Cardozo reiteró que la ex mandataria no cometió ningún crimen
que justifique su destitución porque las medidas por las que fue condenada son
una práctica habitual en todos los gobiernos de Brasil.
El abogado de la actual expresidenta de Brasil Dilma
Rousseff, José Eduardo Cardozo, anunció este miércoles que presentará por lo
menos dos recursos ante el Tribunal Supremo en contra la decisión del Senado
Federal de destituir a la presidenta electa constitucionalmente y de
sustituirla por el vicepresidente Michel Temer, quien venía ocupando la
presidencia interina desde el 12 mayo.
Según publica TeleSUR, poco después de que el Senado, por 61
votos a favor y 20 en contra, destituyera a la presidenta; el también
exministro de Justicia alegó que denunciará ante la Tribunal Supremo de
Justicia que Rousseff fue destituida sin justa causa y alegará que el derecho
de defensa de la mandataria fue cercenado en diversas etapas del proceso que
comenzó en diciembre de 2015, cuando la Cámara de Diputados aceptó los trámites
para iniciar el juicio.
El exministro también denunció la actitud de varios senadores
que afirmaron que no importaba lo que la defensa hiciera en favor de evitar la
destitución porque nada cambiaría la decisión. “Eso es una ofensa sustantiva al
debido proceso legal”, afirmó al respecto.
El defensor de Rousseff reconoció que algunos miembros del
Tribunal Supremo se negarán a aceptar los recursos que él introduzca contra una
decisión del Senado Federal y sólo aceptarán apelaciones contra la forma en que
se desarrolló el impeachment. Pero aún así, Cardozo señaló que dejará de
insistir en que la votación sea anulada.
Una práctica habitual
La mandataria fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo
porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas
públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015, por lo que se le
acusó de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que la Constitución acepta
como justificantes para una destitución presidencial.
Pero a lo largo del proceso, múltiples testigos, entre los
que destaca Luiz Cláudio Costa, exsecretario ejecutivo del Ministerio de
Educación, han afirmado que las acciones de Rousseff son una práctica común.
Costa, por ejemplo, recordó que la emisión de decretos suplemantarios para esa
cartera es una práctica adoptada desde 2008 por decisión del propio Tribunal de
Cuentas de la Unión.
Cardozo se ha hecho eco de estas declaraciones y reiteró que
Rousseff, no cometió ningún crimen que justifique su destitución porque las
medidas por las que fue condenada son una práctica habitual en todos los
gobiernos de Brasil.
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