Miles de personas protestan por sexto
día consecutivo contra la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra
como presidente. La medida ha sumido al país en una crisis política e
institucional.
sábado, 14 de noviembre de 2020
EL MUNDO INFORMA SOBRE LA MARCHA CONTRA MANUEL MERINO EN EL PERU
OLLANTA HUMALA ABANDONÓ MANIFESTACIÓN TRAS SER INSULTADO
El expresidente y candidato por el
Partido Nacionalista, Ollanta Humala llegó hasta el Centro de Lima para
participar de las protestas y manifestaciones contra la vacancia presidencial a
Martín Vizcarra, sin embargo, tras los numerosos insultos se retiró del lugar.
Ollanta Humala manifestó que estará
vigilante frente a las acciones que tome el nuevo Gobierno y denunció que se
hará una repartija para elegir el nuevo Gabinete Ministerial.
MANUEL MERINO LE CAUSA UN DAÑO AL PARTIDO DE ACCIÓN POPULAR
Para Yonhy Lescano la toma de poder
de Manuel Merino de Lama genera una crisis partidiaria por los cuestionamientos
existentes en contra del mandatario. "Lamentablemente causa un tremendo
daño al partido frente a la población ", señaló.
Pese al daño ocasionado cree que la
población podrá reconocer los valores y principios de Acción Popular de cara a
los comicios electorales del 2021. "Nosotros no hemos desarrollado, nunca
en la historia de Acción Popular una vacancia, no es la trayectoria política
del partido, Acción Popular nunca ha entrada por la ventana al poder, ha
entrado siempre por la puerta grande", expresó.
ACCIÓN POPULAR DEBERÍA RETIRAR SU PLANCHA PRESIDENCIAL
Sostuvo el excongresista a propósito
de la agitada coyuntura política que atraviesa el país tras la vacancia
presidencial aprobada contra Martín Vizcarra
En medio de la agitada coyuntura
política que atraviesa el país tras la vacancia presidencial aprobada contra
Martín Vizcarra, se pronunció al respecto Víctor Andrés García Belaunde.
"Acción Popular debería retirar su plancha presidencial", dijo el
excongresista, quien ofreció declaraciones a los medios de comunicación.
VARIOS JOVENES Y EX CANDIDATOS DEL PARTIDO POLÍTICO DE ACCIÓN POPULAR RENUNCIARON Y DIERON UN PASO AL COSTADO
Varios manifestantes independientes y
coletivos se hicieron presentes en medio d ela juramentación de Merino de Lama,
varias regiones protestaron y en el Cusco llegaron al local de Acción Popular y
arremetieron tildándo al partido de "traidor". Por la atrde y noche
varios jovenes y ex candidatos de AP por el Cusco renunciaron o dieron un paso
al costado.
lunes, 9 de noviembre de 2020
LA VACANCIA NO SOLUCIONARÁ LA INCAPACIDAD MORAL DE TODA LA CLASE POLÍTICA
Mientras en el Congreso se
aprobaba la Vacancia Presidencial de Vizcarra, el pueblo demanda salud, trabajo
y una vida digna. Lo que hay, es la incapacidad
moral de de toda la clase política, y eso no se solucionará solo con una
vacancia.
Las bancadas de Fuerza Popular, Frepap y Unión por el Perú votaron en bloque a favor de la destitución del mandatario. El partido Morado fue el único que se pronunció unánimemente en contra.
Con 105 votos a favor, 19
en contra y 4 abstenciones, el pleno Congreso de la República aprobó vacar a
Martín Vizcarra Cornejo por la causal de incapacidad moral permanente. Para
prosperar, la moción requería alcanzar 87 votos favorables. La cifra fue
superada por 18 votos.
Cuatro bancadas votaron en
bloque: Fuerza Popular, Frepap, Unión por el Perú (UPP) y el Partido Morado.
“Como Fuerza Popular vamos
a votar para defender nuestros principios que creemos que son los correcto y lo
que el país merece. Probablemente no lleguemos a los votos [...] La
Constitución señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo
y cada uno va a votar de acuerdo a lo que crea correcto. En Fuerza Popular
vamos a votar a conciencia, pensando en el futuro del país”, señaló Columbus.
