miércoles, 28 de febrero de 2018

GENOCIDIO DE LA COMUNIDAD ACHÉ ESTA ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA MEMORIA

Joven Aché capturado. Marzo de 1972. Fotografía: Christine Münzel




En lugares remotos de la República del Paraguay se recogen, cada vez con más frecuencia, pruebas que respaldan exhaustivos estudios que dan cuenta de un perverso genocidio en uno de los 19 pueblos indígenas existentes al día de hoy y que históricamente han sido marginados por el estado.

El presente material aborda algunos de los traumáticos episodios que vivió la comunidad indígena Aché del Paraguay como consecuencia de una política deliberada de genocidio aplicada por las autoridades de este país acompañada de la indiferencia de la sociedad en general. Pero antes de tratar la problemática es necesario conocer algunas características propias de este grupo humano.

Los Aché, llamados también Guayakíes (ratas de monte en idioma guaraní), son una comunidad aborigen de cazadores-recolectores nómadas que residían en la región este de Paraguay desde tiempos inmemoriales. El número de indígenas bordea las 1200 personas. La caza es la principal actividad y es considerada como el vínculo que mantiene intacta la conexión entre el bosque y los humanos. Los jefes tradicionales son la máxima autoridad y representan el elemento más importante de cohesión en la sociedad. Muchos apuntes de estudiosos de diversas nacionalidades que se desplazaron hasta el Paraguay en los años 60, 70 y muy recientemente indican que un aspecto cultural positivo de este grupo era el profundo respeto por las mujeres.

Todas estas creencias y costumbres que constituyeron la base del funcionamiento del universo Aché  fueron trastocadas y en muchos casos destruidas por un proyecto estatal al cual en resumidas cuentas se le puede atribuir el siguiente slogan: los paraguayos blancos tienen supremacía sobre las demás etnias del país y cualquier obra que se realice deberá obedecer este principio. No importa que ciertos pueblos indígenas vean mermados sus derechos más elementales. Esta forma cruel de hacer política degradando a determinados pueblos nativos fue implementada en Paraguay por las dictaduras militares, muy en especial durante el régimen del General Alfredo Stroessner, y no puede dejar de llamarse genocidio.

La práctica científica demuestra que es sumamente difícil obtener información y relatos que hablen del sufrimiento de los pueblos oriundos de la selva por múltiples razones. En el caso del Paraguay, al ser un país no industrializado desprovisto de una red nacional de comunicaciones que abarque rutas que conduzcan a zonas apartadas del país, es fácil imaginar que comunidades como los Aché vivían y viven en un completo aislamiento. A esto se añade que los lugares donde habitan los indígenas son de difícil acceso para los investigadores. Lo agreste del territorio donde están  asentados, la falta de carreteras y el peligro latente que significa adentrarse en la profundidad de la selva hacen difícil el trabajo científico.

Pero sobre todo los antropólogos y etnólogos interesados en el tema ven aún más complicada su labor ante el hecho de que las víctimas de atropellos pocas veces cuentan a sus entrevistadores todo lo ocurrido. Muchos de ellos todavía están impactados y sienten temor por las represalias que puedan venir. De otro lado estas personas secuestradas, violadas, torturadas o utilizadas como mercancía no dejan por escrito sus trágicas historias limitándose únicamente a transmitir los hechos de manera oral.

No obstante, existe un copioso material sobre este tópico producto del trabajo minucioso y valiente de investigadores que se desplazaron hasta los territorios donde habitaban los Achés superando más de un escollo y asumiendo múltiples riesgos.

La descripción detallada que hizo el etnólogo brasileño Baldus sobre las barbaridades cometidas contra los nativos fue devastadora. El testimonio de Rosario Mora, una de las mujeres que integró el comando responsable de una de las peores matanzas registradas en contra de la comunidad Aché, revelan la naturaleza inhumana de quienes allá por el año 1907 ostentaban el poder en Paraguay:

“llegaron al campamento nativo, mataron a golpes de machetes a siete mujeres y niños y cogieron a siete niños pequeños. Los menores capturados lloraban y se lamentaban. Los cazadores de humanos se sentían amenazados incluso después de haber destruido todos los arcos y flechas que los achés habían dejado al momento de su fuga. Entonces el jefe policial dio la orden de cortar las gargantas de los niños para evitar que sus lamentos indicaran a los indios dónde estaban los paraguayos. Todos sus subordinados, menos Rosario Mora, obedecieron”1.

Estas sangrientas acciones pasaron inadvertidas puesto que ninguna organización pudo investigarlas por aquel entonces.

Aché prisioneros enviados a la Colonia. Exposición fotográfica: "Agonía indígena Aché"

La comunidad internacional comenzó a tener conocimiento de estos crímenes a raíz de las denuncias que hicieran el antropólogo alemán Mark Munzel y su colega español Bartomeu Meliá al respecto en los años 70. Las evidencias de atropellos y prácticas genocidas en perjuicio de los pobladores Aché se han ido acumulando año tras año y sólo el trabajo indesmayable de organizaciones internacionales y protestas de algunos estados escandinavos como Dinamarca y Noruega ha llamado la atención sobre este tema.

De manera increíble ningún gobierno de turno de Paraguay ha tomado cartas en el asunto y más bien se han dedicado a relativizar la problemática sin asumir ninguna responsabilidad ni juzgar a los implicados en este oprobio. El pasado y el presente de la comunidad Aché configuran un cuadro por demás penoso y nos alertan de lo mucho que todavía se tiene que hacer para intentar revertir semejante injusticia y rehabilitar a las víctimas.

Los materiales disponibles alusivos al martirio que vivieron los habitantes del monte -como se les conoce a las zonas donde habitan los Achés- reflejan a todas luces una premeditada línea de acción para aniquilar progresivamente a esta comunidad. Una práctica totalmente reprobable fue el denominado sedentarismo forzado que consistía en expulsar a los nativos de sus tierras para trasladarlos hasta la creada Colonia Nacional Guayakí despojándoseles con ello grandes áreas de terreno y prohibiéndoseles realizar una actividad crucial en la cultura de esta gente: la caza.

