viernes, 1 de octubre de 2021
miércoles, 29 de septiembre de 2021
EL "TERRUQUEO" SE HA PUESTO DE MODA NUEVAMENTE CONTRA ALTERNATIVAS POPULARES DE IZQUIERDA QUE EMERGEN EN EL ESCENARIO ELECTORAL, PORQUE LAS CLASES DOMINANTES TIENEN MIEDO DE PERDER EL CONTROL DEL ESTADO
LOS COMUNISTAS EN EL PERÚ DE HOY
Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes.
El "TERRUQUEO" se ha
puesto de moda nuevamente, sobre todo cuando alternativas populares de
izquierda emergen en el escenario electoral, y las clases dominantes temerosas
de perder el control del estado, entonan su vieja canción de odio de clase con
el insulto fácil como "Comunistas" "terroristas"
"caviares", adjetivos que no encuentran respuesta ni rechazo por
parte de la verdadera militancia comunista.
La reciente muerte de Abimael Guzmán
nos recordó los años de la barbarie senderista, y ha despertado el odio de
clase de la derecha bruta y achorada, que ha iniciado su campaña difamatoria, a
diestra y siniestra, TERRUQUEANDO sin fundamento a toda la izquierda.
Pero hay alguien que, en pleno conflicto
armado, deslindo con el terrorismo en su momento. Nos estamos refiriendo al
Secretario General del Partido Comunista Peruano, Jorge Del Prado, discípulo
del Amauta José Carlos Mariátegui; quien en una entrevista de la revista
Quehacer declaro lo siguiente lo siguiente:
…Considero a
Abimael Guzmán y a "Sendero Luminoso" como una verdadera y muy
repudiable aberración histórica. No hace falta referirnos a los disparates
anacrónicos y fundamentalistas de su pseudo ideología, ni a sus deformaciones
monstruosas y fraudulentas del marxismo, tampoco a su accionar genocida
igualmente monstruoso. Al PCP, el senderismo no sólo lo ha dañado con el
asesinato físico de cerca de 20 alcaldes comunistas y líderes sindicales, sino,
sobre todo, por haber usurpado flagrantemente el nombre "comunista" y
hasta nuestro símbolo, la hoz y el martillo…
Alcaldes como Fermín Azparret,
dirigentes juveniles como Jorge Munguía, maestros como Franklin Távara, todos
ellos militantes comunistas, cayeron por las balas asesinas del senderismo.
Pero también, mujeres como Crista Rubila Fernández, dirigentes sindicales como Juan Andahua y Pedro Huilca, cayeron abatidos por el terrorismo de estado. Los comunistas lucharon y resistieron entre dos fuegos, y el mejor ejemplo de esta heroica lucha tiene como protagonista a Jorge Del Prado, quien siendo Senador de la Republica y Secretario General del Partido Comunista Peruano, sufrió dos atentados contra su vida. El primero tuvo lugar el 22 de marzo de 1984, en la histórica Plaza 2 de mayo, cuando en pleno Paro Nacional, la policía le disparo una bomba lacrimógena en el pecho con un lanza granadas, y el segundo atentado lo sufrió el 28 de enero de 1987, cuando fue atacado con explosivos por las hordas senderistas. De ambos eventosya se han escrito numerosas cartillas que compartiremos con los links, al final del articulo Fueron los comunistas, que, desde la fundación del Partido por el Amauta, lucharon contra todas las dictaduras y gobiernos oligárquicos que abusaron del poder para doblegar violentamente los reclamos de las grandes mayorías. Augusto B. Leguía, Sánchez Cerro, Benavides, Odría, Prado, Belaunde Bermúdez etc., fueron enfrentados por los comunistas como Gamaniel Blanco, Pompeyo Herrera, Simón Herrera Farfán, entre otros, que entregaron su vida en esa lucha desigual contra los esbirros del estado; mientras otros
como Jorge Del Prado e Isidoro
Gamarrapor citar un par de ejemplos sufrieron persecuciones, cárceles y
destierros.
LUCHAS HISTÓRICAS
El 12 de noviembre de 1930 la
naciente CGTP fue declarada ilegal. En aquella oportunidad los obreros de
Malpaso que acudían en apoyo a la huelga minera, fueron interceptados en la
Oroya, y reprimidos brutalmente, dejando el saldo trágico de 34 muertos. A esta
brutal represión se le conoce como la Masacre de Malpaso. En aquella acción de
lucha destaco la participación de Augusto Mateu, Adrián C. Severo, Julio
Portocarrero, Jorge Del Prado y Gamaniel Blanco.
En 1939 el PCP apoyo la candidatura de
Manuel Prado Ugarteche (1939-1945) acatando una directiva de la Komintern que
llamaba a la creación de frentes populares antifascistas durante la Segunda
Guerra Mundial, en 1945 el PCP respaldó al Frente Democrático y a su candidato José
Luis Bustamante y Rivero, quien ganó las elecciones y posteriormente seria
derrocado por Manuel Odría pasando nuevamente el PCP a la ilegalidad.
En la década del 60 el PCP conformó el
Frente de Liberación Nacional, delegando su participación al C. Genaro Carnero
Checa, reconocido periodista y fundador de la OIP y la FELAP. En octubre de
1968 el PCP respalda al gobierno del General Juan Velasco Alvarado que realizo
cambios estructurales en la sociedad peruana reforma agraria, reforma
educativa, comunidad industrial etc.
Después del Golpe del felón Morales Bermúdez
el PCP mantiene un breve lapso de eclecticismo y luego por presión de las bases
sindicales ante el desmontaje de las conquistas sociales de los trabajadores,
impulsó con la CGTP, el Paro Nacional del 19 de Julio de 1977; medida de lucha
que arrincono a la dictadura de Morales Bermúdez y lo obligó a convocar en 1978
a una Asamblea Constituyente y a dejar el poder en 1980. El costo social de aquella
jornada de lucha fue muy alto; 5 mil dirigentes sindicales fueron despedidos dentro
de los cuales el 90 %eran militantes comunistas.
En el Proceso Electoral Constituyente
de 1978, el PCP, participo con lista propia, logrando 6 constituyentes: Jorge
Del Prado, Isidoro Gamarra, Eduardo Castillo, Raúl Acosta Salas, Alejandro
Olivera, y Luís Alberto Delgado.
En 1980 el PCP participó en la Alianza
Unidad de Izquierda, logrando solo dos representantes: Jorge Del Prado para el
Senado y Alejandro Olivera, Diputado.
En septiembre de 1980 se conforma Izquierda
Unida como un frente político electoral para participar en las elecciones
provinciales y distritales, en este proceso IU se consolidó como la segunda
fuerza electoral a nivel nacional con 23,3% de votos obtenidos, por detrás de
Acción Popular (35,8%) y superando al APRA (22,5%). Alfonso Barrantes postuló
para la alcaldía de Lima, obteniendo el segundo lugar (28%), mientras se
ganaron importantes ciudades del interior del país como Arequipa, Puno e Ilo, y los distritos populares de Lima.