Pese a ello, todos los
congresistas de la bancada naranja votaron a favor de la vacancia presidencial.
14 miembros de la bancada
del Frepap votaron a favor de la destitución del mandatario.
“No podemos creer en un
presidente que se escuda en la mentira para no ser acusado. La moral es
importante para gobernar”, sostuvo durante el debate María Teresa Céspedes,
vocera del Frepap.
En el caso de UPP -bancada
que presentó la moción de vacancia-, los 12 parlamentarios emitieron un voto
favorable.
En el resto de grupos
parlamentarios, el voto fue dividido. Como informó más temprano este Diario,
Somos Perú había adelantado que sus congresistas tendrían libertad para votar
según su voluntad.
El Frente Amplio votó a
favor de la vacancia, con la excepción de las parlamentarias Rocío Silva
Santisteban y Mirtha Vásquez, quienes se pronunciaron en contra de la
destitución.
En el caso de Alianza Para
el Progreso, todos los miembros, salvo uno, votaron a favor. El único
parlamentario de la bancada que votó distinto fue Walter Ascona, quien optó por
la abstención. Ello, pese a que el líder del partido, César Acuña, había
manifestado con anterioridad que el grupo parlamentario no apoyaría la vacancia
presidencial, por considerar que el caso de Vizcarra debía tratarse en el fuero
fiscal.
Por otro lado, en Acción
Popular, la bancada más numerosa del Congreso, el voto tampoco fue unánime. A
favor se manifestaron 18 parlamentarios, en contra cuatro y dos se abstuvieron.
Por último, en Podemos
Perú todos los congresistas menos uno apoyaron la vacancia. El voto en
discordia fue emitido por Daniel Urresti.
Francisco Sagasti,
portavoz del Partido Morado, había adelantado que su grupo parlamentario
rechazaría el pedido de vacancia.
“Las acusaciones contra el
presidente de la República deben verse al término de su mandato y las
acusaciones contra los congresistas deben seguir su curso establecido para el
levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero que sea una administración
justa, equilibrada y balanceada”, dijo en el pleno.
VOTACIÓN DE LA VACANCIA
DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA
viernes, 6 de noviembre de 2020
DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA PERUANA SE SIGUE DANDO EN EPOCA DE PANDEMIA 2020
El
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM,
Gabriel Quijandría, citó durante la reunión con la Asociación de Prensa
Extrajera en el Perú (APEP), que la deforestación en el Perú abarcó durante el
2019 unas 147,000 hectáreas de bosques, un área superior a la superficie de
Hong Kong, según una estimación preliminar del Ministerio del Ambiente. Esta
estimación de deforestación, estaría por debajo de los niveles de deforestación
de los últimos años, incluso las del 2018, cuando la superficie deforestada de
los bosques peruanos fue de 154,766 hectáreas. (Diario Gestión, 2020)
Paz y
Esperanza, desde hace tres años viene desagregando la información global de deforestación
del país, específicamente la que corresponde a la región San Martín. Desde la
perspectiva institucional es importante conocer el número global de hectáreas
deforestadas; sin embargo, es también relevante donde están ubicadas, si éstas
están dentro o no de categorías de gestión de bosque, si están en comunidades
nativas o campesinas, cuáles son los distritos más deforestados, cuáles son los
efectos en la población y cuales podrían ser las alternativas para mejorar la
gestión del bosque categorizado o sin categorizar.
Es
importante resaltar que los reportes anteriores, estuvieron basados
cartográficamente sobre la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE), mientras
que el que presentamos a continuación se basa sobre la Zonificación Forestal
(ZF) aprobada recientemente por la Resolución Ministerial N° 039-2020-MINAM,
motivo por el cual, probablemente encuentre ciertas diferencias en el número de
hectáreas con los reportes anteriores.
El presente
documento, está compuesto en su primera parte en una descripción de la
deforestación en la región San Martín entre los años 2001 hasta el año 2019,
detallando la deforestación en cada una de las categorías de gestión de
bosques.
Revisar
análisis de Deforestación del 2001 al 2020 en San Martín:
Informe
deforestación en San Martín 2001 – 2020
Infografía
sobre la Deforestación en San Martín en tiempos de Pandemia
La
deforestación en la región San Martín entre enero – julio del 2020 es de
5,871.78 hectáreas; que representa un incremento del 8.76% de deforestación en
relación a los mismos meses del año anterior.
El mes de
julio del 2020 presenta el mayor índice de deforestación con 3,376.35
hectáreas.
Durante los
meses de marzo a julio del 2020, meses que coincide con la declaración de la
emergencia sanitaria e inmovilización social, la deforestación en la región San
Martín fue de 5,571.12 hectáreas; mientras que en el 2019 en esos mismos meses
fue de 3725.19.
Es decir
durante el periodo de la pandemia se deforestó 1,845.93 hectáreas más que en el
año 2019 en relación a los mismos meses; a pesar que en el mes de abril del
2020 se deforestó solo 18.18 hectáreas, y se pensaba que sería un año con menos
deforestación que el año anterior.
Descargar información completa en:
Infografía deforestación Enero – Julio 2020
LA PERSECUCIÓN HACÍA DEFENSORES INDÍGENAS NO PARA EN EL PERÚ Y EN OTROS PAÍSES CONTINUA
Ucayali:
Líder indígena amenazado de muerte
El
presidente de la Feconau, Miguel Guimaraes, afirmó que la amenaza textual iba
acompañada con la imagen de una persona descuartizada.
La
persecución hacía defensores indígenas no para. Miguel Guimaraes, presidente de
la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) ha
denunciando recientemente que ha recibido amenazas de muerte. Según el líder
indígena, la amenaza se efectuó a través de un mensaje de whatsapp que decía:
“Procederemos a las buenas o malas c…”, el texto iba acompañando con la imagen
de una persona descuartizada.
La Feconau
ha expresado su preocupación y rechazo ante las amenazas que viene recibiendo
su presidente. Por ello, ha realizado un llamado a todas las instituciones y
organismo de defensores de los derechos humanos, y a la Defensoría del Pueblo
para que puedan tomar acciones inmediatas. Asimismo, vienen interviniendo y
denunciando la tala ilegal, invasión de territorios y narcotráfico, que atentan
contra los derechos de las comunidades indígenas y las zonas ambientales.
Imagen:
Actualidad AmazónicaRecordemos
el reciente asesinato de Roberto Carlos Pacheco, defensor ambiental de Madre de
Dios; con la muerte de este último ya son cinco los homicidios cometidos este
año contra defensores ambientales en nuestro país. Esto revela la
vulnerabilidad de los líderes indígenas de la selva y la incapacidad del estado
para la protección de los líderes indígenas en la Amazonía, informó Vigilante
Amazónico a INFOREGIÓN.
¿QUIÉN PROTEGE A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS INDÍGENAS DEL PERÚ Y DE OTROS PAÍSES?
Si bien
hechos delictivos ocurren en el enfrentamiento entre las comunidades indígenas
de la Amazonía, que buscan proteger su territorio y sus recursos para
sobrevivir, frente a delincuentes y sicarios que invaden la zona, no es una
situación que escape de las responsabilidades esenciales del Estado.
El 6 de
octubre, en el marco del 176° periodo de sesiones de la Comision Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), se presentó una audiencia temática sobre la
situación de las personas defensoras indígenas de la Amazonía peruana. En ella,
los líderes y lideresas de las comunidades de Alto Tamaya – Saweto,
Unipacuyacu, Santa Clara de Uchunya y Nuevo Amanecer Hawaii, junto con
dirigentes de las federaciones indígenas de la región Ucayali, el Instituto de
Defensa Legal, y Proética; explicaron el contexto en el que se dio la muerte de
líderes indígenas como Gonzalo Pio, Arbildo Meléndez, Edwin Chota, entre muchos
otros. Asimismo, evidenciaron la constante amenaza en la que viven, por parte
de quienes participan en actividades ilegales.
Estos hechos
delictivos ocurren en el enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la
Amazonía, que buscan proteger su territorio y sus recursos para sobrevivir, y
delincuentes y sicarios que invaden la zona. Sin embargo, no es una situación
que escape de las responsabilidades esenciales del Estado, ausente en muchos de
estos territorios.
