viernes, 4 de marzo de 2016

¿POR QUÉ TU MAESTRÍA HA PERDIDO VALOR EN EL MERCADO LABORAL? ¿CÓMO REVALORAR TU MAESTRÍA?



Muchas personas han escuchado o deben estar de acuerdo con lo siguiente: "Las maestrías en el Perú ya no tienen el mismo valor de antes. Ahora cualquier webas tiene una maestría. Es más, hasta pulpines con cero experiencia laboral, aun bachilleres ya tienen su maestría....etc "

Bueno, lo que ha pasado es que las Universidades Privadas del Perú, en las que incluyo las denominadas "prestigiosas", en su afan de lucro han relajado los requisitos para postular a una maestría.

No hay exámenes para ingresar. No piden experiencia laboral. Las tesis son mediocres. Muchas son descriptivas, pocas tienen información que evidencie que se haya hecho una investigación  etc etc.

Los Acuña y los Garcia, "doctores" bamba, son sólo una muestra de como las Universidades- Negocio han perjudicado a muchas personas que pagan miles  de miles de dolares para que luego su maestría en el mercado laboral tenga muy poco valor.

¿Hay solución?
Claro , y  hay muchas. Una debería ser que el Estado regule el mercado de las maestría y doctorados.

Que empiecen pidiendo que para postular a una maestría se debe tener mínimo una cantidad X años de experiencia laboral para aplicar a una maestría o doctorado. Al menos 2 años para maestrías y 5 para ser DOCTOR!.

Que el Estado multe o quite la licencia para otorgar maestrías o doctorados a Universidades que no hacen una adecuada revisión de tesis que son resultado de un plagio.

Que el Estado no revalide maestrias del exterior de Universidades que han aprobado tesis con plagios.


Al menos eso permitirá revalorar las maestrías en el mercado laboral.

LAS SOMBRAS DE CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y LOBBIES SOBRE ESTOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ



Semanas nos separan de la primera vuelta electoral para elegir al siguiente presidente de la República y a los parlamentarios, y no es extraño vernos nuevamente entre la espada y la pared, en la conocida disyuntiva de buscar al menos peor, ante la resignada interrogante de elegir a un malo conocido o a un malo por conocer, con la improvisada expectativa del mesiánico candidato u outsider que nos libre de todo mal.

Por más que uno trate de ser objetivo y limitarse a analizar planes de gobiernos, propuestas específicas y conformación de equipos técnicos, ver y conocer la “trayectoria” de algunos candidatos que puntean las encuestas adelanta un panorama desalentador y sombrío. Espero equivocarme, pero ya he vivido bastante como para esperar milagros de esta clase política.

Comenzamos el resumen de los cuestionamientos públicos con Keiko Fujimori, ex primera dama e hija de Alberto Fujimori, expresidente (1990-2000) condenado por delitos de usurpación de funciones, peculado, homicidio y tortura. No obstante, el cuestionamiento actual a la mencionada candidata apunta al financiamiento de sus estudios en el extranjero, hecho no esclarecido porque el delito de enriquecimiento ilícito fue archivado por la Fiscalía y el de receptación prescribió. Asimismo, se cuestiona la falta de transparencia en el financiamiento de su campaña electoral y el presunto aporte de personas naturales y jurídicas de dudosa reputación. A ello se suman las investigaciones por delitos de lavado de activos contra uno de los congresistas de su partido.

César Acuña, exalcalde de Trujillo, tiene un hermano como presidente regional, otro hermano y un hijo como congresistas. Es además un empresario vinculado a la educación universitaria. Su candidatura no sólo se enturbia por la gama de investigaciones y procesos judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tales como enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, abuso de autoridad, entre otros, sino que aún existen dudas acerca del origen de su cuantioso patrimonio familiar, lo que ha justificado la existencia de una investigación por el presunto delito de lavado de activos a cargo del Ministerio Público.

Pedro Pablo Kuscynski, exministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), tildado de lobista sin escrúpulos por el periodista César Hildebrant. Su principal cuestionamiento no es que en las elecciones presidenciales del 2011 haya intentado sorprender a la población con su voceada renuncia a la ciudadanía estadounidense, sino que –conforme a la denuncia del Congresista Manuel Dammert– habría traído a la empresa estadounidense Hunt Oil al Perú, le habría confeccionado el diseño financiero del proyecto y, una vez en el cargo de ministro de Economía, habría beneficiado a dicha empresa privada para que exportara el gas de Camisea pese a los problemas de desabastecimiento de gas para el Perú.

Alan García, expresidente (1985-1990 y 2007-2011). Pese a que tras su primer gobierno lo persiguieron denuncias por atentados contra derechos humanos, actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, la prescripción terminó favoreciéndolo y retornó al Perú para ganar la presidencia por segunda vez. Hechos graves como el conocido caso “petroaudios”, la tragedia del “baguaso”, los escandalosos “narcoindultos” y su identificación con el neoliberalismo encubierto de centroizquierda terminaron convirtiéndolo en uno de los candidatos con mayor rechazo en el país. Aún siguen vivos los cuestionamientos acerca del origen de su patrimonio.

Más allá de temas anecdóticos con ribetes de escándalo que empapan a los candidatos, debemos de prestar mucha atención a las sombras que sobre presuntos delitos de corrupción y lavado de activos existen, pues –aunque en apariencia a un grueso de la población no les importa o no les resulta determinante para definir su voto– constituyen hechos gravísimos que afectan perniciosamente a los ciudadanos.

Los delitos contra la administración pública1 son aquéllos que afectan el normal y correcto funcionamiento del Estado y abarca conductas tales como el peculado (apropiación o uso indebido de caudales o efectos públicos), la colusión (la puesta en acuerdo entre funcionario público con un empresario para defraudar al Estado en una licitación pública), la negociación incompatible (beneficiar indebidamente a un postor en un procedimiento de contratación con el Estado), cohechos (sobornos y coimas), enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. Este tipo de delitos es un grave flagelo para nuestra sociedad y es la principal causa por la cual la población no obtiene los servicios básicos que necesita y el país se mantiene en bajo niveles de progreso.

De otro lado, el delito de lavado de activos2, en simples términos, implica un conjunto de actos o procedimientos, a través de los cuales se convierte, transforma, administra, custodia, oculta o traslada activos provenientes de delitos previos como narcotráfico, corrupción, trata de personas, extorsión, defraudación tributaria, etc. Este delito genera graves perjuicios para la estabilidad económica del país, afecta la confianza en el sistema financiero, contribuye al avance de la criminalidad organizada, entre otros bien jurídicos tutelados. Este delito es cometido con el objetivo de ingresar [lavar] dinero, bienes muebles o inmuebles y demás activos a la economía formal bajo la apariencia de licitud o formalidad. Todo ello con el objetivo de disfrutar lo obtenido por la comisión de otros delitos anteriores.

Como ciudadanos debemos de exigir que el futuro gobernante no tenga siquiera indicios encima sobre delitos tan graves, pues no debe permitirse la posibilidad que, en caso se corroboren las sospechas, lleguen al poder del gobierno pues el riesgo de poner las arcas del Estado y las necesidades de una sociedad en malas manos sería desastroso y significaría el estancamiento del país en el subdesarrollo.

