloría.

La construcción vial en IIRSA Norte sí se hizo durante el gobierno de García. Su costo inicial, el contratado por 258 millones de dólares, se incrementó, con reformas y añadidos, a 510 millones de dólares de monto pagado. El 98% más de lo contratado.

Las transferencias al lado oscuro del flujo monetario se dieron durante el proceso de construcción de IIRSA Norte. En esta nota, solo hemos examinado el 2007. Luego, como veremos en otras entregas, circuló más dinero por las trastiendas de lavado.

¿Quién recibió la plata en Balmer Holding Assets? La respuesta está por ahora, pero no por mucho tiempo más, en Barbados.

Aquí, el conocimiento principal descansa, por supuesto, en el líder del consorcio, Odebrecht. Sus funcionarios han dejado saber que no van a hablar, por lo menos hasta que en Brasil decidan cooperar con las autoridades. Algo similar sucede con Andrade Gutierrez. Su presidente y el de Odebrecht fueron encarcelados el mismo día.


Eso nos deja a Graña y Montero, a quienes es difícil suponer que les pasara inadvertido el traslado de más de 10 millones de dólares en un año. Usualmente, los costos se comparten. Esos, los del dinero que no se confiesa, a menos que sea descubierto, también.

Escribe Romina Mella y Gustavo Gorriti

LA MUERTE LLEGO PARA UN JUEZ AHORA QUIEN SEGUIRA EN LA LISTA

MUERTE DE UN JUEZ, CRISIS DE UN CASO




La aeronave Beechcraft C90 GT despegó a la una de la tarde, hora de Brasil, del aeropuerto Campo de Marte en Sao Paulo, con rumbo sur. Cuarentaicinco minutos después se estrelló en el mar, en las afueras de Paraty, cerca de Rio de Janeiro, según reportó el Blog de Fausto Macedo citando a la Marina brasileña.

Poco después se confirmó la noticia que ha conmocionado a Brasil y Latinoamérica. Una de las tres víctimas reportadas era el magistrado supremo del Tribunal Supremo Federal, Teori Zavascki, relator (o instructor) del caso Lava Jato en la más alta instancia judicial de Brasil.



Otra de las víctimas fue Carlos Alberto Filgueiras, dueño del hotel Emiliano, propietario del accidentado avión PR-SOM Beechcraft de turbohélice.

Zavascki no solo era relator de todo el caso Lava Jato sino que tenía a cargo la investigación de los políticos que gozan de fuero privilegiado por la importancia de su cargo y que, por lo tanto, solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo Federal.

Ahora Zavascki se encontraba en la parte más importante de su juzgamiento del caso: la “homologación” de la primera ola de confesiones de 77 altos ejecutivos de Odebrecht que habían empezado el proceso más grande de delación premiada en la historia de Brasil y, probablemente, del mundo.

Zavascki debía decidir en las siguientes semanas si validaba o no esas confesiones que relatan en detalle el proceso entero de sobornos a decenas de políticos y altos funcionarios brasileños, incluyendo a gente muy cercana al actual presidente Michel Temer y a los de los presidentes Dilma Rousseff y Lula.


Las confesiones, además, implicarán a varios importantes líderes latinoamericanos y sus entornos políticos y empresariales, en los países donde operaron las principales empresas brasileñas, especialmente Odebrecht.

La muerte de Zavascki remeció a Brasil, especialmente a los principales investigadores, fiscales y jueces del caso Lava Jato y provocó reacciones de dolor y de sospecha.



El célebre juez federal Sérgio Moro dijo que Zavascki fue “un gran magistrado y un héroe brasileño. Ejemplo para todos los jueces, promotores y abogados de este país. Sin él no habría habido la Operación Lava Jato”.

Los procuradores de la Fuerza de Tarea de la Operación Lava Jato en Curitiba lamentaron la muerte trágica de Zavascki y sostuvieron, en una nota de prensa, que “su actuación en la relatoría de la Operación honró al [Tribunal] Supremo y fue un loable servicio prestado al país”.

Su colega en el Tribunal Supremo Luís Roberto Barroso, expresó en otra nota que  “el Tribunal pierde un juez de gran vocación. El país pierde un gran hombre. Todos somos víctimas de una trampa de la suerte”.

Pero hubo otros que pusieron en duda si la trampa provino de la suerte, el destino, o no.

El delegado Federal de la Policía Federal, Marcio Adriano Anselmo, uno de los más importantes investigadores policiales de Lava Jato, en Curitiba, pidió en su página de Facebook “una investigación a fondo de la caída del avión. “Este ‘accidente’ debe ser investigado a fondo” escribió Anselmo, entrecomillando la palabra accidente.



Asimismo, citado por Folha, Anselmo escribió que la muerte de Zavascki “anuncia el fin de una era”. Al elogiar a Zavascki, Anselmo escribió que este “lavó el alma del Tribunal Supremo Federal al frente de Lava Jato… él hizo historia”.

Fuentes cercanas a la Policía Federal brasileña indicaron a IDL-R que esta ya abrió una investigación policial para determinar las causas del accidente y que un equipo de policías federales especializados en ese tipo de investigación se dirige al lugar del accidente.

La muerte de Zavascki, sea por accidente o atentado, tendrá repercusiones inmediatas sobre el caso Lava Jato y peligros que se materializarán o se neutralizarán de acuerdo con la evolución de una crisis que recién comienza.

Por lo pronto, está claro, según un análisis publicado hoy en Folha es que la muerte de Zavascki “significará el atraso en la homologación de la delación de 77 ejecutivos de Odebrecht consideradas las más explosivas, por mencionar políticos como el presidente Michel Temer o el ex-presidente Lula”.

