En medio de la guerra fría instalada
entre Cataluña y Madrid por la amenazante invocación de un artículo
constitucional que daría control al Gobierno de España sobre la aún comunidad
autónoma, la población catalana se sumerge en el divisionismo. Contra las
expresiones independentistas el pasado fin de semana tuvo lugar una
multitudinaria marcha de “unionistas” en Barcelona.
Por José Díaz
Servindi, 30 de octubre, 2017.- Desde
hace un mes la aún comunidad autónoma de España, Cataluña, se encuentra en el
ojo de la tormenta. Especialmente luego de que hace un mes un intento de
referéndum propiciara una de las jornadas de mayor represión policial vividas
en la Península Ibérica en varios años.
La situación actualmente en Cataluña
es de incertidumbre absoluta. Y es que en la última semana el presidente
catalán Carlos Puigdemont ha mostrado una relativa marcha atrás en su discurso.
Esto debido a que luego de anunciar la proclamación de Cataluña como una
república independiente durante el referéndum del primero de octubre, ahora ha
decidido “suspender los efectos de la declaración de la independencia”.
El argumento ofrecido por el político
catalán es el de abrir un proceso de diálogo con el Gobierno de España, el
mismo que desde Madrid no se ha mostrado muy flexible. A todo esto, la
población catalana parece estar más dividido que nunca.
Pese a las múltiples manifestaciones
a favor del independentismo enarboladas durante los últimos años, ayer domingo
tuvo lugar Barcelona una multitudinaria manifestación de cerca de un millón de
habitantes catalanes a favor del mantenimiento de Cataluña bajo soberanía de
España.
La famosa 155
En medio de este lío ha surgido un
entrampamiento político entre Madrid y Cataluña que se remonta a la
Constitución de España redactada en 1978. Resulta que la administración
encabezada por Mariano Rajoy ha amenazado con la activación del artículo °155
de la carta magna española con el fin de que su gobierno tome control político
de todas las instituciones catalanas.
Puntualmente lo que este artículo
permitiría al Gobierno de España sería “adoptar las medidas necesarias para
obligar a aquella –Comunidad Autónoma que atente contra los intereses
españoles– al cumplimiento forzoso de sus obligaciones –constitucionales”.
Desde que se creó la Constitución de
1978 –tras varias décadas de dictadura militar franquista–, nunca España se vio
en la obligación de invocarla. A propósito, para su activación y aplicación
unilateral solo haría falta la aprobación de la mayoría absoluta del Senado
español, cuya mayoría de integrantes es del Partido Popular.
En medio de todo esto, de una tira y
afloja político entre Barcelona y Madrid, la población catalana vivo uno de los
periodos políticos, sociales y económicos más críticos de su historia. Tras un
referéndum envuelto en represión y con un conteo de votos cuestionable, el
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos apenas si ha formado parte
del debate.
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