En una
importante operación de Aduanas de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Sunat) en el Callao, dio intervención a un
cargamento récord de alteas de tiburón cuyo origen generaba fuertes sospechas.
La operación
dejó al descubierto entre 100 y 150 sacos que tenían en su interior miles de
aletas dorsales de especies que de manera preliminar han sido identificadas
como pertenecientes al tiburón azul (prionace glauca) y tiburón zorro (alopius
pelagicus), entre otras incluidas en la lista roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“El precio de
esta exportación sospechosa de aletas parece poco (US$630 mil) comparado con el
valor del oro, la madera y otras materias primas enviadas al extranjero, pero
el daño final para la naturaleza y el ecosistema marino es invaluable”, dijo
uno de los responsables de las pesquisas.
Según la
investigación, las compañías involucradas serían, Angaff SAC, Huiman SAC,
Lamarqocha Inversiones SAC con sede en Lima; Inversiones Perú Flippers de
Callao EIRL; y Marea Blue EIRL de Tumbes. Empresas todas, jóvenes, dedicadas a
lasimportaciones desde Ecuador y exportaciones a China continental y a Hong
Kong, mercados que comercializan las aletas de tiburón en el negocio
gastronómico o las industrializan por sus supuestas propiedades afrodisíacas.
Actualmente,
Perú es el tercer país exportador de aletas de tiburón a nivel mundial y el
mayor proveedor latinoamericano de este producto hacia China, según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
Según las
investigaciones de Aduanas de la Sunat el recorrido de los cargamentos de
aletas de tiburón inicia en Ecuador –que prohibió cualquier tipo de actividad
pesquera o extractiva cuyo objetivo sea esta especie el 2007–, llega al Perú y
acaba en el puerto del Callao o en otro de la costa norte del país. En estos
lugares, un grupo de exportadoras locales, previa coordinación con sus
proveedores, espera la carga ilícita para enviarla a su destino final en Asia.
Fuentes del
sector que lucha contra el tráfico de aletas de tiburón revelaron la inacción
del Estado en la lucha contra las organizaciones dedicadas a la extracción y
contrabando de especies acuáticas en peligro de extinción. Las entidades
encargadas de articular estas acciones son la Policía Nacional, Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
(Sanipes) del Ministerio de la Producción.
El Ministerio
Público puede llevar el caso al Poder Judicial por delito de extracción ilegal
de especies acuáticas. Consultado sobre el accionar usual en estos procesos, el
procurador público del Ministerio del Ambiente Julio Guzmán dijo que sí el caso
llegara a judicializarse y acabara en una sentencia (el delito es castigado
hasta con cinco años de prisión) la carga podría llegar a incinerarse por no
tener ningún uso gastronómico o industrial en el Perú.
El tráfico de
estas especies –cuya origen real es “lavado” en la exportación– sigue a nivel
global pese a que su captura tiene restricciones en ciertos países y de que podría
llevarlas a la extinción si no se controla su comercio, de acuerdo a la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (Cites). En la Conferencia de las Partes Cites –a llevarse a
cabo en Sri Lanka el 2019– podría aprobarse la propuesta del Perú de realizar
un inventario de las aletas de dichas especies con el objetivo de limitar los
permisos para su comercio.
Perú se ha
convertido en la ruta de salida de países con prohibiciones como Ecuador ante
la alta demanda del mercado asiático. De acuerdo el Departamento de Productos
Pesqueros de PromPerú, el país ha exportado más de 360 toneladas de aletas de
tiburón en los dos últimos años, que fueron cotizadas en US$10 millones en
valor FOB (valor utilizado para calcular los montos de las exportaciones).
Por Óscar Castilla C. y Leslie Moreno
Custodio
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