1Véase: Véase: FERREIRA DELGADO, Francisco (1995) Delitos contra la administración pública. 3° edición, Bogotá, Temis // ROJAS VARGAS, Fidel (2007) Delitos contra la administración pública. 4° edición, Lima, Grijley // SALINAS SICCHA, Ramiro (2011) Delitos contra la administración pública. 2° edición, Lima, Grijley.
2Véase: Decreto Legislativo N° 1106 – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado // VI Pleno Jurisdiccional sobre lavado de activos, emitido por las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Fundamento 7°. Publicado el 15 de diciembre // GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino (2009). El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales. Análisis de la Ley N° 27765. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda edición. Lima // PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2007). Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Grijley. Lima.


Escrito por: Christian Salas Beteta Ex procurador anticorrupción

ECONOMÍA PERUANA 2016: ENTRE SUEÑOS Y REALIDADES


A la fecha ya se tienen proyecciones sobre el crecimiento del PBI para todos los gustos. La más alta corresponde al BCRP con 4%; le sigue el MEF con un rango entre 3.5% y 4%, aunque en el informe preelectoral de enero esta se precisó en 3.6%. De ahí van para abajo: 3.3% del FMI, entre 2.8% y 3.5% para la mayoría de los bancos locales. La más negativa es de 1.5% de un par de analistas. Lo que parece claro, en el mejor escenario, sería una tasa igual a la observada en 2015 y respecto a lo más probable todavía es demasiado temprano para manifestarse.

Este sería el tercer año consecutivo con una tasa de crecimiento económico entre 2% y 3% anual, que implicaría de acuerdo a los estándares históricos un aumento de la población ocupada entre 1.2% y 1.5% anual. Estos resultados serían inferiores al crecimiento de la población en edad de trabajar de 1.7% (INEI, 2014) con la consiguiente elevación del desempleo abierto, del subempleo y/o de nuevos ciudadanos fuera de la población económicamente activa. Lo anterior es un hecho delicado que se suma a diversos problemas económicos que se comentarán más adelante; asimismo se agregan dos elementos críticos: no se trata de un fenómeno coyuntural ya que podría ser una constante hasta 2021 y la mayoría de las propuestas de las agrupaciones políticas que pretenden ser gobierno estarían, a nuestro parecer, más en el mundo de los sueños que de las realidades.

La transición y la nueva realidad internacional
Nadie duda que el gobierno actual dejó aportes positivos en algunas cuestiones específicas. Sin embargo, la herencia en el campo de la microeconomía de las familias y negocios y en la macroeconomía sería delicada. Lo obvio es la desaceleración productiva y los problemas en el mercado de trabajo ya mencionados. A esta se suman, a pesar de la reducción en el ritmo de crecimiento de la demanda, las presiones inflacionarias que erosionan el poder de compra de los sueldos, salarios e ingreso de los independientes que con la mayor restricción y mayores costos financieros del crédito impactarían en el consumo privado en 2016. Esto hace poco probable la tasa de crecimiento de 3.4% en esta variable prevista por el MEF.

La previsión oficial también considera que las exportaciones se elevarían en 3.7%; esto es posible, pero en el caso de las exportaciones de materias primas mineras este efecto podría contrarrestarse por una mayor caída en los precios de estos productos impactando negativamente en los ingresos de las empresas exportadoras y de la economía en general. Lo anterior, como resultado, no sólo de la desaceleración china sino por la aún más peligrosa sobreoferta de estos productos a partir de una inversión global anual de US$ 100,000 millones desde 2007 (The Wall Street Journal Americas, 6/1/2016).

En la misma dirección, el FMI (World Economic Outlook, octubre 2015) ha destacado la correspondencia positiva en el largo plazo entre el ciclo de los precios internacionales y la inversión sectorial que conduce a afirmar que con independencia de lo que se intente promover o apoyar localmente al sector minero y de hidrocarburos habría una retracción importante de esa inversión y por consiguiente tanto en la inversión extranjera directa (IED) como en la inversión privada en general. De esta forma, se consideraría que la inversión privada se reduciría a una tasa mayor del -4.5% prevista en las proyecciones del MEF.

De esta forma, la tasa de crecimiento de la economía sólo podría sostenerse con una mayor caída de las importaciones reales, ya que tampoco habría muchos espacios por el lado de aumentar el consumo público y la inversión pública que tienen previsto una expansión del 5% y 9.9% respectivamente. Oficialmente, el resultado de las finanzas públicas sería de -2.9% explicado por el mayor gasto, pero principalmente por la caída de los ingresos públicos por los menores niveles de precios de las materias primas, el menor nivel de actividad económica y las reducción del impuesto a la renta (ISR) y selectivos al consumo (ISC) de finales de 2014. Entre 2014 y 2015 la presión tributaria total cayó en 3 puntos porcentuales y esta se reduciría en 0.7 puntos porcentuales adicionales en 2016.

Efectivamente hay espacios para el déficit fiscal previsto sustentado en la regla de déficit estructural y en el bajo nivel actual de la deuda pública. Sin embargo, es un tema que debe manejarse con cuidado en la medida en que existen muchos pasivos en firme y contingentes asociados a los diversos grandes proyectos de inversión en asociaciones pública privadas (APP) autorizados en 2014 y 2015 (Alarco, 2015). Asimismo, no se debe olvidar las propuestas de mayor gasto público y de reducción de impuestos contenidas en algunas de las propuestas electorales. No se comenta aquí el impacto de los menores niveles del canon minero y de hidrocarburos a nivel regional y local, con sus consiguientes efectos a nivel económico y social.

A estos problemas fiscales deben sumarse los de la balanza de pagos, asociados a una balanza comercial, de servicios y de renta de factores negativas, una IED más reducida, menores entradas de otros capitales de largo plazo y la salida de capitales de corto plazo vinculados tanto al probable cambio en la catalogación de la Bolsa de Valores de Lima de emergente a frontera como a la subida de las tasas de interés de los EE.UU. De esta forma, como resultado de la política cambiaria y el negativo desempeño externo se podrían erosionar las reservas internacionales y la posición de cambio del BCRP. Por otra parte, a nivel local, habría que considerar los efectos de las mayores tasas de interés activas y pasivas, y menores niveles de crédito como resultado de que el BCRP continúe aplicando políticas contra la inflación.

En el gráfico adjunto se muestra la evolución histórica y esperada de los precios de las materias primas desde 1900. Su tendencia decreciente en el largo plazo es clara, misma que es contrarrestada por la tendencia alcista ocurrida en la primera década del siglo XXI. Mariscal y Powell (BID, 2014) muestran la evolución esperada de los precios reales de las 24 materias primas internacionales principales, excluyendo los hidrocarburos, hasta el 2030. Tanto el escenario medio como el escenario positivo no son halagueños. A este diagnóstico se podrían incorporar otros elementos que podrían generar impactos negativos como la elevada relación capital/producto, alta propensión a importar, reducido multiplicador del gasto, bajo nivel del tipo de cambio real de largo plazo, reducido componente nacional de la inversión privada, dolarización financiera, tendencia decreciente de la participación salarial en el PBI y de la alta desigualdad que afectan el desempeño económico del país.


