jueves, 10 de marzo de 2016

: EL PARTIDO DE PPK TAMBIÉN PRESENTA IRREGULARIDADES


MÁS SORPRESAS EN EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES: EL PARTIDO DE PPK TAMBIÉN PRESENTA IRREGULARIDADES



El nueve de enero pasado a las once de la mañana, el partido Peruanos por el Kambio, que tiene  como candidato presidencial al expremier Pedro Pablo Kuzcynski, presentó su plancha principal conformada por PPK, la exministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz y el expresidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, de cara a las primera vuelta electoral del 10 de abril.




Según el Acta de Elecciones Internas para elegir la fórmula presidencial, presentada por la agrupación ante las autoridades electorales, el 20 de diciembre del 2015, en sesión del Tribunal Nacional Electoral del partido del PPKuy, se dio por culminada la elección de los candidatos. Para el proceso de sufragio se eligió la mesa única conformada por los señores:

Julio César Cabral Santa Cruz (Presidente)
Enrique Tamariz Alegre (Vocal)
Julio César Barreto Dávalos (Secretario)



Según el artículo 49 del Reglamento Electoral del propio partido, la mesa tiene es elegida por el Tribunal Electoral y los integrantes deben figurar en la lista de afiliados hábiles inscritos en el padrón electoral.



Y para que no quede duda, el artículo tres del estatuto de PPK establece como uno de los requisitos para afiliarse el no pertenecer a ningún otro partido.



¿Qué onda con todo esto?

Hasta ahí todo parece seguir su cauce normal en un proceso de inscripción, pero lo que nadie parece haberse dado cuenta al interior de los organismos electorales es que dos de los miembros de la mesa de sufragio de Peruanos por el Kambio…

… no pertenecen al partido

¿Qué? ¿Quéstáshablando?

No lo decimos nosotros, lo dice el propio registro del JNE. Tanto Enrique Tamariz como Julio César Barreto, no pertenecen a Peruanos por el Kambio y, peor aún, forman parte de otras filas: uno es militante Acción Popular y el otro es de un movimiento regional del Callao. Mírenlo ustedes:



O sea que: Peruanos por el Kambio elige a su Tribunal Nacional Electoral, ellos eligen a los miembros de la Mesa de Sufragio y todos deben formar parte de esta agrupación política; pero resulta que dos de los elegidos son de otros partidos y por lo tanto toooodo el proceso para elegir a PPK, a Meche Aráoz y a Vizcarra, no se rige según las condiciones que el mismo partido ha acreditado ante la autoridad electoral.

¿Y por qué nadie se da cuenta?

No tenemos respuesta. Pero sí hay plena certeza de que no son los únicos a los que se les está cuestionando fallas a la hora de inscribirse. La Revista Poder, hace solo algunas horas, comprobó que también existen irregularidades en la inscripción de la alianza Apra-PPC.

¿Se vienen más casos de partidos que presentan máaaaas irregularidades?

Es muy pero muy posible que sí; pero no sabemos si el Jurado Nacional de Elecciones actuará con la misma celeridad con la que actualmente decide la suerte de la candidatura de Julio Guzmán de Todos por el Perú que, por razones administrativas y casi parecidas, está viendo afectada su postulación. Las horas lo comprobarán.


FUENTE: Laura Grados

IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIÓN DE ALIANZA APRA-PPC




DOCUMENTOS PRUEBAN IRREGULARIDADES EN INSCRIPCIÓN DE ALIANZA APRA-PPC
PODER accedió al expediente presentado por las agrupaciones políticas para su inscripción y, pese a omisiones, el JNE dio luz verde a la unión.

El pasado 14 de febrero, PODER contó la historia de cómo el Partido Popular Cristiano (PPC) se saltó las reglas establecidas por sus propias normas internas para poder sellar su unión, ya pactada con anticipación, con el Partido Aprista Peruano y Vamos Perú, y cómo pese a las evidencias de incumplimiento en los procedimientos de democracia interna, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio luz verde al trámite.

El informe contaba con los testimonios de militantes disconformes con la alianza (que prefirieron el anonimato) y con documentación difundida por la propia agrupación que demostraba que no se cumplieron todos los procedimientos establecidos en su estatuto. Tras la revelación, los principales voceros del PPC, entre los que figuran Raúl Castro, actual candidato al Congreso, aseguraron que no cometieron ninguna irregularidad y que, prueba de ello, es que en enero de este año el máximo ente electoral autorizó la inscripción de Alianza Popular.

Fue entonces que PODER solicitó ante el JNE el acta de constitución de la unión, así como todos las documentos y acuerdos presentados por el partido para validar que esa fue realmente la voluntad de sus militantes, pues si bien se trata de información a la que todo ciudadano tiene derecho a acceder, no está disponible en el portal del Jurado y se requiere de un trámite presencial ante su Oficina de Servicios al Ciudadano para tenerlos en forma virtual o física.

El 23 de febrero, el JNE nos remitió parte del acta de constitución de la alianza, un documento que constaba de cinco páginas, pero que no contenía todos los documentos presentado para el proceso de inscripción de la alianza. Insistimos y con una nueva solicitad, finalmente nos facilitaron los anexos con las actas de acuerdos de cada una de las agrupaciones integrantes de Alianza Popular. Fueron en total 17 páginas, que nos llegaron el 29 de febrero.

¿Qué documentos consignó el PPC? De acuerdo al expediente, solo dos. El primero es el acta de su congreso nacional extraordinario (también incluida en nuestro reportaje anterior) del 04 y 05 de diciembre del 2015, en el que destacan los siguientes puntos:
1) Modificar el acuerdo del partido tomado el 21 y 22 de febrero del 2015 en el que se decide ir con candidato propio en las elecciones del 2016;
2) Delegar a una comisión especial que se encargue de conversar y agotar las negociaciones para un alianza;
3) Autorizar a dicha comisión a tomar las decisiones con cargo a dar cuenta en el próximo congreso nacional extraordinario, así como a suscribir alianzas e inscribirlas ante el JNE.






