El gremio empresarial y abogados saludaron la decisión de magistrados
del Tribunal Constitucional que derogó el artículo 5 de la ley 29720
CÓMO OCULTARON EL
MOVIMIENTO FINANCIERO DE MÁS DE 4 MIL EMPRESAS
Sin transparencia. Mientras hace un
año se publicaba la investigación global Panama Papers, que acaba de ganar el
prestigioso Premio Pulitzer, abogados y gremios empresariales
lograron derogar el artículo 5 de la ley 29720 que obligaba a compañías que no
eran reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores a hacer públicos
sus estados financieros. Conozca quiénes son los personajes que consiguieron
desaparecer esta exigencia legal y sus empresas offshore.
Interesado. Empresario Andreas von Wedemeyer fue presidente de SNI
MIGUEL
GUTIÉRREZ R.
El pasado 5 de abril se cumplió un
año de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que
derogó el artículo 5 de la ley 29720 que permitía el acceso público a la
información financiera de compañías que no se encontraban bajo la supervisión de
la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), antes
denominada Comisión Nacional Supervisora de Empresas (Conasev). De esta manera,
se negó a los ciudadanos la posibilidad de conocer los estados financieros, las
utilidades, los accionistas y otra información relevante de empresas con
ingresos anuales por venta de bienes o servicios iguales o mayores a 3 mil
Unidades Impositivas Tributarias (S/ 10,8 millones en 2011).
Según el dictamen en minoría del
Congreso que planteó a fines de 2011 no derogar el artículo 5 de la norma y la
lista de empresas supervisadas por la SMV, más de 4 mil empresas serían
beneficiadas de la eliminación de esta exigencia legal, entre las que figuraba
la compañía minera Antamina. Una amenaza contra la transparencia que finalmente
se consumó y se hizo pública con la sentencia del Tribunal
Constitucional, paradójicamente, dos días después del lanzamiento de
la investigación
global Panama Papers, ganadora del Premio Pulitzer y que
puso al descubierto, junto a un centenar de medios, entre ellos Convoca.pe,
mecanismos de evasión y elusión tributaria de políticos, empresarios,
criminales y compañías en el mundo a través de esquemas offshore creados por el
bufete panameño Mossack Fonseca, cuyos dueños y principales ejecutivos están
ahora presos por blanqueo de capitales en Panamá.
Derogado. El artículo 5 establecía
que estados financieros de compañías debían ser de acceso público..
Asesor. Estudio de Natale Amprimo
asesoró a Cámara de Comercio de Lima.
¿Cómo fue posible desaparecer esta
exigencia legal en favor del secretismo?
ASÍ SE HIZO
Todo empezó con un proyecto de ley
presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que fue
promulgado por el Congreso de la República en
junio de 2011. La norma apuntaba —como bien dice su larga presentación— a la
promoción de valores mobiliarios y fortalecer el mercado de capitales. Pero el
artículo 5 no fue detectado por el radar empresarial durante su análisis y
discusión en la comisión de Economía ni en el Pleno del Congreso. Recién una vez
publicado en el diario oficial El Peruano, despertó la preocupación de los
representantes de las grandes y medianas compañías que no presentaban
información financiera a la entonces Conasev.
Artículos publicados por abogados del
influyente Estudio Echecopar, que tiene entre sus socios y
asociados a ex diplomáticos, ex ministros y directores de grandes empresas,
llamarían la atención sobre ese punto. El 4 de julio de 2011, Javier Tovar Gil,
socio principal de este mismo estudio jurídico y ex presidente de Conasev
manifestó, en una columna de opinión publicada en la revista Semana Económica,
que el referido artículo de la norma tendría un “efecto nocivo”. Dos meses más
tarde, el 8 de setiembre, la abogada y socia del Estudio Echecopar, Inés Baca
de la Piedra, se refería al artículo 5 como “la sinrazón de una norma” en el
No. 57 de la revista Rumbo Minero.
En realidad, la abogada tenía razones
poderosas para oponerse al artículo 5.
Según el perfil de Inés Baca, que
aparece en la página web del Estudio Echecopar, la abogada asesoró entre 2010 y
2013 a China Fishery Group (CGF Investment SAC), una de las empresas que lidera
la gran industria pesquera peruana. En 2010, Baca asesoró a CFG Investment en
la adquisición de Pesquera Alejandría; al año siguiente a la compra del 100%
del capital social de Negocios RAFMAR SAC. y Consorcio Vollmacht SAC. y en 2013
la adquisición de la pesquera peruana Corporación Pesquera Inca SAC., una de
las más poderosas del sector.
En el mismo período de estas compras,
CGF Investment SAC aparece relacionada con dos sociedades offshore creadas
por Mossack Fonseca: Bluefield Overseas Corp. y Bluefield Holding
Group inscritas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) desde
2010 según documentos de los Panama Papers a los que accedió Convoca.pe. En uno
de los correos electrónicos entre los ejecutivos de la oficina de Lima y Panamá
de Mossack Fonseca, la abogada figura como apoderada de la offshore Bluefield
Overseas Corp. desde mayo de 2010 junto a otro abogado del estudio Echecopar,
Jorge Ossio Gargurevich.
Convoca.pe se comunicó
telefónicamente con el Estudio Echecopar para ubicar a Inés Baca y hasta el
cierre de este reportaje no hubo respuesta. Javier Tovar Gil, quien también
rechazó el artículo 5 de la ley 29720, figura como director y apoderado de
sociedades offshore desde 2006, según los registros del estudio panameño.
Convoca.pe ubicó a Tovar, quien respondió vía correo electrónico el 5 de abril
que “no existe una relación necesaria” entre la ley 29720 y el empleo de sociedades
offshore porque “empresas listadas como
no listadas utilizan empresas offshore en función a sus necesidades”.
APOYO FUJIMORISTA
En forma paralela a las presiones del
gremio empresarial para que se derogue el artículo 5, el congresista Octavio
Salazar, del partido fujimorista Fuerza 2011, presentó un proyecto de ley
el 21 de setiembre de 2011 para desaparecer esta exigencia legal argumentando
que generaba “inseguridad a las empresas, accionistas y funcionarios, debido a
que en un entorno de elevada inseguridad ciudadana pueden ser extorsionados
para el pago de cupos, extorsionados o ser susceptibles de asalto [sic]”. La
propuesta se aprobó en la Comisión de Economía el 2 de noviembre con el
respaldo del legislador Carlos Bruce Montes de Oca, los fujimoristas Freddy
Sarmiento y Cecilia Chacón, y Norman Lewis del Alcázar de Alianza
Parlamentaria.
La polémica se agitó más con las
voces de los representantes de la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Este último gremio expresó, en una carta enviada a la comisión de Economía del
Congreso, que el artículo 5 “carece de sustento técnico, genera sobrecostos,
pone en riesgo la seguridad de las empresas y lesiona la reserva de la
información”. Reclamaban mantener absoluta reserva.
A pesar de las presiones, el artículo
5 no pudo ser derogado en el Congreso. En respuesta, la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), con Jorge von Wedemeyer a la cabeza, la Sociedad Nacional de
Industrias y la Asociación de Exportadores (Adex) decidieron interponer una
demanda de inconstitucionalidad. Para ello, contrataron al Estudio Amprimo
& Flury Abogados cuyo principal socio, Natale Amprimo Plá, era el asesor
legal de la CCL.
El abogado Eduardo Joo Garfias, del
Estudio Amprimo & Flury Abogados, presentó la demanda ante el Tribunal
Constitucional y la revistió como la causa justa de “más de cinco mil
ciudadanos contra el Congreso”. Pero detrás existían otros intereses.
Jorge von Wedemeyer, de la Cámara de
Comercio de Lima, aparecía vinculado a por lo menos a cinco sociedades offshore
registradas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá, junto con su hermano Andreas
von Wedemeyer, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y también
opositor al artículo 5 de la ley 29720.
Tres de estas compañías (Intergama
Corp, Interbeta Corp y Ningo Center Ltd) figuraban como accionistas de
Corporación Cervesur, cuyos propietarios son los Von Wedemeyer y las otras dos
—Rocques Assets S.A e Inverna Corp— no aparecen registradas en la Bolsa de
Valores como parte del conglomerado empresarial.
Los socios del Estudio Amprimo &
Flury Abogados también solicitaron los servicios de Mossack Fonseca.
De acuerdo con los registros hallados, Amprimo y su esposa Diana Abusada James
son propietarios de la offshore Hayden Properties Development Corp., inscrita
en Islas Vírgenes Británicas en julio de 2011.
El abogado Amprimo, al igual que el
demandante, Eduardo Joo, reconocieron a Convoca.pe en respuestas enviadas vía
correo electrónico, que la firma fue contratada por la Cámara de Comercio de
Lima, SIN y ADEX “para patrocinar la acción de inconstitucionalidad que se
promovió contra el artículo 5º de la Ley 29720”. Amprimo no respondió sobre su
empresa offshore.
El otro socio del estudio es Hans
Flury, ex vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía
y director legal de Southern Perú Copper Corporation. Flury también figura en
los registros de Mossack Fonseca como presidente de la sociedad Pymer Trading
INC, offshore inscrita en Panamá en 2007, tres años después de que dejara la
cartera del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de Alejandro
Toledo.
Las gestiones del Estudio Amprimo
& Flury Abogados tuvieron resultados: el 5 de abril de 2016, cinco
magistrados del Tribunal Constitucional —Manuel Miranda Canales,
Óscar Urbiola Hani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón
de Taboada, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera— votaron a favor de la
inconstitucionalidad y ordenaron su derogatoria.
Al
igual que la Norma XVI que daba la facultad a la Sunat de cobrar los impuestos
que se dejaran de pagar si se detectaban “actos artificiosos” para aparentar
menos ingresos en patrimonios personales o en las arcas contables de las
empresas, el artículo 5 de la ley 29720 quedaba bloqueada por un sector
empresarial que se sintió amenazado por los intentos de fiscalizar y hacer
pública la información de los grandes negocios.
Convoca.pe
