viernes, 4 de marzo de 2016

PASARÁN A UNA SEGUNDA VUELTA LOS CANDIDATOS KEIKO FUJIMORI Y JULIO GUZMÁN



Los  candidatos Keiko Fujimori y Julio Guzmán están empatados en el primer lugar de favoritismo para ganar las próximas elecciones de acuerdo a la casa de apuestas en línea Betsson.pe. A ellos les siguen Pedro Pablo Kuzcynski, Alan García junto a Alfredo Barnechea y César Acuña.

En las apuestas sobre quién será el próximo presidente del Perú, (2.75 x cada US$ Dólar apostado), mientras que la cuota de Pedro Pablo Kuzcynski es de 4.00, Alan García y Alfredo Barnechea 5.00 y César Acuña 10.00.

“Pasarán a una segunda vuelta de apuestas entre los candidatos Keiko Fujimori y Julio Guzmán”, según Oscar Baduena, especialista de Betsson.pe.

El en el primer lugar tras la confirmación de que continúa en carrera y el aumento en la intención de voto a su favor, con lo cual ha logrado distanciarse de PPK quien era su más cercano competidor. Por otra parte, el empate de Barnechea con García refleja el importante crecimiento del candidato de Acción Popular en las últimas semanas. Caso diferente es el de César Acuña, cuyas probabilidades han descendido tras las denuncias en su contra.

“Todos los días hay una opción distinta en el nivel de apuestas de los candidatos, en el Termometro Online determina en que posiciones se encuentran los candidatos para la presidencia, indicó Baduena.

¿Cómo se determinan las cuotas de los candidatos?

Cabe mencionar que los especialistas de Betsson.pe fijan las cuotas siguiendo un modelo de administración de riesgos basado en un análisis estadístico que considera los últimos acontecimientos políticos y el número de apuestas recibidas por cada candidato. Mientras menor es la cuota, más alta es la probabilidad de que el candidato resulte ganador.

“Tenemos un gran movimiento de apuestas entre Política y fútbol internacional, pero hemos descubierto que en el Perú los apostadores son jóvenes y se inclinan en apostar en la Política”, comentó Baduena.

En los principales países del mundo las apuestas sobre política son consideradas como indicadores válidos de las contiendas electorales. Las cuotas son dinámicas y reflejan en tiempo real lo que está ocurriendo en la campaña electoral mientras que las encuestas tienen un desfase de varios días y un mayor grado de subjetividad.



CONTAMINACIÓN PETROLERA




Los costos hundidos de la contaminación son asumidos por las poblaciones afectadas, generándoles más necesidades, escasez de recursos naturales y afectando negativamente su bienestar y su calidad de vida en el corto y mediano plazo.

Detrás de cómo se tratan y solucionan (o no) los conflictos socioambientales (en sus diferentes estadíos) se encuentran lógicas económicas y de valor respecto al ecosistema, el territorio y al uso y manejo de los recursos naturales y del espacio. Estas lógicas económicas se evidencian al momento de un conflicto en los actores claves: Las empresas, El Estado, las poblaciones (principalmente) y la sociedad civil.

Los últimos derrames de petróleo en diferentes localidades de la Amazonía y los discursos frente el acontecimiento muestran las lógicas de valor en disputa al momento de hablar de lo que importa o de lo que se impacta con la contaminación y los tiempos de remediación y compensación.

Lastimosamente en nuestro país las prácticas de remediación y compensación se dan desde criterios de mercado; es decir, lo que tiene valor de uso y valor de cambio; en el caso del último derrame: el crudo (que saltó a la luz por las reacciones de Petroperú al pagar por la recolección de este recurso) y los valores relacionados con el río, agua y recursos hidrobiológicos (que se evidencian en la mayoría de los análisis). Además el tiempo de remediación considerando solo remediación del recurso físico (suelo y agua) y no de la remediación biológica (flora y fauna) o de la compensación social (uso de la flora y fauna con fines de consumo que se hacen posibles en el mediano plazo).

Sin embargo, existen mayores valores de uso que se invisibilizan estratégicamente, a mi juicio, para “reducir” el real impacto de la contaminación y el real costo hundido que asumen las poblaciones impactadas por desastres ambientales.

El ecosistema es un gran proveedor de recursos en economías como el de las familias afectadas. En 2014, un estudio en el que participé, realizado en tres comunidades impactadas por contaminación por crudo por la empresa Pluspetrol Norte encontró que del total de actividades relacionadas al aprovechamiento del ecosistema y al trabajo no remunerado (uso de plantas medicinales, recolección, tala, caza, pesca, agricultura y crianza de animales) el 66% se destina a autoconsumo y el 34% restante tiene fines de venta. Esto dentro de su presupuesto significa un incremento positivo de cerca del 59% a su consumo. Es decir, los impactos ambientales no sólo afectan al ecosistema sino van directamente a afectar la canasta familiar de las comunidades.

Los impactos afectan directamente a los recursos naturales de los cuales las familias se abastecen para cubrir sus necesidades, la contaminación reduce significativamente la provisión de los ecosistemas generando una inmediata escasez y crea nuevas necesidades relacionadas fundamentalmente a la salud; todo lo cual implica acceder al mercado y desplazarse, esto en lugares donde el costo del transporte es elevado. En suma, nuevas necesidades que requieren recursos monetarios para cubrirlas; es decir, se genera una necesidad sobre todo salarial.

Todo esto hace de la contaminación un impacto de mayores proporciones de lo que uno puede imaginar. Es por ello que en el mundo es cada vez más frecuente la migración forzada por motivos de contaminación, y es que no se está midiendo o visibilizando el real valor del impacto a las familias, a toda la comunidad y al ecosistema.

¿Qué hace el Estado? Si es el mismo Estado quien con desidia no hizo mantenimiento en el 2015 a un ducto de cerca de 40 años y su primera reacción fue de pagar a la población para que recojan el crudo sin importar los efectos en la salud que ello supone. Si es el mismo Estado quien condona mediante leyes de urgencia multas por contaminación a empresas privadas.


¿Qué hace el Estado si ni siquiera los escucha y evade cumplir con la consulta previa?



Escrito por:   Kelly Alfaro

BECA 18, NEGOCIO PRIVADO DE 1,000 MILLONES DE SOLES Y 30% DE DESERCIÓN




1) Un programa que le paga a Universidades privadas "prestigiosas" que además NO pagan impuesto  al Estado por su negocio lucrativo es por decir lo menos de mediocre negociación.

¿Cómo un Estado que le da beneficios tributarios a estas universidades tiene que pagar por estudiantes becados de extrema pobreza?

¿No hubiera sido correcto que el Presidente del Perú o los ministros de educación y economía los llamen a estos "beneficiados" tributarios para negociar?

Negociar qué?, se preguntan?

Si, negociar. Decirle lo siguiente a cada uno de los rectores:

"A ver viejito, siéntate. El Estado Peruano no te cobra impuestos y te has beneficiado tanto que ahora tienen ingresos son astronómicos(*). Ahora el Perú necesita que retribuyas ese beneficio que te dieron todos los Peruanos. ¿Con cuantas becas para alumnos de extrema pobreza puedes ayudar?.... no pensaras cobrarle al Estado, no? ....eso seria ser un poquito cara dura, no te parece? "

No, pero Ollanta Humala no hizo eso. Destinó a estas Universidades "prestigiosas" y que no pagan impuestos, según cifras del propio gobierno,  1000 millones de soles para cubrir los gastos de este programa..... Dicho sea de paso, ¿qué tarifa paga el Estado Peruano?..., la más alta?