La vida en estas tierras de poco valor agrícola transcurre de una manera completamente anormal por decir lo menos. Los relatos y casos documentados en la Colonia muestran un plan maquiavélico orientado a destruir la identidad cultural de los Achés. El reconocido antropólogo paraguayo León Cadogan, los científicos argentinos Vivante y Gancedo así como el padre Melía han hecho de conocimiento público sobrecogedoras historias que avalan la tesis del sedentarismo forzado y el trato inhumano de los indígenas Aché por parte de los representantes del estado paraguayo en la zona. En esta reserva muchos nativos perdieron la vida a causa de la retención adrede de alimentos y medicinas. Así mismo grupos de niños fueron vendidos, regalados o esclavizados, contraviniendo el artículo 2 del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al cual Paraguay está adherido.

El escaso “progreso” de la Colonia del cual dan cuenta los científicos mencionados es el ligado a un incipiente conocimiento del idioma guaraní, la construcción de chozas de madera y conocimiento de una agricultura primitiva. Pero incluso de este mínimo progreso solo se benefician una minoría de la población Aché circunscrita a la reserva, tratándose en esencia de nativos premiados por haber cazado a muchos de sus compañeros que se negaban a ser sacados del monte. La irresponsabilidad y desinterés de los supervisores del lugar son ampliamente conocidos. Para ilustrar esta conducta solo diremos que los encargados de velar por la buena marcha en este campo -que parece de concentración por el trato despiadado- no cumplen con su función y más bien se ocupan de organizar cacerías para atrapar más achés y llevárselos a la fuerza.

En tanto la Colonia Nacional Guayakí es administrada por déspotas, los indígenas hacen maravillas para sobrevivir, son mal alimentados, degradados sistemáticamente, castigados, ultrajados en sus derechos más elementales. Aunque en los últimos años el trato ha dejado de ser abiertamente cruel como lo fue en los años 60 y 70, aún persisten elementos degradantes que rigen la vida en el refugio. Bien lo anotó el antropólogo paraguayo Miguel Chase Sardi que dedicó tantos años de su vida al estudio de este problema:

“Es cierto que ellos han vivido durante siglos sin vestidos y casi sin casas, pero ahora, no viven en su hábitat natural donde se movían más libremente, ya no se alimentan a base de carne y miel y por la noche no pueden tener aquel sistema de fogatas que les resguardaba del frío.”2

Los creyentes podrían concluir que el estado paraguayo ha sacado a los Achés del paraíso en el que vivían para llevarlos al infierno de una Colonia donde los encargados tienen carta libre para proseguir matando con la complicidad del gobierno.

Tan deplorable situación resulta más indignante cuando se constata que Paraguay votó a favor de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 e incorporó a su legislación interna el Convenio 169 de la OIT en el año 1993. Por ello es imperativo seguir presionando, y de ser necesario denunciando, al gobierno paraguayo y a los organismos internacionales para que atiendan esta problemática y cumplan sus compromisos.

La lucha debe continuar con la esperanza de que se proceda al reconocimiento oficial de este genocidio y a la reparación e indemnización de las víctimas y sus familias. En ese sentido, es elogiable el esfuerzo que realizan en la actualidad especialistas y organizaciones internacionales para llevar a cabo eventos y conferencias como el organizado el 4 y 5 de julio del presente año en Madrid que versó sobre los Aché de ayer y hoy.

Finalmente es oportuno resaltar que las diversas manifestaciones de la cultura indígena no pueden ser reemplazadas por lo que muy arrogantemente denominamos “civilización occidental”. Quienes viven en contacto permanente con los bosques, los ríos, las quebradas y el rico ecosistema característico de la selva tienen muchas cosas más que enseñarnos a todos nosotros, los “civilizados”. Los nativos conocen las propiedades de cada planta, valoran la renovación de la biodiversidad y la respetan.

Si alguno de quienes se jactan de vivir acorde con los grandes avances tecnológicos, con la modernidad y en una sociedad que solo persigue la acumulación de capital, se hallara de pronto perdido en las profundidades de la selva comprobaríamos como todo su conocimiento no le ayudaría a sobrevivir en tales condiciones.

Muchas veces los estados asumen que para progresar es necesario llevar la modernidad a los rincones más alejados del país. Pero este concepto no es válido, la producción a gran escala junto con la explotación indiscriminada de los recursos naturales han precipitado la destrucción de ecosistemas en todo el orbe. Si algo desean los nativos del Paraguay, es que los dejen vivir libremente en armonía con la naturaleza. Y este es el gran objetivo a conquistar si queremos que los fantasmas del  genocidio y los enemigos de nuestro planeta nunca más estén de vuelta.

Notas:

(1) Los Aché del Paraguay: Discusión de un Genocidio. IWGIA. Copenhague 2008. P. 56. Acceder al libro en: http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0295_ache.pdf

(2) Chase Sardi, Miguel (1987). Las políticas indigenistas en el Paraguay.

Por Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.

GENOCIDIO INDÍGENA, EJE DE UNA JORNADA PÚBLICA







¿Cuáles son los intereses que están detrás de la nueva avanzada contra los pueblos originarios? ¿Por qué nuestro país se construyó a partir de un genocidio indígena? ¿Cuáles fueron y son las prácticas genocidas desde el Estado Nacional? ¿Cómo se siguen expresando esas prácticas en la actualidad? ¿Y cuáles son las posibilidades de reparación histórica?

Esos serán algunos de los disparadores de la “Jornada Genocidio Indígena en Argentina. De la violencia colonial a la criminalización actual”, que se realizará el jueves 23 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de expositores y expositoras de distintos puntos del país provenientes del ámbito académico, de organizaciones de militancia indígena y de otros colectivos sociales.

