Semanas nos separan de la primera
vuelta electoral para elegir al siguiente presidente de la República y a los
parlamentarios, y no es extraño vernos nuevamente entre la espada y la pared,
en la conocida disyuntiva de buscar al menos peor, ante la resignada
interrogante de elegir a un malo conocido o a un malo por conocer, con la
improvisada expectativa del mesiánico candidato u outsider que nos libre de
todo mal.
Por más que uno trate de ser objetivo
y limitarse a analizar planes de gobiernos, propuestas específicas y
conformación de equipos técnicos, ver y conocer la “trayectoria” de algunos
candidatos que puntean las encuestas adelanta un panorama desalentador y
sombrío. Espero equivocarme, pero ya he vivido bastante como para esperar
milagros de esta clase política.
Comenzamos el resumen de los
cuestionamientos públicos con Keiko Fujimori, ex primera dama e hija de Alberto
Fujimori, expresidente (1990-2000) condenado por delitos de usurpación de
funciones, peculado, homicidio y tortura. No obstante, el cuestionamiento
actual a la mencionada candidata apunta al financiamiento de sus estudios en el
extranjero, hecho no esclarecido porque el delito de enriquecimiento ilícito
fue archivado por la Fiscalía y el de receptación prescribió. Asimismo, se cuestiona
la falta de transparencia en el financiamiento de su campaña electoral y el
presunto aporte de personas naturales y jurídicas de dudosa reputación. A ello
se suman las investigaciones por delitos de lavado de activos contra uno de los
congresistas de su partido.
César Acuña, exalcalde de Trujillo,
tiene un hermano como presidente regional, otro hermano y un hijo como
congresistas. Es además un empresario vinculado a la educación universitaria.
Su candidatura no sólo se enturbia por la gama de investigaciones y procesos
judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración
pública, tales como enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, abuso de
autoridad, entre otros, sino que aún existen dudas acerca del origen de su
cuantioso patrimonio familiar, lo que ha justificado la existencia de una
investigación por el presunto delito de lavado de activos a cargo del
Ministerio Público.
Pedro Pablo Kuscynski, exministro de
Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), tildado de lobista sin
escrúpulos por el periodista César Hildebrant. Su principal cuestionamiento no
es que en las elecciones presidenciales del 2011 haya intentado sorprender a la
población con su voceada renuncia a la ciudadanía estadounidense, sino que –conforme
a la denuncia del Congresista Manuel Dammert– habría traído a la empresa
estadounidense Hunt Oil al Perú, le habría confeccionado el diseño financiero
del proyecto y, una vez en el cargo de ministro de Economía, habría beneficiado
a dicha empresa privada para que exportara el gas de Camisea pese a los
problemas de desabastecimiento de gas para el Perú.
Alan García, expresidente (1985-1990
y 2007-2011). Pese a que tras su primer gobierno lo persiguieron denuncias por
atentados contra derechos humanos, actos de corrupción y enriquecimiento
ilícito, la prescripción terminó favoreciéndolo y retornó al Perú para ganar la
presidencia por segunda vez. Hechos graves como el conocido caso “petroaudios”,
la tragedia del “baguaso”, los escandalosos “narcoindultos” y su identificación
con el neoliberalismo encubierto de centroizquierda terminaron convirtiéndolo
en uno de los candidatos con mayor rechazo en el país. Aún siguen vivos los
cuestionamientos acerca del origen de su patrimonio.
Más allá de temas anecdóticos con
ribetes de escándalo que empapan a los candidatos, debemos de prestar mucha
atención a las sombras que sobre presuntos delitos de corrupción y lavado de
activos existen, pues –aunque en apariencia a un grueso de la población no les
importa o no les resulta determinante para definir su voto– constituyen hechos
gravísimos que afectan perniciosamente a los ciudadanos.
Los delitos contra la administración
pública1 son aquéllos que afectan el normal y correcto funcionamiento del
Estado y abarca conductas tales como el peculado (apropiación o uso indebido de
caudales o efectos públicos), la colusión (la puesta en acuerdo entre
funcionario público con un empresario para defraudar al Estado en una
licitación pública), la negociación incompatible (beneficiar indebidamente a un
postor en un procedimiento de contratación con el Estado), cohechos (sobornos y
coimas), enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. Este tipo de
delitos es un grave flagelo para nuestra sociedad y es la principal causa por la
cual la población no obtiene los servicios básicos que necesita y el país se
mantiene en bajo niveles de progreso.
De otro lado, el delito de lavado de
activos2, en simples términos, implica un conjunto de actos o procedimientos, a
través de los cuales se convierte, transforma, administra, custodia, oculta o
traslada activos provenientes de delitos previos como narcotráfico, corrupción,
trata de personas, extorsión, defraudación tributaria, etc. Este delito genera
graves perjuicios para la estabilidad económica del país, afecta la confianza
en el sistema financiero, contribuye al avance de la criminalidad organizada,
entre otros bien jurídicos tutelados. Este delito es cometido con el objetivo
de ingresar [lavar] dinero, bienes muebles o inmuebles y demás activos a la
economía formal bajo la apariencia de licitud o formalidad. Todo ello con el
objetivo de disfrutar lo obtenido por la comisión de otros delitos anteriores.
Como ciudadanos debemos de exigir que
el futuro gobernante no tenga siquiera indicios encima sobre delitos tan
graves, pues no debe permitirse la posibilidad que, en caso se corroboren las
sospechas, lleguen al poder del gobierno pues el riesgo de poner las arcas del
Estado y las necesidades de una sociedad en malas manos sería desastroso y
significaría el estancamiento del país en el subdesarrollo.
1Véase: Véase: FERREIRA DELGADO,
Francisco (1995) Delitos contra la administración pública. 3° edición, Bogotá,
Temis // ROJAS VARGAS, Fidel (2007) Delitos contra la administración pública.
4° edición, Lima, Grijley // SALINAS SICCHA, Ramiro (2011) Delitos contra la
administración pública. 2° edición, Lima, Grijley.
2Véase: Decreto Legislativo N° 1106 –
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado // VI Pleno Jurisdiccional
sobre lavado de activos, emitido por las Salas Penales Permanente y Transitoria
de la Corte Suprema de la República. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116.
Fundamento 7°. Publicado el 15 de diciembre // GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino
(2009). El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales.
Análisis de la Ley N° 27765. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda edición. Lima //
PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2007). Lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Grijley. Lima.
Escrito por: Christian Salas Beteta
Ex procurador anticorrupción
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