Los costos hundidos de la
contaminación son asumidos por las poblaciones afectadas, generándoles más
necesidades, escasez de recursos naturales y afectando negativamente su
bienestar y su calidad de vida en el corto y mediano plazo.
Detrás de cómo se tratan y solucionan
(o no) los conflictos socioambientales (en sus diferentes estadíos) se
encuentran lógicas económicas y de valor respecto al ecosistema, el territorio
y al uso y manejo de los recursos naturales y del espacio. Estas lógicas
económicas se evidencian al momento de un conflicto en los actores claves: Las
empresas, El Estado, las poblaciones (principalmente) y la sociedad civil.
Los últimos derrames de petróleo en
diferentes localidades de la Amazonía y los discursos frente el acontecimiento
muestran las lógicas de valor en disputa al momento de hablar de lo que importa
o de lo que se impacta con la contaminación y los tiempos de remediación y
compensación.
Lastimosamente en nuestro país las
prácticas de remediación y compensación se dan desde criterios de mercado; es
decir, lo que tiene valor de uso y valor de cambio; en el caso del último
derrame: el crudo (que saltó a la luz por las reacciones de Petroperú al pagar
por la recolección de este recurso) y los valores relacionados con el río, agua
y recursos hidrobiológicos (que se evidencian en la mayoría de los análisis).
Además el tiempo de remediación considerando solo remediación del recurso
físico (suelo y agua) y no de la remediación biológica (flora y fauna) o de la
compensación social (uso de la flora y fauna con fines de consumo que se hacen
posibles en el mediano plazo).
Sin embargo, existen mayores valores
de uso que se invisibilizan estratégicamente, a mi juicio, para “reducir” el
real impacto de la contaminación y el real costo hundido que asumen las
poblaciones impactadas por desastres ambientales.
El ecosistema es un gran proveedor de
recursos en economías como el de las familias afectadas. En 2014, un estudio en
el que participé, realizado en tres comunidades impactadas por contaminación
por crudo por la empresa Pluspetrol Norte encontró que del total de actividades
relacionadas al aprovechamiento del ecosistema y al trabajo no remunerado (uso
de plantas medicinales, recolección, tala, caza, pesca, agricultura y crianza
de animales) el 66% se destina a autoconsumo y el 34% restante tiene fines de
venta. Esto dentro de su presupuesto significa un incremento positivo de cerca
del 59% a su consumo. Es decir, los impactos ambientales no sólo afectan al
ecosistema sino van directamente a afectar la canasta familiar de las
comunidades.
Los impactos afectan directamente a
los recursos naturales de los cuales las familias se abastecen para cubrir sus
necesidades, la contaminación reduce significativamente la provisión de los
ecosistemas generando una inmediata escasez y crea nuevas necesidades
relacionadas fundamentalmente a la salud; todo lo cual implica acceder al
mercado y desplazarse, esto en lugares donde el costo del transporte es
elevado. En suma, nuevas necesidades que requieren recursos monetarios para
cubrirlas; es decir, se genera una necesidad sobre todo salarial.
Todo esto hace de la contaminación un
impacto de mayores proporciones de lo que uno puede imaginar. Es por ello que
en el mundo es cada vez más frecuente la migración forzada por motivos de
contaminación, y es que no se está midiendo o visibilizando el real valor del
impacto a las familias, a toda la comunidad y al ecosistema.
¿Qué hace el Estado? Si es el mismo
Estado quien con desidia no hizo mantenimiento en el 2015 a un ducto de cerca
de 40 años y su primera reacción fue de pagar a la población para que recojan
el crudo sin importar los efectos en la salud que ello supone. Si es el mismo
Estado quien condona mediante leyes de urgencia multas por contaminación a
empresas privadas.
¿Qué hace el Estado si ni siquiera
los escucha y evade cumplir con la consulta previa?
Escrito por: Kelly Alfaro
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