En las elecciones municipales de 1983
se reeligieron a los alcaldes de IU de importantes ciudades como Ilo y Puno, se
ganó además las capitales de Cuzco y Lima, afirmándose la candidatura de
Alfonso Barrantes Lingán, y su liderazgo para postular a la presidencia en
1985.
En 1985 el PCP como integrante de la Izquierda Unida, participa en las elecciones con la candidatura de Alfonso Barrantes. Nota aparte. Los días 6 y 7 de octubre del 84, se realiza el IV CDN-IU Ampliado. La noche anterior se había realizado un mitin en la Plaza San Martín donde se proclamaba a Barrantes como candidato a la presidencia En ese evento se apruebo el programa general y la plataforma de gobierno democrático, antiimperialista y la plancha presidencial encabezada por Barrantes e integrada por Jorge del Prado para la 1º vicepresidencia y el poeta Luis Nieto 2º vicepresidencia. Al día siguiente, ante la alevosa campaña macartista, iniciada a horas de su designación, Jorge Del Prado en una muestra de desprendimiento en aras de la unidad, renuncia a su candidatura.
El 14 de octubre Izquierda Unida
recompone su fórmula presidencial con Enrique Bernales y Agustín Haya de la
Torre. Jorge Del Prado, encabezaría la lista de Senadores, en representación
del PCP. En las elecciones de abril del 85, Alan García del APRA obtiene el 48%
de la votación, contra Alfonso Barrantes que logra el 25%. El APRA debería
disputar la segunda vuelta con IU, pero Barrantes declina su participación a la
segunda vuelta. El Apra consigue mayoría en ambas cámaras. Izquierda Unida es
la segunda fuerza parlamentaria con 15 senadores y 48 diputados.
En el I Congreso de IU en enero del 89
el PCP se consolida como la primera fuerza de Izquierda, siendo elegido Jorge
del Prado como primer presidente.
En las elecciones del 90 el PCP participa
en IU con Henry Pease como candidato presidencial obteniendo
el 8.23 %, 6 Senadores y 16 Diputados,
previo al proceso Barrantes se había separado de IU, participando como
candidato de la Izquierda Socialista obteniendo el 4.80 %, 3 Senadores y 4
Diputados.
El 91 enmedio de un comvulsionado Congreso
Nacional del PCP, es elegido Renan Raffo como Sec. General del PCP iniciándose
la época más oscura y decadente del PCP, omparable solo con la gestión de Eudocio
Ravines. En aquella oportunidad se intentó un cambio ideológico pasando de un
PCP marxista-leninista a un PSP socialdemócrata. Se remataron los bienes del
partido con innegables vicios de corrupción, reduciendo al partido a su mínima
expresión, con paralelismos, expulsiones y desconocimiento de organismos locales
y regionales.
En el Congreso Nacional del 2008 es
elegido Roberto de la Cruz, quien encarno el continuismo en la dirección del
PCP, nada bueno o trascendente puede exponer de una gestión parecida a la de su
antecesor.
Tras 26 años de oscurantismo, más de
un cuarto de siglo en el XV Congreso Nacional del 2017, es elegida a la
Secretaría General del PCP, Flor de María Gonzáles Uriola, más conocida como la
"Flor Roja" del PCP y con ella renació la esperanza. A pesar de su
trágica e infausta muerte; en el breve lapso que asumió la dirección, tuvo una trascendencia
notable, convocando a todos aquellos que por diversas razones estaban fuera del
partido, invitándolos a retomar su militancia, recuperando al partido de su debacle
e insertándolo nuevamente en la escena política nacional e internacional. Si en
estos momentos el PCP ha regenerado su capacidad orgánica de lucha y participa
en espacios político sociales que abandonaron las direcciones anteriores desde 1991;
es gracias a la línea de masas que impulso Flor de María y que viene siendo
continuada por Luís Villanueva el dirigente sindical, obrero del andamio, quien
pertenece a la organización sindical más representativa y combativa la
Federación de Construcción Civil; hoy a cargo de la Secretaria General del PCP.
Mañana viernes 17 de setiembre, se
inicia el XVL Congreso Nacional del PCP, evento de gran importancia no solo
para los comunistas, sino para todos aquellos que aspiran a una real justicia
social y mantienen la esperanza de cambio ofrecida electoralmente por el
Presidente Pedro Castillo. Tengo la plena seguridad que este Congreso arribara
a importantes acuerdos para el desarrollo político, orgánico e ideológico del PCP,
asumiendo el legado de su fundador el Amauta José Carlos Mariátegui, y nuestros
dirigentes históricos, Jorge Del Prado, Isidoro Gamarra, Pedro Huilca y Flor de
María Gonzáles, con ellos y con su ejemplo, lucharemos y venceremos.
Por Sergio Nolasco.
lunes, 20 de septiembre de 2021
EL DELITO DE TERRORISMO, LA CONSTITUCIÓN Y EL PODER MEDIÁTICO
Quieren que nada cambie, que el Presidente de la República
haga lo que habría hecho la candidata de la dinastía de la corrupción si
hubiese ganado en la segunda vuelta, y que nombre a los ministros que ella habría
nombrado. Y, mientras el Presidente no se doblegue, seguirán atacándolo y
atacando a sus ministros y a otros funcionarios que él nombre.
Mi opinión es que se debe precisar si esa campaña y esas
acusaciones son compatibles con el ordenamiento jurídico.
La Constitución de 1993 está plagada de artículos que hacen
de nuestro país lo que es jurídicamente, incluso con sus inequidades,
arbitrariedades y discriminación en diversos aspectos. Pero es la Constitución
a la que nuestra sociedad y nuestro Estado deben sujetarse mientras se halle en
vigencia.
En su guerra de agresión, los enemigos del Presidente de la
República y del Partido Perú Libre prescinden de ajustarse a ciertos artículos de
la Constitución a la que, contradictoriamente, se aferran con desesperación para
que no cambie.
Es el caso de su acusación de terroristas contra ciertos
ministros y congresistas.
El delito de terrorismo fue tipificado por el Decreto Ley
25474, del 5 de mayo de 1992. Como por la Constitución de 1993, "ninguna
ley tiene fuerza ni efecto retroactivo (art. 103º), este delito no existía
anteriormente. Más aún, la Constitución dispone que "Nadie será procesado
ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni
sancionado con pena no prevista en la ley." (art. 2º.24.d). Ambas normas constitucionales
son de aplicación absoluta.
