Las elecciones de 1963 fueron
convocadas con diez meses de anticipación y participaban tan solo cuatro listas
presidenciales y otras cuatro listas parlamentarias, sin voto preferencial.
Este proceso electoral, que ganó por primera vez Fernando Belaunde Terry, tuvo
un padrón electoral que superaba los dos millones de electores, en el marco de
una ley electoral con muy pocas regulaciones.
Hoy, medio siglo después, para 22
millones de electores, con 17 listas presidenciales e igual número de
parlamentarias pero con voto preferencial (con más de 2,200 candidatos), el
proceso electoral se ha convocado con poco menos de cinco meses de
anticipación. Es decir, para muchísimos más electores, más partidos y
candidatos, hay menos tiempo para todo.
Por si fuera poco, como no sucedía
antes, tenemos reglas que están en la Constitución, en varias leyes orgánicas y
de organizaciones políticas, así como reglamentos y resoluciones, configurando
un marco normativo frondoso, con vacíos, contradicciones, mal diseñado y peor
regulado. Solo en lo que va de este siglo se han creado y modificado nuevas
figuras como inscripción de partidos, elecciones internas, financiamiento, hoja
de vida, etc. A lo que se le suman procedimientos y etapas, muchas de ellas mal
planteadas y confusas.
Sobre todo esto tienen que actuar los
organismos electorales, víctimas de un Congreso que se negó a modificar varias
de estas reglas. Pero lo peor es que varios candidatos, de manera irresponsable,
tratan de empañar un proceso electoral complejo y poco entendible hablando de
fraude. Recuperar los organismos electorales nos costó mucho, allí donde antes
varios de sus miembros desfilaron y se inclinaron ante Vladimiro Montesinos,
para favorecer la candidatura de Alberto Fujimori. Esas páginas de oprobio han
sido largamente superadas. Ejerzamos nuestros derechos, pero también defendamos
nuestras instituciones (Peru21, domingo 28 de febrero del 2016).
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