Una invitación a reflexionar sobre la relación Estado Argentino-Pueblos Originarios, desde los inicios de la violencia colonial a la actual criminalización de las comunidades. Habrá panreles de exposición, espacios de intercambio y una muestra artística. Será el jueves próximo (23 de noviembre) en el Centro Cultural Paco Urondo de Buenos Aires.

La actividad –en la que se entregarán certificados de asistencia- es libre, gratuita y no requiere inscripción previa, pero está sujeta a la capacidad de la sala. Se desarrollará desde las 9 hasta las 17.30 en Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en 25 de Mayo 201, CABA.

La idea es compartir las nuevas líneas de investigación en torno al concepto de “genocidio indígena” y también debatir -en un encuentro abierto al público- cuestiones relacionadas a las formas de violencia estatal, las fronteras, los territorios, las memorias, las represiones, las resistencias, los medios de comunicación, las reparaciones, los desafíos y las propuestas a futuro. Entre otras, estarán presentes las universidades nacionales de Buenos Aires, del Comahue, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro.

El encuentro es organizado por la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, una organización que reúne el trabajo de profesionales de distintas disciplinas sociales y artísticas -Antropología, Historia, Sociología, Educación, Comunicación, Cine, etc- con el objetivo de fundamentar científicamente el uso del concepto de “Genocidio” para explicar los procesos de consolidación y avance estatal de fines del siglo XIX en la naciente República Argentina y cómo operan en la actualidad.

Entre otros, expondrán Diana Lenton, Walter Delrio, Alexis Papazian, Valeria Mapelman, Luciana Mignoli, Marcelo Musante, Mariano Nagy, Pilar Pérez, Adrián Moyano, Lorena Cañuqueo, Darío Aranda, Noolé Cipriana Palomo, Enrique Mases, Carina Lucaioli, Lorena Barbuto, Sara Ortelli, Luciano Literas y Lorena Rodríguez.

Asimismo, los artistas Marcelo Bronstein, Gustavo Larsen, Ulises González, Cristina Piffer y Hugo Vidal expondrán al trabajo de hacer visible el genocidio indígena desde el arte, ya que sus obras abordan masacres indígenas, procesos históricos de sometimiento y formas actuales de intervención en el espacio público, entre otros aspectos. Por último, el payador Wilson Saliwonczyk ofrecerá un breve cierre musical donde promete improvisar desde las Campañas al Desierto, pasando por las masacres de Napalpí y Rincón Bomba, hasta el contexto actual.

¿Qué es la Red?

Desde 2004, la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina trabaja en  articular los esfuerzos de profesionales de diferentes disciplinas y diversos puntos del país, interesados en profundizar sobre el concepto de Genocidio aplicado al proceso que afectó y afecta a los pueblos indígenas preexistentes a la conformación del Estado argentino.

La organización nace a partir de la iniciativa conjunta de la antropóloga Diana Lenton y el historiador Walter Delrio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA –donde tiene su sede- y hoy está compuesta por investigadores/as de disciplinas sociales y artísticas e integrantes de organizaciones indígenas que desarrollan sus tareas en distintos puntos del país buscando tener participación en diversos espacios, territorios y luchas.

La Red nació con el objetivo aportar pruebas concretas y documentadas que dieran argumento sólido a la práctica genocida llevada adelante por el Estado y el posterior proceso de invisibilización de identidades indígenas en todo el país.

En 2010, publicó el libro “Historia de la Crueldad Argentina. Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios”, coordinado por Osvaldo Bayer y editado por El Tugurio. Ese trabajo colectivo de divulgación -reeditado en 2012 y 2013- explica cómo se dieron las prácticas genocidas en diversos escenarios y sus consecuencias posteriores. Además ha producido diversos artículos académicos, notas periodísticas y piezas audiovisuales, así como también tiene una activa participación acciones para acompañar a comunidades en demandas por desalojos, crímenes de lesa humanidad, etc.

En pocos días, se publicará en Bariloche el segundo libro de la Red “En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del estado argentino sobre los pueblos originarios (1870-1950)” (Editorial UNRN) en el cual se profundizan algunos conceptos y se siguen generando argumentos ante los discursos hegemónicos que persisten en situar las conquistas como gestas civilizadoras.



LOS COMUNICADORES, COMUNICADORAS Y PERIODISTAS DE LA REGIÓN ENFRENTEN SERIOS PELIGROS, AGRESIONES Y ASESINATOS AL MOMENTO DE EFECTUAR SU TRABAJO





La realidad de violencia y narcotráfico en México, corrupción en Guatemala y venta de los bienes y territorios en Honduras y El Salvador únicamente son el inicio de una conflictiva realidad que enfrenta la región mesoamericana.


Estas situaciones hacen que los comunicadores, comunicadoras y periodistas de la región enfrenten serios peligros, agresiones y asesinatos al momento de efectuar su trabajo.

LA MINERÍA Y EL PETRÓLEO ESTÁN VINCULADOS A MÁS ASESINATOS

El incremento de los asesinatos, de acuerdo a Global Witness, se debe a la impunidad y la falta de procesamiento judicial, que permite a los perpetradores caminar libremente



Afirmó organización Global Witness. Sostienen que incremento de asesinatos es por impunidad y falta de procesamiento judicial que permite a perpetradores caminar libremente.

Servindi, 15 de agosto, 2017.- Según el reporte de Global Witness, durante el 2016 fueron asesinados 200 defensores de la tierra y el medio ambiente, 10 por ciento más que en el 2015, siendo la minería y petróleo las actividades vinculadas a más asesinatos.

El informe Defender la tierra: asesinatos de defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016, detalla que el sector minería y petróleo registró 33 asesinatos, la explotación forestal 23, la agroindustria 23, la caza ilegal 18, agua y represas 7, y otros 4 asesinatos.

El incremento de los asesinatos, de acuerdo a Global Witness, se debe a la impunidad y la falta de procesamiento judicial, que permite a los perpetradores caminar libremente, alentando a potenciales asesinos.

