LA BOMBA QUE HIZO EXPLOTAR TÍA MARÍA
La historia no contada de la
pieza fundamental del conflicto minero que puso en jaque al gobierno: el
Estudio de Impacto Ambiental.
Desde hace más de dos meses, el
proyecto minero Tía María, a cargo de la mexicana Southern Copper que espera invertir 1 mil 400 millones de
dólares en la extracción de cobre en la provincia arequipeña de Islay, ha
desatado un conflicto con tres muertos y decenas de heridos. A mil kilómetros
de la zona en conflicto, descansan en
las oficinas del Ministerio de Energía y Minas el documento de 10 mil páginas
que genera dudas entre los opositores del proyecto: El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía
María. Convoca revisó el expediente de 35 tomos de aprobación del estudio con
la ayuda de ingenieros ambientales y confrontó los hallazgos con la consultora
Geoservice Ingeniería que fue contratada por Southern para elaborarlo. Como
resultado se encontraron graves inconsistencias en el manejo de las aguas y el
monitoreo de los impactos, y una historia desconocida entre el Ministerio de
Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) y Geoservice.
La tarde del viernes 15 de mayo,
el conflicto Tía María movilizó en cuestión de horas a las autoridades máximas
que debían pronunciarse en este escenario de crisis: el presidente Ollanta
Humala que dio un mensaje a la Nación de doce minutos desde Palacio de Gobierno
y el presidente de la corporación mexicana Southern Copper, Óscar González
Rocha, quien anunció desde Estados Unidos una “pausa” de 60 días para “despejar
todas las dudas existentes” sobre este conflicto que en los últimos dos meses
registró tres muertos y decenas de heridos.
Pero ninguno dio nuevas luces
sobre el tema más controversial y postergado del conflicto: el estudio de impacto ambiental que fue aprobado
en agosto de 2014 por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y que de su
sólida elaboración depende evitar el potencial daño al medio ambiente y
proteger la vida de los pobladores de Islay, en la convulsionada Arequipa. Humala insistió en que el proyecto de
Southern “cumple con todos los requisitos de ley”, y minutos más tarde, en el pleno del Congreso
de la República, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal, aseguró que
la empresa levantó las 138 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS) al primer estudio del proyecto, a pedido
del Minem.
Con la ayuda de ingenieros
ambientales, Convoca contrastó esta versión oficial con puntos cruciales del
expediente de 35 tomos del proceso de evaluación del nuevo EIA, y encontró
detalles hasta ahora no revelados de Tía María, que son puestos sobre la mesa
como un primer aporte para el debate en estos 60 días de “pausa” del proyecto.
Los nombres de estos
especialistas, con gran experiencia en la revisión de estudios ambientales, no
son consignados en este reportaje debido a que trabajaron en importantes
consultoras que aún brindan servicios a la gran minería y en organismos
reguladores del sector. Sus hallazgos fueron confrontados con la versión del
ingeniero César Rodríguez, jefe del equipo de Geoservice Ingeniería que elaboró
el EIA de Tía María para Southern. Revisemos.
Ubicaciones clave en el proyecto
Tía María de Southern Copper. Elaboración: Convoca/ La República
Puntos controversiales
Desde que el 5 de noviembre de
2013, Southern Perú presentó el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
elaborado por la consultora Geoservice Ingeniería S.A.C., los representantes de la empresa se han
reunido más de treinta veces con los funcionarios del Minem en momentos claves
del proceso de aprobación del estudio.
Uno de los encuentros más
importantes fue el del 3 de febrero de 2014. Ese día, el presidente de
Southern, Óscar González Rocha, acudió al despacho del entonces ministro Jorge
Merino acompañado de Hans Flury, secretario general de Southern y ex ministro
del sector. A la semana siguiente, la Dirección General de Asuntos Ambientales
Mineros del Minem envió a la empresa las observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental.
La evaluación del nuevo EIA tomó
nueve meses, un año menos que el anterior estudio. Si algo quedó claro fue el
interés en la aprobación rápida del EIA a pesar del rechazo al proyecto de un
bloque importante de la población en Arequipa. Precisamente, los puntos más
controversiales del expediente evidencian que los evaluadores del Minem pasaron
por alto puntos centrales que ameritaban un análisis detallado y no contra el
reloj, para evitar un mal manejo de las aguas y garantizar un monitoreo eficaz
de los impactos, de acuerdo con los ingenieros ambientales consultados por Convoca.