El segundo documento, que tiene fecha 11 de diciembre (el mismo día en que se solicita formalmente la inscripción de la alianza ante el JNE) es el “acta de la comisión especial creada y facultada por el congreso nacional extradordinario del PPC” y cuyo único acuerdo es la conformación de la citada alianza, junto al Apra y al partido Vamos Perú para las elecciones del 2016. Está firmada por Raúl Castro, Javier Bedoya, Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Rafael Yashamiro, María Pérez Tello, Edgardo de Pomar y Alberto Beingolea.




La pregunta que surge aquí es si esta documentación es suficiente para corroborar que el PPC cumplió con los procesos de democracia interna establecidos en sus estatutos y si sus partidarios estuvieron, al menos en mayoría, conformes con el nacimiento de Alianza Popular. Comencemos por lo más simple de validar, ¿Cumplió el PPC con su estatuto?

De acuerdo con el artículo Nº 42 del reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (Resolución Nº 0208-2015-JNE), el acuerdo para una alianza debe ser tomado por el órgano interno elegido por el partido en su estatuto, y también debe estar suscrito por los militantes autorizados para tal efecto.



Según el artículo 26 del estatuto del PPC solo los congresos nacionales extraordinarios están facultados para decidir alianzas electorales, pactos políticos, alianzas de gobierno, coaliciones, entre otros. ¿Quienes son los miembros de esta instancia? Aquí la lista:




Entonces, ¿pudo o debió el PPC decidir la formación de un alianza solamente con el acuerdo de una comisión especial? Consultamos al especialista en temas electorales y además exfuncionario del JNE, José Naupari, y esto fue los que nos dijo:

“El artículo 26 del Estatuto (del partido) es claro al señalar que es el congreso nacional extraordinario el competente para decidir sobre alianzas electorales. No se aprecia dentro de sus competencias la potestad de delegar dicha competencia en ningún otro órgano y menos en un órgano ad hoc, como se dice en este caso. Podría invocarse una interpretación flexible y favorable al derecho a la participación política. Sin embargo, no debe perderse de vista que la competencia es otorgada a un congreso de carácter extraordinario, por lo que resultaría carente de toda lógica permitir que se delegue una competencia de carácter excepcional”.

Ahora bien. Asumamos que, ante la difícil coyuntura que por entonces (noviembre del 2015) vivía el PPC y que mereció una llamada de atención del JNE, se decidió reconocer a la mencionada comisión especial como competente para decidir la alianza, ¿por qué el órgano electoral electoral no solicitó al partido los documentos que evidencien que la creación de este grupo de élite -determinada en el congreso extraordinario del 04 y 05 de diciembre- fue válidamente adoptada? ¿Por qué los dirigentes pepecitas no entregaron los documentos que acrediten cuórum y convocatoria oportuna?

En este punto, es importante recordar que a finales del año pasado el PPC estaba enfrentando una de sus peores crisis internas. Las elecciones para elegir a la nueva dirigencia originaron discrepancias de tal magnitud entre los partidarios de Alberto Beingolea y Raúl Castro, que llegaron a las acusaciones mutuas sobre supuestos fraudes en el proceso electoral interno. La disputa se hizo pública en los medios y obligaron al JNE a pronunciarse, luego de que los legisladores Marisol Pérez Tello, Juan Carlos Eguren y Luis Bedoya notificaron al máximo tribunal electoral que en su organización política no se estaban respetando los procesos de democracia interna.



Es decir, el Jurado estaba avisado de los problemas al interior del PPC. Entonces, ¿por qué no le prestó mayor atención o hizo seguimiento al proceso de conformación de la Alianza?

El abogado Naupari advierte otros vacíos en la documentación entregada por la agrupación al Jurado:

“¿Cómo saber si es que se respetó el derecho de los afiliados si no se cuenta con la notificación de la convocatoria a todos los integrantes de aquel congreso extraordinario del 04 y 05 de diciembre en el que se decidió encargar a una comisión la búsqueda de una alianza? Una cosa es que tengas que firmar el acta, lo cual no es necesario, y otra que por lo menos tengas un registro de asistentes a dicho congreso, que sí es necesario dentro de los alcances del artículo Nº 4 de la Ley de Organizaciones Políticas y el artículo Nº 42 del reglamento del ROP”.

PODER consultó al JNE sobre la existencia de documentos adicionales y en la oficina de Servicios al Ciudadano nos confirmaron que en el expediente de la alianza el PPC solo había presentado los dos documentos ya detallados: el acta del congreso extraordinario del 04 y 05 de diciembre y el acta de la conformación de la unión del 11 de diciembre. No figuran copias de notificaciones de las convocatorias a los militantes ni menos hay registros de asistentes a las reuniones.

Finalmente, el punto 3 de los acuerdos del congreso del 04 y el 05 de diciembre establece que la citada comisión especial debe dar cuenta de las decisiones que tome (la alianza) en un nuevo congreso extraordinario, el cual nunca se dio, según lo han confirmado a PODER la legisladora Marisol Pérez Tello, así como otro congresista del PPC que pidió no ser identificado.

LA RESPUESTA DEL PPC

De acuerdo con Peréz Tello, pese a que el estatuto del PPC dice que son los congresos nacionales extraordinarios de la agrupación los que tienen la facultad para decidir las alianzas (por eso son extraordinarios, porque deciden sobre coyunturas específicas) y no algún otro grupo especial, “el pleno de estas reuniones tiene la facultad absoluta de delegar y de autorizar la creación de comisiones para ver estos temas”.



La congresista, quién reiteró estar en contra de la decisión tomada por su partido de unirse al Apra y Vamos Perú, comentó que considerando el momento de conflictos internos que vivía el partido a fines del 2015, ameritaba que se tomase una decisión de este tipo. Y aseguró que no se necesitaba un nuevo congreso extraordinario inmediato para que los partidarios den su conformidad porque, además de que estaban contra el tiempo, se puede dar cuenta después, en el congreso del siguiente año.

Consultada sobre el hecho de que en los estatutos no se determina la posibilidad de otorgar estas facultades a una comisión ad hoc (de la que formó parte aunque votó en contra de la unión con el Partido Aprista), la legisladora señaló que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe”.

“Casi todos los que formamos esa comisión somos abogados, por lo que te puedo asegurar que no hay nada irregular, hemos sido muy cuidadosos para evitar que haya problemas”, finalizó.


