El presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jorge Herrera, denunció ante el
representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador el
desalojo de la comunidad indígena de Nankints, en la provincia de Morona
Santiago, para llevar a cabo un proyecto minero.
Tal como lo anunció la CONAIE en una
reciente conferencia de prensa Jorge Herrera presentó el caso a Diego Zorrila,
representante de la ONU, el 24 de agosto,
indicando que se trata de un caso de violación a los derechos humanos y
que no se cumplió con una consulta previa libre e informada sobre la proyectada
actividad minera.
Tras la reunión,Herrera indicó que
existe la posibilidad de que una comisión de relatores de las Naciones Unidas
acuda a Ecuador para que conozca “la amenaza a los territorios y a la vida” de
las comunidades indígenas por dicho proyecto minero.
Con ese fin, la CONAIE solicitó que
se prepare un informe para que sea presentado al organismo internacional pero
no se establecieron plazos para su elaboración.
Herrera afirmó también que se creó
una comisión conformada por CONAIE y las Naciones Unidas para dar seguimiento
al caso. De este modo, la organización indígena espera que el Gobierno de
Ecuador retire la fuerza pública que permanece en el lugar.
CONAIE anunció que las próximas
acciones que tomarán se definirán el 3 y 4 de setiembre en el Congreso Regional
Amazónico.
El desalojo en Nankints
Como se recuerda, la mañana del 11 de
agosto de 2016 la fuerza pública desalojó a ocho familias indígenas y numerosos
individuos de la referida comunidad, ubicada en la parroquia San Carlos
Pananza, cantón San Juan Bosco, a fin de llevar a cabo el proyecto San Carlos-Panantza, concesionado a la
empresa China Explorcobres (EXSA) desde 2002.
Policías y militares ingresaron al
territorio comunitario de forma violenta, agrediendo a las personas que se
encontraban en el lugar manifestando pacíficamente su oposición a la actividad
minera.
Durante el desalojo, las familias no
tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias ni los animales que crían, indicó
Luis Tiwiram, representante de Nankints, durante la conferencia de prensa de CONAIE.
De acuerdo a esta versión, los
efectivos policiales dieron cinco minutos a los pobladores para retirarse de
sus casas antes de ser derribadas.
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