El enigma, se pregunta Folha es si ahora [los partidos políticos] PMBD, PSDB y el PT consiguen enterrar la investigación, como siempre planearon […] el riesgo de que Lava Jato sea manipulada o subyugada con la muerte de Teori no es despreciable”.

Es que existe la fuerte posibilidad de que el sucesor de Zavascki sea designado por el presidente Temer, quien ha sido denunciado por el delator Claudio Melo Filho, de haber pedido 10 millones de dólares a Marcelo Odebrecht en 2014.

El nombramiento por Temer no es la única posibilidad, pues cabe también que la presidenta del Tribunal, Carmen Lúcia asigne el caso Lava Jato a otro de los jueces supremos en funciones.


Eso se resolverá, probablemente en medio de grandes tensiones, en los próximos días. Mientras tanto, la muerte trágica de un juez sume en crisis existencial al caso Lava Jato, y pone en serio peligro la investigación anticorrupción más importante en la historia de Brasil y de América Latina.

Escrito por  Reportero

martes, 24 de enero de 2017

QUE CORRAN LAS TORTUGAS QUE LA JUSTICIA LOS VA A ALCANZAR TARDE O TEMPRANO

Al lado izquierdo: El Fiscal de la Nación Pablo Sanchez, con Hamilton Castro, fiscal anticorrupción. Al lado derecho Jorge Barata, ex superintendente de ODEBRECHT, con Luis Nevez, (delator premiado). Fuente ODEBRECHT - Revista Brasil:Viver Brasil


Que corran las tortugas


El caso Lava Jato ya avanza fuera de Brasil, en Latinoamérica, identifica a sus primeros corruptos y provoca hasta ahora más rabia que razón.

No basta indignarse, porque pocas emociones o pensamientos son más fáciles de engañar que la indignación. Hay que conocer qué pasó, cómo funcionó, qué lo hizo posible, cómo se armó escenarios y cuáles fueron las bambalinas.

Hay que concentrar energías en presionar por investigaciones imparciales que avancen con rapidez. Sobreexcitarse ahora con los primeros datos borrosos que produce la investigación garantiza la fatiga emocional e intelectual que buscan algunos de los corruptos más astutos para buscar su impunidad.

Pero no. Hay que exigir una investigación a fondo y rápida (no debería en ningún caso prolongarse más allá de 2017 y, si está bien llevada, pudiera terminarse en los primeros nueve o diez meses de este año), con dos objetivos paralelos y complementarios:

– Las investigaciones “Lava Jato” del siglo XXI;

– Las investigaciones sobre los casos de corrupción precursores de Lava Jato en los últimos 15 años del siglo XX.


"No basta indignarse, porque pocas emociones o pensamientos son más fáciles de engañar que la indignación. […] Hay que concentrar energías en presionar por investigaciones imparciales que avancen con rapidez".
Los objetivos deben separarse porque la manera de conseguir información es diferente en cada caso: digital en este siglo y analógica o impresa en el anterior. Hay más datos investigables en este siglo que los que se puede rescatar entre 1985 y el dos mil, pero eso no significa que no se pueda llevar a cabo una investigación en profundidad sobre las cutras de ese período. Ciertamente hay dónde empezar:

• Hace pocos días la publicación digital Gran Angular sacó en portada una investigación de la periodista Melissa Pérez: “Odebrecht pagó coimas en el Perú desde 1988 por los proyectos Charcani V y Chavimochic”.

En la investigación, Pérez expone con prolija claridad cómo “Las coimas de la constructora Odebrecht se reparten a ritmo de samba en el Perú desde –por lo menos- 1988, durante el primer gobierno de Alan García”.

• Durante el gobierno de Fujimori, el Proyecto Especial Chavimochic celebró un “Contrato de Ejecución de Obras” con el ‘Consorcio Chimú’, que asociaba a las empresas Norberto Odebrecht S.A. con GyM S.A. (me imagino que saben de quién se trata, ¿no?). El representante del Consorcio fue el funcionario de Odebrecht Sérgio Luiz Neves, que firmó en su representación.

Varios años después, Sérgio Luiz Neves fue arrestado en la etapa culminante de la 26º Fase de investigación Lava Jato, el 23 de marzo de 2016, en Minas Gerais, la que se dedicó a desbaratar el sector de Odebrecht dedicado exclusivamente a la corrupción: el de “Operaciones Estructuradas”.
Neves era el director superintendente de la Corporación en Minas Gerais y la Policía Federal había capturado emails suyos ordenando una coima de cerca de 5 millones de dólares a una persona apodada “Mineirinho”. Neves tenía acceso directo con el sector de operaciones estructuradas para ordenar el pago de sobornos. Ahora se encuentra entre los ejecutivos acogidos a la “delación premiada”.

Así que lo que Barata no pueda responder, por no haber estado todavía en el Perú, lo podrá responder Neves. Luego de la confesión debe venir la corroboración, cosa que no es realmente difícil, porque documentos vitales de esa época fueron guardados por otra funcionaria, maltratada por Odebrecht, que los cuidó pacientemente, esperando el momento que nadie pensó que podía suceder, hasta que finalmente ocurrió.
• En el largo (102 páginas) “Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 124/2016”, la Policía Federal en Curitiba dedica una parte a analizar el funcionamiento del “Sector de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht y su relación con determinados ejecutivos de la Corporación.

