Vista de la quema de un bosque nativo que prepara los campos para la agricultura en Bella Vista, provincia de Salta, el 16 de noviembre de 2010.
Solo entre el 15 de marzo y 31 de mayo
se desmontaron más de 14.900 hectáreas, lo que equivale a tres cuartas partes
de la capital. El Gobierno de Alberto Fernández decretó que la actividad es
"esencial" en medio de la cuarentena.
La pandemia del coronavirus frenó casi
todo en Argentina, pero no la deforestación. Solamente entre el 15 de marzo y
31 de mayo se desmontaron más de 14.900 hectáreas, según el monitoreo de
Greenpeace, un espacio similar a tres cuartas partes de la Ciudad de Buenos
Aires. Dicho de otro modo, el Estado permitió que durante la emergencia
sanitaria más importante del tiempo reciente se arrasara con casi 200 hectáreas
de bosque al día.
A poco tiempo de haberse iniciado la
crisis del coronavirus en el país sudamericano, el Gobierno peronista de
Alberto Fernández dispuso la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo para
todo el territorio, medida que sigue vigente en las zonas más afectadas por el
covid-19. También deprisa, el 3 de abril, el Ejecutivo lanzó un decreto
aclarando que las "actividades vinculadas con la producción, distribución
y comercialización forestal" estaban incluidas dentro de las tareas
permitidas, y quedaron exentas de las restricciones.
Así, según la Decisión Administrativa
450/2020, Presidencia considera que cortar árboles es un trabajo esencial
durante la emergencia sanitaria.
Vista de bosques nativos y tierras
limpiadas para la agricultura en Bella Vista, provincia de Salta, el 16 de
noviembre de 2010.
Pero, veamos las fechas. Antes de la
publicación en el Boletín Oficial, las topadoras ya estaban limpiando todo
vestigio de naturaleza: entre el 15 y el 31 de marzo se barrieron 2.172
hectáreas, un promedio de 128 diarias. Y, más allá de días exactos, desde la
ONG ambientalista le dicen a este medio que apenas se lanzaron las primeras
medidas de aislamiento social, igualmente se deforestó de forma continua.
Las provincias más afectadas son
Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, todas en el norte argentino.
"El problema no es de ahora, es de siempre", señala Noemí Cruz,
coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización no gubernamental.
"Es una actividad destructiva, que no da grandes riquezas a las regiones.
Los beneficios económicos no quedan en la zona impactada", acota.
Vista aérea de los bosques nativos que
rodean un terreno preparado para la agricultura en Rosario de la Frontera,
provincia de Salta, el 16 de noviembre de 2010.
Con ese marco, el mapa argentino se
divide en tres colores:
Verde: está permitido desmontar, es
decir, avanzar con maquinarias unidas por una inmensa cadena en el medio, para
limpiar el terreno.
Amarillo: se habilita un "uso
sustentable" de la naturaleza. Está prohibido desmontar, pero sí se pueden
hacer otras tareas más selectivas, como la tala.
Rojo: son las áreas protegidas, no se
puede —o no se debería— alterar la vida silvestre.
Sin embargo, la experta alerta que en
algunas provincias se cambian los colores de cada sector, según la necesidad o
vocación de explotar los recursos naturales. A su vez, en terrenos amarillos
también se registraron incendios no controlados, junto a otras maniobras que Cruz
califica como "desmontes encubiertos".
Pueblos originarios, entre motosierras y
topadoras
Obviamente, destruir el medio ambiente
afecta a las comunidades indígenas y su estilo de vida ancestral: "La tala
perjudica la provisión de alimentos y medicinas. También los lugares sagrados,
que son bienes insustituibles a nivel espiritual", subraya Cruz.
Para la entrevistada, la situación de
los desmontes es mucho más grave, porque termina corriendo a los aborígenes de
sus territorios habituales: "Son desplazados. No tienen manera de vivir en
un lugar desmontado, donde se siembra pasto o soja. Y si se quedan cerca, son
víctimas de fumigaciones, entonces la mayoría de las veces se van".
Así, se producen migraciones desde el
bosque hasta las periferias de las ciudades, en algunos casos explicado por la
contaminación o escasez de un recurso tan básico como el agua, todo en nombre
del trabajo y el progreso.
Miembros de la comunidad indígena Ka'a
Kupe observan la maquinaria utilizada para desmontar la naturaleza, en 2020.
"Vamos a poner nuestro propio
cuerpo para frenar el desmonte", le dice a RT el cacique Sabino Benítez,
de la comunidad myba guaraní de Ka'a Kupe. Se trata de un territorio que abarca
más de 5.600 hectáreas en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones,
donde viven 126 personas.
Su enemiga es CARBA, una empresa que
tras ser autorizada por el Ministerio de Ecología local está cortando árboles a
diestra y siniestra. "Ya sacaron muchísimos, es explotación masiva. Por
eso estamos reclamando, es nuestro territorio", destaca el referente,
rememorando los tiempos de la conquista en pleno siglo XXI.