PODER también contactó para este informe a Raúl Castro, presidente del PPC. Le solicitamos una entrevista el lunes y nos pidió volverlo a llamar hoy. Sin embargo, pese a las reiteradas llamadas, no obtuvimos respuesta.

viernes, 4 de marzo de 2016

PASARÁN A UNA SEGUNDA VUELTA LOS CANDIDATOS KEIKO FUJIMORI Y JULIO GUZMÁN



Los  candidatos Keiko Fujimori y Julio Guzmán están empatados en el primer lugar de favoritismo para ganar las próximas elecciones de acuerdo a la casa de apuestas en línea Betsson.pe. A ellos les siguen Pedro Pablo Kuzcynski, Alan García junto a Alfredo Barnechea y César Acuña.

En las apuestas sobre quién será el próximo presidente del Perú, (2.75 x cada US$ Dólar apostado), mientras que la cuota de Pedro Pablo Kuzcynski es de 4.00, Alan García y Alfredo Barnechea 5.00 y César Acuña 10.00.

“Pasarán a una segunda vuelta de apuestas entre los candidatos Keiko Fujimori y Julio Guzmán”, según Oscar Baduena, especialista de Betsson.pe.

El en el primer lugar tras la confirmación de que continúa en carrera y el aumento en la intención de voto a su favor, con lo cual ha logrado distanciarse de PPK quien era su más cercano competidor. Por otra parte, el empate de Barnechea con García refleja el importante crecimiento del candidato de Acción Popular en las últimas semanas. Caso diferente es el de César Acuña, cuyas probabilidades han descendido tras las denuncias en su contra.

“Todos los días hay una opción distinta en el nivel de apuestas de los candidatos, en el Termometro Online determina en que posiciones se encuentran los candidatos para la presidencia, indicó Baduena.

¿Cómo se determinan las cuotas de los candidatos?

Cabe mencionar que los especialistas de Betsson.pe fijan las cuotas siguiendo un modelo de administración de riesgos basado en un análisis estadístico que considera los últimos acontecimientos políticos y el número de apuestas recibidas por cada candidato. Mientras menor es la cuota, más alta es la probabilidad de que el candidato resulte ganador.

“Tenemos un gran movimiento de apuestas entre Política y fútbol internacional, pero hemos descubierto que en el Perú los apostadores son jóvenes y se inclinan en apostar en la Política”, comentó Baduena.

En los principales países del mundo las apuestas sobre política son consideradas como indicadores válidos de las contiendas electorales. Las cuotas son dinámicas y reflejan en tiempo real lo que está ocurriendo en la campaña electoral mientras que las encuestas tienen un desfase de varios días y un mayor grado de subjetividad.



CONTAMINACIÓN PETROLERA




Los costos hundidos de la contaminación son asumidos por las poblaciones afectadas, generándoles más necesidades, escasez de recursos naturales y afectando negativamente su bienestar y su calidad de vida en el corto y mediano plazo.

Detrás de cómo se tratan y solucionan (o no) los conflictos socioambientales (en sus diferentes estadíos) se encuentran lógicas económicas y de valor respecto al ecosistema, el territorio y al uso y manejo de los recursos naturales y del espacio. Estas lógicas económicas se evidencian al momento de un conflicto en los actores claves: Las empresas, El Estado, las poblaciones (principalmente) y la sociedad civil.

Los últimos derrames de petróleo en diferentes localidades de la Amazonía y los discursos frente el acontecimiento muestran las lógicas de valor en disputa al momento de hablar de lo que importa o de lo que se impacta con la contaminación y los tiempos de remediación y compensación.

Lastimosamente en nuestro país las prácticas de remediación y compensación se dan desde criterios de mercado; es decir, lo que tiene valor de uso y valor de cambio; en el caso del último derrame: el crudo (que saltó a la luz por las reacciones de Petroperú al pagar por la recolección de este recurso) y los valores relacionados con el río, agua y recursos hidrobiológicos (que se evidencian en la mayoría de los análisis). Además el tiempo de remediación considerando solo remediación del recurso físico (suelo y agua) y no de la remediación biológica (flora y fauna) o de la compensación social (uso de la flora y fauna con fines de consumo que se hacen posibles en el mediano plazo).

Sin embargo, existen mayores valores de uso que se invisibilizan estratégicamente, a mi juicio, para “reducir” el real impacto de la contaminación y el real costo hundido que asumen las poblaciones impactadas por desastres ambientales.

El ecosistema es un gran proveedor de recursos en economías como el de las familias afectadas. En 2014, un estudio en el que participé, realizado en tres comunidades impactadas por contaminación por crudo por la empresa Pluspetrol Norte encontró que del total de actividades relacionadas al aprovechamiento del ecosistema y al trabajo no remunerado (uso de plantas medicinales, recolección, tala, caza, pesca, agricultura y crianza de animales) el 66% se destina a autoconsumo y el 34% restante tiene fines de venta. Esto dentro de su presupuesto significa un incremento positivo de cerca del 59% a su consumo. Es decir, los impactos ambientales no sólo afectan al ecosistema sino van directamente a afectar la canasta familiar de las comunidades.

Los impactos afectan directamente a los recursos naturales de los cuales las familias se abastecen para cubrir sus necesidades, la contaminación reduce significativamente la provisión de los ecosistemas generando una inmediata escasez y crea nuevas necesidades relacionadas fundamentalmente a la salud; todo lo cual implica acceder al mercado y desplazarse, esto en lugares donde el costo del transporte es elevado. En suma, nuevas necesidades que requieren recursos monetarios para cubrirlas; es decir, se genera una necesidad sobre todo salarial.

Todo esto hace de la contaminación un impacto de mayores proporciones de lo que uno puede imaginar. Es por ello que en el mundo es cada vez más frecuente la migración forzada por motivos de contaminación, y es que no se está midiendo o visibilizando el real valor del impacto a las familias, a toda la comunidad y al ecosistema.

¿Qué hace el Estado? Si es el mismo Estado quien con desidia no hizo mantenimiento en el 2015 a un ducto de cerca de 40 años y su primera reacción fue de pagar a la población para que recojan el crudo sin importar los efectos en la salud que ello supone. Si es el mismo Estado quien condona mediante leyes de urgencia multas por contaminación a empresas privadas.


¿Qué hace el Estado si ni siquiera los escucha y evade cumplir con la consulta previa?



Escrito por:   Kelly Alfaro

BECA 18, NEGOCIO PRIVADO DE 1,000 MILLONES DE SOLES Y 30% DE DESERCIÓN




1) Un programa que le paga a Universidades privadas "prestigiosas" que además NO pagan impuesto  al Estado por su negocio lucrativo es por decir lo menos de mediocre negociación.

¿Cómo un Estado que le da beneficios tributarios a estas universidades tiene que pagar por estudiantes becados de extrema pobreza?

¿No hubiera sido correcto que el Presidente del Perú o los ministros de educación y economía los llamen a estos "beneficiados" tributarios para negociar?

Negociar qué?, se preguntan?

Si, negociar. Decirle lo siguiente a cada uno de los rectores:

"A ver viejito, siéntate. El Estado Peruano no te cobra impuestos y te has beneficiado tanto que ahora tienen ingresos son astronómicos(*). Ahora el Perú necesita que retribuyas ese beneficio que te dieron todos los Peruanos. ¿Con cuantas becas para alumnos de extrema pobreza puedes ayudar?.... no pensaras cobrarle al Estado, no? ....eso seria ser un poquito cara dura, no te parece? "

No, pero Ollanta Humala no hizo eso. Destinó a estas Universidades "prestigiosas" y que no pagan impuestos, según cifras del propio gobierno,  1000 millones de soles para cubrir los gastos de este programa..... Dicho sea de paso, ¿qué tarifa paga el Estado Peruano?..., la más alta?

2) Un programa (como  Beca 18) que tiene una tasa de deserción del 30% según estudio de la Universidad del Pacifico podríamos decir que es exitoso? Claro que no. Probablemente es un programa que este lleno de improvisaciones,  como todo en este gobierno de los corruptos Humala-Heredia.



(*) Según Gestionpe: la PUCP, UPC,Cesar Vallejo y Alas Peruanas tienen ingresos entre 170- 236 millones de dólares anuales.

INVISIBLES COMO CANCHA




Hasta el año 2015, el Perú tenía poco más de 31 millones de habitantes, de los cuales más de 7 millones eran habitantes rurales (23,3% del total), si consideramos las estimaciones oficiales del INEI. Otras estimaciones más consistentes, como las que promueve la OCDE, por ejemplo, nos permiten suponer que la población rural de nuestro país estaría cercana a los 12 millones1. Sea cual fuera la cifra, no está en discusión que se trata de millones de peruanos y peruanas, como tampoco está en discusión que a ningún partido político o alianza política que viene postulando a tomar las riendas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, le importa lo suficiente sus recurrentes problemas de desigualdad, de pobreza o de ciudadanía. En los hechos, este importante segmento de la población peruana vale solo como reservorio de votos, y una vez extraído este recurso, nuestros políticos lo compensan introduciendo o reforzando programas sociales, como Juntos, Pensión 65, entre otros, o lo que resulta peor, pretenden compensarlo mediante ofertas populistas de distribuir el canon entre la población, sin intermediarios (gobiernos locales).

¡Ojo!, no estoy en contra de los programas sociales o de la adopción del canon en sus distintas modalidades, pues bien utilizados contribuyen, directa o indirectamente, a redistribuir la riqueza del país entre más peruanos. Lo que me resulta cuestionable es que resulten las principales armas del Estado para afrontar el desarrollo rural, y en segundo lugar, me resisto a creer que entregar más dinero al ciudadano del campo, de forma ininterrumpida y en cantidades más crecientes, es el paradigma de la inclusión social, la mejor forma de erradicar la desigualdad que lo agobia. Seamos francos, el mayor beneficiado con la distribución de dinero en el mundo rural es el mercado, que observa cómo se incrementan en millones la cantidad de consumidores de sus bienes, mientras que en perspectiva los viejos problemas del campesino, del pequeño agricultor o del indígena persisten sin resolverse.

El punto es, ¿cómo pasamos de una agenda monetarista a otra agenda de oportunidades de desarrollo para los 7 o 12 millones de peruanos o peruanas que residen en zonas rurales? Un primer aspecto, a mi juicio, es insistir en que cualquier propuesta seria de desarrollo del mundo rural será incompleta sino enfrenta, de lleno, el problema de la tierra, en su versión actual. Ya en la década de 1920, Mariátegui, en su célebre “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, estableció la relación indesligable entre el problema agrario y el problema del indio. Casi cien años después, somos testigos que dicho problema persiste, es cierto, no en la forma descrita por el Amauta: conseguimos erradicar el viejo régimen latifundista y la servidumbre del indio, y en parte se ha garantizado el derechoa la tierra de indígenas y campesinos, en ambos casos fruto de la implementación de una reforma agraria entre la década de 1960 y 1970. Sin embargo, subsiste el problema de la tierra porque los millones de campesinos, de agricultores, de indígenas que poseen este recurso actualmente, enfrentan serios obstáculos para obtener un título de propiedad de sus parcelas, tampoco logran insertarse activamente en la actividad productiva, y en no pocos casos, no encuentran alternativas frente al galopante problema de la minifundización.

En efecto, ni el gobierno militar de Velasco Alvarado ni los siete gobiernos que lo han sucedido se han tomado en serio el problema de la titulación rural. Esta última ha avanzado a cuenta gotas durante los últimos cincuenta años y por ello las recientes cifras del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) del año 2012 indican que de cada 10 parcelas individuales, 6 no tienen un título de propiedad que las garantice. Es decir, actualmente en el Perú rural, más de 2 millones 295 mil parcelas están libradas a su suerte, sin una garantía para que su legítimo dueño las defienda ante cualquier intento de confiscación o de usurpación2. ¿La clase política está discutiendo con seriedad este problema o proponiendo alguna alternativa de solución?


El mayor beneficiado con la distribución de dinero en el mundo rural es el mercado, que observa cómo se incrementan en millones la cantidad de consumidores de sus bienes, mientras que en perspectiva los viejos problemas del campesino persisten sin resolverse.