En el plano económico, la mayoría de las propuestas de las agrupaciones políticas que pretenden ser gobierno estarían, a nuestro parecer, más en el mundo de los sueños que de las realidades.

¿Política monetaria anticíclica agotada?
Antes que la Reserva Federal norteamericana (FED) iniciara la elevación de la tasa de interés de referencia congelada desde 2008, el BCRP rompió el esquema de política monetaria anticíclica que mantenía desde años atrás. A partir de allí ya ha vuelto a subirla nuevamente con el argumento de las mayores presiones inflacionarias observadas al cierre de 2015. Se trata de un tema discutible, ya que según el instituto emisor, esta tasa estaría recién a un nivel neutral en términos reales. Sin embargo, el propio banco central ya espera que comiencen a elevarse tanto las tasas de interés activas como pasivas en general con los consiguientes efectos negativos sobre la demanda interna.

El BCRP ha tenido una política cambiaria, de manejo de las reservas internacionales (RIN) y monetaria equivocadas que han impactado negativamente sobre las RIN, el tipo de cambio real que afecta al aparato productivo y en numerosas oportunidades ha rebasado sus propias metas de inflación. Fue tardío al iniciar la reducción de las tasas de interés en febrero de 2009, luego de cinco meses que detonara la crisis de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Después permitió una severa apreciación de la moneda nacional entre julio de 2009 y el primer trimestre de 2013 hasta S/. 2.50 por dólar americano. De esa fecha en adelante contuvo las presiones de depreciación de la moneda nacional con un elevado costo en RIN y de reducir la posición de cambio del BCRP. Al hacer esto retrasó la posibilidad de aplicar política monetaria anticíclica hasta julio de 2014, luego de 19 meses en que comenzaran a caer los precios internacionales y la demanda de las materias primas en diciembre de 2012. Llegó y sigue llegando tarde.

¿Propuestas económicas soñadoras?
Es lamentable que la agrupación política que a la fecha goza de las mayores preferencias electorales no haya dedicado página alguna, en su propuesta de plan de gobierno, a un diagnóstico de la situación económica actual. Se presenta información relativa a la transformación económica observada a partir de la década de los noventa y nada sobre los problemas actuales de la economía internacional y sus impactos en la economía peruana. Asimismo, hay poco sobre otros factores explicativos internos, repitiendo el argumento de la mayoría sobre la excesiva burocracia y tramitología.

Un buen diagnóstico es el preludio de buenas recomendaciones de política económica. Si lo primero no se realiza las propuestas no tienen contexto alguno. Al respecto, aquí sólo hay elementos sueltos como la propuesta de uso del Fondo de Estabilización Fiscal a propósito de una relación deuda pública/PBI a niveles razonables, aunque no se habla de manera transparente de proseguir con una política fiscal anticíclica. Otro elemento asociado al anterior es el relativo a generar un boom de inversiones productivas y sociales, tributos cero para las Mypes y algunas políticas sectoriales interesantes.

Aunque sin mayor nivel de detalle, la orientación sectorial sería la de seguir insistiendo en lo mismo de siempre: sectores extractivos (minería e hidrocarburos), olvidándose de lo que está ocurriendo con el ciclo de la demanda y precios de estos productos a nivel internacional. Sólo se señala que se revisará y armonizará el Plan Nacional de Diversificación Productiva y el Plan Nacional Exportador para viabilizar la formación de sólidas cadenas de valor.

En la propuesta de Peruanos por el Cambio (PPK) se incorpora un diagnóstico que analiza la situación internacional pero que circunscribe a los problemas de la China y al aumento de las tasas de interés en los EE.UU. Se olvidan de la sobreoferta de los mercados de productos mineros. Frente a estos retos se plantea diversificar la canasta exportable. Sin embargo, se quedan en las generalidades, ya que esta se promovería principalmente con menos trabas burocráticas y a través de la inversión en infraestructura.

El instrumento económico básico para la reactivación económica y la reforma estructural es la reducción progresiva del IGV, del impuesto a la renta para las pequeñas empresas y la exención de impuestos por reinversión de utilidades. Aquí la jugada es peligrosa, tanto porque no existe evidencia nacional e internacional que demuestre su efectividad más allá de la reducción de los ingresos públicos, como desde el origen el gobierno actual estima un déficit público del 2.9% del PBI.

En lo positivo se reconoce los bajos niveles de endeudamiento público del país como una ventana de oportunidad para la reactivación económica, planteando un déficit estructural de hasta 3% del PBI en 2019. Se propone elevar la remuneración mínima vital (RMV) a S/.850 mensuales; establecer una pensión mínima; mejorar el banco agrario; fortalecer los programas de asistencia técnica; participación de los usuarios en los directorios de las empresas de agua y saneamiento; escalonamiento de los ríos de la costa; y un ministerio de apoyo a las regiones. Es interesante la propuesta de creación de un banco de fomento minero para apoyar la formalización de los pequeños productores. Sin embargo, en el documento pormenorizado hay retroceso, ya que luego se reduce simplemente a sujeta a evaluación.

Alianza para el Progreso (C. Acuña) ha presentado un documento más articulado que parte de un ideario que incorpora principios, objetivos y valores. De ahí establece una visión, misión y objetivos estratégicos y luego las principales medidas en cuatro dimensiones: social, institucional, económica y territorial-ambiental. Se presenta un diagnóstico económico donde se señala que se tiene un contexto internacional incierto con relación a diversas variables como el desempeño de China, los precios de las materias primas, las tasas de interés y el nivel de aversión al riesgo de la inversión. Sin embargo, esto es erróneo ya que en realidad este es en general negativo, aunque si hay elevada incertidumbre en los mercados de capital y de valores.

Se repite el tema de las reformas de segunda y tercera generación, pero estas no se precisan. Es meritorio el énfasis en la necesidad de planificar el desarrollo. Se propone un plan de diversificación productiva, desconcentración y descentralización productiva; establecer un control de fusiones ex ante; seguir implantando una política de tono moderadamente contra-cíclica hasta el 2017; ajuste en la RMV; procurar reducir la inflación promoviendo la libre competencia, elevando la productividad y mejorando las cadenas logísticas, entre otras políticas.

Alianza Popular (APRA-PPC) reconocen los problemas de la economía internacional pero insisten en que la inversión privada se ha frenado básicamente por los excesivos trámites burocráticos. La propuesta sectorial es insistir en las actividades extractivas, aunque hay mención a otras políticas específicas para sectores predeterminados. De igual manera que los fujimoristas se señala la necesidad de utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal para cofinanciar obras de infraestructura (creemos en APP pero omitiendo los problemas que se mencionaban anteriormente). Se habla de un obvio impulso fiscal en 2016 y potenciar el Consejo Fiscal. En la política monetaria sólo se señala que se va a mantener la independencia del BCRP, el objetivo de baja inflación y de implantar el proyecto de renovación por tercios de su directorio.