Para un citadino puede resultar difícil
dimensionar la relevancia de estos espacios en la cosmovisión aborigen, pero
Benítez lo resume bastante bien: "Nos afecta porque somos parte de la
naturaleza. La cultura indígena, la salud, educación y realización personal,
están dentro del monte. Es vida".
Un arbol cortado, en la comunidad de
Ka'a Kupe, provincia de Misiones, Argentina, en el 2020.
Mientras, entre ruidos de motosierras,
miembros de la comunidad afirman haber sido amenazados por un trabajador de la
compañía. Intentaron tomarle una fotografía cortando un árbol, pero el empleado
al servicio del capital habría contestado exhibiendo un rifle: "¡Si me
sacás una foto, te pego un tiro en la cabeza!".
Injusticia
Son muchas las normativas violadas en
Argentina de forma sistemática, sobre este caso y tantos otros. Repasemos solo
algunas de ellas, para tenerlas presentes:
·
Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, impulsado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en 1989, incorporado a la legislación argentina en 1992.
·
El
artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que dispone "reconocer
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios". Entre
otras cosas, obliga a aceptar "la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan". También plantea asegurar que los
indígenas participen en la gestión de sus recursos naturales, junto a todos los
intereses que les afecten.
·
La ley
nacional 26.160, que estipula un relevamiento territorial técnico, jurídico y
catastral de grupos aborígenes. De hecho, en 2016, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) le reconoció a la comunidad de Ka´a Kupe el sitio en
cuestión.
Rastros de maquinaria y vegetación
arrasada dentro de la comunidad Ka'a Kupe, en la provincia de Misiones,
Argentina, en 2020.
Roxana Rivas, la abogada que representa
a la comunidad, le dice a este medio que las autoridades desoyeron todas las
negativas que plantearon ante el avance de la deforestación. Esa letrada
subraya que, aunque la compañía sea titular dominial de las tierras, se debe
consultar a las comunidades que viven allí adentro antes de actuar.
"Mientras se discute nuestro
recurso de reconsideración, no tiene que tocarse ningún árbol", sostiene,
aunque la realidad es bien distinta. Por eso, Rivas denuncia que hay
"connivencia" entre el Estado provincial y la empresa, y
"denegación de justicia" para los indígenas.
Según esa integrante del Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la falta de acceso a los tribunales "es un
problema sistemático" en las comunidades: "No tramitan las denuncias
y no impulsan los procesos", alerta la defensora. En medio de la
angustiante lentitud, presentaron un amparo solicitando, como medida cautelar
urgente, que se frene el desmonte mientras se discute la presentación anterior.
Y ya pasó un mes: "No lo decretaron, lo que significa que al momento en
que se les ocurra resolverlo, ya no habrá árbol que defender".
Indígenas de la comunidad de Ka'a Kupe
hacen una pancarta de protesta con un artículo de la Constitución Nacional.
Frente a este engranaje elusivo,
lanzaron un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para que, de forma veloz y con carácter preventivo, se frene la deforestación
del lugar, y están aguardando la respuesta. Por ahora, impera la ley del más
fuerte.
También hubo otros planteos judiciales
en estos días: la asamblea Somos Monte Chaco, provincia donde continúa la
cuarentena, pide una medida cautelar para no considerar a la actividad forestal
como actividad esencial. Además del conflicto ambiental, aparece "el
riesgo de contagio" por los camiones que van y vienen en aquella
jurisdicción, explica Riccardo Tiddi, referente de la organización.
Como trasfondo, remarca "el interés
de empresas agrarias para convertir bosques nativos en pampa". Además,
cambiar las condiciones naturales del suelo puede contribuir en inundaciones,
que ya son parte de la realidad chaqueña.
Saqueo garantizado, gobierne quien
gobierne
En la zona del Gran Chaco —compuesta por
Argentina, Bolivia y Paraguay— entre 2010 y 2017 se perdieron unas 4 millones
de hectáreas, "que significa una superficie grande como Suiza",
señala Tiddi. Y solo en la provincia argentina, dice que durante el último
tiempo se desmontó un promedio de "40.000 hectáreas cada año".
Generalmente, esta barrida territorial
se usa para la industria del carbón y la expansión del agro, con la ganadería,
el cultivo de soja y el maíz como actividades principales. Se trata de
productos típicos de la exportación argentina, con poco valor agregado.
Por su parte, Global Forest Watch
registró la pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2019.
A su vez, entre elecciones y disputas
políticas, el año pasado se desmontaron 80.938 hectáreas en todo el país,
publicó Greenpeace en enero. Si bien la cifra se está reduciendo desde 2014, un
tercio pertenece a sitios resguardados por la legislación. De hecho, desde
2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, se desmontó casi un millón de
hectáreas que debían estar protegidas. Así las cosas, la actividad continúa.
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LEANDRO LUTZKY
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