Por un lado,
una vez ocurridos los hechos, resalta la ausencia de recursos eficaces que
permitan la investigación, sanción y reparación de los delitos cometidos, en
favor de las víctimas y de sus familiares. Hasta el momento, no se han
sancionado a las personas que han cometido tales delitos. Incluso, según un
reportaje de Cuarto Poder, se ha dejado en libertad a un grupo de personas
acusada de haber cometido el asesinato de un defensor ambiental en la región de
Madre de Dios.
De otro
lado, la falta de medidas de protección adecuadas y oportunas que protejan a
los líderes y lideresas indígenas antes de la ocurrencia de los hechos. En
muchos casos, los crímenes en contra de los defensores y defensoras ambientales
no ocurren de manera intempestiva, sino que son la consecuencia de continuas
amenazas. Es necesario que se tomen medidas que garanticen una real protección
a estas personas.
Asimismo, el
sistema de corrupción que promueve la existencia de estas actividades tiene una
incidencia directa en la precarización de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y coloca en una situación de riesgo permanente a los miembros
de dichas comunidades. Esto implica, en muchos casos, la titulación irregular
de predios individuales a favor de empresarios corruptos, y en perjuicio de los
territorios de las comunidades indígenas.
Frente a
este problema, el Estado aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de
personas defensoras de derechos humanos”, el cual recoge una serie de
recomendaciones que favorecen la creación de registros de denuncias, o que
establecen mecanismos de coordinación entre las entidades del Estado para
abordar la protección de este grupo, entre otras medidas. Sin embargo, éstas
aún están lejos de generar mecanismos concretos, efectivos e inmediatos de
protección, necesarios para la situación de vulnerabilidad actual.
Dos notas
adicionales que merecen ser comentadas sobre este tema. Por un lado, el proceso
de elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que
está llevando a cabo el Ejecutivo ha incluido como uno de los temas a
trabajarse, la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Esto
es fundamental, puesto que, en el marco de la debida diligencia empresarial,
las empresas deben fiscalizar sus cadenas de producción y garantizar que
cumplan con las normas ambientales y de derechos humanos. En ese sentido, una
empresa que consuma productos obtenidos de manera ilegal, podría tener un nivel
de responsabilidad sobre la precarización de los derechos de las personas
defensoras.
Una segunda
nota se relaciona con el archivamiento del Acuerdo de Escazú realizado por la
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Es importante
resaltar que dicho Acuerdo es el primero que reconoce y genera obligaciones
generales para los Estados que lo ratifiquen sobre la protección de los
defensores ambientales. La denegación a ser ratificado por parte del Congreso
genera la duda de si existe una clara decisión por parte de los partidos
políticos en no proteger a un grupo socialmente vulnerable, o si es parte de un
conjunto de decisiones realizadas sin el conocimiento suficiente para valorarlo.
Fuente: RPP
Noticias.
Autor: Bruce
Barnaby
miércoles, 17 de junio de 2020
EL OXÍGENO MEDICINAL 95% DE PUREZA Y EL OXIGENO INDUSTRIAL 98% DE PUREZA ¿QUIÉN ESCONDE LA VERDAD? ¿QUIÉN DISTORSIONA LA VERDAD? ¿QUIÉN SE ESTA BENEFICIANDO?
¿PUEDEN LOS PACIENTES CON COVID-19 USAR
OXÍGENO INDUSTRIAL EN LUGAR DEL MEDICINAL?
El Gobierno anunció que toda clase de oxígeno con más del 93 % de pureza
puede utilizarse en pacientes con el nuevo coronavirus. En
comunicación con La República, expertos coincidieron en la necesidad de emplear
todos los recursos necesarios para afrontar la pandemia.
1.
EL
OXÍGENO MEDICINAL 95% DE PUREZA Y
2.
EL
OXIGENO INDUSTRIAL 98% DE PUREZA
v ¿QUIÉN ESCONDE LA VERDAD?
v ¿QUIÉN DISTORSIONA LA VERDAD?
v ¿QUIÉN SE ESTÁ BENEFICIANDO?
v ¿A QUIENES FAVORECE QUE NO SE SEPA LA
VERDAD?
El problema está en el PROTOCOLO DEL LLENADO DEL OXIGENO SEA
MEDICINAL e INDUSTRIAL.