Por lo tanto, acusar de terrorista o informar que una persona
cometió hechos no tipificados como terrorismo antes de la fecha de vigencia de ese
Decreto Ley es incurrir en una imputación falsa que ingresa en la tipificación
de los delitos de calumnia, injuria y difamación. Algo similar sucede si se
acusa a una persona de apología del terrorismo por haber aludido a algún
personaje que antes de ese Decreto Ley fue actor de ciertos hechos que
obviamente no pueden ser calificados como terrorismo, puesto que en ese tiempo
este no existía legalmente como delito. Hay injuria cuando se "ofende o ultraja
a una persona con palabras" (Código Penal, art. 130º); hay calumnia si
"se atribuye falsamente a otro un delito" (Código Penal, art. 131º);
y hay difamación cuando "ante varias personas, reunidas o separadas, perode
manera que pueda difundirse la noticia, (se) atribuye a una persona, un hecho,
una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación";
este delito se agrava si se le "comete por medio del libro, la prensa u
otro medio de comunicación social" (Código Penal, art. 132º).
En los ataques e imputaciones de terrorismo a personajes del
gobierno y a parlamentarios existe, sin ninguna duda, la intensión de
desacreditarlos ante la opinión pública y hacerles daño (animus injuriandi y
animus difamandi), y con mayor razón si, según la Constitución, esos
funcionarios solo responden por sus actos como tales (art. 128º y 93º).
Se sigue que la prensa, sus periodistas y otros no tienen el
derecho de aludir a la vida privada o los hechos de las personas no calificados
por el Poder Judicial como delitos. "Nadie debe ser víctima de violencia
moral" (Constitución, art. 2º.24.h). Toda persona tiene derecho "a la
paz, a la tranquilidad" (Constitución, art. 2º22.)
Además, por la presunción de
inocencia: "Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad." (Constitución, art. 2º,24.e). Esta presunción
es relativa cuando existen indicios probatorios de la comisión de un delito que
la fiscalía investiga, y es absoluta si la persona nunca fue acusada y, más aun,
si no fue condenada por algún delito. La presunción de inocencia no deja de existir
si el condenado por un delito sigue discutiéndolo procesalmente. De manera que
imputarle a alguna persona un delito no sancionado en definitiva instancia
viola este derecho e ingresa en la tipificación de la calumnia.
Pero hay algo más en este tema. Es la situación de las
personas que fueron condenadas por algún delito y cumplieron las penas que el
Poder Judicial les impuso. Reintegradas a la vida social general, tienen los mismos
derechos y obligaciones de todos y no pueden ser discriminadas. Se les aplica,
como a todos, la norma que dice: "Toda persona tiene derecho: A la
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra
índole." (Constitución, art. 2º.2). Y esto quiere decir que pueden acceder
a los servicios y bienes a los que todos tienen derecho, a los empleos privados
y públicos y a integrar los órganos de decisión del Estado, situación que
concuerda con la razón de ser del régimen penitenciario: la "reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad" (Constitución, art.
139º.22). Por lo tanto, quien ya cumplió su condena puede reincorporarse a la sociedad
con la plenitud de derechos y obligaciones de todos; y no hay ninguna norma
constitucional que los excluya y discrimine, y la ley no podría contrariar
estos principios.
Uno de mis lectores me reprochó hace algún tiempo que en mis
comentos citara a veces con profusión las leyes aplicables a cada caso tratado.
Le respondí que tenía que hacerlo por mi animus doctum et dicendi (espíritu de
enseñar y exponer), y porque la democracia y el Estado de Derecho se basan en
el acatamiento de las leyes, puesto que, de lo contrario, se caería en la arbitrariedad,
el delito y el caos.
Es curioso constatar, en cambio, que los autores y cómplices
de ciertos delitos, y en particular los de corrupción, estudian a fondo las
leyes que van a infringir, buscándoles fisuras, vacíos o anfibologías por los que
sus abogados puedan irrumpir luego, como si fueran anchas carreteras, a
enfrentarse con los fiscales y jueces si estos no forman parte de sus círculos.
El poder mediático parece disponer para ellos de un código distinto del que
tiene para los políticos andinos que han llegado al poder. Me viene a la mente
el dicho anglosajón Honour among thieves (Honor entre ladrones) que es también el
título de una novela de Jeffrey Archer.
Por Jorge Rendón Vásquez
DEL NEOLIBERALISMO DE FRANCKE A LA GRAN FRUSTACIÓN
PARTE I: Pedro Francke es el ministro de Economía y Finanzas del
Perú y, en tal condición, presentó el presupuesto del sector público para el
año fiscal 2022.
En realidad, esperábamos otra cosa,
no por Pedro Francke, sino por el gobierno al que pálidamente o, mejor, contradictoriamente
representa.
Porque el presupuesto de Francke no
guarda correspondencia ni biunívoca ni imperfecta con los principios del
Gobierno Popular, dando por cierto el discurso del 28 de julio pasado.
Más bien, guarda simpática relación con
la oposición que durante la presentación del ministro guardó los colmillos que
afila para cuando se presente Maraví.
Porque Francke ha presentado un presupuesto
neoliberal. Continuista hasta en los números, hasta en las cantidades. Un
congresista de Podemos, desde un punto de vista técnico y no principista, lo ha
dicho mejor que cualquier otro: el presupuesto de Francke es el mismo que hemos
tenido más de 40 años y solo presenta un incremento nominal, pero ningún cambio.
Es más de lo mismo.
Es más, ese incremento nominal previsto
para el año 2022, como todos los neoliberales, Francke lo mide con respecto al presupuesto de apertura (PIA)
del año 2021 y no con respecto al presupuesto ejecutado del 2021. Un sano
criterio de practicidad, sino de objetividad, debiera hacer una comparación del
nuevo presupuesto previsto con el presupuesto ejecutado o con el modificado que
está en ejecución en el año corriente (PIM), que son los que –práctica social
de por medio – nos miden más realistamente la necesidad de servicios públicos y
la capacidad de gasto para su atención por parte del Estado.
Claro que este no es un presupuesto de
Gobierno Popular, es el presupuesto que dejó elaborado Sagasti o sea su
ministro Waldo Mendoza y que Francke ha hecho suyo, sin una sola palabra de
crítica. Por supuesto que no tuvo rubor cuando, justificando su evidente giro
personal, dijo que una cosa es como opinador y otra cuando se está sentado en
el escritorio (de ministro).
Francke no solamente no ha criticado al
neoliberalismo, sino que ha hecho apología de él. El Marco Macroeconómico
Multianual aprobado a pedido del ministro de Economía y Finanzas es apología
pura y dura, al neoliberalismo. Y el presupuesto de Francke es la consecuencia
lógica de esa apología repetitiva, absurda desde el punto de vista de las
necesidades de la población hacia la cual tiene que ir el gasto presupuestal.
Ni un solo indicador de desarrollo humano,
ni una sola mención a la productividad o al desempleo, al desarrollo o atraso
tecnológico, nada sobre la discriminación que sufren millones de peruanos sin
derecho a los servicios básicos. El presupuesto primario neoliberal de Francke
no mira al Perú, no mira las necesidades de los pueblos, se fundamenta en
estadísticas de la economía externa y en su comparación con indicadores
macroeconómicos que no tienen correlato en la economía familiar, que finalmente
es el fin verdadero de toda economía.