Se señala muy poco sobre los programas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, hay aportaciones puntuales sobre el fortalecimiento del agrobanco (lo mismo se ofreció para el gobierno 2006-2011), el programa de Sierra Exportadora, mayores recursos para Cofide, una ventanilla en el Banco de la Nación para comprar oro informal y desarrollar una serie de obras de infraestructura como el Tunel Trasandino, la primera etapa del tren de la costa, las líneas 3 y 4 del metro de la Ciudad de Lima, el tren a Pucallpa para enlazarse con el propuesto por Brasil, entre otros proyectos con mayor o menor consenso.

El Plan de Todos por el Perú (J. Guzmán) tampoco presenta un diagnóstico de la situación económica. Su primer compromiso es trabajar para asegurar los servicios y los derechos para todos. El segundo es promover la generación de empleos dignos de calidad con ingresos previsibles y crecientes. Se plantea diversificar la economía, hacerla más sofisticada integrándola a las cadenas productivas globales. Sin embargo, es una diversificación que parece venida del cielo, ya que no se justifica o motiva. En lo más concreto se propone que el país sea un hub de China, promoviendo nuestras exportaciones especialmente de alimentos a ese país y que el Perú sea el punto de partida de los negocios chinos en América del Sur. Se anota también la necesidad de desarrollar las clases medias, destrabar inversiones, ampliar la infraestructura, entre otras.

La propuesta de este nuevo grupo político tiene elementos interesantes, aunque no están debidamente articulados e integrados. Se otorga un rol central al planeamiento estratégico para, según ellos, no estar supeditados a la inercia del MEF. Asimismo, esta instancia debe liderar el sistema de seguimiento y monitoreo de políticas que permita realizar ajustes al Plan. También sostiene que las APP deben estar alineadas al plan estratégico y a las prioridades del país. El BCRP debe incorporar también como objetivo el nivel de empleo y no sólo la inflación; asimismo el tipo de cambio debe ser más competitivo para el desarrollo de las exportaciones tal como los países asiáticos que se industrializaron en los últimos treinta años. Coincide con otras agrupaciones políticas en la importancia de una política fiscal contra-cíclica asociada a los bajos niveles relativos de endeudamiento público.

Perú Posible tampoco tiene un diagnóstico, planteando directamente volver a crecer, diversificar la producción, generar trabajo y reducir la desigualdad, señalando que esto es necesario en la medida que la competencia para nuestros productos y servicios es cada vez más intensa y difícil. No se menciona las características de la actual coyuntura internacional. Se proponen una política macroeconómica contra-cíclica, un programa de desarrollo de clusters en estrecha coordinación con los gobiernos regionales, elevación de la RMV, plan de desarrollo de infraestructura (intensificar APP y obras por impuestos), masificación del uso del gas natural, un plan de diversificación productiva sobre la base de un conjunto de precios relativos (salario, tipo de cambio, tasa de interés real y presión tributaria), entre otras políticas.

A diferencia de las agrupaciones políticas anteriores, el Frente Amplio parte de un claro diagnóstico de la situación económica internacional señalando que el modelo extractivista primario exportador centrado en la actividad minera está sujeto a los vaivenes del mercado internacional y es insostenible en el tiempo. Se propone que la recuperación del crecimiento y la redistribución del ingreso se sustenten en la diversificación y descentralización productiva. El programa se sustenta en tres procesos centrales: reactivación, redistribución y diversificación de la producción.

En lo más instrumental se plantea el aumento de la inversión pública, reducción de la tasa de interés de referencia del BCRP; restablecer la franja de precios agrícolas; canalizar recursos públicos y privados hacia el crédito a pequeñas y medianas empresas; aumentar la presión tributaria; revertir las rebajas en el impuesto a la renta de las personas jurídicas; reforma integral del sistema de pensiones; incremento de la RMV; fortalecimiento y reorientación de los organismos reguladores; el fortalecimiento y desarrollo de cadenas productivas y clusters, una norma para regular fusiones y adquisiciones, entre otras medidas.


Es lamentable que la agrupación política que a la fecha goza de las mayores preferencias electorales no haya dedicado página alguna, en su propuesta de plan de gobierno, a un diagnóstico de la situación económica actual.

Criterios de evaluación de las propuestas económicas
No es el momento de evaluar de manera pormenorizada las propuestas económicas de las diferentes agrupaciones políticas. Al respecto, en primer lugar hay que reconocer que el proceso colectivo de elaboración de estos documentos no es una tarea sencilla. También es claro que estos corresponden a una instancia electoral, diferente a la de un plan económico cuando se es gobierno y a la instancia de la acción (Matus, 1987). Sin embargo, es indispensable mostrar conocimiento de la realidad y capacidad analítica para elaborar un buen diagnóstico, proponer medidas consistentes y coherentes con esa realidad tomando en consideración los principios, prácticas y valores de la agrupación política que corresponda.

Aunque discutible, una buena propuesta económica para la actual coyuntura debería incluir una serie de temas claves tales como la necesidad de realizar una reforma institucional y de los sistemas de gestión. Es imprescindible abordar la problemática de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento sostenible. La diversificación productiva y la estrategia de crecimiento de los sectores primarios son la respuesta a los problemas de la economía internacional. Se debe incorporar propuestas para la reducción de las desigualdades extremas y la eliminación de la pobreza. Es esencial incluir una estrategia de infraestructura de mediano y largo plazo; la problemática de seguridad alimentaria y energética; los derechos laborales y la generación de empleos de calidad y por último plantear estrategias precisas para que el sistema financiero, los mercados de capitales y valores coadyuven al desarrollo productivo.

Reflexiones finales
Desafortunadamente es poco probable que 2016 sea un buen año para la economía nacional. El gobierno actual heredaría al siguiente una microeconomía de las familias y las personas con problemas. Los retos en la macroeconomía son mayores. Por otra parte, la mayoría de las propuestas económicas de las agrupaciones políticas en contienda tienen muchos elementos rescatables; sin embargo, la mayor parte de ellos tienen problemas importantes en el diagnóstico, ignorando o minimizando los escenarios negativos y volátiles del sector externo. Esta realidad se sumaría a los problemas clásicos de transición de cualquier agrupación política que asuma el gobierno.

En estas circunstancias y en el mejor de los casos las agrupaciones políticas con mayores posibilidades electorales, pero con contenidos estándar, acudirían a los instrumentos y políticas tradicionales: más política fiscal y política monetaria anticíclicas. El problema es que los márgenes de acción en estas dos políticas son limitados. Ya se prevé un déficit fiscal ligeramente inferior al 3% del PBI, hay algún espacio adicional, pero ampliarlo mucho más implicaría contar con una capacidad inexistente para evaluar y mejorar la calidad del gasto público. Tampoco existe la voluntad para analizar el contenido de los grandes proyectos de infraestructura en la modalidad de APP que explican parte de ese desequilibrio fiscal inicial. En el caso de la política monetaria anticíclica, el BCRP ya lleva dos ajustes al alza en la tasa de interés de política monetaria y se prevé que continúe haciéndolo tanto por el argumento de la inflación interna como por las modificaciones graduales de la tasa de referencia de la FED. En lo sectorial el énfasis parece seguiría en lo mismo que antes: actividades extractivas.