El gran problema es que NO SE CUMPLE EN EL PROTOCOLO DE LLENADO DEL
OXIGENO INDUSTRIAL.
martes, 16 de junio de 2020
EL VIRUS EXHIBE LAS DEBILIDADES DE LA HISTORIA DE ÉXITO DE PERÚ
Los familiares de una posible víctima de
la COVID-19 cargan su ataúd en un cementerio en las afueras del sur de
Lima.Credit...Ernesto Benavides/Agence France-Presse — Getty Images
Una profunda desigualdad y corrupción
frustraron las medidas que el país tomó al preparar la respuesta ante la
pandemia.
El presidente Martín Vizcarra siguió los
mejores consejos cuando el coronavirus llegó a Perú.
Ordenó uno de los primeros y más
estrictos confinamientos de América Latina y lanzó uno de los mayores paquetes
de ayuda económica para facilitar a los ciudadanos que se quedaran en casa.
Compartió detallados datos de salud con el público, se apresuró a agregar camas
y ventiladores a los hospitales y aumentó el número de pruebas.
Con robustas arcas públicas y niveles
récord de aprobación, el gobierno centrista de Vizcarra parecía estar bien
preparado para enfrentar la pandemia.
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registrarte. Es gratis.]
Sin embargo, en vez de ser aplaudido
como modelo, Perú se ha convertido en uno de los epicentros más críticos del
coronavirus en el mundo: sus hospitales están abrumados y la gente huye de las
ciudades. La crisis ha estropeado el barniz de progreso económico de Perú, y
expuso la desigualdad y la corrupción fuertemente arraigadas que han
obstaculizado la respuesta a la pandemia.
“Nos pidieron todos quedarnos en casa, pero hay muchas personas que no
tienen ahorros, y eso ha sido imposible. Nos pidieron lavarnos las manos, pero
solo uno de cada tres hogares pobres tiene acceso a una red de agua potable”,
dijo Hugo Ñopo, investigador en el grupo de análisis Grade. Solo la mitad de
los hogares peruanos tiene refrigeradoras, agregó, lo cual obliga a muchas
familias a volver a diario a los mercados abarrotados, una importante fuente de
contagio.
Una paciente de la COVID-19 en hospitalización en Lima.Credit...Sergi
Rugrand/EPA vía Shutterstock
La tragedia de Perú se desarrolla en medio de una explosión más amplia del
virus en América Latina, que de un remanso pasó a ser un epicentro de la
pandemia en los dos últimos meses. Cerca de 1,5 millones de personas han dado
positivo en la región y los expertos dicen que el número real de infecciones es
mucho mayor.
Las cifras siguen aumentando de manera pronunciada y lo peor parece estar
lejos de terminar. Con el invierno a punto de llegar en la parte sur de la
región y la temporada de huracanes en el norte, la Organización Mundial de la
Salud advirtió esta semana que las condiciones climáticas adversas podrían
llevar a un nuevo aumento de las infecciones y entorpecer la respuesta a la
pandemia.
Perú tiene alrededor de 6000 muertes confirmadas de la COVID-19 y más de
200.000 infecciones, y los expertos dicen que las cifras se quedan cortas al
reflejar la verdadera dimensión de la tragedia. En mayo, la tasa de mortalidad
en Perú —por todas las causas— fue el doble que el promedio de los últimos
años, según los datos recopilados por The New York Times, lo que sugiere un
número de muertes por coronavirus de dos a tres veces la cifra confirmada por
laboratorio. Muchos pacientes con síntomas fallecen sin que se les haga una
prueba.
La ferocidad del brote de la enfermedad en Perú rivaliza con la del vecino
Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro —a diferencia de Vizcarra— ha
ignorado en gran medida los consejos de los especialistas y se ha rehusado a
tomar medidas para controlar el contagio.
“Los resultados no han sido los que exactamente esperábamos”, dijo Vizcarra
el mes pasado. “Esta no es solamente una crisis de salud, es una crisis social
y económica sin precedentes”.
El presidente Martín Vizcarra ordenó una de las primeras y más estrictas cuarentenas de América Latina, pero Perú se ha convertido en uno de los sitios más azotados por el coronavirus.Credit...Presidencia del Perú.