La curiosa situación política del Perú
tiene un elemento más. El Gobierno Popular tiene un presupuesto neoliberal. La
aliada de Pedro Castillo le ha prestado, para el MEF, un ministro que no es
ministro del gobierno popular sino de la oposición.
Esto debe estar desde ahora muy claro:
porque a la hora que el pueblo pida cuentas, se las tendrá que pedir a quienes
están cobrando tan caro su apoyo.
El, ayer nomás, sabiondo crítico del
monopolio cervecero, hoy -ya desde el escritorio- se olvidó de su posición
crítica (no de clase, que es otra cosa) y calló en todos los idiomas sobre esos
monopolios que no pagan los impuestos con los que hay que alimentar
precisamente el presupuesto.
Y por el contrario, dijo que esta vez
Salud se incrementa poco, porque el año pasado ya se incrementó mucho.
La apología al neoliberalismo de la
que Francke está nutrido (y que profesionalmente lo desnutre) le impide
elaborar una propuesta presupuestal al servicio del pueblo.
Hay aquí una incapacidad ya no profesional,
sino de clase.
No podemos aceptar un presupuesto donde
la metodología de su formulación son ajenas a las necesidades del pueblo, que
no nacen de una evaluación objetiva de la ejecución del presupuesto del año anterior.
Resultado de ello es que el presupuesto primario neoliberal de Francke,
prolonga el centralismo distribuyendo el 71% al gobierno central, dividiendo el
resto entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales.
Cuando se vayan agudizando los problemas
económicos y estallen las protestas regionales, posiblemente Francke ya no esté
la frente del timón económico, porque su precario récord laboral lo pinta como alguien
que evita la «fatiga». Pero, cuando el pueblo juzgue, la prensa mediática sin
duda, lo protegerán; y direccionarán toda la responsabilidad a Pedro Castillo;
al Pedro, «Inocencio»; al que sufre el acoso de la derecha y de los que en
verdad son aliados de ésta, los que disfrazados de «progresistas» se han
infiltrado en el Gobierno Popular y ahora cobran su «apoyo» al precio de contaminarlo
al punto de poner en riesgo su carácter popular.
Escrito por el Periodista: Jaime Luis
Chihuala
DECLARACIONES TOXICAS DEL MINISTRO DE JUSTICIA ANÍBAL TORRES
Sin lugar a dudas las declaraciones del ministro de Castillo,
contra Vladimir Cerrón, no son expresiones que representan una postura
individual; sino que forman parte de toda una estratagema para alejar al
secretario General de PERÚ LIBRE, del entorno del gobierno.
Las recientes declaraciones del Ministro
de Justicia Aníbal Torres, al señalar que "Vladimir Cerrón es una influencia
dañina para Pedro Castillo" es una desafortunada expresión que detecta las
valoraciones negativas del ministro Torres, hacia el gestor político que hizo
posible a través de PERÚ LIBRE, la elección presidencial de Castillo y el cargo
ministerial que hoy ocupa.
¿Pero qué razones lo llevan al invitado
ministro Torres, para juzgar la conducta moral de un líder político, que no
conoce, o solo conoce por haber leído o visto “infames” reportajes y crónicas
de “investigación” de la prensa mediática, que intenta por todos los medios
destruir su imagen?
Nos encontramos ante una declaración eminentemente
subjetiva, influenciado por los criterios de una prensa sicaria que acuña
conceptos que solo pueden ser aplaudidos por los grupos de poder económico que manejan
él país.
El pueblo sabe que esta campaña de la
prensa mediática y las acusaciones “legalistas” del poder judicial contra
Vladimir Cerrón, son de carácter cambiante, relativo y circunstancial, y nacen
como consecuencia de su línea y conducta política intachable, ligada a los
grandes intereses de la clase social a la que representa. Y esta persecución
“legalista” de exagerado casuismo normativo; no tiene otro objetivo que
vulnerar su prestigio como político y médico, avasallando sus derechos para
“obligarlo” a huir, y de esta forma neutralizar la ascendencia que tiene sobre
las organizaciones sociales, ganados en la lucha contra el sistema entreguista
y explotador.
¿Donde radican y bajo qué condiciones
operan los límites de protección jurídica a un ciudadano, en una sociedad
democrática?
¿Para el ministro solo le bastan ciertas
premisas conceptuales mínimas, para hacer una estimación pública de sus
valores?
Las apreciaciones subjetivas del ministro
Torres, contra el líder político Vladimir Cerrón, es una afrenta al honor como
valor interno de la persona, basado en su dignidad como ser humano, que lo
legitima para ser respetado por los demás, bajo normas extrajurídicas o de
índole estrictamente jurídica, que, como catedrático del Derecho, debe conocer muy
bien.
Las expresiones del ministro, vulnera
los valores esenciales que deben imperar en una sociedad democrática; derecho
fundamental que nada tienen que ver con criterios discriminatorios, apriorísticos,
intolerantes o ideológicos.
Por su parte la Bancada de Perú Libre,
a través de un Comunicado, ha rechazado estas expresiones en forma contundente:
"Las relaciones entre el partido, el gobierno y el pueblo están
debidamente establecidas desde el inicio de la campaña, así como sus
interlocutores facultados para pronunciarse o tomar decisión alguna", finaliza
su comunicado.
El cargo que hoy ostenta Aníbal Torres,
dicho sea de paso -temporal y efímero como todo en la vida-, son la de proteger
la libertad de cada sujeto para elegir
su forma de vivir y de evolucionar frente a las limitaciones de un sistema que
cuestiona ciertos “juicios de valor”.
Su trabajo es la de garantizar los derechos
fundamentales de la dignidad humana, valores esenciales e imprescindibles en
una sociedad democrática; donde a todos los ciudadanos por igual, dentro de una
pacífica y civilizada coexistencia, sean de corte y fundamento constitucional, como
en cualquier democracia que se precie de serlo.
El código ético, en toda democracia, debe
mantener los niveles de reconocimiento social e individual, más aún viniendo de
un administrador de justicia, que representa el sentir de millones de
esperanzas que a pesar de la sucia campaña contra los “comunistas” y
“terroristas”, emprendida por la derecha fascista, votó contra el
neoliberalismo, por un programa de cambios en lo político social y económico y
por una Nueva Constitución.
Luis Rodríguez – Director (Edición
Digital Nº 1 - MARKA)
jueves, 9 de septiembre de 2021
DETENCIÓN ARBITRARIA DE LOS LÍDERES INDÍGENAS AGOUSTINA MAYAN E ISAÍAS MAYÁN
La Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica
(COICA) informa a los medios de comunicación y a la opinión pública lo
siguiente:
1. El día de hoy tomamos conocimiento de la detención
arbitraria de la lideresa awajún
Agustina Mayan, ex presidenta de la Organización de Desarrollo de las
Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), e Isaías Mayán, vice presidente
de la Federación Indígena Awajún del Alto Comainas y Sawientsa (FIACSA),
organizaciones bases de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la
Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP). Luego de sus participaciones en el XXV Congreso
Nacional de la AIDESEP, los líderes fueron detenidos por la Policía Nacional
del Perú mientras realizaban su ingreso en el Aeropuerto de Pucallpa para
retornar al departamento Amazonas, y fueron trasladados a la Comisaría de
Pucallpa, en Ucayali – Perú.
2. La orden de detención estaría vinculada a las acciones de
defensa de las cuencas del Cenepa, provincia de Condorcanqui en Amazonas –
Perú, que realizaron por la presencia de actividades de minería ilegal y narcotráfico
en el sector, es decir, se trataría de una criminalización a su rol como
defensores por haber ejercido la defensa de sus territorios y derechos como
pueblos indígenas.
Ante la evidente vulneración de derechos, desde la COICA, a
través de nuestro Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas y
sus organizaciones base en los 9 países, expresamos nuestro total rechazo y
condenamos las detenciones arbitrarias contra nuestros hermanos y hermanas
indígenas, quienes son criminalizados por la justicia peruana por realizar
acciones de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, acción
que se está volviendo una constante en la cuenca amazónica. Respaldamos la
convocatoria pacífica de nuestras bases, en específico de las comunidades del
Cenepa en favor de la liberación inmediata de la hermana Agustina y el hermano
Isaías.
Hacemos un llamado al nuevo Gobierno peruano para que, a
través del Ministerio público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
la Defensoría del Pueblo coordinen acciones para la liberación inmediata y un
debido proceso con respeto al Convenio 169 de la OIT y demás estándares
internacionales en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Así como se
brinde acciones de urgente protección para garantizar la integridad de nuestros
hermanos, en su calidad de defensores indígenas, en el marco de la activación
de su mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de
derechos humanos.
Finalmente, hacemos un llamado a los organismos
internacionales de derechos humanos, organizaciones sociales y a la opinión
pública en general a pronunciarse y solidarizarse en defensa de los y las
defensoras indígenas en Perú y en toda la cuenca amazónica, quienes se ven en
una situación de alta vulnerabilidad, aún más en el actual contexto por la
pandemia del Covid-19.
Quito, 10 de agosto 2021
Fuente: COICA.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de
combustibles fósiles que ya no pueden evitar que el calentamiento global se
intensifique en los próximos 30 años, aunque todavía hay una corta ventana para
evitar un futuro más angustioso, según concluye un nuevo e importante informe
científico de las Naciones Unidas.
“No hay vuelta atrás en algunos cambios del sistema
climático”, dijo Ko Barrett, vicepresidenta del panel y asesora principal para
el clima en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Pero,
añadió, la reducción inmediata y sostenida de las emisiones “podría hacer
realmente la diferencia en el futuro climático que tenemos por delante”.
El informe, aprobado por 195 gobiernos y basado en más de
14.000 estudios, es el resumen más completo hasta la fecha de la ciencia física
del cambio climático. Será un punto central cuando los diplomáticos se reúnan
en noviembre en una cumbre de la ONU en Glasgow para discutir cómo intensificar
sus esfuerzos para reducir las emisiones.
Un número cada vez mayor de líderes mundiales, entre ellos el
presidente de Estados Unidos Joe Biden, han respaldado el objetivo de limitar
el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, aunque las políticas actuales de
los principales países contaminantes siguen estando muy lejos de alcanzar esa
meta. Los diez mayores emisores de gases de efecto invernadero son China,
Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán
y Canadá.
El nuevo informe no deja lugar a dudas de que el ser humano
es responsable del calentamiento global, y concluye que prácticamente todo el
aumento de las temperaturas medias globales desde el siglo XIX ha sido
impulsado por las naciones que queman combustibles fósiles, talan los bosques y
cargan la atmósfera con gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono
y el metano, que atrapan el calor.
Según el informe, los cambios climáticos que se han producido
hasta la fecha casi no tienen parangón en la historia de la humanidad. Es muy
probable que la última década sea la más calurosa del planeta en 125.000 años.
Los glaciares del mundo se están derritiendo y retrocediendo a un ritmo “sin
precedentes en al menos los últimos 2000 años”. Los niveles atmosféricos de
dióxido de carbono no han sido tan altos en al menos dos millones de años.
Ver nota completa en: https://www.nytimes.com/es/2021/08/09/espanol/ipcc-reporte-cambio-climatico.html
Fuente: New York Times
Imágenes: El Agora Diario
SATÉLITES CONFIRMAN QUE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA SIGUE FUERA DE CONTROL
Según ha informado este viernes Greenpeace, el pasado martes
la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley PL2633, “una
legislación que quiere legitimar el acaparamiento de tierras públicas” y que
para la ONG “está directamente relacionada con la deforestación de un tercio de
toda la superficie que pierde la Amazonia brasileña”.
La organización advirtió que “si el Senado brasileño aprueba
la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la Amazonía se precipitará,
destruyéndose partes de la selva tropical que son clave para prevenir los
peores escenarios de emergencias climáticas y de biodiversidad”.
El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE)
ha hecho públicos los datos de deforestación entre agosto de 2020 y julio de
2021, registrándose una pérdida de 8.712 kilómetros cuadrados (Km2), la segunda
mayor cantidad de deforestación anual jamás medida por el sistema de alerta
DETER-B.
“Tras el proceso de desmantelamiento de las leyes de
protección ambiental, el gobierno de Jair Bolsonaro y el congreso brasileño
están tratando ahora de recompensar a los que practican la deforestación ilegal
y el robo de tierras”, ha afirmado la portavoz de Greenpeace Brasil, Cristiane
Mazzetti, quien ha añadido que “esto empeorará la actual crisis climática y de
biodiversidad”.
Según ha informado este viernes Greenpeace, el pasado martes
la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley PL2633, “una
legislación que quiere legitimar el acaparamiento de tierras públicas” y que
para la ONG “está directamente relacionada con la deforestación de un tercio de
toda la superficie que pierde la Amazonia brasileña”.
“A pesar de las recientes promesas de Bolsonaro de abordar la
deforestación ilegal, y al tiempo que espera negociar acuerdos comerciales con
la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, él y sus aliados están
impulsando un conjunto de proyectos de ley que permitirían una mayor
deforestación y socavarían el derecho de los pueblos indígenas sobre sus
territorios”, ha dicho.
“Pocos creían en las falsas promesas de Bolsonaro de reducir
en un 10% la deforestación. Mientras su gobierno sigue debilitando la capacidad
de las agencias ambientales para hacer cumplir la ley, por tercer año
consecutivo se vuelve a recurrir a las fuerzas armadas para investigar delitos
ambientales, una estrategia que ha demostrado ser ineficaz”, continua Mazzetti.
En este sentido, ha advertido de que “si el Senado brasileño
aprueba la ley de acaparadores de tierras, el colapso de la Amazonía se
precipitará, destruyéndose partes de la selva tropical que son clave para
prevenir los peores escenarios de emergencias climáticas y de biodiversidad”.
Cada año, Greenpeace Brasil sobrevuela el Amazonas para
monitorear la deforestación y los incendios forestales sobre alertas del
sistema Deter (Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real) y Prodes
(Proyecto de Monitoreo Satelital de la Amazonia Brasileña), además de puntos de
calor notificados por el Inpe (Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales), en los estados de Amazonas, Rondônia, Mato Grosso y Pará.
En un sobrevuelo realizado en la última semana de julio,
Greenpeace localizó incendios en varias zonas afectadas por la deforestación,
incluida una zona deforestada que abarcaba 2.716 hectáreas (equivalente a 3.888
campos de fútbol). Es de esperar que estas áreas parcialmente taladas ardan en
las próximas semanas, cuando la vegetación restante se vuelva más seca y más
susceptible al fuego.
Original source: América Economía
Foto: Diario El Mundo
IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DEL CASO DE ACHINAMISA EN LA PROTECCIÓN DEL TERRITORIO COMUNAL
“No configura delito de secuestro, cuando una comunidad
nativa retiene personas que ingresan a su territorio sin pedir autorización o
permiso”.
En el año 2013, tres funcionarios públicos y una persona
natural ingresaron al territorio de la comunidad nativa Ankash Yaku de
Achinamisa, bajo el pretexto de una actuación Fiscal por un supuesto delito de
desbosque. En ese momento, estas personas, fueron interceptados por un grupo de
comuneros solicitándoles que se reúnan en el local comunal para que expliquen
el motivo de su presencia, negándose a participar en la Asamblea.
El jefe de la comunidad, Elias Sinti Panduro, comunicado del
incidente personalmente fue al encuentro de las personas extrañas a la
comunidad, que pretendían salir por un camino alterno, para invitarlos por
segunda vez a la asamblea comunal para que expliquen el motivo de su ingreso al
territorio de la comunidad. Nuevamente las personas extrañas a la comunidad se
negaron y por tal motivo, el jefe de la comunidad ordenó que sean llevados
compulsivamente al local comunal para que expliquen el motivo de su ingreso.
Durante su traslado al local comunal, se produjeron forcejeos
y empujones debido a la violencia con la que actuaban contra la autoridad
comunal.
En la asamblea comunal, los funcionarios públicos, después de
un largo debate comunal, firmaron el acta de la asamblea, donde se especifica
que estaban realizando trabajos preliminares para el otorgamiento de un derecho
a la persona natural que los acompañaba, por 750 hectáreas dentro del terreno
comunal. Es así, que después de informar y firmar el acta se comprometieron a
respetar el territorio comunal y que los propios líderes indígenas realizarían
otras gestiones para garantizar la protección territorial.
Cuando estas cuatro personas salieron de la comunidad Ankash
Yaku de Achinamisa, interpusieron una denuncia por secuestro contra 11
comuneros que fueron absueltos el lunes seis de setiembre por la Sala de
Apelaciones y Liquidadora San Martín – Tarapoto (en adelante Sala).
Lo resaltante de esta sentencia en primer lugar es que; se
reconoce judicialmente que el reconocimiento de las comunidades nativas es sólo
declarativo y no constitutivo de derechos. Es decir, que los derechos de las
comunidades no se pueden reconocer a partir de la fecha en que se obtiene la
resolución de reconocimiento de una comunidad nativa, sino que los derechos
como comunidad existen con anterioridad y por lo tanto no deben ser
restringidos o desconocidos. Aquí se resalta la autodeterminación como pueblo
indígena, antes que el trámite administrativo de reconocimiento como comunidad
nativa.
En este caso, los hechos sucedieron en mayo del 2013 y el
reconocimiento de la comunidad nativa se obtuvo en agosto del mismo año; eso no
significó que la Sala desconociera los derechos que como comunidad le son
asignados.
En segundo lugar; se reconoce la integralidad del territorio
señalado el proceso de titulación. La Sala incorpora como medio probatorio el
mapa de la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamisa presentado en el proceso
de titulación, que aún no esta resuelto en la Dirección Regional de
Agricultura, pero lo reconoce en su integralidad, guardando relación con lo
señalado en el artículo 12 del Decreto Ley N° 22175 Ley de Comunidades Nativas
y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva. La sentencia hace suyo
el informe de la Dirección Regional de Cultura que reconoce que; el territorio
de la comunidad nativa puede incorporar caseríos, centros poblados, distritos y
provincias e incluso países; en ese sentido, al no encontrarse definitivamente
establecido el territorio comunal por el Estado, reconoce que el territorio
delimitado por la comunidad en el proceso de titulación debe ser reconocido
integralmente, sustentando de esta manera el elemento geográfico del
reconocimiento del derecho consuetudinario que puede ejercer la comunidad
nativa.
Este razonamiento de la Sala, garantiza la autodeterminación
de los pueblos indígenas sobre su territorio, sin importar lo que se resuelva
administrativamente, porque ello devendrá en actos de disposición o de garantía
de su territorio, pero serán los propios pueblos indígenas quienes resuelvan
esta controversia en sede administrativa.
El tercer punto a resaltar, es que los actos sometidos a
juicio fueron en el marco del control sobre el ingreso no autorizado al
territorio comunal. En ese sentido, la Sala con la absolución de los líderes
indígenas, reconoce que las comunidades nativas tienen el derecho de controlar
el ingreso no autorizado a sus territorios, incluso cuando éstos no se
encuentren titulados. Motivo por el cual, se hace necesario una articulación de
las políticas públicas entre el gobierno y las entidades representativas de los
pueblos indígenas, para evitar más enjuiciamientos a líderes indígenas. Por
citar un ejemplo, la sentencia de la Sala señala respecto a la ley de
coordinación entre la jurisdicción especial y ordinaria refrendado en el
artículo 149 de la Constitución de 1993 que; “han pasado 27 años desde que
entró en vigencia y el legislador aún no ha cumplido dicho mandato
constitucional”.
Por último, hay mucho camino en el quehacer jurídico respecto
a la interpretación intercultural sobre el respeto de los derechos
fundamentales. Si bien es cierto, el máximo intérprete de la Constitución nos
señala algunos criterios en los casos vinculados con el derecho
consuetudinario; sin embargo, éstos siguen siendo aún son muy subjetivos. Allí
radica la importancia de los espacios de coordinación entre ambas formas de
administración de justicia, que en la región San Martín se viene fortaleciendo
a través de la Escuela de Justicia Intercultural. En el presente caso, el
Ministerio Público, respecto a los certificados médicos practicados a los
denunciantes, consideraban que se habían vulnerado los derechos fundamentales
por tener escoriaciones y otras laceraciones en la piel como consecuencia de
del traslado de estas personas a la asamblea comunal; mientras que la Sala
consideró que las medidas tomadas por la comunidad no fueron desproporcionales
y que se sustentan en el cumplimiento de su deber como autoridades. En otras
palabras; fue parte del ejercicio del “imperium” que tiene toda autoridad
jurisdiccional para que sus disposiciones puedan ser cumplidas, incluso
aplicando la fuerza.
En resumen, esta sentencia representa un gran avance en la
protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y en el
ejercicio de las funciones jurisdiccionales en comunidades nativas que aún
están pendientes de titulación.
Abog. Ruben Ninahuanca.
SON ACTUALMENTE CINCO LOS PRIMEROS TERRITORIOS INDÍGENAS PERUANOS QUE SE HAN AUTORRECONOCIDO COMO UN TERRITORIO DE VIDA, ES DECIR, UN TICCA
Los primeros TICCA peruanos: autorreconocimiento y registro
Son actualmente cinco los primeros territorios indígenas
peruanos que se han autorreconocido como un Territorio de Vida, es decir, un
TICCA. Con ello han impulsado proyectos que apuntan a fortalecer su gobernanza,
a la vez que emprenden procesos para formar parte del registro TICCA, un
reconocimiento internacional que pone el acento en el aporte de sus territorios
y el rol de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad del
planeta.
De acuerdo al reporte “Territorios de vida: Informe 2021”, a
cargo del Consorcio TICCA, el 45 por ciento de las grandes áreas silvestres de
la cuenca del Amazonas se encuentra en territorios indígenas, donde la tasa de
deforestación es más baja y el riesgo de incendios forestales es menor, incluso
que en las áreas protegidas por los estados.
La razón de ser de un TICCA (territorios y áreas conservadas
por pueblos indígenas y comunidades locales) es que las decisiones y los
esfuerzos del pueblo o de la comunidad conducen a la conservación de la
biodiversidad, funciones ecológicas y los valores culturales asociados,
independientemente de las motivaciones originales o primarias.
Y es que, a pocos días de realizarse la Cumbre de Naciones
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, durante el Congreso Mundial de la
Naturaleza o, en 2022, la próxima Conferencia de Partes (COP 15) de
Biodiversidad, por fin están en agenda pública la conservación del planeta y
sus actores protagónicos.
Todo está relacionado. Por ejemplo, nuestra calidad de
alimentación depende de cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Igualmente, la mitigación
y adaptación a la inminente crisis climática en gran medida dependen de la
conservación de territorios clave como los bosques amazónicos, donde habitan
estos pueblos.
Entonces, es preciso decir que no se tomó en cuenta que los
pueblos indígenas, defensores de estos territorios, con esta labor cobran la
mayor importancia, pues sin ellos, los estados no se darían abasto para cuidar
zonas que producen alimentos sanos y habría mayor contaminación ambiental al
disminuir la biodiversidad a la velocidad actual en la que va.
A pesar de todo, los derechos de las poblaciones y
comunidades indígenas solo han sido reconocidos formalmente en una pequeña
porción de las tierras reclamadas. Gran parte de dichas áreas no están
cubiertas por el estado y se rigen de forma autónoma por los pueblos indígenas,
demostrando que son capaces de mantener la naturaleza fuera de los sistemas
estatales formales.
Los TICCA iniciales en el Perú
Si bien diversos pueblos indígenas en esencia calzan en la
categoría TICCA, sus prácticas ancestrales los convierten en agentes
fundamentales para la conservación desde mucho antes y más allá de cualquier
denominación que ello pueda tener.
En el caso de los pueblos amazónicos peruanos, son hasta el
momento cinco los territorios indígenas que han emprendido el camino de su
reconocimiento como TICCA. Estos son:
Estos, como otros territorios amazónicos fuera de esta lista, coinciden con una visión de conservación de sus territorios, dentro de una convivencia en armonía con el medio ambiente para mejorar su propia calidad de vida.
Para ello conservan aún sus tradiciones ancestrales a través
de lazos familiares, poseen mitos y leyendas que indican que tanto animales
como plantas tienen espíritus al igual que los seres humanos, por lo que viven
agradecidos con la naturaleza.
Se sienten en el deber de cuidar y respetar los tiempos de
veda en caza, pesca y recolección, realizan reforestación; en general, evitan
que nadie atente contra sus territorios conservados.
Sin embargo, pese a todo lo que están logrando, no cuentan
con un decidido apoyo estatal, acentuando su vulnerabilidad a diversas
presiones sobre sus territorios. La tala indiscriminada, la minería ilegal
entre otras amenazas son combatidas persistentemente y con vehemencia por ellos
mismos
Esta resistencia no sería posible sin la gobernanza que ellos
ejercen en sus territorios. Esta realidad preocupante es reconocida desde el
contexto internacional y desde el propio Consorcio TICCA.
Las primeras iniciativas TICCA
Ante ello, desde la iniciativa Apoyo Global a los TICCA
(GSI), a través del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estos cinco territorios actualmente
forman parte del proceso de "Autofortalecimiento de territorios y áreas
conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) emblemáticos en
la Amazonía peruana".
Así, cada uno de ellos actualmente ejecuta proyectos en favor
de la gobernanza indígena, tales como el fortalecimiento de los autogobiernos y
naciones indígenas, liderazgos y capacitaciones comunales, seguridad jurídica y
defensa del territorio, economía indígena, entre otros.
Cada una de estas iniciativas también aspira a un objetivo
mayor: lograr el reconocimiento de los TICCA en los ámbitos local, nacional e
internacional.
El GTANW, un sistema de vida
El GTANW representa a la nación Wampís y es uno de los
territorios que calza en la categoría de TICCA. Con una extensión territorial
de 1 327,760 hectáreas donde se asientan 22 comunidades, tiene alrededor de 15
300 habitantes. Se refieren a su territorio ancestral como Iña Wampisti Nunke.
Reconocidos como un territorio autónomo a nivel
internacional, al amparo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de 2007 de las Naciones Unidas, cuenta con una red de aliados y goza
del reconocimiento fáctico de muchas instituciones del estado.
Con su proyecto en favor de la gobernanza territorial del
GTANW, apuntan a potenciar sus fortalezas ambientales, climáticas y sociales,
encontrándose actualmente comprometidos en fortalecer su estrategia contra la
crisis climática.
Los Wampís tienen como objetivos también mejorar su
artesanía, perfeccionar la producción de plantas medicinales, piscigranjas y
ampliar la exportación del plátano hacia Ecuador.
De otro lado uno de los logros más notables en defensa de su
territorio fue en 2018. Luego de una acción coordinada y continua con las
autoridades nacionales, los Wampis lograron expulsar la minería ilegal de oro
instalada a lo largo del río Santiago. Conscientes de la posibilidad de retorno
de estas mineras, la vigilancia sigue siendo permanente.
