El 22 de abril último se cumplieron
13 años de la entrega del Informe Kroll sobre Alberto Fujimori, emitido por la
compañía Kroll Inc, una consultora de riesgo de cobertura global famosa por
haber descubierto fortunas ilegales de dictadores como Ferdinand Marcos, Sadam
Hussein o Jean Claude Duvalier. A pesar del tiempo transcurrido y de que el
contrato fue pagado con los tributos de los peruanos, el país no puede conocer
hasta ahora su contenido. ¿No ha pasado acaso tiempo suficiente para que los
ciudadanos lo conozcan?
La historia del informe se remonta al
año 2001, cuando el entonces presidente de la Comisión Investigadora del
gobierno de Alberto Fujimori, David Waisman, informó a la prensa que el ex
mandatario se habría llevado al Japón más de mil millones de dólares sustraídos
del Banco Central de Reserva (BCR). Unos días después, el BCR informó que su
patrimonio estaba intacto y que no se había producido ninguna sustracción. Con
el transcurrir de los meses, se hizo evidente que no había pruebas sólidas que
demostraran de manera fehaciente que Fujimori se había enriquecido dolosamente.
En ese contexto, el gobierno de
Alejandro Toledo solicitó, en el 2002, la contratación de Kroll Inc., para que
rastreara en todo el mundo hasta encontrar la presunta fortuna ilegal de
Fujimori. El objetivo del gobierno era reunir las pruebas necesarias para
extraditar al ex jefe de estado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La prensa informó entonces que
probablemente en un mes Kroll tendría la relación de los fondos ilícitos de
Fujimori. También se informó que la investigación de la empresa alcanzaría a
los familiares y a todas las demás personas cercanas al investigado.
Una vez que la empresa entregó su
informe final, el gobierno lo retuvo durante largos meses, hasta que, ante el
reclamo de los investigados, decidió divulgar solo un resumen general en el que
reconoció que no se había encontrado ninguna cuenta bancaria ilícitas a nombre
de Fujimori, pero agregó un párrafo en el que afirmó que eso no descartaba que dichas
cuentas pudieran existir en alguna parte. En conclusión no había nada, pero
debía quedar la duda, pura política.
Posteriormente, se filtró a la prensa
información sobre el informe que nunca fue desmentida por las autoridades. Se
supo así que comprendía siete tomos y que no se limitaba a Alberto Fujimori
sino también a todo su entorno, inclusive tal vez Vladimiro Montesinos.
Después de haber leído el informe, el
presidente Alejandro Toledo decidió declarar “secreto de estado” el documento,
sin explicar las razones de esa decisión. Nunca se supo de esas razones, pero
debido al secreto Fujimori no pudo solicitar la presentación del reporte ante
los jueces que lo procesaron en su momento por cargos de corrupción.
Pero el tema adquirió ribetes de
escándalo uno tiempo después, cuando se supo que habían sido robados dos tomos
del informe, estando bajo custodia del estado, algo muy extraño. ¿Cómo pudieron
desaparecer 2 volúmenes? ¿Las personas encargadas de su custodia fueron
investigadas y sancionadas? Estas preguntas siguen en pie.
La sospecha es que los volúmenes
robados contenían los nombres y cuentas de políticos sobornados por Montesinos,
entre los cuales estarían algunos personajes con poder o mucha influencia en
los gobiernos que sucedieron a Fujimori.
Nadie puede negar que en el gobierno
de Fujimori hubo corrupción. Allí están las cuentas de Montesinos que hablan
por sí solas, pero una corrupción no puede ser usada para tapar otra, y al
parecer eso es lo que se habría hecho con el informe Kroll, el cual algún día
tendrá que salir a la luz, tarde o temprano.
Por Alberto Orellana Kontoguris
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