Menor crecimiento del empleo y la ocupación, menos ingresos reales para las familias, menos consumo privado, menores ingresos por las exportaciones, menos inversión privada, menos canon a las regiones son algunos de los ingredientes tradicionales para un panorama social y político convulsionado. Sin embargo, los temas de atención serán otros: los trajines de la lucha electoral, la primera y segunda vuelta y el periodo de curiosidad y esperanza previo a la toma de mando. De esta forma, no se esperaría más que inercia en los primeros siete meses de 2016. Para lo que resta del año la luna de miel y/o el periodo de gracia podrían extenderse por más o menos tiempo dependiendo de la creatividad y habilidad del gobierno para construir nuevos escenarios y consensos en los principales ámbitos de acción.

Ni la inercia basada en los sectores extractivos, ni la política fiscal y monetaria anticíclica son suficientes para enfrentar los retos de este y los años siguientes. Llevar a la práctica la diversificación productiva tiene un natural periodo de maduración, aun cuando sea prioridad del nuevo gobierno (desafortunadamente no lo es en algunas propuestas con mayor chance). La situación negativa del sector externo obliga a mirar más hacia adentro preocupándonos en los ingresos de la población, pero sin olvidar que hay que trabajar desde el primer día en ampliar y diversificar la canasta exportadora no tradicional y de servicios. El BCRP se debe sumar a la prioridad nacional en la creación de empleos. Se debe procurar un mayor tipo de cambio real como una señal de mercado clave de largo plazo reconociendo sus riesgos. El manejo fiscal exige una labor titánica en la mejora de calidad del gasto, incluyendo la evaluación de los grandes proyectos de APP, minimizando sus impactos fiscales, sobre la deuda y redistributivos.

Por otra parte, también nos queda claro que más temprano que tarde se deberá acudir a otra agenda económica. Una que reconozca como esencial construir un nuevo consenso económico social donde todos importen. Este deberá tener un fuerte énfasis en la equidad entre los diferentes grupos sociales e intergeneracional; que relieve espacios para los asalariados y los trabajadores independientes; una mayor perspectiva multisectorial; que establezca una nueva relación constructiva con los empresarios; que promueva mayor participación ciudadana y que sepa combinar una doble agenda de los temas estándar con numerosos proyectos, a lo largo y ancho del país, que operen por el lado de la oferta a nivel local. Esa es nuestra apuesta que buscaría balancear esfuerzos, costos y beneficios en horizontes de corto, mediano y largo plazo. Ojalá que todo esto no sea otro sueño más.


Escrito por: Germán Alarco Profesor e Investigador de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

¿QUÉ PROPONEN LOS PARTIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?



Análisis de los planes de gobierno en materia de discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI), en el Perú viven alrededor de un millón y medio de personas con discapacidad. Sin embargo, si tomamos como base de cálculo las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos hablando de cuatro millones y medio de personas. Las barreras estructurales y sociales que enfrentan son numerosas, con cifras de exclusión educativa y laboral significativamente altas, lo cual a su vez se traduce en menores ingresos y tasas más altas de pobreza. Se trata, además, de un colectivo bastante diverso, que incluye grupos como las personas ciegas, las personas sordas, las personas con discapacidad intelectual, las personas autistas, las personas con discapacidad psicosocial, las personas pequeñas, las personas con enfermedades raras, entre otras.

Desde la ratificación por el Perú de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el 2008, las personas con discapacidad han ganado mayor protagonismo en la agenda pública y de gobierno. En el año 2012, por ejemplo, se logró la aprobación de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual establece una serie de medidas para asegurar su inclusión y participación plena en la sociedad. Ese mismo año, se realizó la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad y comenzó el diseño e implementación de distintos programas presupuestales dirigidos a dicho colectivo. Si bien son avances importantes, la falta de voluntad política y de rectoría, además de problemas en el diseño y la gestión de los programas existentes, no han permitido una mejora significativa en las condiciones de vida de los peruanos y peruanas con discapacidad.

Frente a este panorama, resulta alentador notar que 14 de los 19 partidos políticos y alianzas electorales que se han inscrito para las elecciones presidenciales de 2016, han presentado planes de gobierno que contienen propuestas que buscan responder a las demandas e intereses de las personas con discapacidad. Así, sólo cinco partidos y alianzas no han incluido ninguna referencia al tema: Acción Popular, de Alfredo Barnechea; Alianza Popular, de Alan García; el Partido Nacionalista Peruano, de Daniel Urresti; Progresando Perú, de Miguel Hilario; y Siempre Unidos, de Felipe Castillo.

Entre los partidos y alianzas que sí han incluido propuestas relativas a las personas con discapacidad en varios aspectos, destacan los planes de Peruanos por el Kambio, el Frente Amplio y Todos por el Perú. Estas tres organizaciones han considerado propuestas en materia de accesibilidad, educación, salud, trabajo y fortalecimiento institucional, incluyendo el compromiso de aprobar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad para las personas con discapacidad, conforme lo ordenado por la Ley N° 29973. En el caso de las dos primeras organizaciones, además, cabe destacar el hecho de que sus propuestas hayan sido elaboradas con el concurso de reconocidos representantes del colectivo de personas con discapacidad.

El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, cuyo candidato es Pedro Pablo Kuczynski, es el más completo y ambicioso de todos, con un claro enfoque de derechos y metas especifícas para su implementación. El plan incluye un capítulo que integra una serie de propuestas dirigidas a la inclusión social y el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con énfasis en las propuestas de accesibilidad y educación inclusiva.

En relación con la accesibilidad, Peruanos por el Kambio plantea un abordaje integral de la temática, con planteamientos concretos para el acceso a la información y las comunicaciones. En cuanto a la educación, se propone poner en práctica un modelo de educación inclusiva con énfasis en la calidad, considerando para ello propuestas para asegurar la adecuación curricular, la existencia de equipos psicopedagógicos, la capacitación docente y la adecuación en infraestructura y equipamiento.

Debe notarse que Peruanos por el Kambio es el único partido que ha propuesto continuar con el trabajo realizado por la Comisión Especial Revisora del Código Civil del Congreso de la República en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Se trata de una de las reformas pendientes más importantes para garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

El Frente Amplio, de Verónika Mendoza, por su parte, ha considerado la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad como uno de sus objetivos estratégicos a priorizar. Para ello, proponen aplicar un enfoque de trabajo comunitario, incluyendo la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, y dar protagonismo a las propias personas con discapacidad en la elaboración y gestión de estas políticas.

En relación con la accesibilidad, además de aprobar un Plan Nacional de Accesibilidad, el Frente Amplio propone implementar la Dirección Nacional de Accesibilidad en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, creada por la Ley N° 29973 pero todavía sin dirección ni recursos. En materia de educación, se propone seguir adelante con el modelo educación inclusiva pero asegurando calidad.

