INVISIBLES COMO CANCHA

Hasta el año 2015, el Perú tenía poco más de 31 millones de habitantes, de los cuales más de 7 millones eran habitantes rurales (23,3% del total), si consideramos las estimaciones oficiales del INEI. Otras estimaciones más consistentes, como las que promueve la OCDE, por ejemplo, nos permiten suponer que la población rural de nuestro país estaría cercana a los 12 millones1. Sea cual fuera la cifra, no está en discusión que se trata de millones de peruanos y peruanas, como tampoco está en discusión que a ningún partido político o alianza política que viene postulando a tomar las riendas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, le importa lo suficiente sus recurrentes problemas de desigualdad, de pobreza o de ciudadanía. En los hechos, este importante segmento de la población peruana vale solo como reservorio de votos, y una vez extraído este recurso, nuestros políticos lo compensan introduciendo o reforzando programas sociales, como Juntos, Pensión 65, entre otros, o lo que resulta peor, pretenden compensarlo mediante ofertas populistas de distribuir el canon entre la población, sin intermediarios (gobiernos locales).

¡Ojo!, no estoy en contra de los programas sociales o de la adopción del canon en sus distintas modalidades, pues bien utilizados contribuyen, directa o indirectamente, a redistribuir la riqueza del país entre más peruanos. Lo que me resulta cuestionable es que resulten las principales armas del Estado para afrontar el desarrollo rural, y en segundo lugar, me resisto a creer que entregar más dinero al ciudadano del campo, de forma ininterrumpida y en cantidades más crecientes, es el paradigma de la inclusión social, la mejor forma de erradicar la desigualdad que lo agobia. Seamos francos, el mayor beneficiado con la distribución de dinero en el mundo rural es el mercado, que observa cómo se incrementan en millones la cantidad de consumidores de sus bienes, mientras que en perspectiva los viejos problemas del campesino, del pequeño agricultor o del indígena persisten sin resolverse.

El punto es, ¿cómo pasamos de una agenda monetarista a otra agenda de oportunidades de desarrollo para los 7 o 12 millones de peruanos o peruanas que residen en zonas rurales? Un primer aspecto, a mi juicio, es insistir en que cualquier propuesta seria de desarrollo del mundo rural será incompleta sino enfrenta, de lleno, el problema de la tierra, en su versión actual. Ya en la década de 1920, Mariátegui, en su célebre “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, estableció la relación indesligable entre el problema agrario y el problema del indio. Casi cien años después, somos testigos que dicho problema persiste, es cierto, no en la forma descrita por el Amauta: conseguimos erradicar el viejo régimen latifundista y la servidumbre del indio, y en parte se ha garantizado el derechoa la tierra de indígenas y campesinos, en ambos casos fruto de la implementación de una reforma agraria entre la década de 1960 y 1970. Sin embargo, subsiste el problema de la tierra porque los millones de campesinos, de agricultores, de indígenas que poseen este recurso actualmente, enfrentan serios obstáculos para obtener un título de propiedad de sus parcelas, tampoco logran insertarse activamente en la actividad productiva, y en no pocos casos, no encuentran alternativas frente al galopante problema de la minifundización.

En efecto, ni el gobierno militar de Velasco Alvarado ni los siete gobiernos que lo han sucedido se han tomado en serio el problema de la titulación rural. Esta última ha avanzado a cuenta gotas durante los últimos cincuenta años y por ello las recientes cifras del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) del año 2012 indican que de cada 10 parcelas individuales, 6 no tienen un título de propiedad que las garantice. Es decir, actualmente en el Perú rural, más de 2 millones 295 mil parcelas están libradas a su suerte, sin una garantía para que su legítimo dueño las defienda ante cualquier intento de confiscación o de usurpación2. ¿La clase política está discutiendo con seriedad este problema o proponiendo alguna alternativa de solución?

El mayor beneficiado con la distribución de dinero en el mundo rural es el mercado, que observa cómo se incrementan en millones la cantidad de consumidores de sus bienes, mientras que en perspectiva los viejos problemas del campesino persisten sin resolverse.

Por otra parte, aunque mucho discutimos sobre nuestro potencial en minería, gas y petróleo, lo cierto es que un 24% de la PEA ocupada del país, es decir, uno de cada cuatro peruanos y peruanas en edad y capacidad de trabajar –más o menos 3 millones 700 mil personas, según el INEI–, se dedica a la actividad agropecuaria. Se trata, por mucho, de la actividad que más gente ocupa en todo el Perú, comparada, por ejemplo, al sector minero que según los mismos datos del INEI apenas concierne a un 1% de la PEA ocupada. Ahora bien, no se trata solo de cantidad o supremacía de la PEA agropecuaria, pues dentro de esta última, quienes realmente empujan el sector, son más de 3 millones 100 mil personas provenientes de la agricultura familiar, las cuales en conjunto contribuyen con el 86% del valor de la producción agrícola (VPA), el 69% del valor de la producción pecuaria (VPP) y representan el 99% del total de productores agropecuarios, según un reciente estudio de Eguren & Pintado (2015). A este mayoritario segmento de la PEA rural, ¿se le ha apoyado con la adjudicación de tierras en los megaproyectos de riego?, ¿existe alguna política de Estado paramejorar su productividad?, ¿tienen algún incentivo por garantizar la seguridad alimentaria del país? Veamos.

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, nuestro gobierno central en coordinación con los gobiernos regionales, han desarrollado los megaproyectos de riego de Chavimochic, Chinecas y Olmos. En conjunto, estos tres proyectos han incorporado 88 mil nuevas hectáreas de riego en la costa. ¿Qué porcentaje de estas tierras han sido adjudicadas a pequeños productores, cooperativas o agricultores familiares? Ni una hectárea, las 88 mil han sido acaparadas por 34 empresas independientes o pertenecientes a grupos económicos nacionales, como el Grupo Gloria quien posee más de 20 mil hectáreas entre Olmos y Chinecas (Escobedo, 2015). ¿Alguien propone un giro en esta política de adjudicación de tierras, ahora que están en cartera los proyectos Chavimochic III, Majes-Siguas II, Alto Piura, Margen Derecha del río Tumbes, Puyango-Tumbes y Chinecas II? Podríamos estar hablando de alrededor de 180 mil nuevas hectáreas.

Continuando con el análisis, a nadie debería extrañar que nuestra única política de Estado en materia agraria es la política de promoción del subsector agroexportador. Independientemente del gobierno de turno, este último sector continua beneficiándose del tratamiento especial en materia laboral y tributaria que posee, a despecho de que ambos regímenes fueron introducidos con carácter transitorio por el gobierno de Alberto Fujimori, con el pretexto de reimpulsar la productividad agrícola en una época de crisis. Hablamos, por ejemplo, que el inversionista agrícola paga una tasa especial de 15% de impuesto a la renta, por disposición de la ley 27360. Del lado opuesto, ¿cuáles son los incentivos para la inmensa mayoría de agricultores familiares?, ¿tienen algún reconocimiento por producir para el mercado interno? Ninguno que se aproxime a una política de estado, con suerte el apoyo del gobierno se limita a construir pequeños reservorios, a incentivos para la asociatividad y alguna que otra asesoría técnica para exportar sus productos. ¿Alguno de nuestros candidatos está impulsando una política integral de apoyo a la productividad del pequeño agricultor y del campesino?, ¿alguno está examinando con seriedad derogar los regímenes especiales que favorecen exclusivamente los intereses del gran productor e inversionista? Por último, ¿alguien se anima a poner en vigencia el impuesto a la tierra contemplado desde 1995 en la ley 26505?

Para concluir este breve recuento de lo que nos falta en el actual debate sobre el mundo rural,quisiera alertar sobre un problema que pocos advierten pero que está estrechamente vinculado con la superación de los problemas de desigualdad y de democracia en el campo. Me refiero, por una parte, al fenómeno de la reconcentración de la tierra y por otra a la posición de gobierno sobre la conflictividad social. Sobre lo primero quisiera señalar que así les incomode a algunos, es innegable que nuestro país está atravesando por un proceso de reconcentración de la tierra, sobre todo en la costa y recientemente en la selva (véase CEPES, 2015). Pues bien, en un país con pocas tierras agrícolas y donde el principal activo del campesino y agricultor continúa siendo la tierra, si esta última no es distribuida con equidad muy poco se puede avanzar en la erradicación de la desigualdad y la pobreza del mundo rural. Es más, muy pocos se atreverían a negar que existe una relación indesligable entre minifundizacion y aumento de la pobreza.

En segundo lugar, es preocupante la insistencia de todos los gobiernos de turnosobe su papel de arbitro de la conflictividad social. Preocupa que nuestros viejos y nuevos políticos insistan que es necesario fortalecer el rol arbitral del gobierno en las disputas entre comunidad e inversión, cuando a todas luces es evidente que entre uno y otro existe un marcado desequilibrio de poder. Mientras este plano del discurso oficial no cambie y sea reemplazado por una defensa del interésdel pequeño agricultor, del campesino o del indígena, al mismo estilo de la defensa que tanto reclamamos del interés del consumidor y usuario de servicios públicos, ¿alguien se animaría a defender que la democracia ha llegado al mundo rural?

1El Estado peruano considera población rural a toda aquella que habita en centros poblados que tienen menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente, o que teniendo más de 100 viviendas, las mismas se encuentren dispersas. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cambio, son rurales los lugares con densidades demográficas inferiores a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado y que, además, se encuentran a una importante distancia de las zonas urbanas, superior a una hora de viaje (CEPES, 2008).

2No incluimos en el análisis el estado de la titulación colectiva de las comunidades campesinas y comunidades nativas, pues su situación es tan alarmante que merecería un artículo aparte.   

Escrito por: Jaime Escobedo Sánchez