El 9 de enero de 2017, la Asamblea
Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la
oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes
entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político
presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano.
Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema
parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le
corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país.
Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se
estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia
en desacato. La prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el Presidente
Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas.
Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que
obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en
rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación
del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre
poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los
casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que
asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su
tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el
estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me
extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha
financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva
varías legislaturas usando maneras propias de golpistas. E históricamente, al
menos desde 1936, tienen oído músical para esa partitura. Quienes digan desde
España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo
son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado
venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de
quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea
catalana.
Por si fuera poco, esa Asamblea
dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo
(algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones
presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el
Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un
golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que
ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos
procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de
los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de
enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como Secretario General de la OEA está haciendo
mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya
se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido).
Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones
recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la
organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar
a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados
Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra
Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que
aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero
en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que
siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano.
Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro
no vive en Montevideo.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha
usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país-
que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos
extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en
situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar
ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el
Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la
aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los
compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el
hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si
se hundiera un 80 % el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la
Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo
contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que
está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para
evitar que Venezuela se paralice mientras dure el descato. Si los diputados de
la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con
que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que
reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso
de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta
mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional.
La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que
tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus
hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde
también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a
Venezuela, igual que han hecho con Dilma Roussef en Brasil. ¿Quién que no esté
vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas
competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se
quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No
son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y
llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El
choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de
España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México
-desde donde escribo- han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos
imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?)
y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de
fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de
líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del
Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y
el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que
apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la
desaparición de las muchachas y muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE
quieren ver a Venezuela convertida en México.
Para seguir la trama de los negocios.
Hay mercenarios que desearían abocar
a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el
paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y
venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso
ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario
terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente
Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios
de Europa pueda funcionar también en Venezuela.
Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en
ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y
la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El país el que celebró
el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que
ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a
que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no
tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que
nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el
nuestro.
Escrito por Juan Carlos Monedero