Antes de la pandemia, las cosas estaban mejorando para Eduardo José
Domínguez, de 29 años, quien administraba una tienda de sándwiches en las
afueras de Lima, la capital de Perú. Pero cuando la tienda se cerró por el
confinamiento, él tomó trabajos ocasionales como carpintero o vigilante
nocturno para pagar las cuentas, y trabajó unas 15 horas al día hasta que se
puso tan enfermo con los síntomas de la COVID-19 que apenas podía caminar.
“Solo quería dar sustento a su familia”, dijo su esposa, Ana Ponte.
Durante días, dijo, solicitó ayuda médica mientras su esposo se iba
quedando sin aliento por falta de aire, pero le dijeron que los hospitales no
estaban admitiendo nuevos pacientes. El día que murió, ella intentó en vano
reanimarlo, mientras esperaba una ambulancia que llegó demasiado tarde.
Trabajadores de un mercado en Lima esperan la prueba de coronavirus que
administra el Ministerio de Salud.Credit...Ernesto Benavides/Agence
France-Presse — Getty Images.
El rápido descenso de Perú —de historia de éxito a calamidad regional— ha
desanimado a sus 32 millones de habitantes y provocado un examen de conciencia
nacional.
Años de fuerte crecimiento económico impulsado por las exportaciones
mineras y agrícolas, así como por políticas financieras prudentes, habían convertido
al país en una rara estrella en el horizonte de estancamiento latinoamericano.
Bajo una serie de presidentes proempresariales, millones de peruanos escaparon
de la pobreza en este siglo, lo que les permitió enviar a sus hijos a escuelas
privadas, instalar agua potable o iniciar pequeños negocios.
Pero el confinamiento ha expuesto la fragilidad del progreso económico de
Perú, dijo Pablo Lavado, economista de la Universidad del Pacífico en Lima. Dos
décadas de crecimiento económico elevaron muchos ingresos pero no abordaron la
profunda desigualdad y trajeron pocos empleos estables y poca inversión en
atención médica, lo que redujo la efectividad de las medidas contra la pandemia
del presidente Vizcarra.
Lavado dijo que muchos peruanos se encuentran en la misma situación que
Domínguez: obligados a correr el riesgo de contraer el coronavirus en lugar de
quedarse en casa y caer en la pobreza y el hambre.
“En Perú nos congratulábamos por empezar a ser un país de clase media”,
dijo. “Pero resulta que es una clase media muy vulnerable, muy frágil”.
Otro obstáculo ha sido la corrupción arraigada que Vizcarra prometió
enfrentar cuando asumió el cargo hace dos años. Tres expresidentes de Perú han
estado en la cárcel en relación con una investigación en curso sobre sobornos,
al igual que la líder de la oposición. Otro expresidente se suicidó el año
pasado para evitar ser arrestado y otro más está encarcelado después de
múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos, malversación de
fondos y abusos de poder.
Los fiscales anticorrupción han abierto más de 500 investigaciones desde
que comenzó el confinamiento, el 16 de marzo, y a menudo investigan informes
sobre funcionarios que se embolsaron dinero destinado a ayuda alimentaria o
equipos de protección personal. Más de veinte casos tienen que ver con la
policía o las fuerzas armadas.
Los programas de ayuda no han llegado a muchas de las personas que los
necesitan. Sin trabajo y temerosos del virus en las ciudades abarrotadas,
decenas de miles de peruanos han regresado a sus pueblos de origen, muchos de
ellos a pie. Algunas personas han empezado a mendigar de puerta en puerta.
Entre los más vulnerables está el casi millón de migrantes venezolanos que
desde 2016 habían llegado en masa a Perú desde su devastada tierra natal en
busca de mejores condiciones de vida. No son candidatos para recibir los
estipendios del gobierno y carecen de redes familiares cercanas en las cuales
apoyarse, por lo que miles de ellos han emprendido el arduo viaje a pie de
regreso a Venezuela.
Un sacerdote en el cementerio de El Ángel antes del funeral de una víctima
de la COVID-19 en Lima.Credit...Ernesto Benavides/Agence France-Presse — Getty
Images.