Por otra parte, aunque mucho discutimos sobre nuestro potencial en minería, gas y petróleo, lo cierto es que un 24% de la PEA ocupada del país, es decir, uno de cada cuatro peruanos y peruanas en edad y capacidad de trabajar –más o menos 3 millones 700 mil personas, según el INEI–, se dedica a la actividad agropecuaria. Se trata, por mucho, de la actividad que más gente ocupa en todo el Perú, comparada, por ejemplo, al sector minero que según los mismos datos del INEI apenas concierne a un 1% de la PEA ocupada. Ahora bien, no se trata solo de cantidad o supremacía de la PEA agropecuaria, pues dentro de esta última, quienes realmente empujan el sector, son más de 3 millones 100 mil personas provenientes de la agricultura familiar, las cuales en conjunto contribuyen con el 86% del valor de la producción agrícola (VPA), el 69% del valor de la producción pecuaria (VPP) y representan el 99% del total de productores agropecuarios, según un reciente estudio de Eguren & Pintado (2015). A este mayoritario segmento de la PEA rural, ¿se le ha apoyado con la adjudicación de tierras en los megaproyectos de riego?, ¿existe alguna política de Estado paramejorar su productividad?, ¿tienen algún incentivo por garantizar la seguridad alimentaria del país? Veamos.

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, nuestro gobierno central en coordinación con los gobiernos regionales, han desarrollado los megaproyectos de riego de Chavimochic, Chinecas y Olmos. En conjunto, estos tres proyectos han incorporado 88 mil nuevas hectáreas de riego en la costa. ¿Qué porcentaje de estas tierras han sido adjudicadas a pequeños productores, cooperativas o agricultores familiares? Ni una hectárea, las 88 mil han sido acaparadas por 34 empresas independientes o pertenecientes a grupos económicos nacionales, como el Grupo Gloria quien posee más de 20 mil hectáreas entre Olmos y Chinecas (Escobedo, 2015). ¿Alguien propone un giro en esta política de adjudicación de tierras, ahora que están en cartera los proyectos Chavimochic III, Majes-Siguas II, Alto Piura, Margen Derecha del río Tumbes, Puyango-Tumbes y Chinecas II? Podríamos estar hablando de alrededor de 180 mil nuevas hectáreas.

Continuando con el análisis, a nadie debería extrañar que nuestra única política de Estado en materia agraria es la política de promoción del subsector agroexportador. Independientemente del gobierno de turno, este último sector continua beneficiándose del tratamiento especial en materia laboral y tributaria que posee, a despecho de que ambos regímenes fueron introducidos con carácter transitorio por el gobierno de Alberto Fujimori, con el pretexto de reimpulsar la productividad agrícola en una época de crisis. Hablamos, por ejemplo, que el inversionista agrícola paga una tasa especial de 15% de impuesto a la renta, por disposición de la ley 27360. Del lado opuesto, ¿cuáles son los incentivos para la inmensa mayoría de agricultores familiares?, ¿tienen algún reconocimiento por producir para el mercado interno? Ninguno que se aproxime a una política de estado, con suerte el apoyo del gobierno se limita a construir pequeños reservorios, a incentivos para la asociatividad y alguna que otra asesoría técnica para exportar sus productos. ¿Alguno de nuestros candidatos está impulsando una política integral de apoyo a la productividad del pequeño agricultor y del campesino?, ¿alguno está examinando con seriedad derogar los regímenes especiales que favorecen exclusivamente los intereses del gran productor e inversionista? Por último, ¿alguien se anima a poner en vigencia el impuesto a la tierra contemplado desde 1995 en la ley 26505?

Para concluir este breve recuento de lo que nos falta en el actual debate sobre el mundo rural,quisiera alertar sobre un problema que pocos advierten pero que está estrechamente vinculado con la superación de los problemas de desigualdad y de democracia en el campo. Me refiero, por una parte, al fenómeno de la reconcentración de la tierra y por otra a la posición de gobierno sobre la conflictividad social. Sobre lo primero quisiera señalar que así les incomode a algunos, es innegable que nuestro país está atravesando por un proceso de reconcentración de la tierra, sobre todo en la costa y recientemente en la selva (véase CEPES, 2015). Pues bien, en un país con pocas tierras agrícolas y donde el principal activo del campesino y agricultor continúa siendo la tierra, si esta última no es distribuida con equidad muy poco se puede avanzar en la erradicación de la desigualdad y la pobreza del mundo rural. Es más, muy pocos se atreverían a negar que existe una relación indesligable entre minifundizacion y aumento de la pobreza.

En segundo lugar, es preocupante la insistencia de todos los gobiernos de turnosobe su papel de arbitro de la conflictividad social. Preocupa que nuestros viejos y nuevos políticos insistan que es necesario fortalecer el rol arbitral del gobierno en las disputas entre comunidad e inversión, cuando a todas luces es evidente que entre uno y otro existe un marcado desequilibrio de poder. Mientras este plano del discurso oficial no cambie y sea reemplazado por una defensa del interésdel pequeño agricultor, del campesino o del indígena, al mismo estilo de la defensa que tanto reclamamos del interés del consumidor y usuario de servicios públicos, ¿alguien se animaría a defender que la democracia ha llegado al mundo rural?

1El Estado peruano considera población rural a toda aquella que habita en centros poblados que tienen menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente, o que teniendo más de 100 viviendas, las mismas se encuentren dispersas. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cambio, son rurales los lugares con densidades demográficas inferiores a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado y que, además, se encuentran a una importante distancia de las zonas urbanas, superior a una hora de viaje (CEPES, 2008).


2No incluimos en el análisis el estado de la titulación colectiva de las comunidades campesinas y comunidades nativas, pues su situación es tan alarmante que merecería un artículo aparte.   

Escrito por: Jaime Escobedo Sánchez

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL HAY CONTINUIDAD Y POCOS CAMBIOS




Como en anteriores procesos electorales, los medios de comunicación vienen desempeñando un rol importante en el marco de la campaña. Son la vía principal para que los candidatos y candidatas sean conocidos y/o consoliden sus imágenes ante la opinión pública. También constituyen un importante vehículo para que candidatos y candidatas difundan los planteamientos centrales de sus planes de gobierno. El espacio mediático es, así mismo, la arena principal del análisis y debate de propuestas electorales, en él concurren no sólo candidatos sino también periodistas y especialistas en diversas áreas de la vida económica y política del país.