En el caso de Todos por el Perú, liderado por Julio Guzmán, su plan pone énfasis en educación y salud. Además de asegurar que las personas con disapacidad no sean discriminadas en el acceso a a estos servicios, se plantea ampliar la oferta de centros de intervención temprana, de servicios de apoyo para la inclusión educativa y de ayudas técnicas para la movilidad. Así, una de sus propuestas es crear una Oficina de Desarrollo Tecnológico en Salud (OTS) para la producción de prótesis a bajo costo.
Los demás partidos
Entre los demás partidos, el común denominador son las propuestas generales y, en muchos casos, contraias a las necesidades y demandas del colectivo de personas con discapacidad.

De este segundo grupo de partidos, destacan algunas de las propuestas del Partido Político Orden, de Ántero Flores-Aráoz, quienes entre otras medidas proponen la implementación de sistemas alternativos de información y comunicación, programas de acceso a la vivienda y servicios de protección social. Esta organización también promete mejorar los sistemas de recolección de información para “sincerar” las estadísticas de personas con discapacidad. Todas estas propuestas resultan contradictorias, sin embargo, con su planteamiento de promover la construcción de más instituciones educativas de educación especial, modelo educativo que promueve una educación segregada y que históricamente no ha respondido a las necesidades de los niños y niñas con discapacidad.

La alianza Solidaridad Nacional - Unión por el Perú de Hernando “Nano” Guerra García, por su parte, se compromete a realizar campañas contra la discriminación y por la inclusión de las personas con discapacidad. Asimismo, propone la promoción ciudades amigables y accesibles, así como incentivos para la contratación de trabajadores con discapacidad.

Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, también tiene algunas propuestas espefícas que vale la pena reseñar. Por un lado, se proponen fortalecer los programas de formación laboral y ocupacional, promoviendo articulación entre la educación y el trabajo, así como potenciar los mecanismos de fiscalización de las cuotas de empleo de personas con discapacidad. Por el otro, se busca fortalecer el liderazgo del CONADIS, asegurando su autonomía, pero con controles y fiscalización permanente.

De los demás partidos, hay poco que destacar. Perú Patria Segura propone la creación de un Viceministerio de Personas con Discapacidad; Democracia Directa ofrece fomentar mecanismos de emprendedurismo; Perú Nación se compromete a cumplir con el pago de la deuda social pendiente con los pensionistas y personas con discapacidad integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; Perú Posible plantea supervisar activamente el cumplimiento de la normativa existente, y Progreso y Obras propone convertir al país en “Destino Turístico Privilegiado” para personas con discapacidad. Alianza para el Progreso y el Partido Humanista Peruano, dos de los pocos partidos que han incluido candidatos con discapacidad, apenas abordan la temática de discapacidad.

Mención aparte merece Perú Libertario, de Vladimir Cerrón, quienes proponen la “masificación” de la educación especial de “peruanos nacidos con defectos físicos y psicológicos”, una propuesta que nuevamene va a contracorriente con el marco normativo nacional e internacional en materia de discapacidad.

Balance de las propuestas
Es sumamente positivo que los planes de gobierno de la mayoría de los partidos y alianzas que aspiran a gobernar nuestro país a partir del 2016 hayan incluido propuestas en relación con las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. El Perú necesita políticas efectivas orientadas a eliminar las barreras existentes que limitan la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad. No obstante, preocupa que la mayoría de estos planes incluyan el tema de discapacidad de manera general, sin medidas concretas y sin un análisis profundo de la situación de este colectivo.

Por otro lado, es notorio que la mayoría de los partidos y alianzas han priorizado el tema del empleo de personas con discapacidad. Esto se debe, principalmente, a la difusión que ha tenido la obligación de los empleadores públicos y privados de contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. Este reconocimiento es valioso pues significa una continuidad en las políticas de empleo iniciadas bajo el actual gobierno.

Varios planes presentan, además, propuestas en el ámbito educativo. Esto es nuevamente positivo habida cuenta de los niveles de exclusión educativa existentes. Lamentablemente, como hemos puesto en evidencia, no todos los partidos y alianzas parecen conocer o compartir el modelo de educación inclusiva. Esta situación es preocupante ya que la inclusión educativa es una condición indispensable para asegurar el ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás.

En matera de salud, muchas de las propuestas no son claras ni concretas. Además, se ha prestado poca atención a la detención e intervención temprana, así como a la necesidad de asegurar una mayor cobertura de los sistemas de aseguramiento y de mejorar la calidad de la atención.

Es importante notar la falta de propuestas relacionadas al ejercicio de derechos civiles y políticos, así como el desarrollo de servicios de apoyo para la vida independiente o el ejercicio de la capacidad jurídica. Salvo Peruanos por el Kambio, ningún partido o alianza ha incorporado la reforma del Código Civil para asegurar los derechos civiles de las personas con discapacidad como parte de su agenda. Así, la discapacidad sigue siendo abordada como un asunto de políticas sociales, antes que un asunto de derechos humanos.


Finalmente, resulta decepcionante que tres partidos que han gobernado nuestro país, esto es Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y el Partido Nacionalista Peruano, no hayan considerado importante incluir propuestas dirigidas a uno de los colectivos más discriminados y excluidos de nuestro país.


Por: Marivero Del Mastro y Alberto Vásquez Encalad

LA GUILLOTINA DE LA VALLA



La barrera legal fue incorporada desde el 2006 como una medida que reduzca el número de partidos. Pese a ello existe una gran confusión sobre el tema.

El cálculo para la barrera legal, que en el Perú la han denominado valla electoral, se realiza solo y únicamente sobre la lista parlamentaria. En ningún caso para la elección presidencial. Son dos elecciones distintas, así votemos el mismo día y en la misma cédula o boleta electoral. El efecto que esta produce es doble.

Al partido que no supera la valla electoral no se le permite tener representación en el Congreso y, además, pierde su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Mantiene su inscripción si cumple al menos una de las dos condiciones: obtener no menos del 5% de los votos válidos o siete congresistas en más de una circunscripción, Lima y Callao, por ejemplo.

El efecto ha sido el siguiente: en el 2006, de veinticuatro partidos, ingresaron al Congreso siete y, en el 2011, de trece, seis. Aun cuando en realidad, debido a las alianzas electorales, el número real de partidos fue de diez y quince, respectivamente.

Si bien faltan poco menos de dos meses para la elección, hasta ahora solo Fuerza Popular, Todos por el Perú, PPK y Alianza para el Progreso y quizá Alianza Popular logren este propósito y, con menos posibilidades, Frente Amplio y Acción Popular. El resto de partidos no superará la valla electoral y perderá la inscripción, así sus listas presidenciales superen el 5% de los votos. El problema para Alianza Popular y Alianza para el Progreso es que si se aplica la modificatoria de la ley de partidos, requerirán el 7% de los votos.


En todo caso, votar por distintas listas en presidenciales y parlamentarias salvará a algunos partidos, pero la mayoría será arrojada a la guillotina (Peru21, domingo 14 de febrero del 2016).

