miércoles, 28 de febrero de 2018

LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL GOBIERNO DE PPK

Plantaciones de palma aceitera en el Perú



Hace poco le comenté a un colega que escribiría este artículo sobre la política ambiental en el Gobierno de PPK. Su respuesta fue ilustrativa de la percepción que se tiene sobre el tema: “será un artículo corto”. Lo tomé a la broma, pero no le falta razón. El Gobierno de PPK no tiene avances relevantes que mostrar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha desaparecido de la escena pública, los debates sobre problemas ambientales solo alcanzan visibilidad cuando hay alguna medida escandalosa sobre la mesa, como por ejemplo, la construcción de carreteras en zonas de frontera de Ucayali.

La debilidad en la performance ambiental en este periodo se explica en parte por el contexto político del país. La viabilidad del Gobierno no está clara luego de una crisis de gobernabilidad permanente que se ha vuelto extrema tras el intento de vacancia y el indulto a Alberto Fujimori. Es muy difícil planificar e implementar acciones de fondo cuando no está claro cuánto durará la gestión de PPK ni cómo será el escenario en caso haya un cambio de gobernante. Esto aplica tanto para los actores públicos como para los privados y de sociedad civil.

para la opinión pública el MINAM juega un papel intrascendente.

En el marco de esta crisis, las discusiones sobre gestión ambiental han pasado a segundo o tercer plano. En una encuesta de Pulso Perú difundida en diciembre de 2017, el MINAM ocupaba el último lugar (en empate con otros) frente a la pregunta de cuál era el mejor ministerio durante el gobierno de PPK. También ocupaba el último lugar (nuevamente empatado) respecto a cuál era el peor ministerio. Es decir, para la opinión pública el MINAM juega un papel intrascendente. Sin embargo, la evolución de su aprobación ha sido a la baja, tal vez siguiendo el patrón general en el Gobierno: entre enero y diciembre de 2017, según la misma encuesta, la aprobación de Elsa Galarza cayó de 22 a 17%, mientras que su desaprobación subió de 27 a 47%.Más de un tercio de los encuestados, 36%, no sabe no opina. Aunque de forma sintomática quien sí consideró que el MINAM está haciendo bien las cosas fue Roque Benavides, presidente de la CONFIEP.

de forma sintomática quien sí consideró que el MINAM está haciendo bien las cosas fue Roque Benavides, presidente de la CONFIEP.

Por sí mismos, la desaprobación en la opinión pública y el perfil bajo no son indicadores contundentes para diagnosticar problemas en una gestión. Los temas ambientales pueden estar o no en el ojo de la tormenta política. En este gobierno –posiblemente porque los problemas medulares son otros– el MINAM no ha estado bajo acecho, aunque esto podría cambiar. Lo fundamental, en mi opinión, es si se avanza o no con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el país y se sientan precedentes que apunten hacia la sostenibilidad y la justicia ambiental en las actividades productivas. Y en eso hay poco que mostrar.

El MINAM ha priorizado un enfoque tecnocrático y “amigable con la inversión” (...) Los propios términos que usa el ministerio para describir su trabajo dan cuenta de su enfoque de ambientalismo de mercado.

El MINAM ha priorizado un enfoque tecnocrático y “amigable con la inversión”, por calificarlo de alguna manera. Al menos en el discurso, ha habido preocupación explícita por reforzar el levantamiento de evidencia científica para orientar sus acciones. Los propios términos que usa el ministerio para describir su trabajo dan cuenta de su enfoque de ambientalismo de mercado: la promoción de “econegocios” y de un “crecimiento verde”, el “aprovechamiento de la diversidad biológica”, el desarrollo de un “mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos”, entre otros. Temáticamente destaca el impulso dado a la gestión de residuos sólidos, en la lógica de reducir la contaminación. Y en términos de gestión los economistas del ministerio –la profesión dominante en la alta dirección– han avanzado propuestas para desarrollar mecanismos financieros que incentiven el cumplimiento de metas ambientales en la ejecución presupuestal del Estado en su conjunto.

Elza Galarza Contreras, ​Ministra del Ambiente (Minam), lanzando campaña “Este 29 Yo Soy Perú Limpio”. Fuente de la imagen: Radio Nacional

Elza Galarza Contreras, ​Ministra del Ambiente (Minam), lanzando campaña “Este 29 Yo Soy Perú Limpio”. Fuente de la imagen: Radio Nacional.

La apuesta del MINAM ha sido pues tecnocrática, en el entendido de que la tecnocracia es de naturaleza apolítica –un entendido muy discutible. En esta línea ha habido un cuidado expreso por no entrometerse en los fueros de otros ministerios (uno de los mandamientos de PPK). Esto ha generado un declive notable en el perfil del MINAM en los casos más álgidos: se desentendió de la confrontación contra la minería ilegal en Madre de Dios al ser un tema que debería estar a cargo del MINEM y/o el MININTER; su defensa de los bosques es en la práctica declarativa (aunque con mucho ojo financiero) en tanto la gestión del patrimonio forestal le corresponde al MINAGRI; no alzó la voz cuando el Congreso aprobó declarar de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, por poner algunos ejemplos.

El MINAM se tomó al pie de la letra que no había que estorbar a otros sectores pero en realidad esto lo deja en una posición muy complicada: es el ente rector en materia ambiental y tiene que darle línea a otros sectores en lo referido a la dimensión ambiental. Si bien no puede hacerse cargo de la gestión ambiental sectorial, sí tiene que cumplir un rol orientador, identificar problemas, evitar despropósitos, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad. Es decir, tiene que dar las peleas políticas por el medio ambiente al interior del Estado. Esa tarea es muy difícil si el MINAM decide asumir un perfil bajo. Lo que termina ocurriendo es lo que vemos ahora: que la gestión se percibe como intrascendente, no hay avances en los temas de fondo, la principal línea de acción pasa a ser la gestión de residuos sólidos y el ministerio recibe felicitaciones de la CONFIEP.

La agenda ambiental no es prioritaria en este gobierno. Desde el 2015, en su calidad de pre-candidato, PPK introducía la idea de fusionar ministerios, mencionando como posibilidades los de Ambiente y Cultura. Es posible que esa idea se mantenga en el núcleo del gobierno.

La agenda ambiental no es prioritaria en este gobierno. Desde el 2015, en su calidad de pre-candidato, PPK introducía la idea de fusionar ministerios, mencionando como posibilidades los de Ambiente y Cultura. Es posible que esa idea se mantenga en el núcleo del gobierno. A pesar de los tímidos avances descritos, lo que debería ser una batalla permanente para fortalecer la gestión ambiental en sectores duros se ha dejado de lado. Esto a pesar de que en el país hay muchas dinámicas alarmantes a nivel territorial: el crecimiento incontrolable del tráfico de tierras, el aumento de la deforestación, la expansión de la minería ilegal, las presiones para construir infraestructura en la Amazonía sin la más mínima planificación y un largo etcétera.

En la medida en que la continuidad misma del Gobierno está en entredicho y hay otros problemas que acaparan la atención pública, los temas ambientales no han tenido protagonismo en el debate nacional. Pero de darse el caso, por ejemplo, de que alguno de los conflictos socioambientales latentes estalle, cobre notoriedad mediática y ejerza verdadera presión contra el MINAM, es muy improbable que la apuesta tecnocrática y complaciente con los intereses empresariales de la actual gestión pueda navegar las relaciones políticas complejas que caracterizan las interacciones naturaleza-sociedad. El perfil bajo ha funcionado en tanto el MINAM todavía no ha tenido los reflectores encima.

Por Juan Luis Dammert B. es sociólogo y geógrafo.

SUICIDIOS DE MUJERES INDÍGENAS SE HAN ACENTUADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS






Política de Salud Intercultural, que permitiría abordar el tema con seriedad, no es aprobado a la fecha por el Poder Ejecutivo pese a haber culminado su consulta hace 18 meses.

Nuevos factores como el ingreso de actividades ilegales a sus tierras o actividades extractivas sin la adecuada vigilancia ambiental y social contribuyen en el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres indígenas, lo cual lleva a que algunas tomen la decisión de quitarse la vida.

Así lo sostiene Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en un artículo publicado hoy en el diario El Comercio.

Sánchez inicia un análisis a partir de una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental en la selva rural, que da cuenta de que casi la mitad de las mujeres encuestadas se siente insatisfecha por el nivel educativo y socioeconómico alcanzado.

"El 26% de ellas ha sentido alguna vez deseos de morir, frente al 7,5% manifestado por los hombres", explica.

Si bien reconoce que no se puede generalizar en las causas que llevan a esta situación, sí se puede señalar que entre los principales motivos está la priorización de la mano de obra masculina y el reemplazo de la agricultura de subsistencia, labor que realizaban las mujeres, por una nueva economía de intercambio de bienes.

El funcionario advierte que los intentos de suicidio se han acentuado en mujeres jóvenes y adolescentes de los pueblos Awajún, de Amazonas, y Kukama, de Loreto.

"Ante ello, urge al Estado emprender reformas sustantivas que apunten a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, a controlar los impactos sociales diferenciados y a tener alternativas dentro de las dinámicas productivas que permitan reducir la incertidumbre e inseguridad sobre el futuro de las mujeres", explica.

En ese sentido, lamentó que a 18 meses de haber culminado la consulta de la Política de Salud Intercultural con los pueblos indígenas, el Poder Ejecutivo no haya cumplido con aprobarla.

Conluye así que "esta medida contribuirá a examinar con seriedad y rigor el servicio de salud brindado a fin de hacer los correctivos necesarios para enfrentar esta penosa realidad".

Por Daniel Sánchez

PROBLEMA SOCIAL SILENCIOSO POR EL SINNUMERO DE SUICIDIOS DE JÓVENES INDÍGENAS EN LORETO

FOTO DE Aidesep
ONU debe poner fin a la “crisis” de envenenamiento por mercurio en los pueblos




La madrugada del 28 de enero del 2015, Rita Catashunga, alertada por sus vecinos de la ciudad amazónica de Nauta, corrió del puerto hacia su casa. Ahí encontró a la policía, la fiscalía y un cuadro estremecedor al ver muerta a su hija de 15 años. “Dorita” se había suicidado.

Este  caso se suma a otros reportes de suicidios de adolescentes en Nauta e Iquitos. Nauta está a 100 kilómetros de Iquitos, en la región de Loreto, al noreste del Perú.

La mayoría de la población de Nauta es de la etnia Kukama. Los pobladores tienen una conexión muy estrecha con el río, pescando desde sus canoas, sembrando y cosechando cultivos como yuca y arroz, y cuidando los espíritus que habitan en las profundidades del río. Con estas actividades, mantienen la unidad y el equilibrio.

Sin embargo, en los últimos años la vida en Nauta se ha modificado. Los cambios rápidos en la vida de los jóvenes indígenas son un factor relevante en los suicidios.

Óscar Espinosa, antropólogo  de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), estudia los suicidios en Loreto desde el 2005 y ha identificado posibles causas de lo que sucede en Nauta.

“Son un conjunto de factores  que están presionando: el derrame de petróleo (de barcazas o pozos petroleros), la empresa maderera, la delincuencia, el narcotráfico, la prostitución, etc. Antes Nauta era un lugar tranquilo. Solo vivían los que estaban ahí. Ahora hay mucha gente que viene de  otras localidades amazónicas, y llevan sus costumbres, droga y basura. Hay un choque entre lo urbano y lo indígena”, dice Espinosa.

Según el psicólogo del Centro de Salud de Nauta Omar Peixoto, “hay que tomar en cuenta el problema de la contaminación en Nauta, las empresas petroleras no han cumplido con la remediación ambiental. Cuando se extrae el petróleo, el agua sale tres veces más salada que el agua de mar y si se vierte sin purificar en las cochas y los ríos, causa problemas en el ecosistema y en las personas que utilizan este tipo de agua. Eso genera un malestar en la población”.

Este nuevo contexto crea inseguridad e incertidumbre en los jóvenes indígenas.

“Antes los jóvenes indígenas sabían que se dedicarían a la chacra o a la pesca como sus padres o abuelos. Tenían un rol definido. Ahora no hay repuestas claras y eso incrementa la sensación de no saber qué hacer en este nuevo escenario”, dice Espinosa.

Faltan registros de casos

Los casos de suicido en Nauta se presentan con notoriedad desde el 2001. En ese año se reportaron aproximadamente tres suicidios de adolescentes. Pero la etapa más crítica fue en el 2008 con aproximadamente 32 a 40 suicidios.

El doctor Néstor Aguilar, psiquiatra del Hospital Regional de Loreto, ha estudiado los casos de suicidio en Nauta desde el 2008 y afirma que “los adolescentes, principalmente mujeres, desarrollan un trastorno disociativo de posesión”.

Este trastorno está relacionado a un trance de posesión que consiste en “la sustitución de la identidad personal por otra, atribuida a la influencia de un espíritu, poder, deidad u otra persona”, según se explica en la Cuarta Edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

Para el doctor Aguilar este trastorno puede ser catalogado como un Trastorno Mental Cultural, ya que es producido por estresores psicosociales y culturales como marginación, discriminación, pobreza, abandono, violencia y abuso sexual.

“Lo llamativo de este trastorno es su presentación casi epidémica. En un momento un adolescente presenta el cuadro y en cuestión de minutos otros adolescentes resultan con la misma sintomatología”, agrega Aguilar.

A principios de setiembre se registraron otros tres casos de suicidios de adolescentes —una joven de 13 años y dos muchachos de 15 años— en Punchana, un distrito de Iquitos. “Es un problema frecuente”, dijo Miguel Cadenas, párroco de la Parroquia La Inmaculada en Punchana.

A pesar de la persistencia del problema, el Ministerio de Salud (MINSA) no cuenta con un archivo actualizado de datos sobre suicidios. En la última data del período 2009-2013 solo aparecen registrados siete suicidios en Loreto.

Marco Bardales, integrante de la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA, señala que en este mismo período “no se han registrado muchos casos de suicidio en el departamento de Loreto, debido probablemente a la existencia de un alto porcentaje de subregistro de las muertes”.

Tampoco se tiene ningún Estudio Epidemiológico de Salud Mental de comunidades indígenas o etnias como las Kukama, Chayahuita, Achual o Jíbaro, a pesar de que en el último censo del 2007 que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se mostró que la población nativa amazónica representaba un 11.9% de la población total de Loreto.

Perspectiva cultural ausente

En el 2004 el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, uno de los dos hospitales de salud mental que existe en el Perú, desarrolló el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Selva Peruana en la zona urbana de las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. Este estudio demostró que estas ciudades tenían una frecuencia de vida de trastorno psiquiátrico más altas. Específicamente en depresión y ansiedad.

En el 2009 este instituto realizó un Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Selva Rural concentrándose esta vez en el área rural de Iquitos y Pucallpa. Los resultados evidenciaron que los trastornos clínicos más frecuentes fueron la fobia social y la depresión moderada a severa entre los adolescentes, en el cual 15.1% alguna vez en su vida presentó deseos de morir y el  0.6% había intentado suicidarse alguna vez en su vida.

“No se cuenta con un marco teórico ni los instrumentos apropiados. Además, faltan más estudios antropológicos y sociológicos para poder ingresar a las comunidades indígenas. Es un área completamente virgen, eso lo hace más complicado”, explica  el doctor Javier Saavedra, director ejecutivo de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

En un estudio sobre el suicidio en la juventud indígena de los pueblos Awajún en el Perú, Guaraní en Brasil y Embera en Colombia, realizado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) en el 2012, se observó que el  enfoque occidental y el diseño de los instrumentos convencionales “tienen limitaciones”, por ello en esta investigación “la metodología se centró en el trabajo directo con grupos de jóvenes de las comunidades”.

“El análisis de este tema es más viable desde una perspectiva cultural y no tanto desde una perspectiva psiquiátrica y psicológica. Por ejemplo cuando un adolescente awajún se suicida, la causa no necesariamente es la depresión. Esa ecuación entre suicidio y depresión en el mundo awajún no vale. Sin embargo, el personal médico dice que el suicidio es por un cuadro de depresión”, señala Espinosa.

Además es necesario que se pueda replantear la forma del tratamiento médico.

“Si se enferma una persona del apellido Kukama, todo el apellido es el que sufre y por ende todo el apellido debe involucrarse en la curación del enfermo. El tratamiento es integral y no individual”, indica el párroco Cadenas.

En el momento del traslado del cuerpo de “Dorita” de Nauta a la Morgue Central de Iquitos, un profesor del colegio Miguel Grau de Nauta, acusó a Catashunga de maltratos físicos contra su hija. Pero él no mostró pruebas, y los vecinos de la madre la defendieron. Ella solo quería estar al lado de su hija. “Todavía sueño mucho con mi hijita”, dijo, “y en mis sueños conversamos a través del río”.

Por Sonia Condori Sánchez

EL SUICIDIO INDÍGENA COMO CONSECUENCIA DE LA COLONIZACIÓN





El genocidio indígena empezó en el año 1492. A pesar que el término genocidio aparece mucho después de esta fecha, en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de la población indígena con la invasión de los europeos es un hecho histórico incontestable. Más allá del exterminio en masa, las muertes por enfermedades, fatiga debido al uso de mano de obra indígena esclava y la destrucción de la cultura originaria de estas comunidades, también son considerados genocidio y siguen su curso en el siglo XXI.

Con el 90% de su población desaparecida, imposibilitando la reproducción de su cultura y de su reconstrucción, los pueblos originarios que resisten en los territorios llevan en su recorrido una historia de resistencia que atraviesa siglos y se contrapone al modelo de “civilización” vigente. Son muchos los desafíos contemporáneos que se profundizan aún más con el surgimiento del neoliberalismo.

El modelo neoliberal es el opuesto a la concepción de organización de los pueblos originarios. La destrucción de las formas comunitarias de organización combinadas con la amplia liberalización de la economía y la idea del Estado en favor de las corporaciones en detrimento de los sectores públicos, causan contradicciones que develan una fragilidad en su propia estructura.

El libre comercio y la transformación de todo lo que pueda ser explotado como mercancía, es la causa más importante del proceso de genocidio indígena contemporáneo. Las pocas –o casi nulas– políticas públicas que garanticen la demarcación de las tierras indígenas y consecuente manutención de su existencia, entran en conflicto con la expansión del agronegocio, sobre todo en Latinoamérica.

El ideario desarrollista no logra mirar a las comunidades, sus tradiciones, saberes y filosofía como algo que debe ser preservado siquiera por una cuestión de reparación histórica. No hay apelo moral ni ético. La máquina desarrollista destruye todo lo que pueda ser un obstáculo a su reproducción.

La colonización mercantil que hace con que la única forma posible de existencia sea la mercantilizada, empuja a los pueblos originarios para un proceso de internalización de la “cultura blanca” que no termina de ser asimilada. Por ello, los casos de suicidios en los pueblos indígenas es un hecho que de preocupación en las comunidades.

El proceso de aculturación impuesto a los pueblos originarios y los conflictos entre terratenientes e indígenas es el principal motivo del fenómeno de suicidio indígena. En Brasil, fueron registrados 782 casos de suicidios indígenas en los últimos 16 años, según el Consejo Indigenista Misionario (Cimi –en su sigla en portugués). La falta de tierra para trabajar es el factor de más relevancia en este escenario. Los pueblos indígenas tienen una relación simbólica con el territorio. Las tierras ancestrales son la única forma posible de reproducción de la vida, de su cultura y es la única razón por la cual existir.

La imposibilidad de acceso a los territorios y trabajo en ellos debido a la contaminación del suelo combinado con el sistemático envenenamiento del agua y consecuente muerte de la fauna, hace con que las comunidades no tengan razón por la cual vivir. Son imposibilitados de dedicarse a la pesca, caza y agricultura, con lo cual se los obliga a buscar otras formas de sobrevivencia que les quita la posibilidad de mantener su identidad indígena.

En Colombia, según informe de Medicina Legal, fueron registrados 61 casos de suicidio indígena entre enero de 2010 y junio de 2014, la mayoría de ellos niños y jóvenes entre 10 y 24 años. Perú también registra un aumento significativo del número de suicidios indígenas en los últimos años, con un importante incremento del suicidio femenino que se caracteriza por la minusvaloración de rol de la mujer en las comunidades debido a los cambios en las estructuras por la injerencia de la cultura patriarcal occidental.

En todos los casos, el contexto económico, social y político es de extrema violencia. El racismo y la discriminación –tanto institucional como por parte de la sociedad civil– validan el exterminio físico y cultural de estas comunidades. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Qué podemos hacer para frenar el genocidio a los pueblos originarios?

Referencias:



Por Virginia Bolten

EL GENOCIDIO DE INDÍGENAS. UNA HISTORIA DE EXTERMINIO MUY ACTUAL

Una pareja karajá con su bebé muerto a causa de la gripe. © Jesco von Puttkamer/ IGPA archive



El genocidio del que fueron víctimas indígenas de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX ha estallado en el rostro de las una de las economías más emergentes y expansivas luego de que saliera a la luz el Informe Figueiredo, de siete mil páginas, que se creía destruido.

A continuación un breve reporte sobre el tema de Leovani García, corresponsal de Prensa Latina:

 La lucha de los indígenas brasileños por recuperar la tierra de sus ancestros alcanza más de cinco siglos, marcados por una espeluznante secuencia de atrocidades contra esos grupos étnicos, que en muchos territorios conllevaron su completa extinción.

Brasil no es la excepción: los conquistadores portugueses y españoles despojaron a los nativos de sus terrenos, los expulsaron y masacraron, los utilizaron como esclavos y cuando su número disminuyó, trajeron entonces a negros encadenados de África.

Sin embargo, las crueldades contra los aborígenes continuaron hasta nuestros días. El pasado año salió a luz el denominado "Informe Figueiredo", que describe los crímenes registrados contra los nativos de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX.

El documento, de siete mil páginas y que se estimaba fue destruido durante un extraño incendio, destapa los crímenes en masa, la esclavitud, las torturas, los abusos sexuales, el robo de tierras y hasta el bombardeo de etnias.

El informe, según fuentes de la Fundación Nacional del Indio (Funai), fue realizado por el fiscal Jader de Figueiredo Correia en 1967, de ahí su nombre, y denuncia los envenenamientos y el genocidio de tribus ejecutados por terratenientes y el Servicio de Protección Indígena (SPI).

Según de Figueiredo Correia, varias tribus fueron completamente eliminadas para ocupar sus terrenos y no correr el riesgo de contar con demandantes, crímenes estos que quedaron impunes.

El descubrimiento de ese documento en el Museo del Indio en Brasil generó incertidumbre, hasta reclamos de falsificación, lo cual motivó una investigación judicial y la presentación de acusaciones contra 134 funcionarios por cometer más de mil asesinatos.

Al final, 38 de los empleados perdieron sus cargos, pero ninguno de ellos fue sentenciado o encarcelado, según la organización no gubernamental (ONG) Survival International, la cual anunció que dicho informe será analizado por la Comisión Nacional de la Verdad, la cual investiga las torturas, crímenes y desapariciones registradas durante el periodo de regímenes militares (1964-1985) en Brasil.

Sitios web brasileños señalaron que entre las inhumanas acciones reveladas figura la muerte en 1963 de 30 nativos al ser arrojada dinamita desde un avión contra una comunidad amazónica Cinta Larga.

La empresa Arruda, Junqueira & Co, dedicada a la extracción de caucho fue la causante de este exterminio, denominado "la matanza del paralelo 11", pues se pretendía eliminar a los aborígenes que se oponían a las actividades con el caucho.

El entonces gerente de esa entidad, Antonio Mascarenhas Junqueira, acusó a los indígenas de ser un estorbo para sus planes y dijo que era "hora de acabar con ellos, es hora de eliminar esta peste", de acuerdo con la Survival International.

Tras lanzar la dinamita sobre la población de Cinta Larga, varios matones fueron a la comunidad para rematar a posibles sobrevivientes. Por suerte, dos nativos salieron ilesos y contaron lo sucedido.

El envenenamiento de otros cientos de nativos con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el "tronco" son tenebrosos métodos utilizados por colonos y terratenientes para someter y acabar con los aborígenes.

Tras la desaparición en 1967 del Servicio de Protección Indígena (SPI), el gobierno brasileño creó un año después la Fundación Nacional del Indio (Funai), que se encarga de la política llevada a cabo con los pueblos indígenas.

A pesar de los cambios, los tormentos para los nativos no concluye, pues se registran aun en pleno siglo XXI crímenes y asesinatos de líderes indígenas por el mismo motivo de antaño: la tierra

Las acciones de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff permitieron avanzar en la demarcación y entrega de terrenos pertenecientes a los aborígenes, pero la impunidad reinante en el campo facilita que sigan actuando los pistoleros, que son absueltos por la justicia de la clase oligarca.

A modo de ejemplo, la etnia guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, sigue acosada por criminales pagados por terratenientes que los intimidan y amenazan con expulsarlos de sus terrenos ancestrales.

Los pueblos indígenas sufren la desatención de las autoridades brasileñas y afrontan una de las más graves situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985), denunció el coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Flavio Machado.

Con una población de 45 mil miembros, los guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población nativa del país, pero la mayoría de sus integrantes reside en parcelas acosadas y amenazadas.

Estadísticas de la CIMI revelan que en los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.

En noviembre de 2011, en ese territorio brasileño, ubicado en el sur de la región centro-oeste, fue asesinado el líder indígena Nisio Gomez, de 59 años de edad, por 40 hombres encapuchados y pertrechados de armas de fuego.

Testigos de esa comunidad declararon que los sicarios llegaron a un campamento próximo a la carretera MS-386, rodearon a 60 aborígenes y abrieron fuego contra el grupo con balas de goma y proyectiles de grueso calibre.

Gómez, líder espiritual, fue abatido por disparos en la cabeza, el cuello y el tórax, y sus asesinos se llevaron su cuerpo inerte con rumbo desconocido.

Hasta el momento, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) considera que Gómez está desaparecido.

La secretaría de los Derechos Humanos de Brasil condenó este vil asesinato, pero reconoce que la campaña de violencia en el campo continúa.

Por Leovani García es corresponsal de Prensa Latina en Brasil.

GENOCIDIO DE LA COMUNIDAD ACHÉ ESTA ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA MEMORIA

Joven Aché capturado. Marzo de 1972. Fotografía: Christine Münzel




En lugares remotos de la República del Paraguay se recogen, cada vez con más frecuencia, pruebas que respaldan exhaustivos estudios que dan cuenta de un perverso genocidio en uno de los 19 pueblos indígenas existentes al día de hoy y que históricamente han sido marginados por el estado.

El presente material aborda algunos de los traumáticos episodios que vivió la comunidad indígena Aché del Paraguay como consecuencia de una política deliberada de genocidio aplicada por las autoridades de este país acompañada de la indiferencia de la sociedad en general. Pero antes de tratar la problemática es necesario conocer algunas características propias de este grupo humano.

Los Aché, llamados también Guayakíes (ratas de monte en idioma guaraní), son una comunidad aborigen de cazadores-recolectores nómadas que residían en la región este de Paraguay desde tiempos inmemoriales. El número de indígenas bordea las 1200 personas. La caza es la principal actividad y es considerada como el vínculo que mantiene intacta la conexión entre el bosque y los humanos. Los jefes tradicionales son la máxima autoridad y representan el elemento más importante de cohesión en la sociedad. Muchos apuntes de estudiosos de diversas nacionalidades que se desplazaron hasta el Paraguay en los años 60, 70 y muy recientemente indican que un aspecto cultural positivo de este grupo era el profundo respeto por las mujeres.

Todas estas creencias y costumbres que constituyeron la base del funcionamiento del universo Aché  fueron trastocadas y en muchos casos destruidas por un proyecto estatal al cual en resumidas cuentas se le puede atribuir el siguiente slogan: los paraguayos blancos tienen supremacía sobre las demás etnias del país y cualquier obra que se realice deberá obedecer este principio. No importa que ciertos pueblos indígenas vean mermados sus derechos más elementales. Esta forma cruel de hacer política degradando a determinados pueblos nativos fue implementada en Paraguay por las dictaduras militares, muy en especial durante el régimen del General Alfredo Stroessner, y no puede dejar de llamarse genocidio.

La práctica científica demuestra que es sumamente difícil obtener información y relatos que hablen del sufrimiento de los pueblos oriundos de la selva por múltiples razones. En el caso del Paraguay, al ser un país no industrializado desprovisto de una red nacional de comunicaciones que abarque rutas que conduzcan a zonas apartadas del país, es fácil imaginar que comunidades como los Aché vivían y viven en un completo aislamiento. A esto se añade que los lugares donde habitan los indígenas son de difícil acceso para los investigadores. Lo agreste del territorio donde están  asentados, la falta de carreteras y el peligro latente que significa adentrarse en la profundidad de la selva hacen difícil el trabajo científico.

Pero sobre todo los antropólogos y etnólogos interesados en el tema ven aún más complicada su labor ante el hecho de que las víctimas de atropellos pocas veces cuentan a sus entrevistadores todo lo ocurrido. Muchos de ellos todavía están impactados y sienten temor por las represalias que puedan venir. De otro lado estas personas secuestradas, violadas, torturadas o utilizadas como mercancía no dejan por escrito sus trágicas historias limitándose únicamente a transmitir los hechos de manera oral.

No obstante, existe un copioso material sobre este tópico producto del trabajo minucioso y valiente de investigadores que se desplazaron hasta los territorios donde habitaban los Achés superando más de un escollo y asumiendo múltiples riesgos.

La descripción detallada que hizo el etnólogo brasileño Baldus sobre las barbaridades cometidas contra los nativos fue devastadora. El testimonio de Rosario Mora, una de las mujeres que integró el comando responsable de una de las peores matanzas registradas en contra de la comunidad Aché, revelan la naturaleza inhumana de quienes allá por el año 1907 ostentaban el poder en Paraguay:

“llegaron al campamento nativo, mataron a golpes de machetes a siete mujeres y niños y cogieron a siete niños pequeños. Los menores capturados lloraban y se lamentaban. Los cazadores de humanos se sentían amenazados incluso después de haber destruido todos los arcos y flechas que los achés habían dejado al momento de su fuga. Entonces el jefe policial dio la orden de cortar las gargantas de los niños para evitar que sus lamentos indicaran a los indios dónde estaban los paraguayos. Todos sus subordinados, menos Rosario Mora, obedecieron”1.

Estas sangrientas acciones pasaron inadvertidas puesto que ninguna organización pudo investigarlas por aquel entonces.

Aché prisioneros enviados a la Colonia. Exposición fotográfica: "Agonía indígena Aché"

La comunidad internacional comenzó a tener conocimiento de estos crímenes a raíz de las denuncias que hicieran el antropólogo alemán Mark Munzel y su colega español Bartomeu Meliá al respecto en los años 70. Las evidencias de atropellos y prácticas genocidas en perjuicio de los pobladores Aché se han ido acumulando año tras año y sólo el trabajo indesmayable de organizaciones internacionales y protestas de algunos estados escandinavos como Dinamarca y Noruega ha llamado la atención sobre este tema.

De manera increíble ningún gobierno de turno de Paraguay ha tomado cartas en el asunto y más bien se han dedicado a relativizar la problemática sin asumir ninguna responsabilidad ni juzgar a los implicados en este oprobio. El pasado y el presente de la comunidad Aché configuran un cuadro por demás penoso y nos alertan de lo mucho que todavía se tiene que hacer para intentar revertir semejante injusticia y rehabilitar a las víctimas.

Los materiales disponibles alusivos al martirio que vivieron los habitantes del monte -como se les conoce a las zonas donde habitan los Achés- reflejan a todas luces una premeditada línea de acción para aniquilar progresivamente a esta comunidad. Una práctica totalmente reprobable fue el denominado sedentarismo forzado que consistía en expulsar a los nativos de sus tierras para trasladarlos hasta la creada Colonia Nacional Guayakí despojándoseles con ello grandes áreas de terreno y prohibiéndoseles realizar una actividad crucial en la cultura de esta gente: la caza.

La vida en estas tierras de poco valor agrícola transcurre de una manera completamente anormal por decir lo menos. Los relatos y casos documentados en la Colonia muestran un plan maquiavélico orientado a destruir la identidad cultural de los Achés. El reconocido antropólogo paraguayo León Cadogan, los científicos argentinos Vivante y Gancedo así como el padre Melía han hecho de conocimiento público sobrecogedoras historias que avalan la tesis del sedentarismo forzado y el trato inhumano de los indígenas Aché por parte de los representantes del estado paraguayo en la zona. En esta reserva muchos nativos perdieron la vida a causa de la retención adrede de alimentos y medicinas. Así mismo grupos de niños fueron vendidos, regalados o esclavizados, contraviniendo el artículo 2 del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al cual Paraguay está adherido.

El escaso “progreso” de la Colonia del cual dan cuenta los científicos mencionados es el ligado a un incipiente conocimiento del idioma guaraní, la construcción de chozas de madera y conocimiento de una agricultura primitiva. Pero incluso de este mínimo progreso solo se benefician una minoría de la población Aché circunscrita a la reserva, tratándose en esencia de nativos premiados por haber cazado a muchos de sus compañeros que se negaban a ser sacados del monte. La irresponsabilidad y desinterés de los supervisores del lugar son ampliamente conocidos. Para ilustrar esta conducta solo diremos que los encargados de velar por la buena marcha en este campo -que parece de concentración por el trato despiadado- no cumplen con su función y más bien se ocupan de organizar cacerías para atrapar más achés y llevárselos a la fuerza.

En tanto la Colonia Nacional Guayakí es administrada por déspotas, los indígenas hacen maravillas para sobrevivir, son mal alimentados, degradados sistemáticamente, castigados, ultrajados en sus derechos más elementales. Aunque en los últimos años el trato ha dejado de ser abiertamente cruel como lo fue en los años 60 y 70, aún persisten elementos degradantes que rigen la vida en el refugio. Bien lo anotó el antropólogo paraguayo Miguel Chase Sardi que dedicó tantos años de su vida al estudio de este problema:

“Es cierto que ellos han vivido durante siglos sin vestidos y casi sin casas, pero ahora, no viven en su hábitat natural donde se movían más libremente, ya no se alimentan a base de carne y miel y por la noche no pueden tener aquel sistema de fogatas que les resguardaba del frío.”2

Los creyentes podrían concluir que el estado paraguayo ha sacado a los Achés del paraíso en el que vivían para llevarlos al infierno de una Colonia donde los encargados tienen carta libre para proseguir matando con la complicidad del gobierno.

Tan deplorable situación resulta más indignante cuando se constata que Paraguay votó a favor de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 e incorporó a su legislación interna el Convenio 169 de la OIT en el año 1993. Por ello es imperativo seguir presionando, y de ser necesario denunciando, al gobierno paraguayo y a los organismos internacionales para que atiendan esta problemática y cumplan sus compromisos.

La lucha debe continuar con la esperanza de que se proceda al reconocimiento oficial de este genocidio y a la reparación e indemnización de las víctimas y sus familias. En ese sentido, es elogiable el esfuerzo que realizan en la actualidad especialistas y organizaciones internacionales para llevar a cabo eventos y conferencias como el organizado el 4 y 5 de julio del presente año en Madrid que versó sobre los Aché de ayer y hoy.

Finalmente es oportuno resaltar que las diversas manifestaciones de la cultura indígena no pueden ser reemplazadas por lo que muy arrogantemente denominamos “civilización occidental”. Quienes viven en contacto permanente con los bosques, los ríos, las quebradas y el rico ecosistema característico de la selva tienen muchas cosas más que enseñarnos a todos nosotros, los “civilizados”. Los nativos conocen las propiedades de cada planta, valoran la renovación de la biodiversidad y la respetan.

Si alguno de quienes se jactan de vivir acorde con los grandes avances tecnológicos, con la modernidad y en una sociedad que solo persigue la acumulación de capital, se hallara de pronto perdido en las profundidades de la selva comprobaríamos como todo su conocimiento no le ayudaría a sobrevivir en tales condiciones.

Muchas veces los estados asumen que para progresar es necesario llevar la modernidad a los rincones más alejados del país. Pero este concepto no es válido, la producción a gran escala junto con la explotación indiscriminada de los recursos naturales han precipitado la destrucción de ecosistemas en todo el orbe. Si algo desean los nativos del Paraguay, es que los dejen vivir libremente en armonía con la naturaleza. Y este es el gran objetivo a conquistar si queremos que los fantasmas del  genocidio y los enemigos de nuestro planeta nunca más estén de vuelta.

Notas:

(1) Los Aché del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Copenhague 2008. P. 56. Acceder al libro en: http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0295_ache.pdf

(2) Chase Sardi, Miguel (1987). Las políticas indigenistas en el Paraguay.

Por Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.

GENOCIDIO INDÍGENA, EJE DE UNA JORNADA PÚBLICA







¿Cuáles son los intereses que están detrás de la nueva avanzada contra los pueblos originarios? ¿Por qué nuestro país se construyó a partir de un genocidio indígena? ¿Cuáles fueron y son las prácticas genocidas desde el Estado Nacional? ¿Cómo se siguen expresando esas prácticas en la actualidad? ¿Y cuáles son las posibilidades de reparación histórica?

Esos serán algunos de los disparadores de la “Jornada Genocidio Indígena en Argentina. De la violencia colonial a la criminalización actual”, que se realizará el jueves 23 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de expositores y expositoras de distintos puntos del país provenientes del ámbito académico, de organizaciones de militancia indígena y de otros colectivos sociales.

Una invitación a reflexionar sobre la relación Estado Argentino-Pueblos Originarios, desde los inicios de la violencia colonial a la actual criminalización de las comunidades. Habrá panreles de exposición, espacios de intercambio y una muestra artística. Será el jueves próximo (23 de noviembre) en el Centro Cultural Paco Urondo de Buenos Aires.

La actividad –en la que se entregarán certificados de asistencia- es libre, gratuita y no requiere inscripción previa, pero está sujeta a la capacidad de la sala. Se desarrollará desde las 9 hasta las 17.30 en Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en 25 de Mayo 201, CABA.

La idea es compartir las nuevas líneas de investigación en torno al concepto de “genocidio indígena” y también debatir -en un encuentro abierto al público- cuestiones relacionadas a las formas de violencia estatal, las fronteras, los territorios, las memorias, las represiones, las resistencias, los medios de comunicación, las reparaciones, los desafíos y las propuestas a futuro. Entre otras, estarán presentes las universidades nacionales de Buenos Aires, del Comahue, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro.

El encuentro es organizado por la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, una organización que reúne el trabajo de profesionales de distintas disciplinas sociales y artísticas -Antropología, Historia, Sociología, Educación, Comunicación, Cine, etc- con el objetivo de fundamentar científicamente el uso del concepto de “Genocidio” para explicar los procesos de consolidación y avance estatal de fines del siglo XIX en la naciente República Argentina y cómo operan en la actualidad.

Entre otros, expondrán Diana Lenton, Walter Delrio, Alexis Papazian, Valeria Mapelman, Luciana Mignoli, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Pilar Pérez, Adrián Moyano, Lorena Cañuqueo, Darío Aranda, Noolé Cipriana Palomo, Enrique Mases, Carina Lucaioli, Lorena Barbuto, Sara Ortelli, Luciano Literas y Lorena Rodríguez.

Asimismo, los artistas Marcelo Bronstein, Gustavo Larsen, Ulises González, Cristina Piffer y Hugo Vidal expondrán al trabajo de hacer visible el genocidio indígena desde el arte, ya que sus obras abordan masacres indígenas, procesos históricos de sometimiento y formas actuales de intervención en el espacio público, entre otros aspectos. Por último, el payador Wilson Saliwonczyk ofrecerá un breve cierre musical donde promete improvisar desde las Campañas al Desierto, pasando por las masacres de Napalpí y Rincón Bomba, hasta el contexto actual.

¿Qué es la Red?

Desde 2004, la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina trabaja en  articular los esfuerzos de profesionales de diferentes disciplinas y diversos puntos del país, interesados en profundizar sobre el concepto de Genocidio aplicado al proceso que afectó y afecta a los pueblos indígenas preexistentes a la conformación del Estado argentino.

La organización nace a partir de la iniciativa conjunta de la antropóloga Diana Lenton y el historiador Walter Delrio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA –donde tiene su sede- y hoy está compuesta por investigadores/as de disciplinas sociales y artísticas e integrantes de organizaciones indígenas que desarrollan sus tareas en distintos puntos del país buscando tener participación en diversos espacios, territorios y luchas.

La Red nació con el objetivo aportar pruebas concretas y documentadas que dieran argumento sólido a la práctica genocida llevada adelante por el Estado y el posterior proceso de invisibilización de identidades indígenas en todo el país.

En 2010, publicó el libro “Historia de la Crueldad Argentina. Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios”, coordinado por Osvaldo Bayer y editado por El Tugurio. Ese trabajo colectivo de divulgación -reeditado en 2012 y 2013- explica cómo se dieron las prácticas genocidas en diversos escenarios y sus consecuencias posteriores. Además ha producido diversos artículos académicos, notas periodísticas y piezas audiovisuales, así como también tiene una activa participación acciones para acompañar a comunidades en demandas por desalojos, crímenes de lesa humanidad, etc.

En pocos días, se publicará en Bariloche el segundo libro de la Red “En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del estado argentino sobre los pueblos originarios (1870-1950)” (Editorial UNRN) en el cual se profundizan algunos conceptos y se siguen generando argumentos ante los discursos hegemónicos que persisten en situar las conquistas como gestas civilizadoras.