2) Un programa (como  Beca 18) que tiene una tasa de deserción del 30% según estudio de la Universidad del Pacifico podríamos decir que es exitoso? Claro que no. Probablemente es un programa que este lleno de improvisaciones,  como todo en este gobierno de los corruptos Humala-Heredia.



(*) Según Gestionpe: la PUCP, UPC,Cesar Vallejo y Alas Peruanas tienen ingresos entre 170- 236 millones de dólares anuales.

INVISIBLES COMO CANCHA




Hasta el año 2015, el Perú tenía poco más de 31 millones de habitantes, de los cuales más de 7 millones eran habitantes rurales (23,3% del total), si consideramos las estimaciones oficiales del INEI. Otras estimaciones más consistentes, como las que promueve la OCDE, por ejemplo, nos permiten suponer que la población rural de nuestro país estaría cercana a los 12 millones1. Sea cual fuera la cifra, no está en discusión que se trata de millones de peruanos y peruanas, como tampoco está en discusión que a ningún partido político o alianza política que viene postulando a tomar las riendas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, le importa lo suficiente sus recurrentes problemas de desigualdad, de pobreza o de ciudadanía. En los hechos, este importante segmento de la población peruana vale solo como reservorio de votos, y una vez extraído este recurso, nuestros políticos lo compensan introduciendo o reforzando programas sociales, como Juntos, Pensión 65, entre otros, o lo que resulta peor, pretenden compensarlo mediante ofertas populistas de distribuir el canon entre la población, sin intermediarios (gobiernos locales).

¡Ojo!, no estoy en contra de los programas sociales o de la adopción del canon en sus distintas modalidades, pues bien utilizados contribuyen, directa o indirectamente, a redistribuir la riqueza del país entre más peruanos. Lo que me resulta cuestionable es que resulten las principales armas del Estado para afrontar el desarrollo rural, y en segundo lugar, me resisto a creer que entregar más dinero al ciudadano del campo, de forma ininterrumpida y en cantidades más crecientes, es el paradigma de la inclusión social, la mejor forma de erradicar la desigualdad que lo agobia. Seamos francos, el mayor beneficiado con la distribución de dinero en el mundo rural es el mercado, que observa cómo se incrementan en millones la cantidad de consumidores de sus bienes, mientras que en perspectiva los viejos problemas del campesino, del pequeño agricultor o del indígena persisten sin resolverse.

El punto es, ¿cómo pasamos de una agenda monetarista a otra agenda de oportunidades de desarrollo para los 7 o 12 millones de peruanos o peruanas que residen en zonas rurales? Un primer aspecto, a mi juicio, es insistir en que cualquier propuesta seria de desarrollo del mundo rural será incompleta sino enfrenta, de lleno, el problema de la tierra, en su versión actual. Ya en la década de 1920, Mariátegui, en su célebre “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, estableció la relación indesligable entre el problema agrario y el problema del indio. Casi cien años después, somos testigos que dicho problema persiste, es cierto, no en la forma descrita por el Amauta: conseguimos erradicar el viejo régimen latifundista y la servidumbre del indio, y en parte se ha garantizado el derechoa la tierra de indígenas y campesinos, en ambos casos fruto de la implementación de una reforma agraria entre la década de 1960 y 1970. Sin embargo, subsiste el problema de la tierra porque los millones de campesinos, de agricultores, de indígenas que poseen este recurso actualmente, enfrentan serios obstáculos para obtener un título de propiedad de sus parcelas, tampoco logran insertarse activamente en la actividad productiva, y en no pocos casos, no encuentran alternativas frente al galopante problema de la minifundización.

En efecto, ni el gobierno militar de Velasco Alvarado ni los siete gobiernos que lo han sucedido se han tomado en serio el problema de la titulación rural. Esta última ha avanzado a cuenta gotas durante los últimos cincuenta años y por ello las recientes cifras del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) del año 2012 indican que de cada 10 parcelas individuales, 6 no tienen un título de propiedad que las garantice. Es decir, actualmente en el Perú rural, más de 2 millones 295 mil parcelas están libradas a su suerte, sin una garantía para que su legítimo dueño las defienda ante cualquier intento de confiscación o de usurpación2. ¿La clase política está discutiendo con seriedad este problema o proponiendo alguna alternativa de solución?


El mayor beneficiado con la distribución de dinero en el mundo rural es el mercado, que observa cómo se incrementan en millones la cantidad de consumidores de sus bienes, mientras que en perspectiva los viejos problemas del campesino persisten sin resolverse.

Por otra parte, aunque mucho discutimos sobre nuestro potencial en minería, gas y petróleo, lo cierto es que un 24% de la PEA ocupada del país, es decir, uno de cada cuatro peruanos y peruanas en edad y capacidad de trabajar –más o menos 3 millones 700 mil personas, según el INEI–, se dedica a la actividad agropecuaria. Se trata, por mucho, de la actividad que más gente ocupa en todo el Perú, comparada, por ejemplo, al sector minero que según los mismos datos del INEI apenas concierne a un 1% de la PEA ocupada. Ahora bien, no se trata solo de cantidad o supremacía de la PEA agropecuaria, pues dentro de esta última, quienes realmente empujan el sector, son más de 3 millones 100 mil personas provenientes de la agricultura familiar, las cuales en conjunto contribuyen con el 86% del valor de la producción agrícola (VPA), el 69% del valor de la producción pecuaria (VPP) y representan el 99% del total de productores agropecuarios, según un reciente estudio de Eguren & Pintado (2015). A este mayoritario segmento de la PEA rural, ¿se le ha apoyado con la adjudicación de tierras en los megaproyectos de riego?, ¿existe alguna política de Estado paramejorar su productividad?, ¿tienen algún incentivo por garantizar la seguridad alimentaria del país? Veamos.

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, nuestro gobierno central en coordinación con los gobiernos regionales, han desarrollado los megaproyectos de riego de Chavimochic, Chinecas y Olmos. En conjunto, estos tres proyectos han incorporado 88 mil nuevas hectáreas de riego en la costa. ¿Qué porcentaje de estas tierras han sido adjudicadas a pequeños productores, cooperativas o agricultores familiares? Ni una hectárea, las 88 mil han sido acaparadas por 34 empresas independientes o pertenecientes a grupos económicos nacionales, como el Grupo Gloria quien posee más de 20 mil hectáreas entre Olmos y Chinecas (Escobedo, 2015). ¿Alguien propone un giro en esta política de adjudicación de tierras, ahora que están en cartera los proyectos Chavimochic III, Majes-Siguas II, Alto Piura, Margen Derecha del río Tumbes, Puyango-Tumbes y Chinecas II? Podríamos estar hablando de alrededor de 180 mil nuevas hectáreas.