La organización descubrió que durante el 2016, las fuerzas gubernamentales fueron responsables del asesinato de, al menos, 43 personas. De ellos, 33 fueron perpetrados por la policía y 10 por el ejército, y los actores privados como guardias de seguridad y sicarios, fueron responsables de 52 muertes.

“Las luchas entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales por el uso de la tierra y los recursos naturales son la base de la mayoría de los asesinatos documentados por Global Witness”, sostiene el informe.

Asimismo, la organización sostiene que, cuando los defensores de la tierra y el medio ambiente chocan con intereses políticos, empresariales y criminales, son marginados y catalogados como “anti-desarrollo”, por lo que se enfrentan a amenazas de muerte, intimidación y acoso.

Cifras por países

Entre los países donde la situación de los defensores ha empeorado se encuentran Colombia, India y la República Democrática del Congo. En Colombia, por ejemplo, fueron asesinados 37 defensores, el peor años registrado, donde los paramilitares fueron los presuntos autores de 22 asesinatos.

La lideresa Wayúu y activista por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, Jakeline Romero, se enfrentó a amenazas e intimidaciones luego de haber denunciado los abusos cometidos por los paramilitares y poderosas corporaciones en La Guajira.

“No se meta en lo que no le incumbe, evite problemas, sus hijas están muy lindas y piense en ellas, gran malparida perjudicial evite problema porque hasta su madre se la desaparezco para que siga de sapa”, fue el mensaje que recibió Jakeline, en diciembre de 2016.

Por su parte, en la India fueron asesinados 16 defensores en el último año, 10 de los cuales fueron responsabilidad de la policía, donde la tala y la minería fueron las principales industrias relacionadas con las muertes.

Asimismo, la República Democrática del Congo fueron asesinados 10 defensores, el más alto en África, de los cuales 9 fueron guardaparques, quienes además sufren la amenaza por parte del gobierno.

Nicaragua, se convirtió en el país más peligroso del mundo per cápita, donde murieron once defensores, en su mayoría indígenas, en conflictos relacionados con la tierra entre las comunidades y los colonos.

Entre tanto, en Honduras fueron asesinados 14 defensores, convirtiéndolo en el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos desde 2007, con una estrecha relación a las represas hidroeléctricas y los agronegocios.

El mayor número de asesinatos de defensores de Asia se dio en Filipinas, donde 28 personas fueron asesinadas por actividades relacionadas a las extracciones mineras y de carbón. La mitad de las víctimas fueron indígenas.

Asimismo, en Brasil, durante el último año fueron asesinados 49 defensores, de los cuales la industria maderera estuvo vinculada a 16 asesinatos, mientras que en el Amazonas, los terratenientes estuvieron vinculados con muchas muertes.

El fenómeno de la criminalización

“Además de las amenazas y los ataques, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente están enfrentando cada vez más casos penales y civiles falsos y agresivos, por parte de gobiernos y actores empresariales, en un esfuerzo por silenciarlas”, sostiene Global Witness.

En este sentido, la organización detalla que la criminalización es utilizada para intimidar a los defensores, manchar su reputación y acorralarlas en costosas batallas legales donde, una vez acusadas, son estigmatizadas públicamente y tratadas como delincuentes por el gobierno y los medios de comunicación.

Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien no se registró ninguna muerte de algún defensor durante el 2016, hubo un aumento de la criminalización, debilitamiento de la legislación sobre protección ambiental y el endurecimiento de la protesta, a nivel estatal y federal.

LA ONU PIDE DOCUMENTAR CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES/AS INDÍGENAS





El plazo para el envío de los insumos del informe sobre criminalización es hasta el 16 de marzo. Los documentos deben estar compuestos por 5 hojas como máximo.

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, junto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha iniciado la preparación del próximo informe temático sobre criminalización y ataques contra los pueblos indígenas.

En este sentido, se solicitan insumos para complementar dicho informe, que considerará el impacto colectivo en las comunidades indígenas y el diseño de medidas de protección.

El plazo para el envío es hasta el viernes 16 de marzo. Debe enviarse un documento de 5 hojas como máximo sobre la situación o casos de criminalización contra defensores/as indígenas.

Los documentos deben remitirse al siguiente correo: indigenous@ohchr.org con el asunto “Informe de criminalización 2018”.

Sobre el informe

El informe analizará las características distintivas de la criminalización y los ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los tratados de derechos humanos.

Según lo documentado por la relatora especial, en la mayoría de los casos, los casos de criminalización y violencia surgen cuando los/as líderes indígenas y miembros de la comunidad expresan su oposición a proyectos extractivos y de inversión.

Dicho documento se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018.

DETRÁS DE UNA CONSULTA NO HAY UN DIÁLOGO LEGÍTIMO, SINO LA IMPOSICIÓN DEL LADO MÁS FUERTE

Juan Carlos Ruiz Molleda



Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), hace un balance de los procesos de consulta que se vienen llevando a cabo en el Perú. Ruiz  lamenta el papel que vienen asumiendo los organismos competentes en la implementación de la consulta previa: “El Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento y el derecho a la consulta, intercede y le pide a los magistrados del TC que rechacen una demanda de una comunidad que simplemente se vio invadida por titulares de concesiones”. A continuación la entrevista publicada por Consultape.com:

“Detrás de una consulta no hay un diálogo legítimo, sino la imposición del lado más fuerte”

Por Shia Inguil

- ¿A 6 años de la aprobación de la Ley de Consulta (2011)  cuál es el balance en cuanto a su implementación?

Soy muy escéptico sobre la consulta previa por varias razones. Por ejemplo, en materia minera, los principales proyectos que están en territorio ancestral de comunidades no han sido consultados. En Cusco, por ejemplo, el proyecto Antapaccay, a cargo de Glencore; el proyecto Constancia de Hudbay; en Apurímac, el proyecto Las Bambas a cargo de MMG. En los proyectos petroleros, las consultas que se han hecho son muy cuestionadas. James Anaya, el anterior relator de las Naciones Unidas, cuestionó por ejemplo la consulta del lote 169 y fue muy duro. Incluso en un informe cuestiona y señala cuáles deberían ser los elementos mínimos que debe tener un acuerdo de consulta.