Para quienes no lo tengan todavía claro, el ‘Sector de Operaciones Estructuradas’ era una sección semi-clandestina de Odebrecht, encargada de pagar coimas mediante mecanismos realmente sofisticados de lavado de dinero. Como dice la Policía Federal: “las investigaciones que fundamentaron la deflagración de la 26º Fase demostraron que los ejecutivos del Grupo Odebrecht dirigían sus demandas de pagos ilícitos a los funcionarios del ‘Sector de Operaciones Estructuradas’”.

• El jefe de ese ‘sector’ era Hilberto Silva (o Hilberto Mascarenhas Alves da Silva hijo). Su segundo era Fernando Migliaccio; y los otros integrantes eran: Luiz Eduardo da Rocha Soares; Maria Lúcia Tavares; Isaias Ubiraci y Angela Palmeira.
Cuando avanzó la investigación Lava Jato, Odebrecht hizo que Migliaccio fugara de Brasil a Estados Unidos. Meses después fue capturado en Suiza, donde trató de llegar disimuladamente a cuentas, pruebas y, sobre todo, un servidor de computadora. No lo logró.

Entre tanto, poco después de ser arrestada en Brasil, Maria Lúcia Tavares decidió confesar. Su testimonio convenció a Odebrecht que todo estaba perdido y llevó a la capitulación. Migliaccio, detenido en Suiza, también colaboró.
• La importancia del “sector de operaciones estructuradas” fue inmensa. Las decenas (y centenas) de millones de dólares en coimas se procesaban ahí. Todo funcionario de Odebrecht autorizado para coimear y fijar montos de sobornos coordinaba operativamente con ellos.

En el grupo de ejecutivos primariamente responsables estaban, como muestra la investigación de la Policía Federal, los principales superintendentes nacionales de Odebrecht, es decir, los representantes de la Corporación en los países más importantes. Ahí estaban, por ejemplo, André Rabello, superintendente de Odebrecht en Panamá; Euzenando Azevedo, superintendente en Venezuela; y Jorge Barata, en Perú.

• En su primera declaración de delación premiada, en Brasilia, Barata reconoció, según fuentes bien informadas, que en Perú se pagó coimas a altos funcionarios públicos y que fue él quien ordenó el pago de esos sobornos al Sector de Operaciones Estructuradas.

• Otro evento de gran importancia, del que se ha sabido poco, es cómo, en Suiza, el fiscal Stefan Lenz descubrió y capturó el repositorio de todos (o casi todos) los pagos secretos de Odebrecht: el formidable servidor de computadora que tenían ubicado en ese país.
Luego de iniciada la colaboración con las autoridades brasileñas, Lenz ordenó la captura y el análisis de una cantidad ingente de documentación financiera. Un pago pequeño, que se escapó a los analistas, por 5 o 7 mil dólares, llamó la atención de Lenz, según fuentes con conocimiento de causa.

El pago era para una compañía, Safe Box, que ofrecía soporte informático y de seguridad digital a empresas. Lenz ordenó registrar la compañía y ahí encontró el servidor oculto de Odebrecht.

Tenía seis terabytes de información, casi toda encriptada y gerenciada por un software desarrollado por la propia Odebrecht, llamado MyWeb Day. Comparativamente, la información de los Panama Papers ocupa 2.5 terabytes.

Gran parte de la gigantesca información no ha sido todavía analizada. Una parte ni siquiera desencriptada.

Pero ya se sabe quién tiene las contraseñas, quiénes tienen la información y dónde. Y todos, o casi todos, están confesando.

Solo hay que saber preguntar para extraer lo que se debe saber de ese mar de información.

Así que podremos saber todo lo que debemos conocer. Podemos resolver el secreto de todas las cutras significativas en varios lustros. Podemos conocer los nombres de todos los delincuentes públicos y privados para actuar en consecuencia.

Podemos saberlo pronto. Tenemos no solo el derecho sino el deber de conocerlo. Pero para lograrlo debemos exigir que corran las tortugas fiscales y debemos estar alerta, como sociedad, para neutralizar a las fuerzas que traten de adulterar o desactivar la más importante investigación de nuestra historia.


Por Gustavo Gorriti *
(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2471 de la revista ‘Caretas’

miércoles, 18 de enero de 2017

COMUNICADO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL TRANSITORIO DE LIMA PPK




COMUNICADO oficial
del comité provincial
transitorio de lima ppk
colmena n°661-cailloma 714, cailloma 661
CERCADO DE LIMA


SE COMUNICA A TODOS LOS ASOCIADOS, HERMANAD, AMIGOS Y SIMPATIZANTES DE NUESTRA POTENCIAL  VÍSPERA  LEGALIZACIÓN INTERNA PARTIDARIA.

NO DEJARSE SORPRENDER POR SUPUESTOS SEUDOS PPKAUSAS POR LOS ANTOJADIZOS PROPÓSITOS DE 4 MAL IMITADORES PARTIDARIOS QUE FUERON EXPULSADOS ANTE LA CONSULTA DE LA ASAMBLEA GENERAL PASADA LIDERADA POR EL SR. ECHENIQUE POR CONTRAVENIR A LA ORGANIZACIÓN PARTIDARIA AL DIFUNDIR: DESUNIÓN, INESTABILIDAD Y PETARDEAR LA BASE  CON  DOCUMENTOS SUSTRAIDOS  DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, OFENSA MAYÚSCULA ANTE LA MILITANCIA DEL PRÓJIMO  PPKAUSA GUIADAS POR  MALAS COSTUMBRES QUE AL DESCUBIERTO, SE REMEDIÓ LO ACONTECIDO  CON LA EXPULSIÓN ABSOLUTA DE LOS FAMOSOS 4 GATOS. 

NOSOTROS LO PERDONAMOS, TAL VEZ SE REGENEREN PERO NO PUEDEN SER PROPIETARIOS DE LA MENTIRA, CONTRAVINIENDO LA NORMA ÉTICA DE LA VERDAD.

A  NUESTROS HERMANOS LES DECIMOS QUE CONTINUAMOS CON NUESTRA ACOSTUMBRADA ASAMBLE GENERAL DE LOS JUEVES A LA 7PM.
PARA INFORMAR SOBRE LA INMEDIATA OFICIALIZACION,

OBSERVAR EL PORTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE PUEDEN VER  PUBLICIDAD DE MUCHO INTERÉS, SIENDO PROPÓSITO DE COMENTARIO.

ASAMBLEA GENERAL:   JUEVES 19 DE ENERO 2017     HORA: 7PM
LOCAL : AV. COLMENA 661 CERCADO DE LIMA.


ATTE :



ERIK MORENO UTRILLA
SECRETARIO PROVINCIAL TRANSITORIO LIMA PPK


DR. ELSER HUGO CUBA ARMAS

SECRETARIO PROVINCIAL TRANSITORIO ETICA Y MORA

martes, 17 de enero de 2017

DICTADOR PERUANO FRANCISCVO MORALES BERMUDEZ CERRUTI FUE CONDENADO EN ROMA A CADENA PERPETUA POR EL DESARROLLO DEL PLAN "CONDOR". VER Y COMPARTIR NOTA.



LA SENTENCIA:


Desaparecidos, 8 sentenciados de por vida a los militares Sudamericanos del Plan Cóndor.

La fiscalía había solicitado 27 años de condena a los responsables de los asesinatos de Montiglio y Venturelli. Absuelto Troccoli, el único residente acusado en Italia, conocido en la época como "El torturador"


PAOLO BROGI


Ocho sentencias de por vida. Se les había pedido a veintisiete por el fiscal. Condenados algunos de los ex militares latinoamericanos del Plan Cóndor. Culpable de haber llevado a cabo un plan de exterminio que prevaleció en América Latina, especialmente en Chile, Argentina y Uruguay en los años 70 y 80, en detrimento de toda una generación de jóvenes izquierdistas, incluyendo muchos países de origen italiano, perseguido, torturado y matado a menudo más allá de las fronteras de sus respectivos países de origen. Un fallo de la sanción de dos chilenos, uruguayos, dos bolivianos y cuatro peruanos a 40 años después del caso. Así que la tercera Sala de lo Penal de Roma emitió una condena que ha dejado un sabor amargo en la boca de algunos miembros de la familia de las víctimas presentes. En juego estaba la terrible cadena de asesinatos perpetrados por una asistencia mutua entre los dictadores golpe de estado de los 70 años del sistema y sus estructuras policiales contra los oponentes, un mecanismo de caza despiadada para el hombre llegó a la conclusión en los lugares de tortura y muerte de triste nombrar como Villa Grimaldi en Santiago, Chile o taller bridas Automotores en Buenos Aires en Argentina.

CONDENADO EN AUSENCIA

El colegio presidido por Evelina Canale, después de un juicio celebrado en el salón de clases de Rebibbia búnker durante más de 23 meses y 61 audiencias, ha aceptado parcialmente las demandas de la acusación: la Tiziana pm Cugini pidió a 27 cadenas perpetuas y una absolución (por cinco acusados ​​intervinieron en el ínterin la muerte, como los líderes de la policía secreta chilena, Manuel Contreras murieron recientemente en la cárcel y Arellano Stark). Aula también una delegación oficial llegó desde Uruguay. Los prisioneros son todos en ausencia. Y Hernán Ramírez Ramírez por el asesinato de Omar Venturelli, Rafael Valderrama Ahumada a la de Juan Montiglio, el uruguayo Juan Carlos Blanco, bolivianos García Meza y Arce Gómez, peruanos Cerruti Morales-Bermúdez, Prada Richter y Ruiz Figuerroa.

ABSUELTOS TROCCOLI


No sin sorpresa cumplido Jorge Troccoli, el único de los acusados ​​es residente en Italia en el momento del capitán fechorías de los servicios secretos de la Armada Nacional, el Fusna, donde obtuvo el título de "El torturador". Troccoli había huido a finales de los de Uruguay, debido a los procesos en los que se vio involucrado 90: reparado en Italia, se instaló en el Salerno, por primera vez en Marina di Camerota y ahora en Battipaglia. Gracias a sus orígenes, Troccoli ha obtenido el pasaporte y la ciudadanía italiana. En nuestro país que ya había sido detenido en 2008 y luego puesto en libertad. Ahora se ha absuelto a numerosos presuntos homicidios, incluidos los de Uruguay italiano Edmundo Dossetti, Ileana García, Julio D'Elia, Yolanda Casco, Raúl Borrelli y Raul Gambaro. En un libro titulado "La Ira de Leviatán", que salió hace veinte años, Troccoli justificar lo que había sucedido a continuación, propuesto como servidores de conciencia del Estado.

domingo, 15 de enero de 2017

D.L. N° 1353-2017 CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

El sábado 8 de enero, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la gestión de Intereses. Desde 2012, la creación de un ente autónomo, fue la principal demanda de sociedad civil tras aprobarse el Plan de Acción 2012-2014 (R. M. N° 085-2012-PCM) que implementó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en Perú. 