Continuando con el análisis, a nadie debería extrañar que nuestra única política de Estado en materia agraria es la política de promoción del subsector agroexportador. Independientemente del gobierno de turno, este último sector continua beneficiándose del tratamiento especial en materia laboral y tributaria que posee, a despecho de que ambos regímenes fueron introducidos con carácter transitorio por el gobierno de Alberto Fujimori, con el pretexto de reimpulsar la productividad agrícola en una época de crisis. Hablamos, por ejemplo, que el inversionista agrícola paga una tasa especial de 15% de impuesto a la renta, por disposición de la ley 27360. Del lado opuesto, ¿cuáles son los incentivos para la inmensa mayoría de agricultores familiares?, ¿tienen algún reconocimiento por producir para el mercado interno? Ninguno que se aproxime a una política de estado, con suerte el apoyo del gobierno se limita a construir pequeños reservorios, a incentivos para la asociatividad y alguna que otra asesoría técnica para exportar sus productos. ¿Alguno de nuestros candidatos está impulsando una política integral de apoyo a la productividad del pequeño agricultor y del campesino?, ¿alguno está examinando con seriedad derogar los regímenes especiales que favorecen exclusivamente los intereses del gran productor e inversionista? Por último, ¿alguien se anima a poner en vigencia el impuesto a la tierra contemplado desde 1995 en la ley 26505?

Para concluir este breve recuento de lo que nos falta en el actual debate sobre el mundo rural,quisiera alertar sobre un problema que pocos advierten pero que está estrechamente vinculado con la superación de los problemas de desigualdad y de democracia en el campo. Me refiero, por una parte, al fenómeno de la reconcentración de la tierra y por otra a la posición de gobierno sobre la conflictividad social. Sobre lo primero quisiera señalar que así les incomode a algunos, es innegable que nuestro país está atravesando por un proceso de reconcentración de la tierra, sobre todo en la costa y recientemente en la selva (véase CEPES, 2015). Pues bien, en un país con pocas tierras agrícolas y donde el principal activo del campesino y agricultor continúa siendo la tierra, si esta última no es distribuida con equidad muy poco se puede avanzar en la erradicación de la desigualdad y la pobreza del mundo rural. Es más, muy pocos se atreverían a negar que existe una relación indesligable entre minifundizacion y aumento de la pobreza.

En segundo lugar, es preocupante la insistencia de todos los gobiernos de turnosobe su papel de arbitro de la conflictividad social. Preocupa que nuestros viejos y nuevos políticos insistan que es necesario fortalecer el rol arbitral del gobierno en las disputas entre comunidad e inversión, cuando a todas luces es evidente que entre uno y otro existe un marcado desequilibrio de poder. Mientras este plano del discurso oficial no cambie y sea reemplazado por una defensa del interésdel pequeño agricultor, del campesino o del indígena, al mismo estilo de la defensa que tanto reclamamos del interés del consumidor y usuario de servicios públicos, ¿alguien se animaría a defender que la democracia ha llegado al mundo rural?

1El Estado peruano considera población rural a toda aquella que habita en centros poblados que tienen menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente, o que teniendo más de 100 viviendas, las mismas se encuentren dispersas. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cambio, son rurales los lugares con densidades demográficas inferiores a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado y que, además, se encuentran a una importante distancia de las zonas urbanas, superior a una hora de viaje (CEPES, 2008).


2No incluimos en el análisis el estado de la titulación colectiva de las comunidades campesinas y comunidades nativas, pues su situación es tan alarmante que merecería un artículo aparte.   

Escrito por: Jaime Escobedo Sánchez

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL HAY CONTINUIDAD Y POCOS CAMBIOS




Como en anteriores procesos electorales, los medios de comunicación vienen desempeñando un rol importante en el marco de la campaña. Son la vía principal para que los candidatos y candidatas sean conocidos y/o consoliden sus imágenes ante la opinión pública. También constituyen un importante vehículo para que candidatos y candidatas difundan los planteamientos centrales de sus planes de gobierno. El espacio mediático es, así mismo, la arena principal del análisis y debate de propuestas electorales, en él concurren no sólo candidatos sino también periodistas y especialistas en diversas áreas de la vida económica y política del país.

Los medios tienen otras implicancias políticas que van más allá de las campañas electorales pero que son especialmente relevantes en la coyuntura que vive el país. Son actores clave en la construcción de las agendas públicas y políticas, no sólo en la proyección de los temas que aparecen y cobran vigor en la esfera pública sino también en el ocultamiento o escasa visibilidad de determinadas problemáticas y actores. Los medios contribuyen también a generar determinados encuadres (positivos o negativos) sobre los temas de agenda, los políticos y sus propuestas de gobierno. Y son, finalmente, poderosos agentes de socialización política para amplios sectores sociales. El protagonismo de los medios en la política peruana es mayor en los últimos añosdebidoa la debilidad (o inexistencia) de los partidos políticos.

Pero los medios no son, ni por asomo, imparciales o neutrales. Mucho menos en el marco de campañas electorales. Los grupos empresariales, tanto los propietarios como actores influyentes en el ámbito mediático, canalizan muchas veces de manera burda y otras de forma casi imperceptible para las audiencias, sus apuestas políticas en favor de candidatos que garanticen la continuidad del modelo económico neoliberal y los privilegios de los que gozan los grupos económicos nacionales y extranjeros. Los sesgos editoriales habituales en cualquier parte del mundo han sido desplazados por una acción de tipo propagandístico en favor o en contra de determinadas candidaturas.

Desde inicios de año se ha hecho más notorio el tratamiento periodístico favorable que los grupos mediáticos más importantes del país ponen en práctica en relación con las candidaturas de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Se trata de personajes sobre los cuáles se investiga muy poco o nada y, difícilmente, son objeto de cuestionamientos en entrevistas y reportajes en el marco de la campaña electoral.

En diversas regiones las radios y televisoras comunitarias y educativas desempeñan un rol importante de apertura al debate equitativo de propuestas electorales, incorporando a sectores de la sociedad civil muchas veces ausentes en la discusión política. El problema de estas experiencias es que experimentan un escenario cada vez más complejo debido al predominio de los grupos mediáticos capitalinos que captan más del 80% de la inversión publicitaria comercial y del gasto estatal en materia de avisaje y campañas de comunicación.

Todo lo anterior no parece repetirse en cada elección. Sin embargo, en los últimos años se han incrementado las experiencias de periodismo independiente que proponen una manera distinta de informar y analizar -con rigor y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, sobrela marcha del proceso electoral- los antecedentes y las propuestas de los candidatos y candidatas. A experiencias que se iniciaron hace algunos años como IDL Reporteros, La Mula y Útero, entre otras, se han sumado Ojo Público, Convoca y otros colectivos de periodistas que en alianza con hackersrefrescan y a la vez desafían a los medios y formas tradicionales de hacer periodismo en el marco de campañas electorales.Lamentablemente es mucho mayor la capacidad que tienen los grupos mediáticos para producir y diseminar, de manera sincronizada, contenidos tanto en la televisión, la radio y la prensa como también en el ámbito de Internet y las redes sociales.

Cabe señalar también que el uso de redes sociales como Facebook y Twitter por parte de candidatos y fuerzas políticas se ha intensificado en esta campaña. De hecho, Julio Guzmán lanzó a través de las redes sociales y con mucha anticipación su candidatura presentándose como el outsiderde cara al proceso electoral. Así mismo, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea usan las redes sociales como los vehículos principales para visibilizarse y situar sus propuestas electorales en el espacio público. Pero los límites de Internet tienen que ver con variables vinculadas al uso social de estas herramientas en el terreno político: nivel socioeconómico, edad, área de residencia (urbano – rural) y nivel educativo, principalmente. Además, si bien Internet muestra cierta eficacia en sectores socioeconómicos altos, jóvenes y adultos de zonas urbanas, la mayoría de la población que sigue la campaña lo hace a través de los medios tradicionales: televisión, prensa y radio.


En suma, más continuidades que cambios en el comportamiento de los principales grupos mediáticos del país en el marco de la campaña electoral, en lo que parece ser un tiempo cíclico en el cual es muy difícil imaginar un escenario mediático (incluidas las redes sociales) que favorezca una competencia electoral equitativa y un amplio debate de propuestas entre candidatos y candidatas.

NECESITAMOS EVALUAR Y AJUSTAR LAS LEYES ELECTORALES A NUESTRA REALIDAD


Luego de la audiencia de este miércoles en que el pleno Jurado Nacional de Elecciones (JNE) escuchó los alegatos de la defensa de Todos por el Perú para salvar la candidatura presidencial de Julio Guzmán, buscamos al politólogo y experto en temas electorales Fernando Tuesta, para hablar sobre este caso.

Los magistrados del JNE dejaron al voto su decisión final. Hay dos caminos por los que pueden optar para su veredicto: el primero, que si se cometió una falta a las normas, el procedimiento indicaría que la candidatura no puede continuar. El otro tiene que ver con el tema de la proporcionalidad entre el error y la sanción.

Tuesta considera que el marco legal actual es inadecuado para nuestros partidosy que, en ese contexto, empuja a las mayoría de organizaciones políticas a buscar la manera de sacarle la vuelta a la ley, pero que, por encima de ello, se debe preservar el derecho de participación política.

¿Cuál es su primera impresión de la audiencia del JNE para ver el caso de Julio Guzmán?

En primer lugar, creo que el derecho de participación política no solo es fundamental, sino que hay que preservarlo. Con el deterioro de la política, posiblemente se ha llegado a tener un marco normativo inadecuado para nuestros partidos, acompañado de una frondosa normatividad. Con esto, es muy difícil que los partidos realmente existan sin que de alguna forma burlen la ley. Por ello es inexplicable que haya 20 partidos inscritos, pese a tener una ley exigente, esta es burlada, pues se privilegia documentos, procedimientos, en muchas ocasiones falsos, que no responden a la realidad. El tema de elecciones internas es un ejemplo. No creo que haya partido en el Perú que haga bien las cosas. Es decir, con elecciones limpias, transparentes, legítimas, adecuada a la legalidad de sus propias organizaciones.

Como en el caso de Guzmán y Todos por el Perú...

En este caso se trata de un grupo de gente novata, que ha tratado de cumplir con las reglas como puede. Pero en general, cualquiera sea el caso, es legítimo preguntarse si es proporcional aplicar una sanción excluyendo una candidatura. Sobre todo cuando no se trata de cometer un delito o no cumplir con los requisitos de inscripción. He leído que no se trató igual en el caso de Álex Kouri en las elecciones municipales de Lima en el 2010 (cuando fue excluido por datos incorrectos en su hoja de vida, donde puso que vivía en la capital cuando estaba registrado en el Callao). Este caso es distinto, pues el derecho a ser elegido es un derecho consagrado en la Constitución basado en requisitos mínimos. Residencia en el lugar en donde quieres ser representante es uno de ellos. Kouri ni siquiera apeló. Por lo demás para ser candidato no necesitas más que cumplir los requisitos. Pero a esos, se les han agregado normas que se han convertido en requisitos de facto, con lo que se ha abierto un amplio abanico de interpretaciones. Lo más importante es lo que el elector responde. Por ejemplo, a César Acuña no se le ha retirado de la campaña (por el tema de los plagios), pero ya la encuesta de Datum muestra un freno a su ascenso, probablemente relacionado a las recientes acusaciones. Entonces, el elector ya está haciendo uso de su intención de voto.

Si el JNE decide fallar a favor de Guzmán, ¿no sentaría un precedente negativo con respecto a la realización de elecciones internas dentro de los partidos?

No se trata de no cumplir la ley, sino que es necesario evaluar el conjunto de normas, jerarquizarlas y ajustar los reglamentos a la realidad. Es decir, el objetivo debe ser adecuar los procesos a la realidad. No puedes tener leyes que nadie cumple, porque todos las violan, como en el tema del financiamiento y la propia inscripción. ¿De verdad los 20 partidos inscritos han juntado cientos de miles de firmas válidas? ¿Los organismos electorales nos engañan? No. Hacen lo que pueden. En este caso encontrar coincidencias, pero las firmas podrían haber sido falsificadas.

¿Y con respecto al financiamiento, qué se debería hacer?

Encima que los partidos no reciben financiamiento público y no tienen plata, existen topes y sanciones. Entonces los partidos violan la Ley. Ante esta disyuntiva se debe proteger, hasta donde se pueda, el derecho a la participación política. Yo personalmente defendí al entonces candidato Luis Castañeda (en las elecciones municipales de Lima del 2014) cuando lo quisieron retirar por el tema de su hoja de vida. Me parecía desproporcionada la medida por haber mentido en su Hoja de Vida en relación a sus estudios. Es fundamental el aspecto a valorar.

¿Qué tipo de modificaciones deberían hacerse, quizás para que no haya tantas trabas o más facilidades?

No se trata de facilidades, sino que los requisitos sean los fundamentales y que las normas de menor jerarquía respondan a la realidad. Por ejemplo, si no hay manera de parar las firmas y comités falsos hay que pensar en otras posibilidades. Que los partidos se inscriban con pocos militantes, pero que participen obligatoriamente en elecciones internas organizadas por organismos electorales y cuyos resultados sean vinculantes. Si un partido no logra convocar 1% del padrón electoral, pues pierde la inscripción. Solo los que superan este primer umbral pueden inscribir candidaturas y solo ingresan al parlamento quienes superan el 5% y consiguen 7 congresistas. Y así evitamos la falsificación y todo lo que tenemos al frente.

Finalmente, ¿cuál es su apreciación de la última encuesta de Datum?


Básicamente, lo que está en juego es quién pasa a la segunda vuelta. Keiko Fujimori se mantiene y Guzmán confirma su crecimiento. Alejandro Toledo ha pasado casi al rubro de "otros", y Acuña se ha frenado, probablemente por las denuncias recientes. Esta encuesta ya nos coloca en una situación distinta, que podrá cambiar sustantivamente si Guzmán es retirado (LaMula, miércoles 10 de febrero del 2016).

¿POR QUÉ TU MAESTRÍA HA PERDIDO VALOR EN EL MERCADO LABORAL? ¿CÓMO REVALORAR TU MAESTRÍA?



Muchas personas han escuchado o deben estar de acuerdo con lo siguiente: "Las maestrías en el Perú ya no tienen el mismo valor de antes. Ahora cualquier webas tiene una maestría. Es más, hasta pulpines con cero experiencia laboral, aun bachilleres ya tienen su maestría....etc "

Bueno, lo que ha pasado es que las Universidades Privadas del Perú, en las que incluyo las denominadas "prestigiosas", en su afan de lucro han relajado los requisitos para postular a una maestría.

No hay exámenes para ingresar. No piden experiencia laboral. Las tesis son mediocres. Muchas son descriptivas, pocas tienen información que evidencie que se haya hecho una investigación  etc etc.

Los Acuña y los Garcia, "doctores" bamba, son sólo una muestra de como las Universidades- Negocio han perjudicado a muchas personas que pagan miles  de miles de dolares para que luego su maestría en el mercado laboral tenga muy poco valor.

¿Hay solución?
Claro , y  hay muchas. Una debería ser que el Estado regule el mercado de las maestría y doctorados.