- Usted ha mencionado algunos proyectos que no han pasado por consulta, el caso del Proyecto Hidrovía que IDL estuvo asesorando ¿cuáles fueron los cuestionamientos?

La consulta del proyecto Hidrovía se realizó sin que los pueblos conozcan los impactos ambientales del proyecto, que es dragar ríos amazónicos para que pasen barcos de mayor tamaño.   Es decir no se contaba con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La causa es que dentro de la estructura de los proyectos de inversión pública, el EIA se aprueba al final. O sea decidieron sin saber los impactos, decidieron con los ojos cerrados. Y aquí hay un problema de fondo: yo creo que la consulta es un mecanismo de diálogo, pero hay que preguntarse antes si hay condiciones para el diálogo. Si no hay condiciones de diálogo, si hay asimetría entre las partes, como el caso de Hidrovías, los pueblos indígenas carecen de información sobre los impactos de este proyecto, no hay diálogo, lo que hay es la imposición de la parte más fuerte, claro está disfrazado de diálogo.

yo creo que la consulta es un mecanismo de diálogo, pero hay que preguntarse antes si hay condiciones para el diálogo. Si no hay condiciones de diálogo, si hay asimetría entre las partes (...) no hay diálogo, lo que hay es la imposición de la parte más fuerte
- ¿Cuál es el impacto del Proyecto Hidrovía a nivel de afectación de derechos indígenas?

Dragar ríos amazónicos afecta, por ejemplo, la pesca. Los pueblos indígenas en el Marañón viven de la pesca, y consideran al río Marañón sagrado y su territorio. Entonces si tu dragas, generas turbidez, y esTo afecta lo que le llaman ellos el mijano, que es el cardumen (concentración grande de peces). Si tú afectas la pesca, golpeas su principal actividad económica, no solo para subsistir –porque pescan y lo venden–,  sino el 80 por ciento de las proteínas la sacan del pescado. Entonces, cómo tú puedes decidir si no tienes un EIA que te diga cuál es el impacto del dragado en los sedimentos, que son lo que dan de comer a toda la cadena trófica. Insisto, hay que preguntarnos cuando estemos al inicio de un proceso de consulta si verdaderamente hay condiciones de diálogo. Si los pueblos no tienen suficiente información, hay asimetría, y yo me preguntó, sobre qué base van a decidir los pueblos.

- ¿Qué papel viene asumiendo el Viceministerio de Interculturalidad en los procesos?

Mi impresión es que se vienen rebajando los estándares internacionales en materia de consulta previa. Uno siente que no hay voluntad de consulta, es decir, voluntad de recoger la opinión y las preocupaciones de los pueblos indígenas realmente, sino de cumplir con un requisito burocrático. Cuando uno mira algunos procesos de consulta, uno siente que detrás de estas no hay un diálogo legítimo, sino la imposición del lado más fuerte, que es el Estado frente a comunidades pequeñas. Detrás de la retórica del diálogo hay la imposición disfrazada de proyectos extractivos. Entonces el papel que juega el Viceministerio de Interculturalidad es muy lamentable.

El Ministerio de Cultura parece funcionar a veces como una ventanilla más del Ministerio de Energía y Minas.

Un caso que es escandaloso es el caso Arboleda, una comunidad en Puno, sobre cuyo territorio ancestral se impusieron concesiones mineras. El caso ha llegado al Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio de Cultura se ha apersonado en el proceso y le ha pedido a los magistrados del TC que rechace la demanda. Entonces el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad que es el órgano encargado de velar por cumplimiento y la implementación del derecho a la consulta, intercede y le pide a los magistrados del TC que rechacen una demanda de una comunidad que simplemente se vio invadida por titulares de concesiones. El Ministerio de Cultura parece funcionar a veces como una ventanilla más del Ministerio de Energía y Minas.

- Desde el IDL se han presentado también demandas en el tema de las concesiones mineras…

Cada año se expiden cinco mil concesiones mineras, la mitad del territorio de comunidades campesinas tiene concesión minera, y estas concesiones son expedidas de la manera más clandestina. Ingemmet le entrega la concesión a una comunidad, pero nunca le notifica, a la comunidad no le llega una notificación expresa; se publica un recorte en el periódico oficial local que nadie lee, en idioma español, y sin precisar cuáles son las comunidades afectadas, solo se precisa las cuadriculas de las concesiones. Entonces las comunidades nunca se enteran. Todo se hace a espaldas de ellas. Y el plazo para impugnar estas concesiones es de un año. Entonces la forma de cómo se expiden concesiones mineras es clandestina, de espaldas a las comunidades.

Nosotros apoyamos a varias comunidades para que recurran a mecanismos institucionales, luego del Aymarazo, quienes ya presentaron varias demandas. El caso Atuncolla, se gana y en segunda instancia, la Sala Civil de la Corte de Justicia de Puno le ordena a Ingemmet no volver a expedir concesiones mineras sin previa consulta. En el caso Jatucachi se logró anular 13 concesiones mineras por no haber sido consultadas.

- El ex Ministro de Cultura, Salvador del Solar, señaló en el Congreso que se han realizado 34 consultas previas “exitosas”. ¿Qué opina al respecto?

23 años después de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT y solo tenemos 34 consultas. En Colombia se han realizado más de 4,000 consultas previas. Si uno mira el procedimiento para pedir consulta, uno advierte que todo está hecho para que las consultas no se realicen. Lastimosamente las consultas se vienen dando cuando son proyectos que no ponen en peligro el modelo. No se consultan proyectos grandes como Antapaccay, Glencore, tampoco HudBay, Constanza,  zonas donde habitan comunidades campesinas y no les han consultado.

Si uno mira el procedimiento para pedir consulta, uno advierte que todo está hecho para que las consultas no se realicen.

- Además de esta asimetría que mencionas, ¿qué otros problemas se presentan en los procesos de consulta previa?