Southern presentó el nuevo EIA
incluyendo apenas diez carillas para explicar cómo se construiría la planta
desalinizadora para tratar el agua de mar y no captar agua del río Tambo, del
que dependen los pobladores de la zona. Los ingenieros entrevistados señalaron
que una planta de esta dimensión, que además es el tema más sensible del
conflicto, requiere que la empresa presente como parte de los anexos del EIA,
un Estudio de Factibilidad que especifique cómo se procesará el agua de mar.
Este documento es clave para que los evaluadores del ministerio determinen que
la planta tendrá la capacidad para procesar el mineral que se explotará sin que
luego la minera use al agua del río.
Óscar González Rocha, presidente
de Southern Copper. Foto: América Economía
Los técnicos de la Dirección
Ambiental de Asuntos Ambientales Mineros que evaluaron el EIA confirmaron a
Convoca que la empresa no presentó el Estudio de Factibilidad. El ingeniero
Rodríguez de Geoservice, quien estuvo a cargo de la Dirección General de Minería
del ministerio hasta agosto de 2006, aseguró que la empresa contrató a otra
empresa para hacer este tipo de
“estudios de ingeniería” y que no era necesario presentarlo. “¿Cómo
pueden constatar los evaluadores, que lo que dice la empresa sobre el manejo
del agua de la planta es verdad, si es que no presenta un estudio detallado?”,
cuestionaron los ingenieros consultados.
En el informe Nº 155, con fecha 7
de febrero de 2014, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros plantea 73
observaciones al nuevo EIA de Tía María en el que solicita a la empresa
“aclarar en qué etapa se construirá la planta” pero no exige la presentación
del Estudio de Factibilidad a pesar que uno de los motivos principales por los
que se declaró “inadmisible” el primer EIA del proyecto es porque “no se
elaboró sobre la base de un proyecto a nivel de factibilidad”, sino que solo
tenía información descriptiva.
El nuevo estudio de impacto
ambiental también indica que Southern incrementará la explotación de cobre en
12 millones de toneladas métricas: de 638, 082 millones de toneladas que
aparecía en el primer EIA a 650,760 millones.
Como resultado, también habrá 165 millones de toneladas adicionales de
desechos contaminantes.
Fuente: Estudios de impacto
ambiental del proyecto Tía María
Otro punto vinculado a la
población es el de las estaciones de monitoreo, que servirán para determinar si
el polvo mineral generado por la explotación de los tajos, afectarán a los
cultivos y a la población. El estudio señala que una de las estaciones de
control estará ubicada a 5.5 kilómetros del tajo más importante del proyecto,
La Tapada, lo que equivale a una distancia similar entre la Plaza de Armas de Lima
y el distrito de Pueblo Libre, en línea recta. Esto no permitirá medir con
precisión si hay o no contaminación y tampoco fiscalizar los parámetros
exigidos por ley.
Rodríguez admitió en parte este
punto, y aseguró que el Minem le solicitó que instalara adicionalmente dos
estaciones cercanas a los tajos.Convoca revisó el informe de las observaciones
y no encontró esta recomendación.
El pedido a UNOPS
El ingeniero de Geoservice
informó que luego de que Southern presentó al Minem el EIA de Tía María en
noviembre de 2013, solicitó a UNOPS la revisión del estudio, pero esta
institución respondió que solo podía hacerlo si el Minem se lo pedía debido a
que brinda servicios al Estado, no a empresas privadas. Rodríguez confirmó que,
con el permiso de Southern, trasladó esta inquietud a Edwin Regente de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros pero el ministerio “lo dejó
ahí”. “Nosotros no podemos intervenir en las decisiones del ministerio. No
podemos obligarlo”, dijo el gerente general
de Geoservice, Miguel de la Torre Sobrevilla.
Convoca pudo conocer que las
altas autoridades del ministerio, incluido el viceministro de Minas Guillermo
Shinno, sabían del pedido de Geoservice, sin embargo el viceministro lo negó en
una respuesta enviada por correo electrónico a través de su Oficina de Imagen
Institucional. El entonces ministro Jorge Merino dijo a Convoca que tampoco
recordaba esta solicitud. Pero el 11 de diciembre de 2013, precisamente en los
días en que Geoservice mantenía conversaciones con UNOPS, aparece en el
registro de visita del Minem, una reunión de Shinno con los funcionarios de
esta institución. UNOPS evitó dar su versión.
