René Cornejo Díaz, encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del “Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” que construye Cerro Verde (Foto: Iagua)
Desde inicio de los años 90 el sector minero ha sido
protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron
invariables incluso en el periodo del boom de metales. Una investigación de
Ojo-publico.com revela que solo el impacto de cuatro exoneraciones fiscales le
ha costado al país S/ 1.567 millones en 10 años. Los convenios de estabilidad
son la mejor arma que tiene el sector para evitar el pago de nuevos impuestos.
Desde inicio de los años 90 el sector minero ha sido
protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se
mantuvieron invariables incluso en el periodo del boom de metales. Una
investigación de Ojo-publico.com revela que solo el impacto de cuatro
exoneraciones fiscales le ha costado al país S/ 1.567 millones en 10 años. Los
convenios de estabilidad son la mejor arma que tiene el sector para evitar el
pago de nuevos impuestos.
cerro-verde
En una zona cercana a la ciudad de Arequipa se encuentra la tercera operación
minera más rentable del Perú: Cerro Verde. La compañía minera, subsidiaria de
la estadounidense Freeport McMoRan que extrae el 2% de cobre que se
comercializa en el mundo, acaba de registrar utilidades 700% mayores a las del
año anterior, pero desde hace 17 años es inmune al peso de los nuevos
impuestos.
En los últimos años, una suerte de paraguas ha protegido de
la carga tributaria al sector minero. Desde el inicio de sus operaciones, Cerro
Verde –junto a otras 14 compañías mineras- se ha amparado en convenios de
estabilidad promovidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para
congelar las condiciones tributarias y administrativas vigentes al momento de
la suscripción de su contrato inicial.
El 2012, pese a una millonaria controversia que tiene con la
Sunat por la aplicación de estos convenios, la empresa logró renovar estos
mismos beneficios hasta el 2028.
CASO CERRO VERDE
Cerro Verde –de propiedad de Freeport-McMoRan (53,5%); SMM
Cerro Verde Netherlands de la compañía Sumitomo Metal Mining Company de Japón
(21%) y de Minas Buenaventura de Perú (19,5%)– se niega a pagar a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) unos S/ 800
millones en regalías mineras y ha llevado la controversia al Poder Judicial.
El caso de esta minera – cuyo CEO principal Richard Adkerson,
estuvo en Lima para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés), ilustra lo que viene ocurriendo desde hace 25 años en el
Perú y se suma a otras prácticas y beneficios tributarios revelados: https://ojo-publico.com/320/los-millonarios-impuestos-que-no-cobra-el-estado
, esta serie investigativa sobre los #PrivilegiosFiscales que permiten conocer
los millones de soles que el fisco dejó de recaudar en la última década.
EN NOMBRE DE LA INVERSIÓN
Luego de la crisis económica generada por el primer gobierno
de Alan García (1985 -1990), el gobierno de Alberto Fujimori diseñó normas
legales a medida de la industria minera. Así, entre 1991 y 1992, se aprobaron
los Convenios de Estabilidad Jurídica y los Contratos de Estabilidad Tributaria: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/CDROM/2013/files/LGMESPANOL.pdf
, que congelaban las condiciones
fiscales hasta por 15 años. Este último fue suscrito por Jaime Yoshiyama,
cuando era ministro de Energía y Minas. El uso de estos acuerdos -para
prolongar beneficios o extender su alcance a proyectos no previstos- ha
derivado en juicios con la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria, como en el caso de Cerro Verde.
Pero estos contratos no son los únicos beneficios que ha
tenido el sector minero.
Una investigación de Ojo-Publico.com -que construyó una base
de datos para analizar las exoneraciones fiscales vigentes en el Perú-
identificó cuatro beneficios tributarios del sector minero que en los últimos
10 años le han costado al Estado S/ 1.567 millones: la reducción del Impuesto a
la Renta (IR) por obras de infraestructura y la reinversión de utilidades, la
devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) por los trabajos que
realicen durante la fase de exploración y la depreciación del valor de sus
bienes.
El monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro
beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS)
para los 500,000 beneficiarios del país.
LOS CONVENIOS PERPETUOS
El 2004 el gobierno de Alejandro Toledo, en plena bonanza del
oro y los minerales, creó la figura de la regalía minera (una contribución
adicional al impuesto a la renta) con el fin de incrementar la recaudación. Sin
embargo, 11 compañías mineras se negaron a pagar amparándose en sus contratos y
convenios de estabilidad.