En el país falta voluntad política de parte del Ministerio de Cultura para empujar la consulta. Hay mucho temor a chocar con el Ministerio de Energía y Minas. Segundo, hay un problema en la consulta y es el tema de asimetría. Hay que preguntarse siempre, ¿hay condiciones de diálogo?; es decir, el Estado y las comunidades están en una situación de asimetría. Cuando, por ejemplo, las comunidades no tienen la suficiente información, no tienen el tiempo necesario, no tienen el nivel de asesoría necesario y el Estado viene con todo su aparataje y mete presión y pone plazos ajustados como lo hizo en Hidrovía Amazónica, eso no es diálogo, eso es imposición.

No debe haber consulta si los pueblos no tienen suficiente información sobre el  impacto de esos proyectos en su subsistencia, si no hay un  EIA, si no hay un documento que les diga ¿sobre la base de qué van a decidir?  El EIA es clave porque ahí se juega la subsistencia de los pueblos. La ausencia de EIAs objetivos también conspira y socava las posibilidades de consulta previa correcta.

- Hay proyectos que vencieron los contratos y las comunidades vienen solicitando consulta, sin embargo hay una resistencia de parte de las autoridades por no llevar a cabo la consulta…

En el caso del lote 116, ha salido a decir el presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos: “en el 2011 salió la ley de consulta, el contrato es del 2006 y el EIA del 2009, no hay seguridad jurídica, con una aplicación retroactiva”. Primero hay que recordarles que los pueblos indígenas también tienen derecho a la seguridad jurídica. En segundo lugar hay que decir, que el Convenio 169 está vigente desde el año 1995 y la obligación de consultar no nace con la ley, nace con el Convenio, el cual es de aplicación inmediata, las normas que reconocen derechos son de aplicación inmediata, no necesitan una ley de desarrollo legislativo para surtir efecto y eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 0022 2009PI en el fundamento 11 y 12.

En consecuencia, todo acto administrativo y/o normativo, posterior al año 95, que afecta a los pueblos indígenas y no fue consultado, tiene un vicio de nulidad, de conformidad con el artículo 10.1 de la Ley general de procedimientos administrativos.

- El lote 192 es un caso emblemático ¿qué lección nos deja?

Para mí un buen ejemplo de lo que entiende el Estado por consulta, es el proceso de consulta del lote 192, después de haberlos hecho esperar días viene la ministra y les dice: “mi propuesta es que 0,75 del precio final por cada barril vaya para ustedes, tienen dos horas, pero esto es inamovible”, o sea ¿esto es consulta? No terminamos de entender que la consulta previa es un mecanismo que puede ser muy útil para armonizar, para compaginar fundamentalmente la política extractiva, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. No podemos dejar de reconocer que también hay que proteger la política energética, la política extractiva, pero esta tiene como límite los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente.

martes, 27 de febrero de 2018

SE INICIA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA MOCIÓN DE DESTITUCIÓN DE KUCZYNSKI



En Perú, se inicia la recolección de firmas en el Parlamento para lograr la moción que permita destituir al Presidente Pedro Pablo Kuczynski. La propuesta pretende cesar al Presidente por supuesta incapacidad moral por sus vínculos con la empresa Odebrecht, involucrada en escándalos de corrupción. En total, son 26 las firmas que se necesitan para que la moción sea admitida a trámite y se pueda poner en la agenda del Pleno para su correspondiente votación.


No es la primera vez que Kuzcynski se enfrenta a esta situación. El mandatario ya ha afirmado que no renunciará al cargo y que se defenderá contra cualquier proceso de esta índole.





 

martes, 20 de febrero de 2018

MANIFESTACIONES Y PAROS EN SEÑAL DE PROTESTA CONTRA LAS REFORMAS NEOLIBERALES IMPULSADAS POR SUS GOBIERNOS CARACTERIZARON LA JORNADA DE LOS TRABAJADORES EN BRASIL Y ARGENTINA






LOS MOVIMIENTOS SOCIALES TAMBIÉN EXPRESARON CON LA MOVILIZACIÓN SU RECHAZO AL DECRETO DE INTERVENCIÓN MILITAR IMPULSADO POR TEMER

Protestan en América Latina contra reformas neoliberales

Manifestaciones y paros en señal de protesta contra las reformas neoliberales impulsadas por sus Gobiernos caracterizaron la jornada de los trabajadores en Brasil y Argentina.
Manifestaciones y paros en señal de protesta contra las reformas neoliberales impulsadas por sus Gobiernos caracterizaron la jornada de los trabajadores en Brasil y Argentina.

Desde el gigante sudamericano, la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil, junto a movimientos sociales y otras centrales sindicales, se movilizaron contra la Reforma del sistema de pensiones que impulsa el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, así como en rechazo a la intervención militar decretada por el mandatario el pasado fin de semana en Río de Janeiro.

El presidente de la CUT, Vagner Freitas, manifestó que la lucha de los trabajadores es para enterrar de una vez la reforma y una de las estrategias es realizar «una fuerte movilización el día 19, con huelgas y huelgas», según el portal Brasil 247.

«Esa Reforma ya casi está derogada, sin embargo, ese Congreso Nacional corrupto, junto con ese Gobierno de facto está nuevamente trayendo esa reforma a la agenda del día», señaló el coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTS), Joao Paulo Rodrigues.

Los movimientos sociales también expresaron con la movilización su rechazo al decreto de intervención militar impulsado por Temer, según él, para frenar la violencia que invade Río de Janeiro.

Por otra parte, el sindicato que agrupa a los trabajadores de bancos de Argentina (La Bancaria) se encuentra en una huelga de 48 horas para reclamar una mejora salarial.

En declaraciones a una radio bonaerense, el jefe de la Bancaria, Sergio Mazzo, expresó: «Soy consciente de que una medida de fuerza afecta. Lamentablemente se tuvo que tomar porque no quedó otro camino».

