En estos días se habla de la
imperiosa necesidad de destrabar para favorecer la fluidez de las inversiones e
incidir favorablemente en el crecimiento económico. Todo está bien en tanto la
propuesta se inscriba en un enfoque integral de sostenibilidad, donde el
crecimiento económico es un medio pero no la finalidad única.
En un contexto en el que los
procedimientos y los trámites resultan engorrosos suena bien el hecho de
“destrabar”. Aprovechando el objetivo compartido de facilitar la vida a
personas e instituciones profundicemos lo que implica “destrabar”.
Si partimos de la premisa que
apuntamos a una gestión pública efectiva y responsable entonces tendríamos que
entender primero la razón del trámite y procedimiento y cómo éstos contribuyen
a la efectividad de la gestión en una mirada de atención al ciudadano (persona
natural o jurídica) con los más altos estándares de calidad. Sean los diversos
usos de la información que se deriva del trámite (información, gestión,
control, seguimiento) lo importante es definir cuál es la ruta crítica que hace
que el trámite tenga sentido tanto para la administración pública como para el
ciudadano (estoy pensando en hombre y mujeres). El problema es cuando el
trámite solo se hace para cumplir un rito burocrático y no existe una
administración efectiva de esa información.
Una gestión pública moderna debe ser
capaz de administrar su información, convertirlo en conocimiento y toma de
decisiones efectivas. De ahí se entiende la importancia de avanzar hacia el
gobierno electrónico y todo aquello que permita un proceso rápido de toma de
decisiones. Pero no estamos hablando de simples decisiones discrecionales del
funcionario/funcionaria, sino de decisiones responsables que en buena cuenta
quiere decir decisiones de acción con gran sentido de responsabilidad social y
ambiental.
Esto significa que “destrabar” no
significa de ninguna manera subestimar, reducir o eliminar consideraciones de
naturaleza social y ambiental. Si alguien está pensando que bajo la lógica de
destrabar vamos atacar a la “legislación ambiental agresiva”, los “conservacionistas
opositores al progreso” o vamos a relativizar el ejercicio de derechos humanos
lo invito a revisar si su posición se inscribe en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Destrabar tiene que ver con una mejor
gestión de la información y la administración de materia y energía. Ello
implica identificar el paso innecesario, la duplicidad de información, buscar
la forma de ahorrar materiales (papeles, tintas, estantes, etc.), energía
(física, psicológica, etc.) y personal (mirando el Estado como un sistema y no
como un sector o dependencia). De ahí la necesidad de seguir avanzando en el
tema de informatización de todos los procesos de la administración pública.
Significa también pasar de una mirada
de recurso o producto a una mirada de gestión de sistemas a partir de la
identificación de problemas de frontera. Los temas no son absolutamente
sectoriales como hablar de árboles o de peces o de rocas, sino que cada uno de
estos recursos se ubica en un sistema en el cual interactúan personas, ideologías,
valores, intereses, agendas, proyecciones que escapan largamente a una visión
sectorializada. La informalidad o ilegalidad no se resuelve desde miradas
sectoriales y se requiere el concurso de diversos especialistas, sectores y
niveles de gobierno, incluyendo a los propios actores involucrados en la
informalidad o ilegalidad. Es lo que se llama la comunidad extendida de pares
que busca de manera creativa los caminos de la transformación con enfoque de
sostenibilidad.
Bienvenida entonces las inversiones responsables
y los procesos responsables de simplificación administrativa en el marco de una
gestión pública efectiva en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Escrito por Rodrigo Arce Rojas es ingeniero forestal.
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