Que empiecen pidiendo que para postular a una maestría se debe tener mínimo una cantidad X años de experiencia laboral para aplicar a una maestría o doctorado. Al menos 2 años para maestrías y 5 para ser DOCTOR!.

Que el Estado multe o quite la licencia para otorgar maestrías o doctorados a Universidades que no hacen una adecuada revisión de tesis que son resultado de un plagio.

Que el Estado no revalide maestrias del exterior de Universidades que han aprobado tesis con plagios.


Al menos eso permitirá revalorar las maestrías en el mercado laboral.

LAS SOMBRAS DE CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y LOBBIES SOBRE ESTOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ



Semanas nos separan de la primera vuelta electoral para elegir al siguiente presidente de la República y a los parlamentarios, y no es extraño vernos nuevamente entre la espada y la pared, en la conocida disyuntiva de buscar al menos peor, ante la resignada interrogante de elegir a un malo conocido o a un malo por conocer, con la improvisada expectativa del mesiánico candidato u outsider que nos libre de todo mal.

Por más que uno trate de ser objetivo y limitarse a analizar planes de gobiernos, propuestas específicas y conformación de equipos técnicos, ver y conocer la “trayectoria” de algunos candidatos que puntean las encuestas adelanta un panorama desalentador y sombrío. Espero equivocarme, pero ya he vivido bastante como para esperar milagros de esta clase política.

Comenzamos el resumen de los cuestionamientos públicos con Keiko Fujimori, ex primera dama e hija de Alberto Fujimori, expresidente (1990-2000) condenado por delitos de usurpación de funciones, peculado, homicidio y tortura. No obstante, el cuestionamiento actual a la mencionada candidata apunta al financiamiento de sus estudios en el extranjero, hecho no esclarecido porque el delito de enriquecimiento ilícito fue archivado por la Fiscalía y el de receptación prescribió. Asimismo, se cuestiona la falta de transparencia en el financiamiento de su campaña electoral y el presunto aporte de personas naturales y jurídicas de dudosa reputación. A ello se suman las investigaciones por delitos de lavado de activos contra uno de los congresistas de su partido.

César Acuña, exalcalde de Trujillo, tiene un hermano como presidente regional, otro hermano y un hijo como congresistas. Es además un empresario vinculado a la educación universitaria. Su candidatura no sólo se enturbia por la gama de investigaciones y procesos judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tales como enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, abuso de autoridad, entre otros, sino que aún existen dudas acerca del origen de su cuantioso patrimonio familiar, lo que ha justificado la existencia de una investigación por el presunto delito de lavado de activos a cargo del Ministerio Público.

Pedro Pablo Kuscynski, exministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), tildado de lobista sin escrúpulos por el periodista César Hildebrant. Su principal cuestionamiento no es que en las elecciones presidenciales del 2011 haya intentado sorprender a la población con su voceada renuncia a la ciudadanía estadounidense, sino que –conforme a la denuncia del Congresista Manuel Dammert– habría traído a la empresa estadounidense Hunt Oil al Perú, le habría confeccionado el diseño financiero del proyecto y, una vez en el cargo de ministro de Economía, habría beneficiado a dicha empresa privada para que exportara el gas de Camisea pese a los problemas de desabastecimiento de gas para el Perú.

Alan García, expresidente (1985-1990 y 2007-2011). Pese a que tras su primer gobierno lo persiguieron denuncias por atentados contra derechos humanos, actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, la prescripción terminó favoreciéndolo y retornó al Perú para ganar la presidencia por segunda vez. Hechos graves como el conocido caso “petroaudios”, la tragedia del “baguaso”, los escandalosos “narcoindultos” y su identificación con el neoliberalismo encubierto de centroizquierda terminaron convirtiéndolo en uno de los candidatos con mayor rechazo en el país. Aún siguen vivos los cuestionamientos acerca del origen de su patrimonio.

Más allá de temas anecdóticos con ribetes de escándalo que empapan a los candidatos, debemos de prestar mucha atención a las sombras que sobre presuntos delitos de corrupción y lavado de activos existen, pues –aunque en apariencia a un grueso de la población no les importa o no les resulta determinante para definir su voto– constituyen hechos gravísimos que afectan perniciosamente a los ciudadanos.

Los delitos contra la administración pública1 son aquéllos que afectan el normal y correcto funcionamiento del Estado y abarca conductas tales como el peculado (apropiación o uso indebido de caudales o efectos públicos), la colusión (la puesta en acuerdo entre funcionario público con un empresario para defraudar al Estado en una licitación pública), la negociación incompatible (beneficiar indebidamente a un postor en un procedimiento de contratación con el Estado), cohechos (sobornos y coimas), enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. Este tipo de delitos es un grave flagelo para nuestra sociedad y es la principal causa por la cual la población no obtiene los servicios básicos que necesita y el país se mantiene en bajo niveles de progreso.

De otro lado, el delito de lavado de activos2, en simples términos, implica un conjunto de actos o procedimientos, a través de los cuales se convierte, transforma, administra, custodia, oculta o traslada activos provenientes de delitos previos como narcotráfico, corrupción, trata de personas, extorsión, defraudación tributaria, etc. Este delito genera graves perjuicios para la estabilidad económica del país, afecta la confianza en el sistema financiero, contribuye al avance de la criminalidad organizada, entre otros bien jurídicos tutelados. Este delito es cometido con el objetivo de ingresar [lavar] dinero, bienes muebles o inmuebles y demás activos a la economía formal bajo la apariencia de licitud o formalidad. Todo ello con el objetivo de disfrutar lo obtenido por la comisión de otros delitos anteriores.

Como ciudadanos debemos de exigir que el futuro gobernante no tenga siquiera indicios encima sobre delitos tan graves, pues no debe permitirse la posibilidad que, en caso se corroboren las sospechas, lleguen al poder del gobierno pues el riesgo de poner las arcas del Estado y las necesidades de una sociedad en malas manos sería desastroso y significaría el estancamiento del país en el subdesarrollo.

1Véase: Véase: FERREIRA DELGADO, Francisco (1995) Delitos contra la administración pública. 3° edición, Bogotá, Temis // ROJAS VARGAS, Fidel (2007) Delitos contra la administración pública. 4° edición, Lima, Grijley // SALINAS SICCHA, Ramiro (2011) Delitos contra la administración pública. 2° edición, Lima, Grijley.
2Véase: Decreto Legislativo N° 1106 – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado // VI Pleno Jurisdiccional sobre lavado de activos, emitido por las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Fundamento 7°. Publicado el 15 de diciembre // GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino (2009). El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales. Análisis de la Ley N° 27765. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda edición. Lima // PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2007). Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Grijley. Lima.


Escrito por: Christian Salas Beteta Ex procurador anticorrupción

ECONOMÍA PERUANA 2016: ENTRE SUEÑOS Y REALIDADES


A la fecha ya se tienen proyecciones sobre el crecimiento del PBI para todos los gustos. La más alta corresponde al BCRP con 4%; le sigue el MEF con un rango entre 3.5% y 4%, aunque en el informe preelectoral de enero esta se precisó en 3.6%. De ahí van para abajo: 3.3% del FMI, entre 2.8% y 3.5% para la mayoría de los bancos locales. La más negativa es de 1.5% de un par de analistas. Lo que parece claro, en el mejor escenario, sería una tasa igual a la observada en 2015 y respecto a lo más probable todavía es demasiado temprano para manifestarse.

Este sería el tercer año consecutivo con una tasa de crecimiento económico entre 2% y 3% anual, que implicaría de acuerdo a los estándares históricos un aumento de la población ocupada entre 1.2% y 1.5% anual. Estos resultados serían inferiores al crecimiento de la población en edad de trabajar de 1.7% (INEI, 2014) con la consiguiente elevación del desempleo abierto, del subempleo y/o de nuevos ciudadanos fuera de la población económicamente activa. Lo anterior es un hecho delicado que se suma a diversos problemas económicos que se comentarán más adelante; asimismo se agregan dos elementos críticos: no se trata de un fenómeno coyuntural ya que podría ser una constante hasta 2021 y la mayoría de las propuestas de las agrupaciones políticas que pretenden ser gobierno estarían, a nuestro parecer, más en el mundo de los sueños que de las realidades.

La transición y la nueva realidad internacional
Nadie duda que el gobierno actual dejó aportes positivos en algunas cuestiones específicas. Sin embargo, la herencia en el campo de la microeconomía de las familias y negocios y en la macroeconomía sería delicada. Lo obvio es la desaceleración productiva y los problemas en el mercado de trabajo ya mencionados. A esta se suman, a pesar de la reducción en el ritmo de crecimiento de la demanda, las presiones inflacionarias que erosionan el poder de compra de los sueldos, salarios e ingreso de los independientes que con la mayor restricción y mayores costos financieros del crédito impactarían en el consumo privado en 2016. Esto hace poco probable la tasa de crecimiento de 3.4% en esta variable prevista por el MEF.

La previsión oficial también considera que las exportaciones se elevarían en 3.7%; esto es posible, pero en el caso de las exportaciones de materias primas mineras este efecto podría contrarrestarse por una mayor caída en los precios de estos productos impactando negativamente en los ingresos de las empresas exportadoras y de la economía en general. Lo anterior, como resultado, no sólo de la desaceleración china sino por la aún más peligrosa sobreoferta de estos productos a partir de una inversión global anual de US$ 100,000 millones desde 2007 (The Wall Street Journal Americas, 6/1/2016).

En la misma dirección, el FMI (World Economic Outlook, octubre 2015) ha destacado la correspondencia positiva en el largo plazo entre el ciclo de los precios internacionales y la inversión sectorial que conduce a afirmar que con independencia de lo que se intente promover o apoyar localmente al sector minero y de hidrocarburos habría una retracción importante de esa inversión y por consiguiente tanto en la inversión extranjera directa (IED) como en la inversión privada en general. De esta forma, se consideraría que la inversión privada se reduciría a una tasa mayor del -4.5% prevista en las proyecciones del MEF.

De esta forma, la tasa de crecimiento de la economía sólo podría sostenerse con una mayor caída de las importaciones reales, ya que tampoco habría muchos espacios por el lado de aumentar el consumo público y la inversión pública que tienen previsto una expansión del 5% y 9.9% respectivamente. Oficialmente, el resultado de las finanzas públicas sería de -2.9% explicado por el mayor gasto, pero principalmente por la caída de los ingresos públicos por los menores niveles de precios de las materias primas, el menor nivel de actividad económica y las reducción del impuesto a la renta (ISR) y selectivos al consumo (ISC) de finales de 2014. Entre 2014 y 2015 la presión tributaria total cayó en 3 puntos porcentuales y esta se reduciría en 0.7 puntos porcentuales adicionales en 2016.

Efectivamente hay espacios para el déficit fiscal previsto sustentado en la regla de déficit estructural y en el bajo nivel actual de la deuda pública. Sin embargo, es un tema que debe manejarse con cuidado en la medida en que existen muchos pasivos en firme y contingentes asociados a los diversos grandes proyectos de inversión en asociaciones pública privadas (APP) autorizados en 2014 y 2015 (Alarco, 2015). Asimismo, no se debe olvidar las propuestas de mayor gasto público y de reducción de impuestos contenidas en algunas de las propuestas electorales. No se comenta aquí el impacto de los menores niveles del canon minero y de hidrocarburos a nivel regional y local, con sus consiguientes efectos a nivel económico y social.

A estos problemas fiscales deben sumarse los de la balanza de pagos, asociados a una balanza comercial, de servicios y de renta de factores negativas, una IED más reducida, menores entradas de otros capitales de largo plazo y la salida de capitales de corto plazo vinculados tanto al probable cambio en la catalogación de la Bolsa de Valores de Lima de emergente a frontera como a la subida de las tasas de interés de los EE.UU. De esta forma, como resultado de la política cambiaria y el negativo desempeño externo se podrían erosionar las reservas internacionales y la posición de cambio del BCRP. Por otra parte, a nivel local, habría que considerar los efectos de las mayores tasas de interés activas y pasivas, y menores niveles de crédito como resultado de que el BCRP continúe aplicando políticas contra la inflación.

En el gráfico adjunto se muestra la evolución histórica y esperada de los precios de las materias primas desde 1900. Su tendencia decreciente en el largo plazo es clara, misma que es contrarrestada por la tendencia alcista ocurrida en la primera década del siglo XXI. Mariscal y Powell (BID, 2014) muestran la evolución esperada de los precios reales de las 24 materias primas internacionales principales, excluyendo los hidrocarburos, hasta el 2030. Tanto el escenario medio como el escenario positivo no son halagueños. A este diagnóstico se podrían incorporar otros elementos que podrían generar impactos negativos como la elevada relación capital/producto, alta propensión a importar, reducido multiplicador del gasto, bajo nivel del tipo de cambio real de largo plazo, reducido componente nacional de la inversión privada, dolarización financiera, tendencia decreciente de la participación salarial en el PBI y de la alta desigualdad que afectan el desempeño económico del país.


En el plano económico, la mayoría de las propuestas de las agrupaciones políticas que pretenden ser gobierno estarían, a nuestro parecer, más en el mundo de los sueños que de las realidades.

¿Política monetaria anticíclica agotada?
Antes que la Reserva Federal norteamericana (FED) iniciara la elevación de la tasa de interés de referencia congelada desde 2008, el BCRP rompió el esquema de política monetaria anticíclica que mantenía desde años atrás. A partir de allí ya ha vuelto a subirla nuevamente con el argumento de las mayores presiones inflacionarias observadas al cierre de 2015. Se trata de un tema discutible, ya que según el instituto emisor, esta tasa estaría recién a un nivel neutral en términos reales. Sin embargo, el propio banco central ya espera que comiencen a elevarse tanto las tasas de interés activas como pasivas en general con los consiguientes efectos negativos sobre la demanda interna.

El BCRP ha tenido una política cambiaria, de manejo de las reservas internacionales (RIN) y monetaria equivocadas que han impactado negativamente sobre las RIN, el tipo de cambio real que afecta al aparato productivo y en numerosas oportunidades ha rebasado sus propias metas de inflación. Fue tardío al iniciar la reducción de las tasas de interés en febrero de 2009, luego de cinco meses que detonara la crisis de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Después permitió una severa apreciación de la moneda nacional entre julio de 2009 y el primer trimestre de 2013 hasta S/. 2.50 por dólar americano. De esa fecha en adelante contuvo las presiones de depreciación de la moneda nacional con un elevado costo en RIN y de reducir la posición de cambio del BCRP. Al hacer esto retrasó la posibilidad de aplicar política monetaria anticíclica hasta julio de 2014, luego de 19 meses en que comenzaran a caer los precios internacionales y la demanda de las materias primas en diciembre de 2012. Llegó y sigue llegando tarde.