La medida paralizó este lunes la actividad bancaria, situación que con seguridad se repetirá mañana si las partes en disputa no llegan a un acuerdo, apuntó DPA.

Los trabajadores bancarios exigen que el aumento se adapte a la inflación, que se proyecta del 15 % para este 2018 y que según las estimaciones del propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta el momento es de 19,4 %.

El año pasado, la inflación en el país alcanzó el 24,8 %, casi ocho puntos porcentuales más que el tope que se había planteado el presidente Mauricio Macri.

La medida de fuerza de los bancarios comenzó pocos días antes de una movilización que centrales gremiales opositoras a Macri convocaron en Buenos Aires en protesta por el modelo económico vigente.

EE.UU USO COMO SIEMPRE UN PRETEXTO PARA INTERVENIR A UN PAÍS QUE NO SE SOMETE A SUS CAPRICHOS




A las 9:40 de la noche del martes 15 de febrero de 1898 una poderosa explosión destruyó al acorazado estadounidense Maine, fondeado en la bahía de La Habana. En el siniestro perecieron las tres cuartas partes de la tripulación.

El Maine había llegado a La Habana el 25 de enero, con la excusa de realizar una «visita amistosa», aunque para todos los conocedores de la tirantez en las relaciones entre España y Estados Unidos, su presencia no era sino una más en la cadena de presiones que el gobierno norteamericano venía ejerciendo sobre el español, en lo que constituía, claramente, la preparación para la intervención con propósitos expansionistas, en la guerra que los cubanos venían sosteniendo.

Era quizá el mayor buque de guerra que jamás hubiera entrado en la bahía habanera. Su aspecto, fondeado en el centro de la bahía, era imponente. La tripulación estaba compuesta por 26 oficiales y 328 alistados. El comandante del buque era el capitán de navío Charles D. Sigsbee.

Inmediatamente después de la catástrofe, la prensa sensacionalista norteamericana arreció su campaña antiespañola, responsabilizando a las autoridades de Madrid y La Habana, y los círculos políticos más agresivos intensificaron sus demandas y presiones sobre el  ejecutivo para que este se decidiera a intervenir en Cuba.

En términos generales, el desastre tenía dos posibles explicaciones: la destrucción del buque se había producido por accidente o por un acto premeditado. Si se trataba de un accidente, el prestigio del comandante, y por ende el de la armada norteamericana, quedaba en entredicho. Si fue un acto perpetrado por tripulantes, el capitán de navío Sigsbee continuaba siendo responsable. Pero si el acto había sido realizado por agentes del gobierno español, o por cubanos partidarios de la intervención, la culpa era de España, responsable de la seguridad del buque, que se encontraba legalmente en puerto.

Dos días después del hundimiento, las autoridades españolas crearon una comisión de investigación a la que no se dio acceso a los restos del buque siniestrado, teniendo que limitarse a explorar los alrededores. Esta comisión llegó a la conclusión de que la explosión había sido, con toda probabilidad, interna. Entre sus argumentos estaban el no haberse observado  una columna de agua en el momento de la deflagración, la ausencia de peces muertos en las aguas de la bahía y el que no se hubiera producido ningún oleaje.

Los norteamericanos, que  habían rechazado la proposición de crear una comisión mixta, formaron la suya, presidida por el capitán de navío William T. Sampson. El ambiente político que se había creado en Estados Unidos no era nada favorable a una investigación imparcial y objetiva. La prensa sensacionalista no cesaba de publicar artículos, declaraciones y testimonios que configuraban una atmósfera belicista.

La comisión presidida por Sampson se inclinó por explicar la destrucción del navío como resultado de dos explosiones: una pequeña, producida en el exterior, que había desencadenado una enorme, interna. El presidente McKinley, en el mensaje al Congreso que acompañaba a las conclusiones, señalaba que la verdadera cuestión era que España «ni siquiera podía garantizar la seguridad de un buque norteamericano que visitaba La Habana en misión de paz». Y pedía autoridad para terminar la guerra en Cuba, a la vez que solicitaba emplear, con esos fines, a las fuerzas militares y navales estadounidenses. El hundimiento del Maine había cumplido así una función: servir de pretexto a la intervención.

Pero las dudas sobre las causas de la destrucción del Maine  continuaron. Una propuesta de la delegación española a las negociaciones del Tratado de París, que dio fin a la guerra, de que se formara una comisión internacional para investigar las causas de la destrucción del acorazado fue rechazada por su contraparte estadounidense.

El ataque más serio a la teoría de la explosión exterior provino de las páginas del periódico profesional británico Engineering. En ellas John T. Bucknill, experto altamente calificado en minas y sus efectos, refutó las conclusiones de la comisión Sampson, las cuales calificó de  absurdas.
Bucknill consideró como la más probable causa original del desastre, la combustión espontánea de una de las carboneras del buque, hecho frecuente en las naves de la época.

Por otra parte, el contralmirante norteamericano George M. Melville, jefe de la Oficina de Maquinaria de Vapor, opinó que el Maine había sufrido un accidente. Junto a esta, proliferaron otras teorías.

A principios de septiembre de 1910 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos comenzó los trabajos para remover los  despojos del Maine y hundirlos en alta mar. Estos trabajos duraron hasta marzo de 1912 y fueron aprovechados para recuperar los restos humanos que contenía el casco destruido, conducirlos a Estados Unidos y sepultarlos. Además, se formó una junta de investigaciones cuyas conclusiones, como era de esperarse, fueron muy similares a las de su predecesora.

Décadas después, en 1976, cuando las relaciones entre Estados Unidos y España eran completamente diferentes, el almirante estadounidense Hyman G. Rickover, quien era famoso por haber dirigido el proyecto de construcción del primer submarino nuclear norteamericano, formó un equipo de expertos que revisó críticamente la copiosa información obtenida en 1911 y llegó a la conclusión de que la explosión fue interna, planteando varias posibilidades de inicio: incendio en una carbonera, sabotaje, accidente con armas, bomba colocada por un visitante. De ellas consideraba como la más probable la primera, aunque no descartaba las otras. Estos resultados fueron plasmados en el libro Cómo fue destruido el acorazado Maine. Durante más de 20 años se consideró la explicación de Rickover como un reconocimiento oficial de que la causa de la explosión era interna y de que, por lo tanto, ni España ni mucho menos los cubanos habían tenido nada que ver con ella.