PROCESO COMPLEJO Y CONFUSO




Las elecciones de 1963 fueron convocadas con diez meses de anticipación y participaban tan solo cuatro listas presidenciales y otras cuatro listas parlamentarias, sin voto preferencial. Este proceso electoral, que ganó por primera vez Fernando Belaunde Terry, tuvo un padrón electoral que superaba los dos millones de electores, en el marco de una ley electoral con muy pocas regulaciones.

Hoy, medio siglo después, para 22 millones de electores, con 17 listas presidenciales e igual número de parlamentarias pero con voto preferencial (con más de 2,200 candidatos), el proceso electoral se ha convocado con poco menos de cinco meses de anticipación. Es decir, para muchísimos más electores, más partidos y candidatos, hay menos tiempo para todo.

Por si fuera poco, como no sucedía antes, tenemos reglas que están en la Constitución, en varias leyes orgánicas y de organizaciones políticas, así como reglamentos y resoluciones, configurando un marco normativo frondoso, con vacíos, contradicciones, mal diseñado y peor regulado. Solo en lo que va de este siglo se han creado y modificado nuevas figuras como inscripción de partidos, elecciones internas, financiamiento, hoja de vida, etc. A lo que se le suman procedimientos y etapas, muchas de ellas mal planteadas y confusas.


Sobre todo esto tienen que actuar los organismos electorales, víctimas de un Congreso que se negó a modificar varias de estas reglas. Pero lo peor es que varios candidatos, de manera irresponsable, tratan de empañar un proceso electoral complejo y poco entendible hablando de fraude. Recuperar los organismos electorales nos costó mucho, allí donde antes varios de sus miembros desfilaron y se inclinaron ante Vladimiro Montesinos, para favorecer la candidatura de Alberto Fujimori. Esas páginas de oprobio han sido largamente superadas. Ejerzamos nuestros derechos, pero también defendamos nuestras instituciones (Peru21, domingo 28 de febrero del 2016).


LOS CANDIDATOS Y LA DEFENSA NACIONAL




(Defensa. En términos generales, un tema poco tocado por los candidatos. Foto: Perú.21)

La presencia castrense en la campaña electoral ha quedado confinada a dos campos. De un lado, la inclusión de militares en retiro en las listas al Congreso de la República. De otro lado, las propuestas para mandar a las Fuerzas Armadas a patrullar a las calles como disuasivo a la inseguridad ciudadana.

Así, entre la representación nominal de la “familia militar policial” y la medida demagógica, la mayor parte de nuestros candidatos dedican una mínima parte de sus propuestas a materias de defensa y políticas sobre las Fuerzas Armadas. Curioso que ello se produzca luego de un periodo presidencial con un militar en retiro que puso mayor peso en el Ejército (y en su promoción, a la que dejará en altos puestos de la institución) para las tareas de defensa.

Las preocupaciones reales de los candidatos pasan más por como “contrarrestar el peso de la promoción Humala“. Keiko y Acuña con vínculos con militares en retiro, Alan con mayor peso en la Policía y PPK más cercano a la Marina. Guzmán, Barnechea y Mendoza dan un menor peso a estos vínculos, lo que también se traduce en planes de gobierno más escuetos sobre la materia.


Aún así, existen propuestas sobre temas castrenses y de defensa. Aquí las resumimos:


Defensa nacional y FFAA en los planes de gobierno
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¿Qué se puede concluir?

1. El mejor plan en temas de defensa es el de Peruanos Por el Kambio: En primer lugar, porque propone actualizar la política sobre la materia, plasmada en el Libro Blanco publicado hace más de una década. En segundo lugar, por observar el tema de los ascensos y los sueldos del personal en actividad. En tercer lugar, por ocuparse en un capítulo del tema de inteligencia. Además, asigna tareas en materias de lucha contra el terrorismo, economía ilegal y misiones de paz. ¿La ausencia? El tema pensionario y los servicios básicos para el personal militar.

2. Economías ilegales: Es un tema recurrente en los planes de gobierno de Todos Por el Perú y Acción Popular. De hecho, es su única entrada al tema militar. Aquí tanto Julio Guzmán como Alfredo Barnechea deberán ser más explícitos en sus declaraciones para saber qué más piensan en torno a esta materia.

3. Fujimorismo meramente enunciativo: Si bien Fuerza Popular ha tenido coqueteos con el voto castrense, esta vez su plan pasa por tres medidas meramente declarativas, sin mayores precisiones sobre cómo van a mejorar la inteligencia, implementar el sistema de movilización y reserva (por ejemplo, ¿cómo lo van a compatibilizar con el servicio militar? ¿cómo dar mayores oportunidades a los actuales reservistas?) y mejorar los salarios y bienestar de las FFAA.

4. APP y Solidaridad solo declarativos, pero con algunas líneas interesantes: Hubiera sido interesante que los planes de César Acuña y Nano Guerra sean más explícitos en sus planes, sobre todo, en lo que se refiere a acercar a civiles y militares (en el caso de APP) y de la formación de una élite civil en temas de defensa (enunciada por Solidaridad).

5. Los jalados: Dramático que Alianza Popular y Perú Posible, quienes postulan a dos expresidentes, no tengan ni una sola línea sobre el tema. En el caso del Partido Nacionalista Peruano, solo se enuncia una medida referida a la modernización de las Fuerzas Armadas, sin saber si es que la misma únicamente hace alusión a la compra de equipamiento o a un proceso mayor. Finalmente, el Frente Amplio tampoco coloca medidas sobre temas de defensa.


Escrito por: Jose Alejandro Godoy

LA PARTIDA DE FAVRE Y EL NUEVO ASESOR DE ACUÑA

(El asesor argentino - brasileño dejó la campaña de Acuña. Foto: Perú.21)

Luego de varios días de especulaciones, ayer se confirmó la nueva baja en la campaña de César Acuña. Luis Favre dejó de asesorar al candidato de Alianza Para el Progreso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué consecuencias tiene?
(Mirko Lauer fue uno de quienes anticipó la salida de Favre, con quien mantiene un buen trato. Foto: El Comercio)

TODAS LAS VERSIONES SOBRE LA SALIDA DEL ASESOR

Hace dos semanas, el semanario Hildebrandt en sus Trece ya registraba tensiones entre Favre y Acuña. La publicación indicaba que el asesor estaba descontento por dos motivos: el exhombre fuerte de la Universidad César Vallejo no le había contado toda la verdad sobre el tema de los plagios y no le hacía caso en sus recomendaciones. Del lado de APP, había malestar porque solo se había logrado ejecutar uno de los spots planteados para la campaña del candidato.

El rumor de la salida de Favre se acrecentó durante la semana pasada en círculos políticos. Fue Mirko Lauer en su columna sabatina quien dio la primera clarinada pública sobre la partida del asesor, atribuida por el columnista de La República a la aparición de Acuña en “El Valor de la Verdad”, reality en el que dijo que la contratación del consultor había sido un derroche. El malestar de Favre ya había sido recogido por DTP la semana anterior.

Ayer se confirmaron las alarmas. Primero fue Augusto Álvarez Rodrich en su columna quien dio la primicia. Luego El Comercio confirmó con el propio Favre su partida, luego de hacerse unos chequeos médicos en Brasil. Según tuiteó Favre, el quiebre de la relación se produjo de mutuo acuerdo.

