Por Agencia de Prensa Lima Norte
— Estudio revela escasez y reducción
de la calidad del agua por la actividad minera
— Se prevé que para los próximos 20
años, la demanda de agua por parte de la minería se incrementaría en un 132%.
¿Cuál es el futuro del agua en Perú?
Un nuevo estudio realizado por
CooperAcción, dirigido por las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez
demuestra que tras la contaminación y la elevada conflictividad se esconde una
deficiente gestión del agua marcada por la falta de información y
fiscalización.
El estudio “Gobernanza del agua en
zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo“, analiza, dos zonas emblemáticas en
Perú: la Cuenca del Río Grande (Cajamarca) y Espinar (Cusco), donde opera desde
el 2006 la minera Glencore Xtrata -que controla el 50% del mercado mundial de
cobre-. Los impactos y problemas descritos por los pobladores son compartidos:
escasez y reducción de la calidad del
agua por la minería. Especialmente alarmante es la situación de
pobladores de Espinar, porque están sometidos a la minera, pues en época seca
dependen del agua que bombea la empresa, ya que ésta al realizar un tajo en la
tierra, no permite que infiltre agua al subsuelo.
El informe alerta que no hay estudios
estatales sobre los impactos de la minería sobre la cantidad y calidad de los
recursos hídricos en Perú. Todavía no se conoce el total de agua que discurre
por las 159 cuencas que existen. Ni siquiera es posible en muchos casos
determinar si las mineras han secado lagunas o manantiales, como pobladores de
las zonas mineras denuncian, pues la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no
cuenta con registros previos de determinadas zonas, en algunos casos, solo
cuenta con los estudios de impacto ambiental que presentan las mineras- que en
más de una ocasión han sido cuestionados por investigadores al considerar que
responden a los intereses de la empresa.
Hasta el 2014, las instituciones
manejaban información sobre caudales de ríos de más de 20 años de antigüedad.
“Uno de los problemas que adolece el país es la carencia de estructuras de
control. No tenemos control total de la captación de los recursos hídricos de
distintas fuentes, eso es algo sobre lo que se quiere ir trabajando a efectos
de tener un control propio sobre la distribución de los recursos hídricos.
Estamos llevando a cabo una evaluación de los recursos hídricos en cada cuenca
“, precisa Wilfredo Chávez Echevarría, director de Conservación y Planeamiento
de Recursos Hídricos de la ANA.
Tampoco hay transparencia sobre los
expedientes de uso de agua de mineras como Yanacocha y Xtrata-Tintaya que,
hasta el momento, se desconocen. El informe también cuestiona el procedimiento
para entregar los derechos de uso de agua
a grandes mineras, pues las autoridades nacionales no evalúan el impacto
que tiene la entrega de estas licencias sobre otros pequeños campesinos que
habitan en la misma cuenca. “Hay que
abrir el debate a otros temas y ver otros ángulos que está siendo invisibilizados,
por ejemplo, el agua pasa a ser controlado por grandes corporaciones, generando
relaciones de poder. Además, ¿Quién va a
asumir los costos después de que la minera se vaya? ¿Cómo se asegura el derecho
a la calidad del agua a las poblaciones? No existen estudios que describan con
detalle el impacto de la minera en la hidrogeología. ¿Cómo se entregan los
derechos de uso de agua a las mineras? No existe transparencia en las
instituciones del Estado“, comenta Ruth Preciado.
El ejemplo de Espinar, en Cusco pone
entredicho el papel fiscalizador del Estado sobre los recursos hídricos. “El
monitoreo de las aguas es parte de la gobernanza caótica y desordenada de
gestión de las aguas en Perú. Hay muchas instituciones que tienen competencia
en este tema pero que no coordinan entre sí a pesar de tener por objetivo cuidar la calidad del
agua”, explica Vanessa Schaeffer, subdirectora de CooperAcción. Respecto al
agua para el consumo humano se encarga la Dirección Regional de Salud (DIRESA);
en el caso de calidad es la Autoridad Nacional del Agua (ANA); para el caso de vertidos y límites máximos
permisibles, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El
músculo sancionador de este último organismo también fue debilitado con la
aprobación de la Ley 30230.
Las mineras deben presentar un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al MINEM, el cual solicita opinión técnica a
la ANA. Este es uno de los principales nudos que señala el informe “Gobernanza
del Agua“, pues detecta falta de capacidades para analizarlos. ¿Cómo contrastan
las instituciones del Estado los EIA si no cuentan con suficientes estudios?
“Al momento que hemos revisado los estudios de impacto ambiental en cuanto al
tratamiento del agua siempre hay informaciones acerca de que se va a afectar
los cuerpos de agua pero de manera moderada. Lamentablemente, no hay capacidad
desde la Autoridad Nacional del Agua para contrastar esta información”, apunta
Schaeffer. Los tiempos para la revisión de los EIA son escasos, sobre todo
desde la promulgación durante el Ejecutivo de Humala de una serie de
normativas, calificadas por la sociedad civil como “paquetazos ambientales”,
que reducen la evaluación de 120 días a 83 días en el sector de energía y
minas.
Estos estudios, llevado a cabo por
grandes consultoras-cuyo precio para la gran minería supera el millón de
dólares- no son ajenos a los intereses de las empresas. Una vez aprobados los
EIA, no es la Autoridad del Agua quien tiene competencias para informar, sino
que, sorprendentemente, es la misma empresa
la que en una audiencia pública ofrece explicaciones a la población.
El peligro del drenaje ácido de rocas
Preciado expresa además su
preocupación sobre un tema del que nadie debate en Perú: el peligro del drenaje
ácido de las rocas, que de suceder, podría contaminar una cuenca durante 400
años o incluso más. En Estados Unidos ya se han podido comprobar sus efectos:
la contaminación perpetua por metales han contaminado acuíferos, ha creado
riesgos para la salud a largo plazo, ha
matado a peces y destruido la fauna silvestre.
El drenaje ácido es la primera causa de contaminación del agua de 40
minas de rocas desde Alaska hasta el Sur de Carolina, de acuerdo a un informe
del 2013 de la organización Earthworks.
Lo más peligroso y que debería
encender la alerta roja es que, ni siquiera muchos EIA analizan esta
posibilidad. El investigador
estadounidense Jim Kuipers informó que de 25 EIA que analizaron un equipo de
investigación estadounidense, el 52% de
estos no predijeron el drenaje ácido de rocas que, algunos años después, se
desencadenaron. Otra cuestión que supone
un dolor de cabeza para muchos investigadores es qué sucede si este problema
aparece después de cerrar el proyecto minero ¿Quién asumiría la responsabilidad
de recuperar la zona y compensar por los daños sociales y económicos para la
población?
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