LOS PASOS HACIA LA AUTORIDAD
La Comisión Multisectorial que implementaría el Plan de Acción de Gobierno Abierto (D. S. N° 003-2013-PCM), con integrantes de sociedad de sociedad, elaboró una versión consensuada de proyecto de ley de creación de esta Autoridad. Se trató de un documento que recogió los aportes de sociedad civil, de la propuesta inicial del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo y del proyecto de ley de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Tras un año de funcionamiento de esta Comisión, el 5 de diciembre de 2014, las organizaciones de sociedad civil suspendieron su participación en ella. El motivo fue la negativa del Gobierno en aprobar el Plan de Gobierno Abierto 2014-2016, trabajado y concordado con sociedad civil, que consideraba de carácter prioritario la creación de esta Autoridad. A pesar de ello, el 17 de julio de 2015, se aprobó el Plan de Gobierno Abierto 2015-2016 (R. M. N° 176-2015-PCM), documento que no contó con la participación de la sociedad civil involucrada en este tema y que tampoco incluyó este compromiso.
Tras diversos pronunciamientos de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, miembros del Foro de Gobierno Abierto (plataforma de sociedad civil que hace seguimiento a la AGA) propusimos la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información con autonomía funcional, económica y administrativa; que dirija la política de transparencia y cree jurisprudencia a nivel nacional y regional, con un presupuesto específico diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



La batalla continuaba. El año pasado el proyecto consensuado de la Autoridad Nacional fue llevado a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para su discusión (y ver la manera que se apruebe en esa instancia), impulsado desde diferentes organizaciones. El 10 de mayo de 2016, la CAN aprobó un proyecto de ley que crea la autoridad nacional para la transparencia y el acceso a la información pública. Esto parecía ser un aliento para sociedad civil pues recogía sus preocupaciones, así como la propuesta de la Defensoría del Pueblo y de la PCM de contar con un organismo técnico especializado (OTE) en esta materia.
Para cumplir una promesa de campaña, el 12 de setiembre de 2016, el nuevo Gobierno creó un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) encargado de elaborar la propuesta de informe técnico para la creación del tan anhelado ente (R. M. N° 0268-2016-JUS). Organizaciones de sociedad civil fuimos invitadas en noviembre pasado para dar aportes a esta iniciativa. A pesar de ello, consideramos que lo publicado por el Gobierno, el pasado 8 de enero, no obedece a las demandas de sociedad civil, ni a las principales propuestas del grupo de trabajo creado.
¿AUTORIDAD O “AUTORIDAD”? Y SOBRE LO QUE ES SECRETO, CONFIDENCIAL O RESERVADO
A través del artículo 3 del D. L. la “Autoridad” pasa a ser una Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a Información Pública dentro del (Minjus) , es decir no es un OTE con autonomía. Asimismo, el artículo 5 indica que los sectores elaborarán, de forma conjunta con la “Autoridad”, lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información que se considere confidencial, secreta o reservada aprobados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el ministro de Economía y Finanzas.
Sin embargo, la Constitución Política indica claramente que las excepciones se dan cuando afectan la intimidad personal, expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional (art. 2, inc. 5). El Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo desarrolla indicando que toda información en posesión del Estado se presume pública, salvo la (art. 3) secreta, reservada o confidencial (art. 15, 16 y 17).
Se clasifica como secreta aquella información de seguridad nacional, actividades de inteligencia y contrainteligencia; excepción que comprende únicamente información en el ámbito militar (art. 15). La clasificada como reservada se sustenta en razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno, con el fin de prevenir y reprimir la criminalidad en el país (art. 16). Uno de los aspectos de información confidencial es aquella protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil (art. 17).
De igual modo, la ley de transparencia establece que las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental y que no se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley (art. 18). Entonces, si la los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, clasifican claramente esta información, ¿por qué los sectores deberían elaborar lineamientos para definir qué información es secreta, reservada confidencial? ¿Esto no sería un riesgo que promovería la restricción del acceso del ciudadano a información que hasta el pasado sábado tenían la posibilidad de leer, fotocopiar y solicitar?
Con ello se estaría violando el principio de máxima divulgación y publicidad que establece que el derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. Además, los próximos decretos supremos estarían vulnerando la Ley de Transparencia, al establecer excepciones con norma de menor jerarquía. Con ello la misma “Autoridad” no tendría competencia para la resolución de conflictos sobre información clasificada, no tendría acceso a ningún documento clasificado y no podría generar jurisprudencia sobre casos en los que se restrinja este derecho. Al elaborar los lineamientos de clasificación y desclasificación de información no tendría la última palabra sobre un adecuado respeto a derecho de acceso a la información, quien sí la tendría sería la entidad supervisada y finalmente el Consejo de Ministros cuando se aprueben los D. S.
En este primer análisis podemos señalar que a través de esta norma se podría restringir más el derecho de acceso a la información. Al parecer la conformación del grupo de trabajo ha servido para mostrar que sí hubo conversación con la sociedad civil, pero en la realidad no se han tomado en cuenta las preocupaciones y recomendaciones.
#CONMIDERECHOALACCESONOTEMETAS
Con el artículo 10 del D. L. en mención, se ha impuesto una temporalidad a la confidencialidad de la información que no existía en nuestra normativa, ya que se indica que los servidores públicos de la “Autoridad” y del Tribunal, bajo responsabilidad, cuando se trate de información secreta, reservada o confidencial, tienen la obligación de no hacer de conocimiento público la misma por cinco años posteriores al cese en el puesto o el tiempo que la información mantenga la condición de secreta, reservada o confidencial. El incumplimiento de este deber es considerado falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que conlleve. ¿Cuál es la razonabilidad para imponer una temporalidad a esta información? ¿Eso significaría que también cada sector podría poner una temporalidad a la información que consideren de secreta, reservada o confidencial cuando se elaboren los lineamientos?
Esta norma está legislando cuestiones del mismo derecho de acceso a la información, cuando ya se tiene una ley que rige este derecho. No se limita solo a la creación de esta supuesta “Autoridad”. Además, modifica la propia ley de transparencia en sus artículos 11 y 13 al indicar que ahora las entidades podrán responder una solicitud en un plazo de 12 días hábiles, cuando la ley de transparencia indicaba 7 días útiles, y más 5 días útiles de prórroga de forma excepcional.
Además, elimina el plazo de prórroga e indica que la propia entidad de forma discrecional podrá establecer el plazo de respuesta a la solicitud de información cuando esta no pueda cumplir con el plazo señalado (12 días hábiles), por lo que comunicará al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada, en un plazo máximo de 2 días hábiles de recibido el pedido de información y por única vez. Esto puede ser realmente perverso, pues las entidades públicas podrían usar este mecanismo para responder solicitudes en plazos muy largos, no usar el plazo establecido en la norma e imponer plazos de respuesta sin ningún tipo de criterio para ello.
Entidades como el Minam, el OEFA, el Senace, el Sernanp, el Ingemmet y el Minagri ya venían respondiendo las solicitudes de información en un plazo de 1 a 6 días útiles. Otras entidades como Minem, el Osinergmin, Petroperú, Proinversión, Electroperú, el Mincu, la ANA, el MEF y la PCM, han llegado a responder solicitudes en el plazo de 3 a 7 días útiles según el último estudio realizado por DAR, lo que antes demoraban de 10 a 28 días en 2013 (primera evaluación hecha por DAR).

COMPARACIÓN SEMESTRAL DEL PROMEDIO DE NÚMERO DE DÍAS PARA OBTENER INFORMACIÓN. ORGANISMOS PÚBLICOS CON COMPETENCIAS DIRECTAS. SECTOR MINERO-ENERGÉTICO (2013-2015)


Fuente: DAR. Diagnóstico 2015: Portales de transparencia y solicitudes de acceso a la información (minería, energía y cambio climático).

La mayoría de instituciones vinculadas al sector minero-energético contaban con sistemas informáticos que les permitían responder las solicitudes de acceso a la información en el plazo indicado por la ley de transparencia, con alertas a los funcionarios, plazos internos, directivas internas, firmas digitales, estadísticas, solicitudes virtuales, entre otros. Había un avance en las entidades respecto al cumplimiento de la ley de transparencia, funcionarios que ya estaban más capacitados respecto a estas funciones y un esfuerzo por cambiar la cultura del secreto en muchas entidades. Quienes tenían mayor dificultad eran los gobiernos regionales y locales. ¿Nos preguntamos cuál ha sido la razonabilidad para los 12 días hábiles, se han realizado estudios que muestren que las entidades demoran esa cantidad de tiempo en responder a un ciudadano?
COMPARACIÓN SEMESTRAL DEL PROMEDIO DEL NÚMERO DE DÍAS PARA OBTENER INFORMACIÓN. ORGANISMOS PÚBLICOS CON COMPETENCIAS INDIRECTAS. SECTOR MINERO-ENERGÉTICO (2013-2015)

Fuente: DAR. Diagnóstico 2015: Portales de transparencia y solicitudes de acceso a la información (minería, energía y cambio climático).

También la norma, elimina el inciso g) del TUO de la ley de transparencia (*)  donde se indicaba que una vez agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo información podría iniciar un proceso contencioso administrativo u optar por el proceso constitucional de Habeas Data. Como la “Autoridad” será la última instancia donde se agotará la vía administrativa, se estaría ampliando el plazo en contra del solicitante, pues luego de su respuesta recién podría recurrir al Hábeas Data.
Adicionalmente, el Decreto Legislativo contempla la creación de un Tribunal (art.6 al 14) que será la última instancia administrativa en la materia, dependiente del MINJUS. En materia sancionadora solo es competente para revisar en apelación las sanciones a los funcionarios, por lo que si las entidades no los sancionan, el Tribunal no se pronunciará al respecto.
De este modo, esta norma creará dos instancias, un tribunal dentro del MINJUS y una dirección que haría lo mismo que hacía la Secretaría de Gestión Pública de la PCM en materia de transparencia y acceso a la información. ¿Por qué una dirección en el MINJUS haría mejor su trabajo que una dirección dentro de PCM?
Al final, el Poder Ejecutivo publica una norma que no recogió las demandas de sociedad civil impulsadas desde 2012, ni contó con la publicidad adecuada a pesar de ser una norma sobre transparencia. Es tiempo estar vigilantes para que no se restrinja más el derecho de acceso a la información. Como país (ciudadanos, funcionarios, entidades) no debemos de retroceder en todo lo avanzado y fomentar que este derecho es la regla y el secreto es la excepción.

(*)  Primera Disposición Complementaria Modificatoria del DL 1353.- Modificación de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM (artículos 11 y 13).


(Foto: licensingresource.uk)

viernes, 13 de enero de 2017

SRS. DE SEDAPAL LA PLANTA DE HUACHIPA, FUE EL NEGOCIAZO DEL APRA LAS PRUEBAS LO DELATAN




Exparlamentario Pari señala que casos como este, en el que figuran dos ministros y otros funcionarios apristas como receptores de presuntos sobornos, deben ser investigados más profundamente por la justicia peruana. La planta fue un fiasco, pues poco después de inaugurada tenía graves fallas.

Pese a que algunas investigaciones a la empresa brasilera Camargo Correa fueron desestimadas por la justicia brasilera –tras las pesquisas hechas en el operativo Castillo de Arena– el exparlamentario Juan Pari considera que esto no significa que los casos peruanos relacionados tengan que ser descartados para la justicia peruana tal y como han intentado deslizar algunos políticos indirectamente involucrados.
Juan Pari.

Por el contrario el exlegislador de la bancada de Dignidad y Democracia indica que estos casos tendrían que profundizarse y refiere que los dirigentes involucrados en cuestionadas obras como la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa, hecha bajo el último gobierno del expresidente Alan García, tendrían que ser investigados para que el Ministerio Público y el Poder Judicial posteriormente determinen responsabilidades.

“Eso se archivó en el Brasil, acá en el Perú es cuestión de hacer mayores indagaciones y con más elementos; no hay porque no abrir (la investigación) acá en el Perú, eso se archivó en el Brasil y no acá”, afirmó, tras recordar que en la reciente conferencia de prensa ofrecida por el fiscal Hamilton Castro se hizo mención a casos como el de Josef Maiman, parte del expediente Castillo de Arena y cuyas indagaciones continuarán en el Perú.

“En esa investigación (Castillo de Arena) está el caso de las cuentas de Maiman entonces eso quiere decir que el Ministerio Público sigue evaluando y trabajando ese caso de Castillo de Arena, entonces, por eso no puede estar descartado de esa investigación el tema de Huachipa y los personajes que están involucrados en ella”, afirmó el exlegislador sobre un caso que involucra al último régimen aprista.
RASTROS DE ARENA

En el informe Pari se da cuenta que la investigación Castillo de Arena, realizada por el Ministerio Público y la Policía Federal Brasileña, entre los años 2008 y 2009 reveló presuntos pagos de sobornos de la constructora Camargo Correa a altos funcionarios peruanos durante el gobierno de Alan García.

Dentro de la documentación incautada a Pietro Giavina, directivo de Camargo Correa en Brasil, se hallaron en el 2008 manuscritos que hacen referencias a presuntos pagos de sobornos de la empresa al exministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, por un millón de dólares; al fallecido exviceministro de Construcción, Juan Sarmiento por 300 mil dólares; al expresidente de Sedapal, Guillermo León, por 1 millón de dólares y al exgerente de Promesal, Umberto Olcese por 450 mil dólares.

Todos ellos fueron vinculados a dos cuadros con porcentajes y montos de dinero relacionados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa, obra que fue adjudicada en el año 2008 al Consorcio Huachipa (integrado por Camargo Correa de Brasil y OTV de Francia) con un contrato de S/. 304 millones 600 mil 643.

El material incautado por la policía brasileña entre el 2008 y 2009 a funcionarios de Camargo Correa, como el exgerente comercial de esta empresa en Brasil en el Perú, Aristóteles Santos Moreiro Filho, entre 2006 y 2009, remitió a otro ejecutivo de la compañía una planilla donde se consignaba pagos a personajes peruanos identificados con las letras G, R, B, I y Bo.

Respecto a esto los investigadores brasileros pudieron identificar que G sería Hernán Garrido Lecca, R sería el expresidente del directorio de Sedapal Guillermo León, I sería la clave para Umberto Olcese, de SEDAPAl, y Bo sería la contraseña para un empresario llamado Julio Sanjinés de quien se presume tenía relación laboral con Nippon Koei consultora a cargo de la licitación del proyecto de la Planta de Huachipa y el Ramal Norte.

PRUEBAS DELATORAS
A partir del material incautado a los directivos de la empresa Camargo Correa se podría demostrar que diversos funcionarios peruanos relacionados al Ministerio de Vivienda y Sedapal habrían recibido presuntos pagos ilícitos dentro de los que se incluyen los provenientes de la construcción de los lotes 1, 2 y 3 de la bocatoma Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa – Ramal Norte.

Durante los años del proyecto se tuvo un incremento significativo del presupuesto de Sedapal para cubrir el financiamiento de la obra en cuestión y, tal y como refiere el informe Pari, Umberto Olcese Ugarte formó parte de la comisión para la recepción y evaluación de propuestas.
En el interrogatorio al que fue sometido Olcese el 29 de marzo del 2016, intentó deslindar responsabilidades al manifestar que las bases del concurso para la planta de tratamiento fueron elaboradas por un consultor internacional que fijó el plazo para la ejecución de la obra, de seis meses a cuatro años.

Tanto Olcese, como Hernán Garrido Lecca, Guillermo León, el fallecido Juan Sarmiento y José Barco Martínez fueron mencionados en el informe de la Operación Castillo de Arena y tuvieron que ver directamente con la realización de la obra.
BOMBOS Y PLATILLOS

En el año 2011 diversos medios de comunicación anunciaron con bombos y platillos la entrega de la Planta de Tratamiento de Agua de Huachipa a SEDAPAL. En las notas de prensa de aquel entonces se indicaba que la obra mejoraría la distribución de agua en los distritos de San Juan de Lurigancho, INDEPENDENCIA, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres.

La construcción empezó en el año 2008 y la planta comenzó a operar en el 2011 según los plazos establecidos por Sedapal y según estimaciones oficiales beneficiaría a 2 millones 400 mil habitantes de ochos distritos de las zonas Este y Norte de la ciudad, asimismo, se anunciaba incrementar en 25% la producción de agua con la adición de 5m3/S a los 20m3/S que ya produce la Atarjea.