Guillermo Shinno, viceministro de
Minas. Foto: Andina
Este caso tiene dividido al
gabinete. Al igual que el premier Pedro Cateriano, el viceministro Shinno ha
descartado públicamente la posibilidad de que UNOPS revise el EIA. Pero dentro
del Consejo de Ministros hay quienes piensan lo contrario como el titular de
Agricultura, Juan Manuel Benites. “Si encontramos algunos espacios que deban
ser complementados estamos dispuestos como gobierno a financiar los servicios
de un tercero como UNOPS para que la empresa tome esas actividades adicionales
que podrían derivarse de esos estudios”, dijo Benites en Arequipa.
El ex ministro del Ambiente,
Ricardo Giesecke, consideró que esta institución debe corroborar si el nuevo
EIA de Southern realmente incluyó las 138 observaciones (o recomendaciones como
precisa Geoservice) que efectuó en 2011 ante la exigencia de una revisión
independiente.
Tía María está marcado por la
desconfianza. Quienes cuestionan el proyecto dudan de lo que se decide en las
oficinas del ministerio de Energía y Minas. Existen algunos antecedentes que
explican estos temores.
El caso Geoservice
Seis meses después que el
Ministerio de Energía y Minas rechazara el primer EIA de Tía María, sucedió un
hecho que se mantuvo en reserva hasta ahora. El 13 de octubre de 2011, mediante
el informe Nº 1002-2011, la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros declaró
improcedente el Estudio de Impacto Ambiental del depósito de relaves de la mina
Cobriza de Doe Run, en Huancavelica, y recomendó un “procedimiento sancionador” contra la
consultora que elaboró el estudio por presentar fotografías que no
correspondían a la situación real del campamento minero. Se trataba de
Geoservice Ingeniería S.A.C, la misma de Tía María.
Informe que recomienda evaluar el
inicio de proceso sancionador contra Geoservice. Fuente: Informe Nº 1002-2011
Doe Run, conocida por sus graves
infracciones ambientales en La Oroya, presentó el estudio cuando ya había
iniciado las obras de construcción de dos depósitos de desechos mineros sin
autorización tal como comprobaron en el campo técnicos de la Dirección General
de Minería y pobladores de la zona. Para que Doe Run no sea descubierta en esta
ilegalidad, en el EIA se incluyen fotografías del lugar de fechas anteriores a
la construcción de los depósitos.
“Es presumible que el EIA fue
elaborado por la empresa consultora Geoservice Ingeniería SAC a sabiendas que
el proyecto minero se encontraba en ejecución. En la información presentada se
habría faltado a la verdad, lo cual constituye un supuesto de infracción
sancionable”, señala el informe. De acuerdo con la resolución mineral
580-98-EM, que regula la inscripción de las consultoras ambientales en el
Minem, una de las causas para “la cancelación definitiva” del registro es “la
presentación de información falsa en los EIA”. Pero esto no sucedió con
Geoservice.
El viceministro de Minas,
Guillermo Shinno, dijo a Convoca “que la empresa no ha sido sancionada (…) y
mantiene su registro habilitado, para que sea contratada por cualquier empresa
minera”. El gerente general de Geoservice, Miguel de la Torre, aseguró que Doe
Run inició la construcción dos meses después que sus técnicos terminaran el
trabajo de campo para el EIA, y que fueron liberados de cualquier sanción en
febrero de 2012 mediante la resolución directoral 064-2012. Sin embargo, el
vaivén de información que circuló entre Geoservice y Doe Run durante los días
de la construcción ilegal solo ha quedado registrado en los correos
electrónicos y documentos de ambas empresas privadas.
Los técnicos del gobierno que
evaluaron el controversial estudio de Southern también cuentan con antecedentes
que merecen conocerse. Dos de ellos dieron su visto bueno a otro EIA que puso
en jaque al gobierno de Humala: el de Conga. El ingeniero Walter Alfaro López
integró el equipo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros que
aprobó el estudio de Yanacocha en el Minem y Ricardo Baca Rueda fue uno de los
especialistas que aprobó en la Autoridad Nacional del Agua el cuestionado
manejo de las lagunas y ríos de Conga.
Por Milagros Salazar y Aramís Castro
Con la colaboración de Gabriela Flores y Carla Díaz. Infografías: Wendy
Vega.