Domínguez, quien llegó a Perú hace dos años, estaba entre los venezolanos
que se quedaron.
Había ganado lo suficiente como para que él y Ponte tuvieran un segundo
hijo el otoño pasado, una decisión que habían pospuesto durante años. Este año
planeaba visitar Venezuela con sus primos, ansioso por presentarles a su hijo
recién nacido.
Cuando una ambulancia llegó a su casa, minutos después de su muerte, los
médicos le dijeron a Ponte que no disponían de pruebas para confirmar si tenía
coronavirus; su esposo sería uno más entre las legiones de posibles víctimas no
incluidas en el recuento oficial. Y dijeron que no tenían dónde almacenar su
cuerpo.
“La ayuda no llegó. La ayuda no llegó. Yo lloraba a gritos y nadie vino”,
dijo Ponte, mientras lloraba y el cuerpo de su esposo yacía en una bolsa afuera
de la habitación donde estaba sentada en una cama con su hijo de diez años y su
bebé de ocho meses.
Correction: 13 de junio de 2020
Una versión anterior de este artículo recogía de forma incorrecta una
declaración de Hugo Ñopo, investigador en el grupo de análisis Grade. Ñopo dijo
que uno de cada tres hogares pobres tiene acceso a una red de agua potable en
Perú, no que uno de tres hogares peruanos tiene acceso a una red de agua
potable.
Por Mitra Taj y Anatoly Kurmanaev
Publicado 12 de junio de 2020
Actualizado 16 de junio de 2020 a las 10:27 ET
CORRUPCIÓN, ¿DESPUÉS DE TI NO HAY NADA?
Una bandera del Perú con los rostros de
distintos políticos o funcionarios que han sido investigados por
corrupciónCredit...Martín Mejía/Associated Press
Los peruanos vivimos atrapados en una de
esas series de televisión de jueces y abogados que no se acaban nunca. Desde
que comenzaran en el Perú los juicios de Odebrecht —el caso de corrupción más
grande de América Latina—, la opinión pública se organiza alrededor de las
nuevas noticias sobre los flamantes imputados, las sentencias y los pedidos de
extradición. Todos los presidentes que gobernaron mi país desde 1990 hasta 2018
están en la cárcel (Alberto Fujimori), en arresto domiciliario (Pedro Pablo
Kuczynski), a punto de ser detenidos (Ollanta Humala) o ya detenidos, como
Alejandro Toledo hace unos días en Estados Unidos.
Nunca una cuenta de Twitter tan aburrida
como la del Poder Judicial fue tan seguida y retuiteada como hoy. Los programas
de televisión a veces se parecen más a una clase de derecho constitucional y
penal. Quienes hablan de la judicialización de la política peruana no mienten,
el problema es que se trata de una frase que suele estar en boca de los propios
investigados, lo que podría considerarse un intento de obstrucción de la
justicia. Para complicarlo aún más, quienes deberían dirimir sobre esto, es
decir, algunos jueces y fiscales, también están entre los sospechosos. Tampoco
nos libramos del absurdo diario de encontrar una comisión parlamentaria
anticorrupción presidida por un presunto corrupto.
“¡Hasta dónde vamos a llegar con esto de
la justicia!”, veo a menudo en las redes sociales repletas de bots de cada
bando, una frase que se parece mucho a aquella de los homófobos: “¡Hasta dónde
vamos a llegar con tanta igualdad!”. Los que trabajan con las fake news son
capaces de convertir la sola idea de justicia en un valor negativo cuando les
conviene.
En este contexto, la ilusión de pasar
página parece lejana en el Perú y pocos se atreven a imaginar cuál será el
nuevo horizonte tras la lucha anticorrupción, esa especie de periodo franco del
que algún día deberíamos salir. Pero ¿realmente se sale? Que la empresa
Odebrecht admitiera haber pagado 800 millones de dólares en sobornos a
gobiernos de distintos países deja un escenario moralmente devastador para el
Perú y para todo el continente. ¿Qué viene después de la corrupción?
En una reflexión seria sobre un ideal
estado de poscorrupción, no podemos pasar por alto la responsabilidad de la
sociedad civil en estos ciclos de impunidad. Que un mismo político investigado
durante años por actos ilícitos sea reelegido una y otra vez significa que en
la base de la corrupción generalizada hay una idiosincrasia de la pasividad
social y la connivencia con el delito que no estamos haciendo lo suficiente por
erradicar.