Del lado de APP, luego de unas declaraciones altisonantes de Kelly Acuña - hija del candidato y una de las principales financistas de la candidatura de su padre - y otras de Richard Acuña - también hijo del postulante y jefe de la campaña - tratando de minimizar los hechos, apareció el siguiente comunicado del partido, bastante medido en sus términos, donde se señalaba el regreso del asesor español Ismael Crespo.
Las versiones sobre la salida de Favre son variadas. El Comercio indica que fueron tres los factores que irritaron al asesor: Acuña no escuchaba sus consejos, no le dijo la verdad sobre los plagios y se presentó en el programa de Beto Ortiz contra sus recomendaciones. Exitosa incide en el lado de Acuña, donde se indica que no confiaban en el consultor, pues sentían que hacía campaña por Julio Guzmán. Según el diario dirigido por Juan Carlos Tafur, la decisión de la salida de Favre fue tomada por el propio candidato y por Vladimir Paz de la Barra, secretario de organización de APP.

Al mismo tiempo, Utero.pe indica que el relevo de Favre no ha sido gratuito. También hubo cambios en prensa, pues salió Jaseli Miraval para ser reemplazada por Ruben Cano, quien cumplió dicha función en la segunda vuelta electoral de 2011 para Ollanta Humala. De hecho, según indica Exitosa, Cano también es fuente de tensiones al interior de la campaña. La versión registrada por Laura Grados indica que no había sintonía entre la estrategia de Favre y lo que decía Acuña y que, además, las reuniones entre ambos no eran tan frecuentes.

Favre no ha dado nuevas luces sobre su salida de APP. Mientras que Guzmán ha descartado la contratación del consultor. El actual jefe de campaña y asesor comunicacional del segundo en las encuestas es Jonathan Reynaga, peruano que ha trabajado para una entidad no gubernamental de Tony Blair en Gran Bretaña y Ruanda y ha hecho toda su carrera - incluyendo estudios universitarios - en el extranjero. Según cuentan en las filas de TPP, Guzmán confía mucho en su asesor, por lo que cualquier nexo con Favre está descartado. (Más sobre Reynaga, quien comienza a ser conocido por la prensa, en este post de Chicharrón de Prensa).
(Ismael Crespo, el asesor español de Acuña que vuelve al equipo. Foto: El Comercio)

EL REGRESO DE CRESPO Y LO QUE SE VIENE

Según El Comercio, Crespo estuvo desde octubre trabajando con Acuña. Con un perfil más académico que su par argentino - brasileño, fue el consultor quien asesoró al candidato durante su ascenso en las encuestas. Así lo contó Carlos Meléndez:

Acuña no llegó al 10% en diciembre por sí solo, como sostiene. Tuvo a dos expertos españoles en márketing político que lo condujeron a ese primer objetivo (Crespo y Joan Quesada, nota de DTP). El mismo día en que uno de ellos pisó Lima, salió disparado para las alturas de la sierra central.César Acuña quería que lo viera interactuar con sus operadores políticos, cómo alcanzaba acuerdos con movimientos regionales y, sobre todo, que lo viera en acción. El diagnóstico inicial señalaba fortalezas a nivel de movilización. Efectivamente, el empleo de las universidades-empresa como sustitutos partidarios había permitido el enraizamiento local de la ascendencia de Acuña en sus zonas de intervención directa. Pero se necesitaba dar un primer salto mediático, y qué mejor que aprovechar su asociación con el tema educativo. Construir una marca personal que equipara Acuña con ‘educación’, empleando exclusivamente la publicidad de su consorcio universitario, antes que politizar tal asimilación con fines electorales.

Cuando las encuestas vislumbraron el despegue de su candidatura (10%), superando incluso las cifras de García, César Acuña ya estaba en capacidad de tocar las puertas de Favre. “Para serte franco, no nos esperábamos llegar a esa marca tan pronto […], pensábamos que sucedería en febrero”, señala un miembro del entorno acuñista. A pesar de que la dupla española había cumplido el encargo, sus servicios no fueron renovados.

Sin embargo, Crespo le contó a Caretas una versión algo más matizada de los hechos:

“Estuve asesorándole hasta el 1 diciembre. Estuve todo el 2015 y el contrato se cerraba previo al debate de la CADE”, precisa Crespo desde la madre patria. Y añade que el trato no se renovó por decisión de ambos bandos.

A pesar del millón invertido la verborrea de Acuña no dispara. Crespo da algunas pistas sobre los postulantes en general. “Todos los candidatos son muy soberbios y es muy difícil que entrenen”, dice.

Como experto asegura que el que más ha fallado es PPK, porque no ha logrado establecer que él sería el único capaz de derrotar a Fujimori en la segunda vuelta. Además “es un candidato mayor y se le nota”, precisa Crespo.

“El asesor juega a veces como director de campaña, sirve de psicólogo, amigo, compañero de juergas y hasta es para contarle las intimidades”, apunta el experto. “Fuera de Perú a Favre no le conoce nadie”, dice Crespo. “Cayó por la relación del gobierno brasileño, un poco por la vía del lobbismo. Él es más publicista que estratega. En términos de publicidad es efectista. Trabaja la parte de la comunicación negativa”.

El problema para Acuña es que Crespo - profesor de la Universidad de Murcia, doctor por la Complutense y, ojo, Doctor Honoris Causa de la UCV - ya no podrá volver a la marca original. Con el escándalo de los plagios, para todo fin práctico, cualquier alusión al tema educativo ha quedado fuera de juego. El candidato de Alianza Para el Progreso venía enfatizando la identificación con sus atributos raciales y su historia de “hombre que se hizo a sí mismo”. Pero lo cierto es que el último mes de campaña de Acuña ha sido,  para todo fin práctico, estar a la defensiva.


Y es que, aunque pocos lo acepten en APP, la gran complicación de la campaña no es el asesor en marketing. Es el propio candidato.

Escrito por: Jose Alejandro Godoy

SE VIENE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL




Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) reflexiona sobre los impresionantes cambios que desencadenará la Cuarta Revolución Industrial en el mundo del trabajo, la economía, el estado y la globalización en general.


EL FUJIMORISMO CONVIRTIÓ AL PERÚ EN FÁBRICA DE DESIGUALDADES



Alfredo Barnechea, sostuvo que el “Perú necesita un Estado de Bienestar” a favor de todos los ciudadanos y, a la vez, acusó al fujimorismo de haber convertido al país “en una fábrica de desigualdades”.
“Nunca he creído eso, creo en el mercado pero no soy un fundamentalista. Los países que se han desarrollado, los países que han funcionado son aquellos donde ha habido un Estado fuerte que cobre los impuestos que debe cobrar, castigue los delitos y redistribuya lo que se debe”, manifestó.


En ese contexto, dijo que el Estado debe cumplir su rol de “árbitro” y defender a los ciudadanos de los abusos de algunos sectores económicos, como el bancario. “Hoy en día los bancos te cobran 150 % de interés por una deuda de consumo y nadie dice nada, te roban con el gas y nadie defiende”, añadió.