Una pareja karajá con su bebé muerto a causa de la gripe. © Jesco von Puttkamer/ IGPA archive
El genocidio del que fueron víctimas
indígenas de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX ha estallado
en el rostro de las una de las economías más emergentes y expansivas luego de
que saliera a la luz el Informe Figueiredo, de siete mil páginas, que se creía
destruido.
A continuación un breve reporte sobre
el tema de Leovani García, corresponsal de Prensa Latina:
Brasil no es la excepción: los
conquistadores portugueses y españoles despojaron a los nativos de sus
terrenos, los expulsaron y masacraron, los utilizaron como esclavos y cuando su
número disminuyó, trajeron entonces a negros encadenados de África.
Sin embargo, las crueldades contra
los aborígenes continuaron hasta nuestros días. El pasado año salió a luz el
denominado "Informe Figueiredo", que describe los crímenes
registrados contra los nativos de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del
siglo XX.
El documento, de siete mil páginas y
que se estimaba fue destruido durante un extraño incendio, destapa los crímenes
en masa, la esclavitud, las torturas, los abusos sexuales, el robo de tierras y
hasta el bombardeo de etnias.
El informe, según fuentes de la
Fundación Nacional del Indio (Funai), fue realizado por el fiscal Jader de
Figueiredo Correia en 1967, de ahí su nombre, y denuncia los envenenamientos y
el genocidio de tribus ejecutados por terratenientes y el Servicio de
Protección Indígena (SPI).
Según de Figueiredo Correia, varias
tribus fueron completamente eliminadas para ocupar sus terrenos y no correr el
riesgo de contar con demandantes, crímenes estos que quedaron impunes.
El descubrimiento de ese documento en
el Museo del Indio en Brasil generó incertidumbre, hasta reclamos de
falsificación, lo cual motivó una investigación judicial y la presentación de
acusaciones contra 134 funcionarios por cometer más de mil asesinatos.
Al final, 38 de los empleados
perdieron sus cargos, pero ninguno de ellos fue sentenciado o encarcelado,
según la organización no gubernamental (ONG) Survival International, la cual
anunció que dicho informe será analizado por la Comisión Nacional de la Verdad,
la cual investiga las torturas, crímenes y desapariciones registradas durante
el periodo de regímenes militares (1964-1985) en Brasil.
Sitios web brasileños señalaron que
entre las inhumanas acciones reveladas figura la muerte en 1963 de 30 nativos
al ser arrojada dinamita desde un avión contra una comunidad amazónica Cinta
Larga.
La empresa Arruda, Junqueira &
Co, dedicada a la extracción de caucho fue la causante de este exterminio,
denominado "la matanza del paralelo 11", pues se pretendía eliminar a
los aborígenes que se oponían a las actividades con el caucho.
El entonces gerente de esa entidad,
Antonio Mascarenhas Junqueira, acusó a los indígenas de ser un estorbo para sus
planes y dijo que era "hora de acabar con ellos, es hora de eliminar esta
peste", de acuerdo con la Survival International.
Tras lanzar la dinamita sobre la
población de Cinta Larga, varios matones fueron a la comunidad para rematar a
posibles sobrevivientes. Por suerte, dos nativos salieron ilesos y contaron lo
sucedido.
El envenenamiento de otros cientos de
nativos con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como
aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido
como el "tronco" son tenebrosos métodos utilizados por colonos y
terratenientes para someter y acabar con los aborígenes.
Tras la desaparición en 1967 del
Servicio de Protección Indígena (SPI), el gobierno brasileño creó un año
después la Fundación Nacional del Indio (Funai), que se encarga de la política
llevada a cabo con los pueblos indígenas.
A pesar de los cambios, los tormentos
para los nativos no concluye, pues se registran aun en pleno siglo XXI crímenes
y asesinatos de líderes indígenas por el mismo motivo de antaño: la tierra
Las acciones de los gobiernos de Luiz
Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff permitieron avanzar en la
demarcación y entrega de terrenos pertenecientes a los aborígenes, pero la
impunidad reinante en el campo facilita que sigan actuando los pistoleros, que
son absueltos por la justicia de la clase oligarca.
A modo de ejemplo, la etnia guaraní
kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, sigue acosada por criminales pagados
por terratenientes que los intimidan y amenazan con expulsarlos de sus terrenos
ancestrales.
Los pueblos indígenas sufren la
desatención de las autoridades brasileñas y afrontan una de las más graves
situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985), denunció el
coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Flavio Machado.
Con una población de 45 mil miembros,
los guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población nativa del país, pero
la mayoría de sus integrantes reside en parcelas acosadas y amenazadas.
Estadísticas de la CIMI revelan que
en los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado
de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.
En noviembre de 2011, en ese
territorio brasileño, ubicado en el sur de la región centro-oeste, fue
asesinado el líder indígena Nisio Gomez, de 59 años de edad, por 40 hombres
encapuchados y pertrechados de armas de fuego.
Testigos de esa comunidad declararon
que los sicarios llegaron a un campamento próximo a la carretera MS-386,
rodearon a 60 aborígenes y abrieron fuego contra el grupo con balas de goma y
proyectiles de grueso calibre.
Gómez, líder espiritual, fue abatido
por disparos en la cabeza, el cuello y el tórax, y sus asesinos se llevaron su
cuerpo inerte con rumbo desconocido.
Hasta el momento, la Fundación
Nacional del Indio (FUNAI) considera que Gómez está desaparecido.
La secretaría de los Derechos Humanos
de Brasil condenó este vil asesinato, pero reconoce que la campaña de violencia
en el campo continúa.
Por Leovani García es corresponsal de Prensa Latina en Brasil.
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