Los medios tienen otras implicancias políticas que van más allá de las campañas electorales pero que son especialmente relevantes en la coyuntura que vive el país. Son actores clave en la construcción de las agendas públicas y políticas, no sólo en la proyección de los temas que aparecen y cobran vigor en la esfera pública sino también en el ocultamiento o escasa visibilidad de determinadas problemáticas y actores. Los medios contribuyen también a generar determinados encuadres (positivos o negativos) sobre los temas de agenda, los políticos y sus propuestas de gobierno. Y son, finalmente, poderosos agentes de socialización política para amplios sectores sociales. El protagonismo de los medios en la política peruana es mayor en los últimos añosdebidoa la debilidad (o inexistencia) de los partidos políticos.

Pero los medios no son, ni por asomo, imparciales o neutrales. Mucho menos en el marco de campañas electorales. Los grupos empresariales, tanto los propietarios como actores influyentes en el ámbito mediático, canalizan muchas veces de manera burda y otras de forma casi imperceptible para las audiencias, sus apuestas políticas en favor de candidatos que garanticen la continuidad del modelo económico neoliberal y los privilegios de los que gozan los grupos económicos nacionales y extranjeros. Los sesgos editoriales habituales en cualquier parte del mundo han sido desplazados por una acción de tipo propagandístico en favor o en contra de determinadas candidaturas.

Desde inicios de año se ha hecho más notorio el tratamiento periodístico favorable que los grupos mediáticos más importantes del país ponen en práctica en relación con las candidaturas de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Se trata de personajes sobre los cuáles se investiga muy poco o nada y, difícilmente, son objeto de cuestionamientos en entrevistas y reportajes en el marco de la campaña electoral.

En diversas regiones las radios y televisoras comunitarias y educativas desempeñan un rol importante de apertura al debate equitativo de propuestas electorales, incorporando a sectores de la sociedad civil muchas veces ausentes en la discusión política. El problema de estas experiencias es que experimentan un escenario cada vez más complejo debido al predominio de los grupos mediáticos capitalinos que captan más del 80% de la inversión publicitaria comercial y del gasto estatal en materia de avisaje y campañas de comunicación.

Todo lo anterior no parece repetirse en cada elección. Sin embargo, en los últimos años se han incrementado las experiencias de periodismo independiente que proponen una manera distinta de informar y analizar -con rigor y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, sobrela marcha del proceso electoral- los antecedentes y las propuestas de los candidatos y candidatas. A experiencias que se iniciaron hace algunos años como IDL Reporteros, La Mula y Útero, entre otras, se han sumado Ojo Público, Convoca y otros colectivos de periodistas que en alianza con hackersrefrescan y a la vez desafían a los medios y formas tradicionales de hacer periodismo en el marco de campañas electorales.Lamentablemente es mucho mayor la capacidad que tienen los grupos mediáticos para producir y diseminar, de manera sincronizada, contenidos tanto en la televisión, la radio y la prensa como también en el ámbito de Internet y las redes sociales.

Cabe señalar también que el uso de redes sociales como Facebook y Twitter por parte de candidatos y fuerzas políticas se ha intensificado en esta campaña. De hecho, Julio Guzmán lanzó a través de las redes sociales y con mucha anticipación su candidatura presentándose como el outsiderde cara al proceso electoral. Así mismo, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea usan las redes sociales como los vehículos principales para visibilizarse y situar sus propuestas electorales en el espacio público. Pero los límites de Internet tienen que ver con variables vinculadas al uso social de estas herramientas en el terreno político: nivel socioeconómico, edad, área de residencia (urbano – rural) y nivel educativo, principalmente. Además, si bien Internet muestra cierta eficacia en sectores socioeconómicos altos, jóvenes y adultos de zonas urbanas, la mayoría de la población que sigue la campaña lo hace a través de los medios tradicionales: televisión, prensa y radio.


En suma, más continuidades que cambios en el comportamiento de los principales grupos mediáticos del país en el marco de la campaña electoral, en lo que parece ser un tiempo cíclico en el cual es muy difícil imaginar un escenario mediático (incluidas las redes sociales) que favorezca una competencia electoral equitativa y un amplio debate de propuestas entre candidatos y candidatas.

NECESITAMOS EVALUAR Y AJUSTAR LAS LEYES ELECTORALES A NUESTRA REALIDAD


Luego de la audiencia de este miércoles en que el pleno Jurado Nacional de Elecciones (JNE) escuchó los alegatos de la defensa de Todos por el Perú para salvar la candidatura presidencial de Julio Guzmán, buscamos al politólogo y experto en temas electorales Fernando Tuesta, para hablar sobre este caso.

Los magistrados del JNE dejaron al voto su decisión final. Hay dos caminos por los que pueden optar para su veredicto: el primero, que si se cometió una falta a las normas, el procedimiento indicaría que la candidatura no puede continuar. El otro tiene que ver con el tema de la proporcionalidad entre el error y la sanción.

Tuesta considera que el marco legal actual es inadecuado para nuestros partidosy que, en ese contexto, empuja a las mayoría de organizaciones políticas a buscar la manera de sacarle la vuelta a la ley, pero que, por encima de ello, se debe preservar el derecho de participación política.

¿Cuál es su primera impresión de la audiencia del JNE para ver el caso de Julio Guzmán?

En primer lugar, creo que el derecho de participación política no solo es fundamental, sino que hay que preservarlo. Con el deterioro de la política, posiblemente se ha llegado a tener un marco normativo inadecuado para nuestros partidos, acompañado de una frondosa normatividad. Con esto, es muy difícil que los partidos realmente existan sin que de alguna forma burlen la ley. Por ello es inexplicable que haya 20 partidos inscritos, pese a tener una ley exigente, esta es burlada, pues se privilegia documentos, procedimientos, en muchas ocasiones falsos, que no responden a la realidad. El tema de elecciones internas es un ejemplo. No creo que haya partido en el Perú que haga bien las cosas. Es decir, con elecciones limpias, transparentes, legítimas, adecuada a la legalidad de sus propias organizaciones.