Yurilamas y la vigilancia comunal
La comunidad nativa de Yurilamas, de origen Kichwa, priorizó
en su proyecto la vigilancia y control comunal del territorio. Para ello
impulsaron la conformación de un comité de vigilancia comunal.
Asimismo, desplegaron acciones de alinderamiento. Esto último
especialmente porque los límites del territorio indígena se vieron presionados
por invasiones, acentuadas durante la pandemia del COVID-19, así como el avance
de la tala ilegal.
Su economía de subsistencia se basa en la producción agrícola
(sacha inchi, frejól, cacao, arroz y café), crianza y venta de animales como
majaz, pero sólo caza para consumo. Su territorio abarca 31 mil hectáreas.
Son aproximadamente una población de 300 habitantes. Cabe
señalar que, durante su proceso de consulta pública, el 100% de los comuneros
estuvieron de acuerdo en autorreconocerse y registrarse como un TICCA.
Los riesgos de los límites de territorios Matsés
Su territorio está titulado desde el 15 de julio de 1993 y
cuentan con una ampliación del año 2012. Tiene un total de 512,796 hectáreas,
lo que la convierte en la comunidad nativa titulada más grande del Perú.
Sus límites son, por el norte: Colonia Angamos, sur: Parque
Nacional Sierra del Divisor, por el este: Brasil; y por el oeste: Reserva
Nacional Matsés.
Junto a la comunidad Matsés, la organización Acaté Amazon
Conservation trabajó estrechamente con ellos, embarcándose además en la
preparación del expediente Matsés para su registro como TICCA.
Actualmente están desarrollando la última fase de su
proyecto. El objetivo es aprovechar sosteniblemente productos forestales no
maderables que generen ingresos económicos significativos a la comunidad y así
disminuir la migración y depredación de su territorio al no existir más
actividad económica que no fuera la madera.
La comunidad Matsés también debe lidiar con diversas
presiones en sus territorios, tales como el temor por la construcción de la
carretera “Genaro Herrera”, la cual generaría un impacto ambiental que
expondría 500 mil hectáreas de bosque que alberga vida salvaje y especies en
peligro de extinción, así como a pueblos indígenas no contactados.
Los pueblos indígenas Matsiguenka y Harakbut
En los casos de las comunidades indígenas en Madre de Dios:
Territorio ancestral Harakbut y el Pueblo Indígena Matsiguenka, en ambas
iniciativas se apuesta por el fortalecimiento de la identidad territorial a
través de su autorreconocimiento como TICCA y promoviendo la discusión entre
pueblos hacia una visión de territorios integrales.
Asimismo, también impulsan acciones para la seguridad
jurídica hacia la consolidación territorial, así como en favor de la economía
indígena, fortaleciendo sus capacidades para el uso de semillas como
alternativa para la puesta en valor de los recursos naturales de la comunidad,
además de crianza de peces para la seguridad alimentaria.
Las comunidades que conducen estos proyectos son Santa Rosa
de Huacaria y Palotoa Teparo. Sin embargo, al primar una visión de territorios
integrales, estas acciones se extienden a otras comunidades.
Beneficios de los TICCA para los pueblos indígenas y
comunidades locales
Sin embargo, no basta que dichos territorios indígenas reúnan
las características de lo que se denomina un TICCA, el primer paso que deben
dar es el de auto reconocerse como tal.
Este autorreconocimiento es el inicio de un proceso que
culmina con su registro, un reconocimiento avalado además internacionalmente, y
que conlleva ventajas como:
Mayor reconocimiento que podría ayudar en la obtención de
financiación y apoyo para acciones comunitarias.
Promover la discusión y documentación de los TICCA, lo cual
puede ayudar a las comunidades a apreciar los múltiples valores de sus
territorios, mejorando la apreciación de sí mismas, fortaleciendo la
solidaridad dentro de la comunidad y promoviendo la comunicación
intergeneracional y el compromiso de los jóvenes.
El proceso de registro puede desencadenar nuevas (o mejorar
las actuales) dinámicas participativas, incluyendo un mayor compromiso de los
jóvenes, lo cual puede beneficiar la gobernanza general de los TICCA.
Aspectos de la información de los TICCA y de los
conocimientos tradicionales que de otra forma podrían estar amenazados, pueden
ser almacenados y protegidos.
Es posible que registrando los TICCA en Base de Datos Mundial
sobre Áreas Protegidas y en el Registro TICCA se contribuya a su seguridad,
incluso al proporcionar una mayor visibilidad y legitimidad, o al mejorar el
reconocimiento y el respeto por la tenencia de colectiva, la autodeterminación,
los valores culturales locales y los derechos colectivos de los custodios.
Beneficios potenciales del turismo debido a una mayor
exposición (estos deben ser sopesados frente a los riesgos potenciales del
turismo excesivo).
Un sentido de solidaridad con otros TICCA.
Los registros TICCA
Luego del autorreconocimiento de los territorios como TICCA,
un proceso hacia adentro de las comunidades y pueblos, lo que sigue es que este
reconocimiento se extienda hacia el exterior. Para ello se puede aplicar el
registro TICCA.
Este proceso incluye el reconocimiento entre pares, así como
la recolección de una serie de datos para la conformación de un expediente que,
al ser enviado con la información solicitada para ser evaluado, hará posible el
reconocimiento oficial de dicho territorio como un TICCA.
Las comunidades custodias, tras un proceso de consulta
interna, pueden enviar su información a la Base Mundial de Datos sobre Áreas
Protegidas (WDPA), como también al Registro TICCA. El registro mundial TICCA es
un mecanismo creado para crear conciencia de la importancia de las prácticas de
conservación lideradas por pueblos indígenas.
Ambos contribuyen a hacer un seguimiento sobre los esfuerzos
de conservación alrededor del mundo como a aumentar la cantidad de información
respecto a la conservación liderada por pueblos indígenas y comunidades
locales.
Embarcarse en el proceso de registrase también constituye una
oportunidad para los pueblos indígenas de compartir información sobre sus
TICCA.
Así contribuyen a una mejor comprensión de la magnitud global
de áreas protegidas y conservadas, y a una mayor apreciación de las
contribuciones de los TICCA a la conservación, así como los retos que se
enfrentan en la defensa de sus territorios y formas de vida frente a diversas
amenazas.
En el caso de los primeros TICCA amazónicos, luego de haberse
autorreconocido como TICCA, han emprendido sus procesos de preparación de
expedientes para registrase sea en la WDPA, como también al Registro TICCA.
El registro es un reconocimiento que, si bien no tiene un
carácter vinculante, apunta a convertirse en una figura que refuerce la
protección a los territorios indígenas de diversas amenazas desde las políticas
públicas de los estados.