¿Propuestas económicas soñadoras?
Es lamentable que la agrupación política que a la fecha goza de las mayores preferencias electorales no haya dedicado página alguna, en su propuesta de plan de gobierno, a un diagnóstico de la situación económica actual. Se presenta información relativa a la transformación económica observada a partir de la década de los noventa y nada sobre los problemas actuales de la economía internacional y sus impactos en la economía peruana. Asimismo, hay poco sobre otros factores explicativos internos, repitiendo el argumento de la mayoría sobre la excesiva burocracia y tramitología.

Un buen diagnóstico es el preludio de buenas recomendaciones de política económica. Si lo primero no se realiza las propuestas no tienen contexto alguno. Al respecto, aquí sólo hay elementos sueltos como la propuesta de uso del Fondo de Estabilización Fiscal a propósito de una relación deuda pública/PBI a niveles razonables, aunque no se habla de manera transparente de proseguir con una política fiscal anticíclica. Otro elemento asociado al anterior es el relativo a generar un boom de inversiones productivas y sociales, tributos cero para las Mypes y algunas políticas sectoriales interesantes.

Aunque sin mayor nivel de detalle, la orientación sectorial sería la de seguir insistiendo en lo mismo de siempre: sectores extractivos (minería e hidrocarburos), olvidándose de lo que está ocurriendo con el ciclo de la demanda y precios de estos productos a nivel internacional. Sólo se señala que se revisará y armonizará el Plan Nacional de Diversificación Productiva y el Plan Nacional Exportador para viabilizar la formación de sólidas cadenas de valor.

En la propuesta de Peruanos por el Cambio (PPK) se incorpora un diagnóstico que analiza la situación internacional pero que circunscribe a los problemas de la China y al aumento de las tasas de interés en los EE.UU. Se olvidan de la sobreoferta de los mercados de productos mineros. Frente a estos retos se plantea diversificar la canasta exportable. Sin embargo, se quedan en las generalidades, ya que esta se promovería principalmente con menos trabas burocráticas y a través de la inversión en infraestructura.

El instrumento económico básico para la reactivación económica y la reforma estructural es la reducción progresiva del IGV, del impuesto a la renta para las pequeñas empresas y la exención de impuestos por reinversión de utilidades. Aquí la jugada es peligrosa, tanto porque no existe evidencia nacional e internacional que demuestre su efectividad más allá de la reducción de los ingresos públicos, como desde el origen el gobierno actual estima un déficit público del 2.9% del PBI.

En lo positivo se reconoce los bajos niveles de endeudamiento público del país como una ventana de oportunidad para la reactivación económica, planteando un déficit estructural de hasta 3% del PBI en 2019. Se propone elevar la remuneración mínima vital (RMV) a S/.850 mensuales; establecer una pensión mínima; mejorar el banco agrario; fortalecer los programas de asistencia técnica; participación de los usuarios en los directorios de las empresas de agua y saneamiento; escalonamiento de los ríos de la costa; y un ministerio de apoyo a las regiones. Es interesante la propuesta de creación de un banco de fomento minero para apoyar la formalización de los pequeños productores. Sin embargo, en el documento pormenorizado hay retroceso, ya que luego se reduce simplemente a sujeta a evaluación.

Alianza para el Progreso (C. Acuña) ha presentado un documento más articulado que parte de un ideario que incorpora principios, objetivos y valores. De ahí establece una visión, misión y objetivos estratégicos y luego las principales medidas en cuatro dimensiones: social, institucional, económica y territorial-ambiental. Se presenta un diagnóstico económico donde se señala que se tiene un contexto internacional incierto con relación a diversas variables como el desempeño de China, los precios de las materias primas, las tasas de interés y el nivel de aversión al riesgo de la inversión. Sin embargo, esto es erróneo ya que en realidad este es en general negativo, aunque si hay elevada incertidumbre en los mercados de capital y de valores.

Se repite el tema de las reformas de segunda y tercera generación, pero estas no se precisan. Es meritorio el énfasis en la necesidad de planificar el desarrollo. Se propone un plan de diversificación productiva, desconcentración y descentralización productiva; establecer un control de fusiones ex ante; seguir implantando una política de tono moderadamente contra-cíclica hasta el 2017; ajuste en la RMV; procurar reducir la inflación promoviendo la libre competencia, elevando la productividad y mejorando las cadenas logísticas, entre otras políticas.

Alianza Popular (APRA-PPC) reconocen los problemas de la economía internacional pero insisten en que la inversión privada se ha frenado básicamente por los excesivos trámites burocráticos. La propuesta sectorial es insistir en las actividades extractivas, aunque hay mención a otras políticas específicas para sectores predeterminados. De igual manera que los fujimoristas se señala la necesidad de utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal para cofinanciar obras de infraestructura (creemos en APP pero omitiendo los problemas que se mencionaban anteriormente). Se habla de un obvio impulso fiscal en 2016 y potenciar el Consejo Fiscal. En la política monetaria sólo se señala que se va a mantener la independencia del BCRP, el objetivo de baja inflación y de implantar el proyecto de renovación por tercios de su directorio.

Se señala muy poco sobre los programas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, hay aportaciones puntuales sobre el fortalecimiento del agrobanco (lo mismo se ofreció para el gobierno 2006-2011), el programa de Sierra Exportadora, mayores recursos para Cofide, una ventanilla en el Banco de la Nación para comprar oro informal y desarrollar una serie de obras de infraestructura como el Tunel Trasandino, la primera etapa del tren de la costa, las líneas 3 y 4 del metro de la Ciudad de Lima, el tren a Pucallpa para enlazarse con el propuesto por Brasil, entre otros proyectos con mayor o menor consenso.

El Plan de Todos por el Perú (J. Guzmán) tampoco presenta un diagnóstico de la situación económica. Su primer compromiso es trabajar para asegurar los servicios y los derechos para todos. El segundo es promover la generación de empleos dignos de calidad con ingresos previsibles y crecientes. Se plantea diversificar la economía, hacerla más sofisticada integrándola a las cadenas productivas globales. Sin embargo, es una diversificación que parece venida del cielo, ya que no se justifica o motiva. En lo más concreto se propone que el país sea un hub de China, promoviendo nuestras exportaciones especialmente de alimentos a ese país y que el Perú sea el punto de partida de los negocios chinos en América del Sur. Se anota también la necesidad de desarrollar las clases medias, destrabar inversiones, ampliar la infraestructura, entre otras.

La propuesta de este nuevo grupo político tiene elementos interesantes, aunque no están debidamente articulados e integrados. Se otorga un rol central al planeamiento estratégico para, según ellos, no estar supeditados a la inercia del MEF. Asimismo, esta instancia debe liderar el sistema de seguimiento y monitoreo de políticas que permita realizar ajustes al Plan. También sostiene que las APP deben estar alineadas al plan estratégico y a las prioridades del país. El BCRP debe incorporar también como objetivo el nivel de empleo y no sólo la inflación; asimismo el tipo de cambio debe ser más competitivo para el desarrollo de las exportaciones tal como los países asiáticos que se industrializaron en los últimos treinta años. Coincide con otras agrupaciones políticas en la importancia de una política fiscal contra-cíclica asociada a los bajos niveles relativos de endeudamiento público.