LOS COMUNICADORES, COMUNICADORAS Y PERIODISTAS DE LA REGIÓN ENFRENTEN SERIOS PELIGROS, AGRESIONES Y ASESINATOS AL MOMENTO DE EFECTUAR SU TRABAJO





La realidad de violencia y narcotráfico en México, corrupción en Guatemala y venta de los bienes y territorios en Honduras y El Salvador únicamente son el inicio de una conflictiva realidad que enfrenta la región mesoamericana.


Estas situaciones hacen que los comunicadores, comunicadoras y periodistas de la región enfrenten serios peligros, agresiones y asesinatos al momento de efectuar su trabajo.

LA MINERÍA Y EL PETRÓLEO ESTÁN VINCULADOS A MÁS ASESINATOS

El incremento de los asesinatos, de acuerdo a Global Witness, se debe a la impunidad y la falta de procesamiento judicial, que permite a los perpetradores caminar libremente



Afirmó organización Global Witness. Sostienen que incremento de asesinatos es por impunidad y falta de procesamiento judicial que permite a perpetradores caminar libremente.

Servindi, 15 de agosto, 2017.- Según el reporte de Global Witness, durante el 2016 fueron asesinados 200 defensores de la tierra y el medio ambiente, 10 por ciento más que en el 2015, siendo la minería y petróleo las actividades vinculadas a más asesinatos.

El informe Defender la tierra: asesinatos de defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016, detalla que el sector minería y petróleo registró 33 asesinatos, la explotación forestal 23, la agroindustria 23, la caza ilegal 18, agua y represas 7, y otros 4 asesinatos.

El incremento de los asesinatos, de acuerdo a Global Witness, se debe a la impunidad y la falta de procesamiento judicial, que permite a los perpetradores caminar libremente, alentando a potenciales asesinos.

La organización descubrió que durante el 2016, las fuerzas gubernamentales fueron responsables del asesinato de, al menos, 43 personas. De ellos, 33 fueron perpetrados por la policía y 10 por el ejército, y los actores privados como guardias de seguridad y sicarios, fueron responsables de 52 muertes.

“Las luchas entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness”, sostiene el informe.

Asimismo, la organización sostiene que, cuando los defensores de la tierra y el medio ambiente chocan con intereses políticos, empresariales y criminales, son marginados y catalogados como “anti-desarrollo”, por lo que se enfrentan a amenazas de muerte, intimidación y acoso.

Cifras por países

Entre los países donde la situación de los defensores ha empeorado se encuentran Colombia, India y la República Democrática del Congo. En Colombia, por ejemplo, fueron asesinados 37 defensores, el peor años registrado, donde los paramilitares fueron los presuntos autores de 22 asesinatos.

La lideresa Wayúu y activista por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, Jakeline Romero, se enfrentó a amenazas e intimidaciones luego de haber denunciado los abusos cometidos por los paramilitares y poderosas corporaciones en La Guajira.

“No se meta en lo que no le incumbe, evite problemas, sus hijas están muy lindas y piense en ellas, gran malparida perjudicial evite problema porque hasta su madre se la desaparezco para que siga de sapa”, fue el mensaje que recibió Jakeline, en diciembre de 2016.

Por su parte, en la India fueron asesinados 16 defensores en el último año, 10 de los cuales fueron responsabilidad de la policía, donde la tala y la minería fueron las principales industrias relacionadas con las muertes.

Asimismo, la República Democrática del Congo fueron asesinados 10 defensores, el más alto en África, de los cuales 9 fueron guardaparques, quienes además sufren la amenaza por parte del gobierno.

Nicaragua, se convirtió en el país más peligroso del mundo per cápita, donde murieron once defensores, en su mayoría indígenas, en conflictos relacionados con la tierra entre las comunidades y los colonos.

Entre tanto, en Honduras fueron asesinados 14 defensores, convirtiéndolo en el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos desde 2007, con una estrecha relación a las represas hidroeléctricas y los agronegocios.

El mayor número de asesinatos de defensores de Asia se dio en Filipinas, donde 28 personas fueron asesinadas por actividades relacionadas a las extracciones mineras y de carbón. La mitad de las víctimas fueron indígenas.

Asimismo, en Brasil, durante el último año fueron asesinados 49 defensores, de los cuales la industria maderera estuvo vinculada a 16 asesinatos, mientras que en el Amazonas, los terratenientes estuvieron vinculados con muchas muertes.

El fenómeno de la criminalización

“Además de las amenazas y los ataques, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente están enfrentando cada vez más casos penales y civiles falsos y agresivos, por parte de gobiernos y actores empresariales, en un esfuerzo por silenciarlas”, sostiene Global Witness.

En este sentido, la organización detalla que la criminalización es utilizada para intimidar a los defensores, manchar su reputación y acorralarlas en costosas batallas legales donde, una vez acusadas, son estigmatizadas públicamente y tratadas como delincuentes por el gobierno y los medios de comunicación.

Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien no se registró ninguna muerte de algún defensor durante el 2016, hubo un aumento de la criminalización, debilitamiento de la legislación sobre protección ambiental y el endurecimiento de la protesta, a nivel estatal y federal.

LA ONU PIDE DOCUMENTAR CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES/AS INDÍGENAS





El plazo para el envío de los insumos del informe sobre criminalización es hasta el 16 de marzo. Los documentos deben estar compuestos por 5 hojas como máximo.

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha iniciado la preparación del próximo informe temático sobre criminalización y ataques contra los pueblos indígenas.

En este sentido, se solicitan insumos para complementar dicho informe, que considerará el impacto colectivo en las comunidades indígenas y el diseño de medidas de protección.

El plazo para el envío es hasta el viernes 16 de marzo. Debe enviarse un documento de 5 hojas como máximo sobre la situación o casos de criminalización contra defensores/as indígenas.

Los documentos deben remitirse al siguiente correo: indigenous@ohchr.org con el asunto “Informe de criminalización 2018”.

Sobre el informe

El informe analizará las características distintivas de la criminalización y los ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los tratados de derechos humanos.

Según lo documentado por la relatora especial, en la mayoría de los casos, los casos de criminalización y violencia surgen cuando los/as líderes indígenas y miembros de la comunidad expresan su oposición a proyectos extractivos y de inversión.

Dicho documento se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018.