En 1998, con motivo del centenario de aquellos hechos, se publicaron, tanto en Estados Unidos como en España,  libros, artículos y documentales que los trataban. Ente ellos, tuvo mucha difusión el artículo de Thomas B. Allen  Remember the Maine? publicado en la revista norteamericana National Geographic Magazine, donde se exponen los resultados de un estudio realizado por una empresa dedicada al diseño de buques de guerra para la marina estadounidense. Utilizando modelos computarizados, los ingenieros de dicha empresa, partiendo de la información recopilada por la junta de 1911, –decía el artículo–, llegaron a la conclusión de que las averías detectadas en el buque pudieran haber sido causadas bien por una explosión interna, bien por una externa.

El autor del artículo tomó partido por la posibilidad de que la causa haya sido externa. Este proceder aleja la posibilidad de responsabilidad de los norteamericanos, colocándolos en el papel de víctimas y a partir de ello resucitó las viejas versiones que culpan a españoles fanáticamente antinorteamericanos o a cubanos partidarios de la intervención. Respecto a los primeros, los argumentos de Bucknill y de Melville primero y de Rickover después, los exoneran. Quedaban pues los cubanos como presuntos autores.

Un análisis histórico objetivo refuta completamente esta hipótesis. En primer lugar, el objetivo de la lucha de los cubanos era la independencia de España, no la intervención norteamericana, que en la práctica significaba un cambio de dueño. En segundo lugar, el terrorismo no era método de lucha de  los independentistas cubanos. Tercero, ¿resulta lógico minar un buque de guerra de un país presuntamente aliado?

Cuarto, en caso de que los cubanos hubieran intentado el hecho, estos tenían que haber vencido una gran cantidad de dificultades prácticas, que van desde el dominio de la técnica de construcción de minas y la de contar con medios de conducción adecuados o con nadadores o buzos muy bien entrenados, hasta la de mantener el más absoluto secreto y enmascaramiento para no ser detectados ni por las autoridades españolas ni por la vigilancia del propio buque.

Quinto, de haber sido cubanos los autores, conociendo el fraccionamiento político que tuvo la causa independentista después de la intervención, y teniendo en cuenta que un complot de tal naturaleza necesitaba de los esfuerzos coordinados de un grupo de personas, ¿es de esperar que ninguno de los comprometidos cometiera alguna indiscreción?

Razonando así, arribamos a la conclusión de que la hipótesis de la explosión externa, aunque posible en teoría, tenía pocas posibilidades de realización práctica. Queda pues, la posibilidad de la explosión interna, la cual pudo ser accidental o provocada. La primera variante fue estudiada exhaustivamente por el almirante Rickover. La segunda no puede descartarse, dado el interés que los círculos imperialistas más agresivos tenían en precipitar el país a la guerra.

FUENTE: Gustavo Placer Cervera



EL PRESIDENTE SURCOREANO, MOON JAE-IN, ESTRECHA LA MANO A KIM YO-JONG, HERMANA DEL LÍDER NORCOREANO KIM JONG-UN, EN SEÚL (COREA DEL SUR)





LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS EJERCICIOS MILITARES ENTRE EE. UU. Y COREA DEL SUR PERMITIÓ A SEÚL Y PIONYANG INICIAR UN DIÁLOGO PARA ALIVIAR LA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Washington y Seúl reanudarán sus maniobras militares a pesar de la distensión con Pionyang
Estados Unidos y Corea del Sur reanudarán sus ejercicios militares conjuntos en la península coreana, interrumpidos ahora por los Juegos Olímpicos, a pesar del reciente deshielo en las relaciones entre Seúl y Pionyang, informó la agencia Yonhap, citando el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

En el período previo a los JJ.OO. de Pyeongchang, Seúl pudo convencer a Washington de retrasar el inicio de sus maniobras conjuntas anuales de invierno-primavera hasta después de la Olimpiada y la Paralimpiada. La suspensión temporal de los ejercicios militares Foal Eagle y Key Resolve entre EE. UU. y Corea del Sur permitió a Seul y Pionyang iniciar un diálogo que, según esperan ambas partes, alivie la creciente tensión en la región.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, estrecha la mano a Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, en Seúl (Corea del Sur), en una foto publicada por la agencia KCNA el 10 de febrero de 2018.Kim invita al presidente surcoreano a Pionyang: ¿Un paso hacia la desnuclearización de la región?
Sin embargo, este martes, un día después de que Pionyang advirtiera en contra de la reanudación de los ejercicios militares, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur confirmó, sin anunciar un calendario concreto, que los aliados llevarán a cabo los ejercicios Key Resolve y Ulchi Freedom Guardian.

Con estos simulacros, el Ejército de Corea del Sur busca mejorar el llamado Concepto Operacional 4D, que tiene como objetivo "detectar, interrumpir, destruir y defenderse contra las amenazas de misiles de Corea del Norte", según el Ministerio de Defensa surcoreano.

"Pisotear el pequeño brote de paz"
Corea del Norte ha instado en varias ocasiones a los aliados a detener su entrenamiento militar conjunto, y el lunes reiteró su objeción a la realización de juegos de guerra cerca de sus fronteras.

"Reanudar los ejercicios de guerra es un acto salvaje de pisotear implacablemente el pequeño brote de paz que se ha visto en la península coreana", declaró la agencia norcoreana KCNA en un comentario oficial.

Pionyang acusó particularmente a la Administración Trump de buscar una "guerra" en la región y culpó a Estados Unidos. "El grupo Trump tiene que reflexionar sobre las catastróficas consecuencias que acarrea su temerario ruido de sables y tomar una decisión responsable", aseveró KCNA.