Como en el caso de Guzmán y Todos por el Perú...

En este caso se trata de un grupo de gente novata, que ha tratado de cumplir con las reglas como puede. Pero en general, cualquiera sea el caso, es legítimo preguntarse si es proporcional aplicar una sanción excluyendo una candidatura. Sobre todo cuando no se trata de cometer un delito o no cumplir con los requisitos de inscripción. He leído que no se trató igual en el caso de Álex Kouri en las elecciones municipales de Lima en el 2010 (cuando fue excluido por datos incorrectos en su hoja de vida, donde puso que vivía en la capital cuando estaba registrado en el Callao). Este caso es distinto, pues el derecho a ser elegido es un derecho consagrado en la Constitución basado en requisitos mínimos. Residencia en el lugar en donde quieres ser representante es uno de ellos. Kouri ni siquiera apeló. Por lo demás para ser candidato no necesitas más que cumplir los requisitos. Pero a esos, se les han agregado normas que se han convertido en requisitos de facto, con lo que se ha abierto un amplio abanico de interpretaciones. Lo más importante es lo que el elector responde. Por ejemplo, a César Acuña no se le ha retirado de la campaña (por el tema de los plagios), pero ya la encuesta de Datum muestra un freno a su ascenso, probablemente relacionado a las recientes acusaciones. Entonces, el elector ya está haciendo uso de su intención de voto.

Si el JNE decide fallar a favor de Guzmán, ¿no sentaría un precedente negativo con respecto a la realización de elecciones internas dentro de los partidos?

No se trata de no cumplir la ley, sino que es necesario evaluar el conjunto de normas, jerarquizarlas y ajustar los reglamentos a la realidad. Es decir, el objetivo debe ser adecuar los procesos a la realidad. No puedes tener leyes que nadie cumple, porque todos las violan, como en el tema del financiamiento y la propia inscripción. ¿De verdad los 20 partidos inscritos han juntado cientos de miles de firmas válidas? ¿Los organismos electorales nos engañan? No. Hacen lo que pueden. En este caso encontrar coincidencias, pero las firmas podrían haber sido falsificadas.

¿Y con respecto al financiamiento, qué se debería hacer?

Encima que los partidos no reciben financiamiento público y no tienen plata, existen topes y sanciones. Entonces los partidos violan la Ley. Ante esta disyuntiva se debe proteger, hasta donde se pueda, el derecho a la participación política. Yo personalmente defendí al entonces candidato Luis Castañeda (en las elecciones municipales de Lima del 2014) cuando lo quisieron retirar por el tema de su hoja de vida. Me parecía desproporcionada la medida por haber mentido en su Hoja de Vida en relación a sus estudios. Es fundamental el aspecto a valorar.

¿Qué tipo de modificaciones deberían hacerse, quizás para que no haya tantas trabas o más facilidades?

No se trata de facilidades, sino que los requisitos sean los fundamentales y que las normas de menor jerarquía respondan a la realidad. Por ejemplo, si no hay manera de parar las firmas y comités falsos hay que pensar en otras posibilidades. Que los partidos se inscriban con pocos militantes, pero que participen obligatoriamente en elecciones internas organizadas por organismos electorales y cuyos resultados sean vinculantes. Si un partido no logra convocar 1% del padrón electoral, pues pierde la inscripción. Solo los que superan este primer umbral pueden inscribir candidaturas y solo ingresan al parlamento quienes superan el 5% y consiguen 7 congresistas. Y así evitamos la falsificación y todo lo que tenemos al frente.

Finalmente, ¿cuál es su apreciación de la última encuesta de Datum?


Básicamente, lo que está en juego es quién pasa a la segunda vuelta. Keiko Fujimori se mantiene y Guzmán confirma su crecimiento. Alejandro Toledo ha pasado casi al rubro de "otros", y Acuña se ha frenado, probablemente por las denuncias recientes. Esta encuesta ya nos coloca en una situación distinta, que podrá cambiar sustantivamente si Guzmán es retirado (LaMula, miércoles 10 de febrero del 2016).

¿POR QUÉ TU MAESTRÍA HA PERDIDO VALOR EN EL MERCADO LABORAL? ¿CÓMO REVALORAR TU MAESTRÍA?



Muchas personas han escuchado o deben estar de acuerdo con lo siguiente: "Las maestrías en el Perú ya no tienen el mismo valor de antes. Ahora cualquier webas tiene una maestría. Es más, hasta pulpines con cero experiencia laboral, aun bachilleres ya tienen su maestría....etc "

Bueno, lo que ha pasado es que las Universidades Privadas del Perú, en las que incluyo las denominadas "prestigiosas", en su afan de lucro han relajado los requisitos para postular a una maestría.

No hay exámenes para ingresar. No piden experiencia laboral. Las tesis son mediocres. Muchas son descriptivas, pocas tienen información que evidencie que se haya hecho una investigación  etc etc.

Los Acuña y los Garcia, "doctores" bamba, son sólo una muestra de como las Universidades- Negocio han perjudicado a muchas personas que pagan miles  de miles de dolares para que luego su maestría en el mercado laboral tenga muy poco valor.

¿Hay solución?
Claro , y  hay muchas. Una debería ser que el Estado regule el mercado de las maestría y doctorados.

Que empiecen pidiendo que para postular a una maestría se debe tener mínimo una cantidad X años de experiencia laboral para aplicar a una maestría o doctorado. Al menos 2 años para maestrías y 5 para ser DOCTOR!.

Que el Estado multe o quite la licencia para otorgar maestrías o doctorados a Universidades que no hacen una adecuada revisión de tesis que son resultado de un plagio.

Que el Estado no revalide maestrias del exterior de Universidades que han aprobado tesis con plagios.


Al menos eso permitirá revalorar las maestrías en el mercado laboral.

