Atentado contra la educación. Congresistas quieren retomar el
esquema de la extinta Asamblea Nacional de Rectores del Perú (ANR) con la
recomposición del consejo directivo de la Sunedu y dar nueva oportunidad a
universidades no licenciadas. ¿En qué otras oportunidades el Parlamento intentó
golpear la reforma universitaria?
El viernes 10 de diciembre, la Comisión de Educación,
Juventud y Deporte del Congreso de la República debatió y aprobó, por mayoría
de 11 votos contra 6, dos dictámenes que, de acuerdo con expertos en materia
educativa, golpean la reforma universitaria liderada por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La primera propuesta busca dar una segunda oportunidad a los
centros de estudio superior que no lograron obtener la licencia, otorgándoles
un plazo de dos años para que subsanen las deficiencias que se les observaron y
puedan ofrecer nuevamente sus servicios.
Mientras que el segundo proyecto de ley apunta a recomponer
el Consejo Directivo de la Sunedu, esta medida impulsada por el congresista
Jorge Montoya, y suscrita por los partidos Acción Popular, Fuerza Popular y
Perú Libre, pretende retornar al antiguo sistema de la ANR.
De acuerdo con el documento aprobado, el Consejo Directivo de
Sunedu debe “estar conformado por dos representantes de universidades públicas,
un representante de universidades privadas, un representante del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), un
representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (Sineace), un representante del Minedu y un
representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del
Perú”.
Según explicó el superintendente de Sunedu, Oswaldo Zegarra,
en el país existían 154 Universidades. Luego del proceso de licenciamiento, 94
cumplieron con todas las condiciones básicas de calidad que están establecidas
en el modelo de licenciamiento; sin embargo, 51 universidades, dentro de ellas
también escuelas de posgrado, no cumplieron con las condiciones básicas de
calidad, entre las nacionales se encuentran la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga, de Ica; la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de Chiclayo y la universidad
Ciro Alegría, de Huamachuco.
Educación superior en juego
La aprobación de los dos dictámenes que se encuentran a la
espera de ser debatidos en el pleno del Congreso provocó la reacción de
distintos sectores
Por un lado, universidades licenciadas se pronunciaron en
contra de este salvavidas que pretende otorgar el plazo para que los centros de
estudios superiores con licencia denegada puedan volver a funcionar.
La Defensoría del Pueblo también expresó su desacuerdo con
las propuestas aprobadas por el grupo de trabajo encabezado por el legislador
Esdras Medina, de Renovación Popular. “La aprobación de estos dictámenes atenta
contra el derecho a la educación y contraviene la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, vulnerando a la Sunedu y a toda la comunidad educativa
universitaria”, publicó el órgano autónomo a través de sus canales oficiales.
Por otro lado, desde el Gobierno hay posturas divididas. Por
un lado, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, ha expresado de manera pública
su respaldo a la reforma universitaria. “Es una política de este Gobierno
defender la calidad educativa, y creo que en este momento de ninguna manera
podemos justificar que se debilite la Sunedu, que se debiliten los procesos de
licenciamiento”, señaló en una reciente entrevista con Canal N.
No obstante, el Ministerio de Educación tuvo una posición
ambigua al respecto, señalando vía comunicado que, “aunque le preocupa la
situación de miles de estudiantes que han quedado desamparados (...) Todos los
sectores involucrados deberían enfocar sus mejores esfuerzos, concertando
voluntades, para dar una salida al problema”. En la misma línea se encuentra la
vicepresidenta Dina Boluarte.
¿En qué otras oportunidades el Congreso golpeó la reforma
universitaria?
Ante este panorama, debemos recordar que otros cuestionables
proyectos aguardan en cola y podrían tener la misma suerte que los que ya
recibieron la aprobación. Estos son solo una muestra de los más de 40 proyectos
del Congreso, los cuales proponen cambios en la Ley Universitaria. Hasta el
momento, se logró ampliar el plazo por dos años, para que los profesores que no
cuentan con el grado de maestro, puedan obtenerlo. Además, se oficializó la ley
para extender el plazo de bachillerato automático hasta el 2023.
De acuerdo con la congresista Flor Pablo, estas propuestas
fueron generadas por bancadas que conforman un bloque alineado. Aún está a la
espera la iniciativa que elimina la edad máxima para ejercer la docencia.
Fechas clave
En 2014, un mes y medio desde que se promulgó la Ley
Universitaria y la creación de la Sunedu, 45 personas, entre congresistas,
miembros del Colegio de Abogados de Lima y ciudadanos, presentaron demandas de
inconstitucionalidad en contra de la reforma universitaria.
En el mismo año, congresistas del APRA presentaron la
controversial ‘ley Cotillo’ en referencia a Pedro Cotillo, en ese entonces
rector de San Marcos, quien la propuso. El objetivo de la medida era que los
rectores elegidos antes de la vigencia de la Ley Universitaria se queden en sus
cargos hasta el final de sus mandatos
En 2015, el congresista de Fuerza Popular José Elías Ávalos,
fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB), presentó un
proyecto de ley ante la Comisión de Educación, con el que buscaba la creación
de un Consejo Nacional de Educación Universitaria (Conedu), órgano que
coordinaría la educación universitaria, con lo que la Sunedu no tendría razón
de ser.
En 2016, el Congreso forzó la renuncia del ministro de
Educación, Jaime Saavedra. El pedido de censura provino por parte de la bancada
Fuerza Popular. La situación ocasionó que miles de personas, entre ellas
estudiantes, salgan a las calles a protestar en contra de la decisión del
Parlamento de sacar al titular del sector Educación. Los manifestantes y
sectores políticos atribuyeron la acción a un intento de anular la reforma
educativa.
En 2018, el pleno del Congreso votó en contra del proyecto de
ley que ampliaba por tres años del impedimento para abrir nuevas universidades.
La entonces jefa de la Sunedu, Lorena Masías, pidió una nueva votación para la
ley de moratoria. “No es el momento de crear nuevas universidades. La reforma
universitaria no puede parar”, señaló vía Twitter.
Entre 2018 y 2019, las fujimoristas Paloma Noceda y Tamar
Arimborgo encabezaron la comisión de Educación. Ambas aprobaron investigaciones
a la Sunedu por el proceso de licenciamiento de las universidades. No se
llegaron a presentar los informes, entre otras razones, por la disolución del
Congreso de parte del expresidente Martín Vizcarra.
En 2020, la Comisión de Educación elaboró el predictamen que
pretende brindar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas.
Por lo pronto, el argumento más usado por los congresistas
para respaldar sus proyectos de ley contra la reforma universitaria es que
miles de alumnos se han quedado sin estudiar, esto fue desestimado por Oswaldo
Zegarra, quien ha sido enfático en señalar que la Sunedu “no cierra
universidades”, su labor es autorizar su funcionamiento siempre y cuando
cumplan las referidas condiciones básicas de calidad.
Este jueves 16 y viernes 17 de diciembre, el pleno del
Congreso debate los proyectos de ley, tanto el que busca otorgar una segunda
oportunidad a las universidades no licenciadas, como el de la reconformación
del consejo directivo del organismo adscrito al Ministerio de Educación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario