La defensa de Dilma sostiene que la destitución de un
presidente sólo es posible si hay crimen. Y como a la presidenta no se le ha
probado delito alguno, no hay razón para el impeachment. Acusan que en el fondo
se trata de un golpe de estado.
El problema de Dilma es que no tiene respaldo popular. Una
encuesta de Datafolha divulgada en abril recogía que un 61% de los
entrevistados estaban a favor del impeachment y un 33% en contra. Su error fue
responder a la crisis económica mundial con políticas de austeridad y recortes
importantes de presupuestos. A diferencia de su anterior mandato, al momento de
asumir nombró como ministro de Hacienda a un neoliberal de la Escuela de
Chicago para complacer así al empresariado. Los mismos que hoy le dan la
espalda llamando a su destitución abierta a través de las pantallas
electrónicas que cubren todo el edificio de la FIESP en São Paulo y activando
la economía en función de su caída. El resultado fue estancar aún más una
economía ya en recesión lo que subió las tasas de desempleo, algo que los
brasileños durante la época de Lula habían olvidado. Al malestar hay que añadir
una campaña de los grandes medios empeñados en derrocarla.
La destitución de la mandataria por el parlamento es
justificada en las llamadas pedaladas fiscales (bicicleta), mecanismo usado por
los gobiernos brasileños para mantener caja. De esta forma se usa dinero de los
bancos del Estado para pagar cuentas y prestaciones sociales y en el periodo
fiscal siguiente se le devuelve. Los opositores a Dilma se basan en las
objeciones dadas por el Tribunal de Cuentas (TCU) y acusan que sería un “delito
de responsabilidad”.
Lo acostumbrado de dicha práctica para mantener los deberes y
las cuentas pagas del Estado se evidencia en el hecho de que 16 gobernadores
estaduales también realizaron en 2015 pedaladas fiscales, entre ellos el
gobernador de São Paulo, el PSDB Geraldo Alckmin.
Michel Temer, presidente interino, saluda a Eduardo Cunha, ex
presidente de la Cámara de Diputados y articulador del golpe parlamentario
El segundo motivo de la destitución es que se acusa a la
presidenta de firmar seis decretos de aumento presupuestario en 2015 sin la
autorización del Congreso, los que no habrían respetado la meta de
responsabilidad fiscal. El gobierno se defiende diciendo que no fue una
ampliación de gastos, sino una reasignación. Agrega que la firma de la
presidenta fue a pedido del TCU, tras la evaluación del personal técnico de
dicha instancia.
El abogado General de la Unión, José Eduardo Cardoso, en su
defensa de la presidenta ante el Congreso, sostuvo que la destitución de un
presidente en un régimen democrático se usa “solo en casos excepcionalísimos.
Es para actos graves, dolosos, que atenten contra los principios del país, pero
meras operaciones contables, aceptas y hechas por todos los gobiernos,
respaldadas por los tribunales de cuentas, aceptadas por los juristas y
aprobadas por los funcionarios técnicos de carrera… que sean utilizadas como
impeachment… Señores diputados y diputadas: me permiten utilizar una palabra
que no es jurídica, pero es de la ciencia política: esto es un golpe”.
Cardoso advirtió que “cualquier gobierno que venga a nacer de
una ruptura institucional no tendrá legitimidad para gobernar frente a la
población”.
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