Según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y
Proinversión, las corporaciones mineras que se aferraron a estos convenios
fueron, además de Cerro Verde, Doe Run, Antamina (de BHP Billiton, Glencore y
Teck), Yanacocha (de Newmont y Buenaventura), Barrick Misquichilca (compañía
canadiense), Milpo (del Grupo Votorantim), Antapaccay (antes Xtrata Tintaya),
Condestable (de Southern Peaks Mining), Los Quenuales (de Glencore), Santa
Luisa (de Mitsui Mining & Smelting) y Sipán (del Grupo Hochschild).
El entonces presidente de la Sociedad Nacional de Minería
Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales Dasso: http://larepublica.pe/25-11-2004/empresarios-inician-batalla-legal-para-no-pagar-regalias-mineras,
lideró el rechazó de estas once empresas y presentó una demanda ante el
Tribunal Constitucional (TC) para evitar el pago de estas regalías. Sin
embargo, la respuesta no les fue favorable.
En su fallo 0048-2004: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.html
, el TC precisó que la regalía no es un tributo y que por lo tanto no está
incluido en la protección del contrato. Pese a la contundente sentencia, las
empresas argumentaron que el cobro era administrativo y que por eso sus
contratos también los blindaban de la regalía.
IGNORAN SENTENCIA DEL TC
Desde ese momento y hasta la fecha, ninguna entidad del
gobierno ha buscado hacer cumplir la sentencia del TC que hubiera permitido
ampliar la recaudación. Incluso, el 2006, los entonces ministros de Energía y
Minas, Glodomiro Sánchez, y de Economía, Fernando Zavala: http://larepublica.pe/04-05-2006/mem-determino-que-mas-de-10-mineras-no-paguen-regalias
, (hoy presidente del Consejo de Ministros),
respaldaron ante una comisión del Congreso la interpretación de las empresas.
El TC determinó que las regalías no son un tributo, pero 11
mineras se negaron a pagar”
Un estudio de la ONG Oxfam: https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Pol%C3%ADtica%20fiscal%20peruana%20en%20tiempos%20del%20boom%20minero.pdf
, estima que entre el 2004 y el 2011 el
Estado dejó de recaudar por este incumplimiento US$ 1.590 millones. El 73% de
las regalías impagas se concentran en Antamina, Yanacocha y Cerro Verde.
Consultados sobre el tema, la oficina de Comunicaciones
Externas de la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), respondió a Ojo-Publico.com
que, si bien su contrato de estabilidad rige desde 1999, el acuerdo fue firmado
en 1996 y congeló “las leyes peruanas vigentes” por un periodo de 15 años. “Por
lo tanto -dicen en su nota-, cuando se aprobó una ley imponiendo Regalías a las
compañías mineras (2004), Cerro Verde estuvo exenta de pagar”.
Solo en el caso de Cerro Verde, la Procuraduría del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Tribunal Fiscal y tres juzgados de
Lima y Arequipa han confirmado que la minera debería pagar por regalías más de
S/ 800 millones a la Sunat por la deuda de los años 2006, 2007 y 2008: http://larepublica.pe/impresa/politica/808386-cerro-verde-no-quiere-pagar-s-800-millones-de-regalias-arequipa
. Este año, en enero y abril, la Sexta Sala Superior: http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/marco-legal/178220-cerro-verde-debera-pagar-s-286-millones-a-la-sunat/
, y el 20 Juzgado Contencioso Administrativo
rechazaron dos demandas entabladas por Cerro Verde; y en setiembre último el
Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo.
El contrato de estabilidad de Cerro Verde fue suscrito para
los trabajos de lixiviación de cobre, pero en octubre del 2004 -cuatro meses
después de creada la regalía- la empresa presentó un nuevo proyecto: la Planta
Concentradora de Sulfuros Primarios y, como estaba dentro de la ampliación de
su concesión, interpretó que también estaba blindada de los nuevos cobros. El
Poder Judicial ya le indicó lo contrario, pero la minera sigue litigando.
Entre el 2005 y el 2014 vencieron los acuerdos estabilidad
aprobados en el régimen fujimorista, pero los gobiernos de Toledo, Alan García
y Ollanta Humala suscribieron nuevos contratos, incluso en plena bonanza de los
metales, con la diferencia de que el Impuesto a la Renta vigente se fija en un
2% adicional.
PRIVILEGIOS RENOVADOS
Cinco compañías mineras han renovado sus contratos de
estabilidad, según información del MEM. Se trata de Yanacocha, con su proyecto
de explotación de óxidos en La Quinua, Cajamarca; Minera Bateas, que explota
oro, plata, zinc y plomo en la misma región; y Antapaccay, antes Xtrata
Tintaya, con su planta de óxidos en Cusco. También encontramos a la Compañía
Minera Ares, en Apurímac; y Milpo, con la mina Cerro Lindo, en Ica. Todas ellas
cuentan con protección hasta el 2017 o 2021.
“Después de la anulación de esta medida nueve empresas
continuaron aplicándola, protegidas por sus contratos de estabilidad.”
Carlos Gálvez, actual presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo a Ojo-Publico.com que el sector minero
ya no tiene beneficios tributarios, que aquellos vencieron “hace más de 15
años” y por el contrario los que han firmado contratos de estabilidad se
perjudican porque pagan el 32% de Impuesto a la Renta cuando hoy esta tasa se
redujo a 28% para el resto de contribuyentes.
El congelamiento de los impuestos no fue el único beneficio
del sector. Desde 1993 las mineras podían reinvertir hasta el 80% de sus
utilidades en nuevos proyectos a cambio de que se les exonere el mismo monto en
el Impuesto a la Renta. Catorce compañías se acogieron a la norma. Esto redujo
el canon minero, que se compone del 50% de la renta pagada por las mineras, y
es de uso directo de las municipalidades y gobiernos regionales de la zona de
influencia.
Este beneficio tributario se derogó el año 2000. Sin embargo,
después de la anulación de esta medida nueve empresas continuaron aplicándola,
protegidas por sus contratos de estabilidad. Estas fueron Votorantim Metais,
Antamina, Yanacocha, Southern, Milpo, Volcán, Atacocha, Los Quenuales, y
nuevamente Cerro Verde.
Aquí el texto completo del nuevo Convenio de estabilidad
suscrito por Cerro Verde y el Estado Peruano.
Contrato de Garantías y Promoción de la Inversión: https://es.scribd.com/document/331890511/CERRO-VERDE-Contrato-de-Garantias-y-Promocion-de-La-Inversion-2012
MENOS RENTA, MENOS CANON
El análisis de la ONG CooperAcción encontró que entre el 2001
y el 2011 se usó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba
vigente: en total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que
significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales
perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación y que
son quienes reciben estos recursos.
Además de la información reunida por Cooperacción, la base de
datos de Ojo-Publico.com reveló que las empresas continuaron registrando
reinversiones en el gobierno de Humala, el 2012 y el 2013, por un valor de S/
135.204, por lo que se dejó de recaudar S/. 40 millones adicionales en renta.
A la fecha, el sector minero se mantiene con dos excepciones
tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que
realizan durante la fase de exploración minera, y se les reduce el 20% valor
anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el
monto sobre el que se deducirán sus impuestos.
Gálvez señala que ambos beneficios no son exclusivos y que,
en efecto, se aplican también a los sectores hidrocarburos y construcción. “Lo
del IGV es lógico que nos lo devuelvan porque realizamos inversiones que pueden
prolongarse por años antes de saber si explotaremos el mineral”, agrega. Por
ambos incentivos el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última
década.
EJECUTIVO VS SUNAT
Entre julio y diciembre del 2014, el gobierno de Ollanta
Humala promulgó dos leyes que les permite a las mineras extender los beneficios
de la estabilidad tributaria a las inversiones adicionales (no menores a US$25
millones) que realicen dentro de una misma concesión.
Fuentes de la Sunat explicaron que este cambio les ha
generado una confrontación con la posición que mantiene su institución desde el
2006, y que fue ratificada por el Tribunal Fiscal del MEF el 2013, pues las
mineras podrán plantear ante el Poder Judicial que los privilegios tributarios
que poseen pueden extenderse a los demás trabajos que realizan en su concesión.
El precio de los metales está hoy a la baja. Según los
reportes de la Sunat, los ingresos tributarios que nos aporta este sector
alcanzaron los S/ 2.699 millones el año pasado, un 54% menos que el 2014. El
aporte de la minería en la recaudación peruana es ahora solo del 3%, el más
bajo desde hace 12 años. Pero ni en su mejor momento los beneficios y convenios
tributarios dejaron de ampararlos.
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