Luego de 7 años de la serie de
informes publicados por el periodista Daniel Yovera, ayer comenzó el juicio
oral por malversación y peculado contra varios exfuncionarios de la
Municipalidad Metropolitana de Lima por el caso Comunicore, el mayor escándalo
de corrupción ocurrido durante las tres gestiones de Luis Castañeda Lossio. El
alcalde no está comprendido en el proceso gracias a una resolución del Tribunal
Constitucional.
EL CASO EN SENCILLO
Hay que recordar que Yovera reveló
ante el público un hecho desconocido: en septiembre de 2005, la Municipalidad
Metropolitana de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio, se había
comprometido a pagar una deuda de 35 millones de soles a Relima, la empresa
encargada de la limpieza de la ciudad, en el plazo de 10 años.
Poco después que se terminara de
formalizar las condiciones del pago, el 20 de diciembre de 2005, la empresa
Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la
deuda a Relima por 14.5 millones de soles. En enero de 2006,la Municipalidad
pagó en una sola armada la deuda original de 35 millones de soles a Comunicore.
Luego de ello, la empresa desapareció del mapa.
La investigación de Yovera, que
continuó en las semanas siguientes, así como indicios proporcionados por otros
medios, indicaron otros hechos que apuntaban a que nos encontrábamos ante una
operación bastante complicada e irregular: la transformación de Comunicore en
otra empresa cuyos directivos eran personas con poca capacidad económica,
versiones contradictorias sobre las partidas utilizadas para el pago de la
deuda, el retiro sistemático de dinero de la cuenta de Comunicore por
ciudadanos de escasos recursos económicos (desconociéndose el destino final del
dinero),conversaciones sobre el supuesto rol de Castañeda y contactos de alto
nivel de los funcionarios implicados en el caso.
Posteriormente, en 2011, un informe
elaborado por una comisión de la MML encabezada por la regidora Marisa Glave
aportó tres datos importantes: sobrevaloración de deudas para obtener el dinero
suficiente para pagarle a Comunicore, la renovación del contrato con Relima por
10 años y la delegación de funciones por parte de Castañeda a Juan Blest,
gerente financiero de la MML en su gestión y uno de sus hombres de confianza en
todos los puestos en los que Castañeda ha tenido intervención.
Hace dos años, una investigación conjunta
de Óscar Castilla, Carlos Neyra y Yovera apuntó a otra pista: Comunicore se
ligaría con el lavado de activos del narcotráfico. Esta arista del caso aún se
encuentra en investigación ante el Ministerio Público. Según una fuente
bastante enterada del tema, esta investigación está avanzando con bastante
lentitud.
El dato más fuerte de dicha
investigación fue proporcionado por Odilón Gaspar, gerente brasileño de Relima.
En su declaración, confesó que él y Garro organizaron la operación de pago,
pero con la información proporcionada por Juan Blest, gerente financiero de la
MML y que, como ya hemos mencionado, es una persona de total confianza de
Castañeda. El dato clave era que la Municipalidad estaba dispuesta a pagar todo
en una sola armada. “Entonces vimos la oportunidad de un negocio personal”,
indicó Gaspar Amado.
Curiosamente, la gente de Solidaridad
Nacional intentó, en 2010, hacer aparecer la declaración de Gaspar Amado como
una suerte de exculpación de Castañeda. Omitían, claro está, el hecho que la
información proporcionada por Blest era la clave para la formación de la
empresa. Y también que, como ha encontrado DTP, Juan Blest fue militante de
Solidaridad Nacional entre 2004 y 2010.
Peor aún, como encontró Yovera hace
algunos años, sí hubo pagos a los gerentes de Relima.
(Audiencias por el caso Comunicore se
iniciaron esta semana. Foto: Correo)
EL JUICIO ACTUAL
Un día antes que comenzara el juicio
oral, Yovera encontró que varios de los testigos del caso Comunicore venían
siendo amenazados por policías con supuestos embargos en casos de
inconcurrencia a las sesiones del proceso judicial. Todo ello a pesar que las
notificaciones, según el abogado de los testigos - personas de pocos recursos
económicos -, fueron hechas con corrección. El periodista indicó que no es la
primera vez que los testigos son amenazados por presuntos policías. Lo mismo
ocurrió en 2010.
Según indica hoy Exitosa, los
testigos del caso indicaron en la audiencia de ayer que recién se enteraron que
estaban en la directiva de Comunicore por los medios:
Durante el reinicio del caso conocido
como ‘Comunicore’, el referido tribunal escuchó la manifestación de Esteban
Arostegui, quien relató que un extrabajador de la empresa en cuestión, y a
quien identificó como Henry Vila Vila, fue quien, mediante engaños, la llevó a
la notaría para firmar unos documentos.
La testigo también aseguró que esta
persona la llevaba a una oficina ubicada en la avenida Paseo de la República,
donde quedaban las instalaciones de la cuestionada firma, para entregarle
dinero, exactamente 50 soles.
“Cuando me enteré (de que figuraba
como directiva de Comunicore) le dije al señor Vila que por qué me hizo esto,
porque yo no sabía nada”, alegó.
Y otro testigo complicó la situación
de los implicados en el caso. Indica Correo:
El testigo Manuel Fashin, exjefe de
Operaciones, reconoció que la MML no ejecutó el cobro de S/6 millones 660 mil
que la empresa Relima debía por multas impagas, que fueron impuestas por mal
servicio.
El tema surgió cuando el magistrado
Óscar Sumar Calmet, integrante de la Sexta Sala Penal de Reos Libre, interrogó
a Fashin sobre cómo había elaborado el consolidado de la deuda de S/35 millones
941.93, que la alcaldía metropolitana le tenía que pagar a Relima y que luego
cobró la empresa Comunicore.
Al respecto, dijo que “se hizo un
consolidado por deuda de IGV y obra por basura”. Ello se dio como un informe
que se hacía mensualmente, pero en dicho caso, señaló, “el pedido fue del señor
Miguel Garro (exgerente de Relima) de manera especial”.
Asimismo, cuando el juez le preguntó
por qué no se descontó de dicho monto general la deuda de Relima por las
multas, el testigo dijo desconocerlo.
“¿El señor Garro no le dijo que
descontaran? ¿Usted no le comunicó al señor Garro de esa deuda? ¿No había
carta-fianza?”, cuestionó el juez Sumar.
Fashin solo respondió: “Sí había
carta-fianza, pero no se ejecutó. Ese es un tema de la Municipalidad de Lima si
se ejecuta o no”.
Cabe alertar que el juicio oral en el
caso Comunicore se inició luego de 5 años de investigaciones. Es indispensable
que el proceso se desarrolle con normalidad, para evitar que prescriba y, sobre
todo, para que se alcance justicia en torno a un hecho en el que, claramente,
se perjudicó a los vecinos de Lima.
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