Esta semana debe debatirse en el Parlamento la reforma del
sistema electoral. Lo que allí se decida tendrá vastas consecuencias.
La Constitución califica como nulo y punible todo acto que
prohíba o limite el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos. Reconoce el
derecho de estos a ejercerlos individualmente o a través de organizaciones
políticas, como partidos, movimientos o alianzas, que “concurren a la formación
y manifestación de la voluntad popular”. Señala que estas deben tener
inscripción en el registro correspondiente y encomienda al Estado la tarea de
asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la
transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos.
Un problema de partida es asegurar que las organizaciones
políticas que solicitan la inscripción existen realmente. En el Perú se plantea
como prueba que las organizaciones presenten un determinado número de firmas,
inicialmente 40,000, que fueron siendo elevadas hasta llegar a 733,716, el 4%
de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En general, las
organizaciones que tienen inscripción electoral están por mantener este
sistema, que, aseguran, evita la dispersión y la falta de organicidad de los
partidos y previene taras como el transfuguismo. El problema es que en 40 años
el sistema no ha funcionado y los problemas señalados no se han resuelto.
En realidad poner una barrera de inscripción inalcanzable hoy
tiene como objetivo principal bloquear el acceso al sistema electoral a los
políticos que mayor respaldo tienen de los ciudadanos: Verónica Mendoza y Julio
Guzmán, que alcanzan 29% y 30% de respaldo, según la encuesta publicada por
Ipsos el domingo. Vetarlos sería anular el derecho de más de la mitad de la
población de elegir al representante de su preferencia.
El sistema vigente perpetúa la existencia de organizaciones
fantasmas, que en muchos casos no tienen existencia real pero tienen
inscripción, lo cual les permite ofrecerse como “vientre de alquiler” a
organizaciones que tienen adherentes pero no tienen la inscripción legal. Se
pervierte así cada vez más el sistema de representación.
Según los especialistas, para obtener 733,716 firmas válidas
es necesario presentar 2 millones. Encima se debe pagar S/ 0.88 por la
verificación de cada firma adicional (un pago que hasta las elecciones del 2006
era de S/ 0.10). Así, la inscripción queda reservada a las organizaciones que
tienen mucho dinero o que lo obtienen vendiendo sus favores con la promesa de
que van a pagar a sus financistas con el acceso a los recursos del erario
público, así que lleguen al poder. Este es uno de los caminos más seguros para
la penetración de la corrupción. Odebrecht montó su sistema de sobornos
principalmente a través del financiamiento de las campañas de políticos que
aspiraban al poder.
El 4% de firmas del padrón electoral que se exige en el Perú
no tiene parangón en la región. En Colombia y en Ecuador se pide el 1.5% del
padrón. En la última elección presidencial en Chile bastaban 18,500 firmas,
equivalentes al 0.5% de los electores que votaron en la última elección. En
Francia se piden 500 firmas de autoridades, alcaldes, personalidades y
funcionarios (los “electores calificados”) para inscribir un partido.
¿Puede el sistema vigente demostrar la existencia de un
partido? Fernando Tuesta, nuestro mejor especialista en cuestiones electorales
y expresidente de la ONPE, responde rotundamente que no. Las firmas que las
organizaciones entregan para inscribirse deberían ser validadas por un perito
grafólogo, pero eso supone tiempo y dinero. Con 2 millones de firmas que cada
organización debería presentar, no hay cómo hacerlo en un tiempo prudencial y a
costos razonables. Hoy, si una firma presentada se parece a la registrada en la
Reniec se la declara “válida”, que es una manera de eludir pronunciarse sobre
si es verdadera o falsa. El sistema no sirve, pero en cambio ha creado un
próspero mercado negro de falsificación de firmas.
¿Qué hacer? Tuesta plantea, y concuerdo con él, que debiera
suprimirse el requisito de las firmas porque no sirve. Tuesta propone algunas
alternativas perfectamente viables y más efectivas: por ejemplo, establecer una
cantidad de militantes identificados biométricamente. O que los partidos
convoquen a elecciones internas simultáneas y abiertas, organizadas por los
organismos electorales, con una participación de una cantidad razonable de
electores para probar que verdaderamente existen. Otra posibilidad es cambiar
la “barrera de acceso” por una “barrera de permanencia”: que las organizaciones
políticas demuestren su existencia a través del respaldo que les otorguen los
electores.
Suprimir el requisito de las firmas es el primer paso
imprescindible para “sincerar” nuestro sistema electoral y para permitir que
sirva a la democracia, en lugar de burlarla.
Escribe Nelson Manrique
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