Desde que la constructora brasileña
decidió dar los nombres de las autoridades que abrieron las puertas del dinero
público a sus inversiones a cambio de coimas, conceptos como “lavado de
activos”, “empresas off shore” o “pitufeos” son ya parte del habla coloquial de
los peruanos. Buena parte de los ciudadanos comunes, acostumbrados a una
justicia que les era tan ajena como la física cuántica, ahora saben muy bien la
diferencia entre una prisión preventiva y una suspendida. Saben que hay que
colocar la palabra “presunto” delante de casi todo. Hasta sobrevuela entre la
gente una especie de orgullo nacional por la célebre cacería de expresidentes
que trasciende nuestras fronteras.
Pero eso es solo una media verdad: el
sistema de justicia peruano es precario. No puede ser más simbólico que Pedro
Chávarry, vinculado con casos de corrupción y una organización criminal
conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, sea nada menos que el actual
fiscal supremo del Ministerio Público. La justicia la imparten los injustos.
Un manifestante marcha contra la
corrupción en Lima en marzo de 2018Credit...ErnestoBenavides/Agence
France-Presse — Getty Images
Que otro expresidente, Alan García, se
suicidara al dispararse en la sien cuando iba a ser detenido por indicios de
colusión fue un desenlace inesperado para la última temporada de la saga Lava
Jato peruano. Algunos comentaron que podría causar un “efecto llamada”, como en
China, donde en los últimos años algunos dirigentes políticos se han suicidado
para evitar procesos de corrupción. Porque en los juicios de Odebrecht cabe de
todo, hasta paridad de género y todas las ideologías: entre rejas está una política
de izquierda —la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán— y Keiko Fujimori, la
lideresa de la oposición fujimorista, a las que se les podrían sumar en
cualquier momento dos ex primeras damas, Nadine Heredia, esposa de Humala, y
Eliane Karp, esposa de Toledo.
En este sainete jurídico, un puñado de
fiscales porfiadamente perseguidores se han convertido para la ciudadanía en
adalides de la justicia. Su labor, con todas sus virtudes y defectos, es la
revancha soñada del pueblo contra los políticos indecentes. Pero también son el
blanco de furibundos ataques. La mafia se organiza y hace campañas para
conseguir que la gente piense que los malos son los fiscales que investigan. Y
a veces lo consiguen. El quiebre de la confianza es generalizado porque todos
se victimizan: ahora mismo en el Perú hay más “perseguidos políticos” que en
Caracas o Managua.
Los gobiernos dejaron hace tiempo de
representar a sus ciudadanos para buscar el beneficio personal. Pero parte de
las instituciones, partidos políticos y medios de comunicación próximos al
poder también han hecho lo posible por apañar y custodiar el modelo económico
de liberalismo a ultranza a toda costa, aunque quienes operaban desde lo
político en ese sistema ya estuvieran nadando desde hace tiempo en dinero
sucio.
En ese sentirnos defraudados debería
haber, sin embargo, espacio también para revisarnos, para preguntarnos por qué
la Corte Suprema ha ocupado el lugar protagónico que debería ocupar un gran
movimiento social, la calle, la protesta, la acción civil u otras alternativas
de cambio político. El proceso de regeneración que todos deseamos pasa
necesariamente por combatir el relato que defiende el statu quo: la corrupción
ha sido además de una forma consentida de poder político, la enfermedad crónica
de las jóvenes viejas democracias latinoamericanas, que a falta de cura solo
encuentran paliativos.
Por eso, quizá después de la lucha
anticorrupción solo haya más y más lucha contra la corrupción, pero también la
urgencia de enfrentarla de otras maneras, organizadamente y sin depender de las
tremendas cortes. Porque el otro lado de la corrupción siempre será la pérdida
de derechos sociales, la precarización y la miseria de los que menos tienen.
Las lecciones que dejan un presidente o dos o tres en la cárcel, deberían ser
el revulsivo que necesitamos para convertir nuestra rabia en acción.
Por Gabriela Wiener
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