“Huachipa es la obra de potabilización de mayor envergadura del Perú y América Latina, la cual permitirá que los pobladores de Lima, Lima Metropolitana y sobre todo de los conos Norte y Este de la capital tengan agua potable permanentemente, cuando las demás obras a ser licitadas por Sedapal estén debidamente concluidas”, decía un rimbombante informe oficial entonces.
PLANTA POR COLAPSAR
Tras los anuncios con bombos y platillos las consecuencias de la mala gestión en la Planta de Tratamiento de Huachipa no se hicieron esperar y en el año 2015 empezó a presentar serios daños.

El domingo 18 de octubre del 2015 los propios funcionarios de Sedapal denunciaron graves problemas específicamente en la bocatoma que capta el agua del río Rímac para luego ser procesada y distribuida por el ramal norte.

Sedapal responsabilizó al Consorcio Huachipa, integrado por Camargo Correa y la francesa OTV, por no brindar el mantenimiento adecuado a la infraestructura, hecho que habría generado su deterioro y le pidió que repare la planta en dos etapas: la temporal inmediata, en la que iría a proteger la zona dañada ante la proximidad del fenómeno de El Niño.
OBRA DESASTROSA

Según la inspección hecha por la Contraloría del 21 de octubre del 2015, en la que se constataron diversos daños se comprobó el desprendimiento de aproximadamente tres metros cuadrados de piedra labrada instalada en la parte inferior del barraje móvil, principalmente en los aliviaderos de compuerta y hundimientos de aproximadamente cinco metros en la bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua.

También la pérdida de siete metros de concreto en la base de los pilares de soporte del barraje móvil correspondiente al canal de limpia y se observó además exposición y oxidación de acero estructural, forado en la loza de fondo de la poza de disipación, deterioro de concreto y desprendimiento de piedras, señala el informe técnico sobre el tema.
DECLARACIÓN EN COMISIÓN
A continuación reproducimos un extracto del informe Pari en el que ante una pregunta de los miembros de la comisión Umberto Olcese defiende la bocatoma que fue construida por Camargo Correa y OTV de Francia pese a los serios daños denunciados por los funcionarios de Sedapal y los constatados por la Contraloría General de la República.

—Pregunta: Teniendo en cuenta que la obra se entregó, parte en el 2011 y en julio de 2012, se le planteó a Umberto Olcese Ugarte la siguiente interrogante: ¿Cómo se explica que en menos de cuatro años de funcionamiento estas obras sufrieron el deterioro que encontró la Contraloría en la verificación efectuada?, como exjefe de PROMESAL y miembro del Comité Especial de esta licitación, ¿puede explicar qué garantías contractuales otorgó esta empresa para el resarcimiento de los daños ocasionados?.

Según el Gerente General de Sedapal, Alberto Huapaya Raygada, ante la Comisión de Vivienda y Construcción, del 4 de noviembre de 2015; precisó que Sedapal tuvo que asumir los costos de reparación por razones de contrato, señalando que las estructuras habían sido diseñadas por cinco metros cúbicos y que solo funcionaba un punto un metro cúbico, ¿qué puede explicar al respecto, se supervisaron correctamente las obras, por qué no se detectaron estas deficiencias?
—Respuesta: Ante el interrogante planteado, Umberto Olcese manifestó que: Yo trabajé en Sedapal hasta octubre de 2011, en julio de 2011 se recepcionó la bocatoma, yo puedo hablar hasta octubre de 2011, lo que le puedo decir, qué hice yo en la ejecución de la obra, mejor dicho en la ejecución del proyecto fue exigirle al contratista hacer un modelo hidráulico de la bocatoma en la UNI.
Se hizo un modelo hidráulico, ¿qué significa modelo hidráulico?, una pequeña bocatoma a escala en el Laboratorio de Hidráulica de la UNI, para medir los afluentes del río, y una vez en base a ese modelo hidráulico que se hizo en la UNI, que no establecía las bases, pero igual por Sedapal exigimos al contratista que haga ese modelo hidráulico para garantizar la bocatoma; se desarrolló, se aprobó esa construcción y también salió un Manual de Operación y Mantenimiento de la bocatoma.
Yo no sé si a partir de octubre de 2011 hacia la fecha, hasta el 2015, se han realizado los mantenimientos, yo no puedo decir eso porque no estuvo dentro de mi período. –…Si me pregunta a mí, yo creo que había un tema de operación y mantenimiento que no se ha desarrollado, porque usted sabe que en las obras hidráulicas siempre tiene que haber un mantenimiento entre uno y dos años, si no se ha hecho en cuatro años un mantenimiento, yo más bien diría que esa bocatoma está muy bien hecha; porque cualquier otra bocatoma se destruye.
ADEMÁS

Pari manifestó que en el informe que realizó durante la última legislatura del gobierno anterior se hace mención a 44 obras investigadas. Sin embargo además de la Planta de Tratamiento de Huachipa y parte de la Interoceánica no pudo precisar cuáles otras más correspondían al segundo gobierno aprista.

POR: EMILIO TORRES MELENDEZ


martes, 3 de enero de 2017

SEÑORES DE SEDAPAL NO HAY AGUA EN LA URBANIZACIÓN VIRGEN DEL CARMEN ATE VITARTE



No hay agua en las calles los ceibos urb. Virgen del Carmen   ate  vitarte
Suministro 546749-3.
DNI  08531531    somos personas de la tercera edad.
Hoy 3 enero, no hay agua
Contestaron que a las 8pm de la noche y nada de agua
Suministro 546749-3.
Somos personas de tercera edad.
Este mismo problema viene desde diciembre del año pasado
Y presión también.



SR. RUDECINDO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE SEDAPAL DESIGNE EL PERSONAL CORRESPONDIENTE PARA QUE SOLUCIONES LA FALTA DE AGUA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.