LAS SOMBRAS DE CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y LOBBIES SOBRE ESTOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ



Semanas nos separan de la primera vuelta electoral para elegir al siguiente presidente de la República y a los parlamentarios, y no es extraño vernos nuevamente entre la espada y la pared, en la conocida disyuntiva de buscar al menos peor, ante la resignada interrogante de elegir a un malo conocido o a un malo por conocer, con la improvisada expectativa del mesiánico candidato u outsider que nos libre de todo mal.

Por más que uno trate de ser objetivo y limitarse a analizar planes de gobiernos, propuestas específicas y conformación de equipos técnicos, ver y conocer la “trayectoria” de algunos candidatos que puntean las encuestas adelanta un panorama desalentador y sombrío. Espero equivocarme, pero ya he vivido bastante como para esperar milagros de esta clase política.

Comenzamos el resumen de los cuestionamientos públicos con Keiko Fujimori, ex primera dama e hija de Alberto Fujimori, expresidente (1990-2000) condenado por delitos de usurpación de funciones, peculado, homicidio y tortura. No obstante, el cuestionamiento actual a la mencionada candidata apunta al financiamiento de sus estudios en el extranjero, hecho no esclarecido porque el delito de enriquecimiento ilícito fue archivado por la Fiscalía y el de receptación prescribió. Asimismo, se cuestiona la falta de transparencia en el financiamiento de su campaña electoral y el presunto aporte de personas naturales y jurídicas de dudosa reputación. A ello se suman las investigaciones por delitos de lavado de activos contra uno de los congresistas de su partido.

César Acuña, exalcalde de Trujillo, tiene un hermano como presidente regional, otro hermano y un hijo como congresistas. Es además un empresario vinculado a la educación universitaria. Su candidatura no sólo se enturbia por la gama de investigaciones y procesos judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tales como enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, abuso de autoridad, entre otros, sino que aún existen dudas acerca del origen de su cuantioso patrimonio familiar, lo que ha justificado la existencia de una investigación por el presunto delito de lavado de activos a cargo del Ministerio Público.

Pedro Pablo Kuscynski, exministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), tildado de lobista sin escrúpulos por el periodista César Hildebrant. Su principal cuestionamiento no es que en las elecciones presidenciales del 2011 haya intentado sorprender a la población con su voceada renuncia a la ciudadanía estadounidense, sino que –conforme a la denuncia del Congresista Manuel Dammert– habría traído a la empresa estadounidense Hunt Oil al Perú, le habría confeccionado el diseño financiero del proyecto y, una vez en el cargo de ministro de Economía, habría beneficiado a dicha empresa privada para que exportara el gas de Camisea pese a los problemas de desabastecimiento de gas para el Perú.

Alan García, expresidente (1985-1990 y 2007-2011). Pese a que tras su primer gobierno lo persiguieron denuncias por atentados contra derechos humanos, actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, la prescripción terminó favoreciéndolo y retornó al Perú para ganar la presidencia por segunda vez. Hechos graves como el conocido caso “petroaudios”, la tragedia del “baguaso”, los escandalosos “narcoindultos” y su identificación con el neoliberalismo encubierto de centroizquierda terminaron convirtiéndolo en uno de los candidatos con mayor rechazo en el país. Aún siguen vivos los cuestionamientos acerca del origen de su patrimonio.

Más allá de temas anecdóticos con ribetes de escándalo que empapan a los candidatos, debemos de prestar mucha atención a las sombras que sobre presuntos delitos de corrupción y lavado de activos existen, pues –aunque en apariencia a un grueso de la población no les importa o no les resulta determinante para definir su voto– constituyen hechos gravísimos que afectan perniciosamente a los ciudadanos.

Los delitos contra la administración pública1 son aquéllos que afectan el normal y correcto funcionamiento del Estado y abarca conductas tales como el peculado (apropiación o uso indebido de caudales o efectos públicos), la colusión (la puesta en acuerdo entre funcionario público con un empresario para defraudar al Estado en una licitación pública), la negociación incompatible (beneficiar indebidamente a un postor en un procedimiento de contratación con el Estado), cohechos (sobornos y coimas), enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc. Este tipo de delitos es un grave flagelo para nuestra sociedad y es la principal causa por la cual la población no obtiene los servicios básicos que necesita y el país se mantiene en bajo niveles de progreso.

De otro lado, el delito de lavado de activos2, en simples términos, implica un conjunto de actos o procedimientos, a través de los cuales se convierte, transforma, administra, custodia, oculta o traslada activos provenientes de delitos previos como narcotráfico, corrupción, trata de personas, extorsión, defraudación tributaria, etc. Este delito genera graves perjuicios para la estabilidad económica del país, afecta la confianza en el sistema financiero, contribuye al avance de la criminalidad organizada, entre otros bien jurídicos tutelados. Este delito es cometido con el objetivo de ingresar [lavar] dinero, bienes muebles o inmuebles y demás activos a la economía formal bajo la apariencia de licitud o formalidad. Todo ello con el objetivo de disfrutar lo obtenido por la comisión de otros delitos anteriores.

Como ciudadanos debemos de exigir que el futuro gobernante no tenga siquiera indicios encima sobre delitos tan graves, pues no debe permitirse la posibilidad que, en caso se corroboren las sospechas, lleguen al poder del gobierno pues el riesgo de poner las arcas del Estado y las necesidades de una sociedad en malas manos sería desastroso y significaría el estancamiento del país en el subdesarrollo.

1Véase: Véase: FERREIRA DELGADO, Francisco (1995) Delitos contra la administración pública. 3° edición, Bogotá, Temis // ROJAS VARGAS, Fidel (2007) Delitos contra la administración pública. 4° edición, Lima, Grijley // SALINAS SICCHA, Ramiro (2011) Delitos contra la administración pública. 2° edición, Lima, Grijley.
2Véase: Decreto Legislativo N° 1106 – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado // VI Pleno Jurisdiccional sobre lavado de activos, emitido por las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República. Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Fundamento 7°. Publicado el 15 de diciembre // GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino (2009). El Delito de Lavado de Activos. Criterios Sustantivos y Procesales. Análisis de la Ley N° 27765. Jurista Editores E.I.R.L. Segunda edición. Lima // PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2007). Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Grijley. Lima.


Escrito por: Christian Salas Beteta Ex procurador anticorrupción