Perú Posible tampoco tiene un diagnóstico, planteando directamente volver a crecer, diversificar la producción, generar trabajo y reducir la desigualdad, señalando que esto es necesario en la medida que la competencia para nuestros productos y servicios es cada vez más intensa y difícil. No se menciona las características de la actual coyuntura internacional. Se proponen una política macroeconómica contra-cíclica, un programa de desarrollo de clusters en estrecha coordinación con los gobiernos regionales, elevación de la RMV, plan de desarrollo de infraestructura (intensificar APP y obras por impuestos), masificación del uso del gas natural, un plan de diversificación productiva sobre la base de un conjunto de precios relativos (salario, tipo de cambio, tasa de interés real y presión tributaria), entre otras políticas.

A diferencia de las agrupaciones políticas anteriores, el Frente Amplio parte de un claro diagnóstico de la situación económica internacional señalando que el modelo extractivista primario exportador centrado en la actividad minera está sujeto a los vaivenes del mercado internacional y es insostenible en el tiempo. Se propone que la recuperación del crecimiento y la redistribución del ingreso se sustenten en la diversificación y descentralización productiva. El programa se sustenta en tres procesos centrales: reactivación, redistribución y diversificación de la producción.

En lo más instrumental se plantea el aumento de la inversión pública, reducción de la tasa de interés de referencia del BCRP; restablecer la franja de precios agrícolas; canalizar recursos públicos y privados hacia el crédito a pequeñas y medianas empresas; aumentar la presión tributaria; revertir las rebajas en el impuesto a la renta de las personas jurídicas; reforma integral del sistema de pensiones; incremento de la RMV; fortalecimiento y reorientación de los organismos reguladores; el fortalecimiento y desarrollo de cadenas productivas y clusters, una norma para regular fusiones y adquisiciones, entre otras medidas.


Es lamentable que la agrupación política que a la fecha goza de las mayores preferencias electorales no haya dedicado página alguna, en su propuesta de plan de gobierno, a un diagnóstico de la situación económica actual.

Criterios de evaluación de las propuestas económicas
No es el momento de evaluar de manera pormenorizada las propuestas económicas de las diferentes agrupaciones políticas. Al respecto, en primer lugar hay que reconocer que el proceso colectivo de elaboración de estos documentos no es una tarea sencilla. También es claro que estos corresponden a una instancia electoral, diferente a la de un plan económico cuando se es gobierno y a la instancia de la acción (Matus, 1987). Sin embargo, es indispensable mostrar conocimiento de la realidad y capacidad analítica para elaborar un buen diagnóstico, proponer medidas consistentes y coherentes con esa realidad tomando en consideración los principios, prácticas y valores de la agrupación política que corresponda.

Aunque discutible, una buena propuesta económica para la actual coyuntura debería incluir una serie de temas claves tales como la necesidad de realizar una reforma institucional y de los sistemas de gestión. Es imprescindible abordar la problemática de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento sostenible. La diversificación productiva y la estrategia de crecimiento de los sectores primarios son la respuesta a los problemas de la economía internacional. Se debe incorporar propuestas para la reducción de las desigualdades extremas y la eliminación de la pobreza. Es esencial incluir una estrategia de infraestructura de mediano y largo plazo; la problemática de seguridad alimentaria y energética; los derechos laborales y la generación de empleos de calidad y por último plantear estrategias precisas para que el sistema financiero, los mercados de capitales y valores coadyuven al desarrollo productivo.

Reflexiones finales
Desafortunadamente es poco probable que 2016 sea un buen año para la economía nacional. El gobierno actual heredaría al siguiente una microeconomía de las familias y las personas con problemas. Los retos en la macroeconomía son mayores. Por otra parte, la mayoría de las propuestas económicas de las agrupaciones políticas en contienda tienen muchos elementos rescatables; sin embargo, la mayor parte de ellos tienen problemas importantes en el diagnóstico, ignorando o minimizando los escenarios negativos y volátiles del sector externo. Esta realidad se sumaría a los problemas clásicos de transición de cualquier agrupación política que asuma el gobierno.

En estas circunstancias y en el mejor de los casos las agrupaciones políticas con mayores posibilidades electorales, pero con contenidos estándar, acudirían a los instrumentos y políticas tradicionales: más política fiscal y política monetaria anticíclicas. El problema es que los márgenes de acción en estas dos políticas son limitados. Ya se prevé un déficit fiscal ligeramente inferior al 3% del PBI, hay algún espacio adicional, pero ampliarlo mucho más implicaría contar con una capacidad inexistente para evaluar y mejorar la calidad del gasto público. Tampoco existe la voluntad para analizar el contenido de los grandes proyectos de infraestructura en la modalidad de APP que explican parte de ese desequilibrio fiscal inicial. En el caso de la política monetaria anticíclica, el BCRP ya lleva dos ajustes al alza en la tasa de interés de política monetaria y se prevé que continúe haciéndolo tanto por el argumento de la inflación interna como por las modificaciones graduales de la tasa de referencia de la FED. En lo sectorial el énfasis parece seguiría en lo mismo que antes: actividades extractivas.

Menor crecimiento del empleo y la ocupación, menos ingresos reales para las familias, menos consumo privado, menores ingresos por las exportaciones, menos inversión privada, menos canon a las regiones son algunos de los ingredientes tradicionales para un panorama social y político convulsionado. Sin embargo, los temas de atención serán otros: los trajines de la lucha electoral, la primera y segunda vuelta y el periodo de curiosidad y esperanza previo a la toma de mando. De esta forma, no se esperaría más que inercia en los primeros siete meses de 2016. Para lo que resta del año la luna de miel y/o el periodo de gracia podrían extenderse por más o menos tiempo dependiendo de la creatividad y habilidad del gobierno para construir nuevos escenarios y consensos en los principales ámbitos de acción.

Ni la inercia basada en los sectores extractivos, ni la política fiscal y monetaria anticíclica son suficientes para enfrentar los retos de este y los años siguientes. Llevar a la práctica la diversificación productiva tiene un natural periodo de maduración, aun cuando sea prioridad del nuevo gobierno (desafortunadamente no lo es en algunas propuestas con mayor chance). La situación negativa del sector externo obliga a mirar más hacia adentro preocupándonos en los ingresos de la población, pero sin olvidar que hay que trabajar desde el primer día en ampliar y diversificar la canasta exportadora no tradicional y de servicios. El BCRP se debe sumar a la prioridad nacional en la creación de empleos. Se debe procurar un mayor tipo de cambio real como una señal de mercado clave de largo plazo reconociendo sus riesgos. El manejo fiscal exige una labor titánica en la mejora de calidad del gasto, incluyendo la evaluación de los grandes proyectos de APP, minimizando sus impactos fiscales, sobre la deuda y redistributivos.

Por otra parte, también nos queda claro que más temprano que tarde se deberá acudir a otra agenda económica. Una que reconozca como esencial construir un nuevo consenso económico social donde todos importen. Este deberá tener un fuerte énfasis en la equidad entre los diferentes grupos sociales e intergeneracional; que relieve espacios para los asalariados y los trabajadores independientes; una mayor perspectiva multisectorial; que establezca una nueva relación constructiva con los empresarios; que promueva mayor participación ciudadana y que sepa combinar una doble agenda de los temas estándar con numerosos proyectos, a lo largo y ancho del país, que operen por el lado de la oferta a nivel local. Esa es nuestra apuesta que buscaría balancear esfuerzos, costos y beneficios en horizontes de corto, mediano y largo plazo. Ojalá que todo esto no sea otro sueño más.


Escrito por: Germán Alarco Profesor e Investigador de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico